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SCIJ - Asuntos Expediente 99-002020-0007-CO
Expediente:   99-002020-0007-CO
Fecha de entrada:   19/03/1999
Clase de asunto:   Acción de inconstitucionalidad
Accionante:   -
 
Procuradores informantes
  • Román G. Solís Zelaya
 
Datos del informe
  Fecha:  16/09/1999
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Texto del informe

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


ACCIÓN DE INCONST1TUCIONALIDAD DE:


SERVICIOS CONTABLES TRIBUTARIOS CONTRA LOS ARTÍCULOS 71 a 80 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA No 7092, ARTÍCULOS 27 a 35 DE LA LEY DE IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS VENTAS, Y CONTRA EL DECRETO No 25514-H


EXP. No 99-002020-007-CO-M


SEÑORES MAGISTRADOS:


 


    Yo, Román Solís Zelaya, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno guión quinientos diecinueve guión cero ochenta y tres, Procurador General de la República, según Acuerdo Único del Consejo de Gobierno, que consta en el Articulo Quinto del Acta de la Sesión Ordinaria No 1, .celebrada el 08 de mayo de 1998. publicado en la Gaceta No 108 del 05 de junio de 1998, ratificado por la Asamblea Legislativa según Acuerdo No 4025 del 18 de mayo de 1998.


    En la condición antes indicada, contesto en tiempo la audiencia otorgada a la Procuraduría General de la República, por auto de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y nueve, respecto a la acción de inconstitucionalidad que interpone el señor Olman Jiménez Castillo, en su condición de representante legal de la empresa SERVICIOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS SERCONTRI SA, contra los artículos 71 a 80 de la Ley de Impuesto sobre la Repita, 27 a 35 de la Ley de Impuesto General sobre las Ventas y el Decreto Ejecutivo No 25514-H, que conforman la normativa que regula el llamado Régimen de Tributación Simplificada.


    La legitimación del accionante para la interposición de la presente acción proveniente del recurso de amparo que se tramita bajo el     expediente número 99-01561-007-CO, presentado como asunto previo conforme al artículo 75 de la Jurisdicción Constitucional, recurso que a la fecha no ha sido resuelto. 


    La acción que promueve el accionante lo es para que se declare la inconstitucionalidad de normativa que establece el llamado Régimen de Tributación Simplificada como medio razonable para amparar el derecho lesionado, tal y como lo alegan en el recurso de amparo presentado.


 


I- FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:


    El accionante considera que el Régimen de Tributación Simplificado establecido m los articulas 71 a 80 de la Ley de Impuesto sobre la Recita, 27 a 35 de la Ley de Impuesto General sobre las Ventas, complementado con el Decreto Ejecutivo No 25514-H, establecido únicamente para personas físicas con actividades lucrativas, causa una desigualdad injustificada y contraria al principio de razonabilidad que debe privar entre los comerciantes que ejercen una misma actividad


    Manifiesta el accionante que no es correcto establecer un régimen especial - como el de tributación simplificada - solo para las personas físicas, negándole esa posibilidad a las personas jurídicas, por cuanto la ley no puede establecer diferencias entro dos o más personas que se encuentre en una misma situación jurídica o en circunstancias idénticas. Tal es el caso del negocio que desarrolla si empresa, que por el simple hecho de estar constituida como sociedad anónima, y la que desarrolla una actividad comercial como el servicio de restaurante, no pueden accesar al régimen de tributación simplificada, aún cuando sus compras usuales no excedan los C. 15.000.000, parámetro establecido para poder inscribirse en dicho régimen. Tal situación — afirma - impide que los negocios que tengan una misma actividad, puedan competir en igualdad de condiciones, por cuanto fas cargas tributarias para las personas jurídicas sujetas al régimen de tributación tradicional es diferente al de las personas sujetas al régimen de tributación simplificado. Para tal efecto, ilustra su afirmación con el ejemplo de un restaurante sujeto al régimen de tributación tradicional y otro sujeto al régimen de tributación simplificada, ambos con compras anuales de C. 15.000.000, pero con impuestos diferentes, lo que a su juicio le perjudica.


