COBRO DE LAS FIANZAS RENDIDAS POR GESTORES ANTE

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

C-24-80

San José, 8 de febrero de 1980

Señora

Licda. Anabelle Castro G.

Directora de la Propiedad Industrial

Estimada señora:

Por encargo y con la previa aprobación del señor Subprocurador General

de la República, me es grato referirme a su atento oficio del 30 de enero pasado

mediante el cual somete a la consideración de este Despacho la situación que

se presenta con el cobro de las fianzas de algunos gestores.

De conformidad con los términos de su estimable consulta se desprende

que en muchos casos los gestores -cuya intervención ha sido admitida por ese

Registro en atención a la especial condición del caso de que se trate-, no aportan

al expediente el poder suficiente o la aprobación expresa del interesado

dentro de los términos establecidos en el artículo 2º del Código de Procedimientos

Civiles. Por su parte, cuando en tales casos se pretende hacer efectiva la

fianza otorgada, dichos gestores se niegan a pagar, haciendo caso omiso al

compromiso que al efecto consta en el acta suscrita ante la Registradora General.

Sobre este particular, es del caso señala que dichas garantías deben

constituirse con arreglo a lo dispuesto por el Reglamento de Cauciones a Favor

de la Hacienda Pública (Decreto Ejecutivo Nº 4 de 11 de julio de 1958, que reglamentó

las disposiciones de los artículos 696 a 702 del Código Fiscal), en lo

que fuere aplicable, en concordancia con lo preceptuado por el artículo 80 del

Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

Asimismo, es criterio de este Despacho que en el supuesto de que la

garantía que se desee otorgar consista en caución personal, dicha fianza debe

constar en un pagaré a favor del Estado. De este modo, si llega a hacerse necesario

realizar alguna gestión cobratoria, la misma se llevaría a cabo con

baso en dicho documento. Por su parte, en caso de que se presente el poder

pertinente dentro del término de ley, o bien la aprobación expresa del interesado,

dicho pagaré será devuelto al gestor.

De otra parte, al constituir dicha suma una cantidad líquida y exigible

a favor de la Administración, la misma puede ser cobrada en vía administrativa,

recurriendo incluso al embargo y remate de bienes, todo a tenor de lo dispuesto

por el artículo 149 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública,

de aplicación al presente caso, habida cuenta de que el artículo 367-2, inciso f)

de la ley referida se limitó a exceptuar de sus disposiciones, en lo relativo a

procedimiento administrativo, los procedimientos en materia de Registros Públicos.

Y dicha ejecución en vía administrativa, lejos está de interferir con el

procedimiento registral propiamente dicho.

En punto a la oficina de la Administración que deberá encargarse del

cobro de dichas garantías en descubierto, en razón de la índole especialísimo de

las labores que de acuerdo con el ordenamiento jurídico corresponde realizar

al Registro de la Propiedad Industrial, es nuestro criterio que dicha gestión

cobratoria compete a la Oficina de Cobros del Ministerio de Hacienda, a quien

con arreglo a lo dispuesto por el artículo 157 del Código Tributario, corresponde

cobrar toda clase de créditos a favor del Poder Central.

De la señora Directora con muestras de mi mayor consideración,

Lic. Farid Beirute Brenes

Procurador de Hacienda.