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 PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Opinión Jurídica 013 del 25/03/2010
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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Opinión Jurídica 013
 
  Opinión Jurídica : 013 - J   del 25/03/2010   

25 de marzo, 2010


OJ-013-2010


 


 


 


Licenciado


Bienvenido Venegas Porras


Diputado


Asamblea Legislativa


 


 


Estimado señor:


 


 


Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me refiero a su atento oficio DBVP-MA-479-2009 de fecha 21 de octubre del 2009, mediante el cual solicita nuestro criterio sobre varias inquietudes relacionadas con el artículo 67, inciso a) de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos (Ley 7527).


 


 


Nos señala que algunas personas que alquilan viviendas han manifestado dudas respecto a la forma en que se están aplicando los reajustes del precio de los alquileres. Lo anterior, por cuanto el citado artículo señala que cuando la tasa de inflación acumulada de los doce meses anteriores al vencimiento de cada año del contrato sea menor o igual al 15%, el arrendador está facultado para reajustar el alquiler de la vivienda en un porcentaje no mayor a esa tasa.


 


Que no obstante lo dispuesto por la norma, la práctica generalizada es, según los inquilinos, que los reajustes anuales sean de un 15%, cuando en realidad el ajuste debería ser por un porcentaje menor al 15% si la tasa de inflación acumulada en los doce meses anteriores también lo ha sido, por ejemplo, en un 7,  9 o 5%.


 


 


Por lo anterior, solicita nuestro criterio a fin de determinar quién tiene la razón, si los inquilinos o los propietarios.


 


 


Una vez analizados los términos de su consulta, debemos empezar señalando que, como bien es sabido, de conformidad con nuestra Ley Orgánica (Ley 6815), la labor consultiva de la Procuraduría General se ejerce en un ámbito circunscrito a la Administración Pública. Es decir, los dictámenes pueden ser emitidos únicamente a solicitud de un órgano o ente que forme parte de la Administración, caso que es distinto a la Asamblea Legislativa, cuya función sustantiva es ajena a la actividad estrictamente administrativa.


 


 


A pesar de lo anterior, y atendiendo a la investidura de los señores diputados, esta Procuraduría ha venido prestando su colaboración cuando se nos plantean consultas sobre diversos temas jurídicos o proyectos de ley, con la advertencia de que tales pronunciamientos carecen de efecto vinculante, de ahí que revisten la naturaleza de una mera opinión consultiva. (ver opinión jurídica OJ-165-2005 del 19 de octubre del 2005)


 


 


Sin embargo, estimamos que esa colaboración debe estar contextualizada en el estudio de algún proyecto de ley o bien en la labor de control político que desempeñan los señores diputados, mas no de forma irrestricta sobre cualquier tema que no tenga directa relación con esas funciones.


 


 


Tal como se indica en su misiva, la consulta está planteada a raíz de inquietudes que manifiestan sujetos privados que alquilan viviendas, de frente a la posición que mantienen los arrendadores –también sujetos privados-. Bajo tales circunstancias, acceder a rendir el criterio solicitado sería, por esa vía, evacuar una inquietud que en realidad es de interés de los particulares, sin que tenga directa relación con las labores de control político que pueda llevar a cabo el señor diputado, con lo cual estaríamos desnaturalizando el ejercicio de nuestra labor consultiva.


 


 


En efecto, no puede perderse de vista que de conformidad con lo establecido expresamente en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (No. 6815 de 27 de setiembre de 1982) concretamente en sus numerales 1 y 3 inciso b), se establece claramente que la Procuraduría General de la República es el asesor técnico jurídico de las distintas dependencias de la Administración Pública, de suerte tal que no está facultada para responder consultas a particulares. 


 


Así las cosas, aún cuando sea a través de un legislador, no podríamos acceder a pronunciarnos sobre temas que son del directo interés de sujetos privados, pues si no se advierte una relación con el ejercicio del control político que le corresponde ejercer a los diputados, ni con el trámite de un proyecto de ley, nuestro afán de colaboración no podría permitirnos obviar ese aspecto fundamental de admisibilidad, en el sentido de que nos está vedado estudiar consultas que son del interés de particulares.


 


En virtud de lo expuesto, estimamos que lo procedente es declinar nuestra función consultiva en este caso, toda vez que un actuar distinto supone contravenir la naturaleza de dicha potestad consultiva.


 


En consecuencia, lamentamos tener que disponer el rechazo de la gestión planteada.


 


Atentamente,


 


 


 


 


 


Andrea Calderón Gassmann


Procuradora


 


ACG/msch