    Aparte de que la carga tributaria es desigual, dice el accionante, a los contribuyentes sujetos al régimen de tributación tradicional se les obliga a llevar una contabilidad formal lo que implica llevar libros contables legalizados, facturas autorizadas por la administración, cobrar y presentar declaraciones de impuesto de renta y ventas independientes, m tanto que a las personas acogidas al régimen de tributación simplificada, no se les exige ninguno de esos requisitos, ya que únicamente están obligados a llevar un registro de compras y a solicitar facturas a los proveedores.


    Por otra parte, considera que el Decreto Ejecutivo N°.25514-H que reglamenta el régimen de tributación simplificado también resulta inconstitucional, por cuanto no solo excluye una serie de actividades que pueden sujetarse a dicho régimen, tal es el caso de las fotocopiadoras, talleres de costura, etc.. sino que repite la misma restricción de la ley, al admitir en dicho régimen solo a las personas con actividades lucrativas y no a las personas jurídicas,- así como al considerar como parámetro para la determinación del impuesto de renta y ventas, las compras anuales, cuando en realidad, a personas jurídicas que realizan actividades iguales, las sujetan a un sistema de tributación diferente, con criterios de imposición más severos que inciden directamente en la carga tributaria.


 


II- GENERALIDADES DEL RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN SIMPLIFICADA:


 


    Como bien sabemos, la estructura de la recaudación tributaria respeto de aquellos impuestos que gravan hechos económicos como las utilidades y el valor agregado, refleja en nuestro ordenamiento la concentración de un gran porcentaje de la recaudación a expensas de un reducido número de contribuyentes, en tanto un gran número de contribuyentes aporta un bajo porcentaje dentro de la recaudación total, ¡o que bien podría denominarse el fenómeno de la pirámide invertida.


    Este amplio número de contribuyentes, está constituido en gran parte por personas físicas dedicadas a la actividades comerciales, industriales y de servicio en pequeña escala Por tratarse de actividades en pequeña escala, a los titulares de las mismas se les dificulta en la mayoría de los casos, el cumplimiento de los deberes formales que impone el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, lo cual en cierta forma, repercute en el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias en que se cimenta nuestro ordenamiento, e induce a la Administración Tributaria a invertir gran parte de sus recursos, que en muchos casos supera el monto de los impuestos recaudados, en labores de control y fiscalización.


    No obstante, ¡a Administración Tributaria no puede darse el lujo de permitir que este sector de la economía nacional no contribuya con los gastos del Estado, motivo por el cual, en un afán de gravar tal actividad lucrativa, la Ley de Ajuste Tributaria No 7543 de 14 de setiembre de 1995, introdujo grandes modificaciones a la Ley de Impuesto sobre la Renta y a la Ley de Impuesto General sobre las Ventas, estableciendo en ambos casos el llamado Régimen de Tributación Simplificada, de acceso voluntario, estructurado sobre la base de grupos o ramas de actividad y con carácter general, y para personas físicas con actividades lucrativas. Tal régimen fue reglamentado mediante el Decreto Ejecutivo No 25514' H de 24 de setiembre de 1996 y sus reformas


    De esta forma, la Administración Tributaria ofrece a gran cantidad de contribuyentes la oportunidad de que puedan desarrollar sus actividades comerciales en pequeña escala, al tiempo que le ofrece una serie de facilidades que los conminan al cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarios y por ende a contribuir con el sostenimiento de los gastos públicos conforme lo dispone el artículo 18 de la Constitución Política, ello, mediante una opción sencilla y de bajo costo, estructurada bajo los criterio de equidad, incremento de la recaudación, liberación de recursos administrativos y aumento en la eficacia administrativa.


Las características del Régimen de Tributación Simplificada, se pueden resumir de la siguiente manera:


 


    1- Ingreso y Retiro Voluntario: De conformidad con el articulo 71 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, artículo 27 de la Ley de Impuesto sobre las Ventas y artículo 1° del Decreto Ejecutivo No 25514'H, el acceso al régimen simplificado es voluntario y reservado a personas físicas con actividades lucrativas. 1guaImente el retiro del régimen es voluntario.


    2- Simplicidad." Se presenta como un régimen sencillo y de bajo costo, por cuanto se elimina la obligación de emitir facturas en cada venta, tal y como lo disponéis los artículos 76 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, 32 de la Ley de Impuesto General sobre las Ventas y 7 del Decreto No 25514'H, Al mismo tiempo, los artículos 77 de la Ley de Renta, 35 de la Ley de Ventas y 7 del Decreto No 25514, sustituye la obligación de llevar registros contables convencionales por un único registro de compras el cual puede ser llevado por el propio contribuyente.


