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Artículo 35.—
1. Cuando la propia Administración, autora de algún acto
declarativo de derechos, pretenda demandar su anulación, ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, previamente deberá declararlo lesivo a los intereses
públicos, económicos o de otra naturaleza, en el plazo de cuatro años contados
a partir de la fecha en que haya sido dictado.
2. Los actos dictados por un departamento ministerial no podrán
ser declarados lesivos por un ministro de un ramo distinto, pero sí por el
Consejo de Gobierno, previa consulta a la Procuraduría General de la República
o a la Contraloría General de la República, según corresponda.
(Así reformado por el artículo 68 (actual 77)
de la Ley N° 8422 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la
Función Pública, de 6 de octubre de 2004).
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