    3- Integración de impuestos: De conformidad con los artículos 74 de la Ley de Renta, 30 de la Ley de Ventas y 6 del Decreto No 25514-H los contribuyentes 7^ se sometan al régimen simplificado, están obligados a presentar un único formulario de declaración jurada enferma trimestral, donde se determina y pagan los impuestos sobre la renta y general sobre las ventas.


    4- Ingreso a la legalidad: El sistema de tributación simplificada permite que tanto los contribuyentes que han presentado declaraciones incorrectas, como los que m las presentan del todo, se pongan a derecho.


    El sistema de tributación simplificada, al ser un sistema sencillo y de bajo costo, refleja una serie de ventajas tanto para la administración tributaria, como para el mismo contribuyente, por cuanto al eliminarse el cumplimiento de una serie de obligaciones, como es el caso de llevar una contabilidad convencional para cada uno de los tributos involucrados, emitir factura por cada venta, conservar la totalidad de los comprobantes de las operaciones realizadas, hace que el régimen se convierta en una opción sencilla y acorde con el volumen y naturaleza del negocio, lo cual se traduce en una disminución substancial de costos para el contribuyente, que reduce la posibilidad de sufrir sediciones severas.


    Para la Administración Tributaria, el sistema es ventajoso, por cuanto al acogerse todos aquellos pequeños comerciantes que declaraban incorrectamente o que del todo no declaraban, se garantiza un ingreso tributario mayor. Aparte di ello, la administración conserva a su favor un elemento objetivo de control, < saber las compras, lo cual permite que mediante un control cruzado con I información que brindan los proveedores, se puedan detectar declaración fraudulentas. Al sustraerse a los contribuyentes del cumplimiento de una serie de requisitos formales que los insta a inscribirse dentro del régimen simplificado permite a la Administración Tributaria liberar recursos humanos que pueden destinar al control y fiscalización mediante un sistema automatizado de información, lo que implica que ¡a intervención fiscalizadora de la Auditoría limitaría a la verificación únicamente de las compras, que es el parámetro para determinar el impuesto


.


III- SOBRE EL FONDO:


 


    El cuestionamiento que plantea el accionante contra el Régimen Tributación Simplificada establecido en la Ley de Impuesto sobre la Renta, Leí Impuesto General sobre las Ventas y el Reglamento, se fundamenta básicamente el hecho de que se crea mía discriminación odiosa al permitir el ingreso a dicho régimen solamente a las personas físicas con actividades lucrativas negándole tal posibilidad a las personas jurídicas que realizan una misma actividad económica, lo cual trae como consecuencia que ante situaciones iguales se brinde un trato tributario diferente.


    Para efectos de análisis se considera prudente analizar la cuestión de constitucionalidad en dos vías: por un lado, si el régimen de tributación simplificada en cuanto opción fácil, sencilla y de bajo costo para que los pequeños contribuyentes declaren el impuesto sobre las renta y el de ventas, violenta el principio de igualdad tributaria que resulta de la relación de los artículos 18 y 33 constitucionales; y por otro lado, si la restricción que imponen los artículos 71 de la Ley de renta y 27 de la Ley de Ventas, para que solo puedan inscribirse en dicho régimen las personas físicas con actividades lucrativas violenta el principio de igualdad consagrado el articulo 33 constitucional.


    Como bien se dijo en el aparte anterior, el régimen de tributación amplificada se creó con ¡a intención de gravar, mediante una estructura fácil y de bajo costo, a un amplio número de contribuyentes constituido en su mayor parte por personas físicas dedicadas a actividades comerciales, industriales y de servicio en pequeña escala y a los cuales se les hace difícil el cumplimiento de los debéis formales establecidos por el ordenamiento tributario, y que obviamente para su fiscalización, hace incurrir a la administración tributaria en altos costos administrativos.


    Fue por tal motivo, que el nuevo régimen de tributación simplificada, establecido para los impuestos sobre la renta y el impuesto general sobre las ventas - apartándose de los procedimientos usuales para la determinación de los impuestos indicados - instaura un nuevo procedimiento, que utiliza como parámetro para el cálculo del impuesto el monto de las compras. Dice al respecto el articulo 3 ° del Decreto No 25.514-H:


ií El parámetro que servirá para la eventual inscripción de una persona física en el Régimen, será el importe de las compras anuales efectuados. Podrán ingresar los solicitantes que, además de cumplir con los requisitos enumerados en los artículos anteriores, realicen compras anuales por un monto no superior quince millones de colones ( C. 15.000.000.00 ) incluyendo el respectivo impuesto general sobre las ventas. (...)"


    Se opta por tal parámetro, por cuanto es el más adecuado para controlar las pequeñas actividades comerciales, industriales y aquellas de servicio, en las cuales la venta del servicio requiere de la adquisición de materiales y suministros, por cuanto la emisión de la documentación de respaldo al parámetro de controlsean las compras- es emitida por un tercero, lo cual permite a la administración tributaría - contrario a lo que afirma el accionante - ejercer un control cruzado de las compras de los pequeños contribuyentes, con las vertías de los proveedores.


Sobre el particular establece el inciso c) del articulo 72 de la Ley de Impuesto sobre la Renta:


"Requisitos


.


La Administración Tributaria realizará, de oficio, los estudios pertinentes para establecer los regímenes de tributación simplificada considerando, entre otros, los siguientes elementos:


 


c) Monto de compras efectuadas. En ningún caso, el régimen se autorizará cuando las compras efectuadas sean superiores al promedio determinado para la actividad o el grupo estudiado o la proporción mensual correspondiente.


(...)"


Igual disposición contiene el inciso c) del artículo 28 de la Ley de Impuesto General sobre las Ventas, que en lo que interesa dice:


"Requisitos.


La Administración Tributaria realizará, de oficio, los estudios pertinentes para establecer los regímenes de tributación simplificada considerando, entre otros, los siguientes elementos:


(...)


c) Monto de compras efectuadas. En ningún caso, el régimen se


autorizará cuando las compras efectuadas sean superiores al promedio determinado para la actividad o el grupo estudiado o la proporción mensual correspondiente.


(...)


    La escogencia de las compras como parámetro para el cálculo de impuestos de renta y venta, no fue establecido en forma antojadiza por parte de la Administración Tributaria, sino que fue el resultado de un estudio de campo efectuado, en que se contemplaron tres actividades, que bien podría decirse aglutinaban la mayor parte de los negocios minoristas, a saber: bares abastecedores y bazares. El estudio fue realizado por la Administración Tributaria con la micción de determinar el comportamiento de los márgenes de agregado, entendido este como el rendimiento bruto ponderado sobre el considerando solo las compras gravadas, y de rendimiento neto, considerado como el rendimiento ponderado sobre el costo, considerando las compras totales, menos la correspondiente proporción de los gastos de operación, por cuanto base a tales regimientos, que se determinarán los factores que darán origen impuesto apagar bajo el régimen de tributación simplifica.


    Fue así como la Administración Tributaria, para efectos de determinar, impuesto sobre la renta en el régimen simplificado, estableció una pender entre los diferentes márgenes de rendimiento bruto establecido para las diferentes actividades, en tanto que para el impuesto de ventas estableció una ponderación entre los márgenes de valor agregado y rendimiento neto, considerando la información de campo, con la obtenida de ¡as declaraciones presentada anterior arrojó que para las tres grandes actividades considerada establecieron los siguientes factores para el impuesto sobre la renta: L 0.03347, abastecedores: 0.00849, Bazar: 0.01402. Para el impuesto sobre las Ventas se establecieron los siguientes factores: Bares: 0.13023, Abastecedores 0.04349, Bazares: 0.06513. Tales/actores se obtuvieron al aplicar al rendimiento neto y al margen de valor agregado, la tarifa del impuesto, que para el caso impuesto sobre la renta en el régimen simplificado es del 5% y del 13% en el caso del impuesto sobre las ventas.


    No obstante, considerando la gran diferencia que existía entre los mar determinados en el estudio y los obtenidos de las declaraciones, se procedió a establecer márgenes de rendimiento neto por encima de los declarados por los contribuyentes, pero inferiores a los determinados en el estudio. Tales factores quedaron de la siguiente manera: Para bares, cantinas, tabernas o establecimientos similares se establecieron para el impuesto sobre la renta el factor 0.010 y para el impuesto sobre las Ventas el factor 0.040, en tanto para el Comercio Minorista, se estableció para el impuesto sobre la ventas el factor 0.005 y para el impuesto sobre las ventas el factor 0.020, y es precisamente con fundamento en tales factores que los contribuyentes que se sometan al régimen de tributación simplificada van a calcular el impuesto.


    Lo anterior tiene importancia, a fin de determinar la constitucionalidad del régimen, por cuanto partiendo de la aplicación de tales factores podemos establecer dos momentos diferentes: un primer momento en que para un contribuyente resulta indiferente inscribirse en el régimen tradicional o en el régimen efe tributación simplificada por cuanto no le genera ningún beneficio. Este primer momento determina el llamado punto de indiferencia, así por ejemplo, para un contribuyennte con una renta liquida gravable anual de C. 1.346,000.00 el impuesto resultante bajo el régimen tradicional sería de C.67.3 00 por año, igual simia pagaría si se sometiera al régimen simplificado cuando las compras anuales alcancen C. 13.460.000 por año (o bien C.3.365.000 por trimestre ).


    En este primer momento, excepto en cuanto al cumplimiento de los requisitos formales, resulta obvio que el sistema de tributación simplificada no importa ningún trato discriminatorio y desigual respecto a la carga tributaria, por lo que no podría considerarse que el mismo atente contra el articulo 33 constitucional.


    Ahora bien, si partimos de lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Ejecutivo, que establece como requisito para inscribirse en el régimen   de tributación simplificada, tener compras anuales que no superen los C. 15,000.000 de colones, incluyendo el respectivo impuesto de ventas, al calcular los impuestos de renta y ventas que se generan bajo el régimen tradicional y bajo el régimen simplificado, habría que admitir que existe una leve ventaja para las personas que se inscriben en el régimen de tributación simplificada. Es decir, cuando se sobrepasa el punto de indiferencia hasta el tope fijado por el Decreto Ejecutivo No 25.514-H el contribuyente inscrito en el régimen simplificado debe pagar por concepto de impuesto sobre la renta y de ventas una suma ligeramente inferior a la que le correspondería pagar si estuviera inscrito en el régimen tradicional, más esa pequeña distorsión se compensa una vez que se actualicen los márgenes de rendimiento neto y los márgenes de valor agregado y con ello los factores correspondientes a cada actividad para el cálculo del impuesto. Aparte de ello, debe tomarse en cuenta que también esa pequeña distorsión se compensa en el régimen tradicional con la aplicación de los créditos familiares, derecho que se les niega a los contribuyentes sujetos al régimen simplificado por disposición del articulo 80 de la Ley de Impuesto sobre la Repita.


    Si bien el régimen de tributación simplificada, representa para los pequeños contribuyentes una opción, fácil y sencilla mediante el cual se eliminan una serie de formalidades que impone el ordenamiento tributario bajo el régimen tradicional, el mismo no quebranta el principio de igualdad tributaria consagrado m el articulo 33 de la Constitución Política pues bajo dicho régimen se pretende aglutinar en términos generales una gran masa de pequeños contribuyentes, que por realizar actividades de venta de mercancías y servicios en pequeña escala, se les dificulta el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, de manera que lo que persigue el legislador es obligar a esa gran masa de pequeños contribuyentes a contribuir a través de los impuestos de renta y ventas con los gastos del Estado en relación con su capacidad económica y conforme con la actividad comercial o empresarial que realice, sin que ello quebrante el principio de igualdad tributaria que surge de la relación de los artículos 18 y 33 constitucionales. Al respecto ha dicho la Sala Constitucional:


..., el principio de igualdad en materia tributaria implica que todos deben contribuir a los gastos del Estado m proporción a su capacidad económica, de manera que en condiciones idénticas deben imponerse los mismos gravámenes, lo cual no priva al legislador de crear categorías especiales, a condición de que no sean arbitrarias y se apoyen en una base razonable. De manera que resulta contrario a la igualdad, a la uniformidad y a la imparcialidad, el establecimiento de un impuesto que no afecta a todas las personas que se encuentran en la misma situación, sino que incide en una sola clase de personas, ya que se está infringiendo la obligación constitucional, de extenderlo a todos los que están en igualdad de supuestos. El principio de igualdad constitucional genera el principio administrativo de igualdad ante las cargas públicas, sea dar el mismo tratamiento a quienes se encuentren en situaciones análogas, excluyendo todo distingo arbitrario e injusto, contra determinadas personas o categorías de personas, en consecuencia no deben resultar afectadas personas o bienes que fueren determinados singularmente, pues si eso fuera posible, los tributos tendrían carácter persecutorio o discriminatorio. La generalidad es una condición esencial del tributo; no es admisible que se grave a una parte de los sujetos y se exima a otra. El articulo 18 de la Constitución establece que los costarricenses deben contribuir a los gastos públicos, y el artículo 33 constitucional consagra e I principio de igualdad, de manera que no podrá hacerse discriminación contra la dignidad humana " ( Voto No 5749-93 de las 14:33 horas del 9 de noviembre de 1993 )


    Partiendo de los lineamientos esbozados por la jurisprudencia constitucional, bien puede decirse que el régimen de tributación simplificada, por sí no violenta el principio de igualdad tributaria, por cuanto el legislador establece un régimen general de ingreso voluntario, fundamentado en la creación de categorías de actividades en pequeña escala, con la intención de que toda una gran masa de contribuyentes contribuyan al sostenimiento de los gastos del Estado con el aporte de los impuestos de renta y venta y según su capacidad contributiva, contribuyentes, que de una u otra forma por la complejidad del sistema de tributación tradicional, se sustraían del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.


    Si bien el sistema simplificado, elimina el cumplimiento de una serie de deberes formales a los cuales están sujetos los contribuyentes inscritos en el régimen tradicional, ello obedece más que todo a razones de control y realización por parte de la Administración Tributaria y no importa en si un trato discriminatorio.


    No obstante lo dicho, esta Procuraduría advierte, que eventualmente, lo que podría resultar inconstitucional del régimen simplificado es la discriminación que establece tanto el artículo 71 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, como el artículo 27 de la Ley de Impuesto General sobre las Ventas y el articulo 1° del Decreto Ejecutivo No 25.514-H, por cuanto admite al régimen solamente a las personas físicas con actividades lucrativas, lo que si importa un trato de discriminatorio para las personas jurídicas que eventualmente desplieguen la misma actividad comercial en pequeña escala y que cumplan con los requisitos señalados tanto por la ley y su reglamento. Si bien la finalidad del legislador fue ofrecer a los pequeños contribuyentes una opción sencilla y de bajo costo para que calcularan los impuestos de renta y de ventas, no puede excluirse de manera arbitraria y sin justificación a las personas jurídicas, por cuanto no existe ningún impedimento jurídico para que éstas opere?! como pequeños contribuyentes y se encuentren dentro de las condiciones que señalan los artículos 72 de la Ley de Renta y 28 de la Ley de Ventas como requisitos o condiciones para ingresar al régimen simplificado. Y es que como bien lo ha dicho la Sala Constitucional:


"La igualdad es sólo lesionada si la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable y la existencia de esa justificación debe apreciarse en relación a la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida... " (véase Votos 336-91, 337-91, 464-9, 1209-91)


 


IV- CONCLUSIÓN:


 


Por todo lo expuesto, considera la Procuraduría General de la República:


1- Que el Régimen de Tributación Simplificada establecido en los arríenlos 71 a 80 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, 27 a 35 de la Ley de Impuesto General sobre las Ventas y el Decreto Ejecutivo N° 25514-H, en cuanto opción sencilla y de bajo costo para que los pequeños contribuyentes declaren los impuestos de renta y ventas, no lesiona el artículo 33 constitucional.


2- Que eventualmente podría haber roce con el artículo 33 constitucional por la discriminación que establecen los artículos 71 de la Ley de Renta, 27 de la Ley de Ventas y 1° del Decreto N° 25524-H, en cuanto reservan el ingreso al régimen de tributación simplificada solo a las personas físicas con actividades lucrativas, vedando tal posibilidad a las personas jurídicas que cumplan las condiciones para el ingreso y que voluntariamente someterse a dicho régimen.


 


San José. 16 de setiembre de 1999.


 


 


Dr. Román Solís Zelaya


PROCURADOR GENERAL


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