Artículo 26.- Creación de impuesto

"Créase un impuesto del doce por ciento (12%) sobre todos los premios de lotería, las apuestas deportivas, el juego Crea y el Bingo de la Cruz Roja Costarricense. El producto de este impuesto se distribuirá de la siguiente manera: un ochenta por ciento (80%) para el Instituto Costarricense contra el Cáncer, que lo destinará a cubrir sus gastos de operación y apoyar los servicios establecidos en el artículo primero de la presente ley que preste por medio de concesionarios; un diez por ciento (10%) para el Consejo Técnico de Asistencia Médico Social, para programas de salud preventiva; un cinco por ciento (5%) a la Asociación Pro Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes, para equipo médico; un tres por ciento (3%) para ser distribuido entre las Juntas Administrativas de las escuelas de enseñanza especial..." ( el subrayado es propio).

"...consideramos que hay una serie de instituciones que están trabajando en este fin tan noble y lo hacen muy altruistamente, con una gran escasez de recursos han estado luchando contra un monstruo, es casi como David luchando contra Goliat, ya que trabajan a nivel de un financiamiento que es oportuno para involucrar a la sociedad por medio de rifas y tómbolas, teletones y otras actividades muy lindas. Pero que en realidad es preocupante que estén supeditados a los escasos recursos que se puedan conseguir por esos otros medios." (Acta de la Sesión de Trabajo de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios del día martes 21 de octubre de 1997, folio 257 )

Artículo 36

"Las Juntas de Educación tienen plena personalidad jurídica para contratar y para comparecer ante los Tribunales de Justicia. El Presidente de las mismas es el representante legal nato de ellas, judicial y extrajudicialmente, y los contratos que celebre y actos en que intervenga a nombre de la Junta, serán válidos bajo su personal responsabilidad…"

Artículo 37.-

" Requieren, no obstante, aprobación de la Contraloría General de la República, los acuerdos de la Junta: a).- Cuando dispongan comprar, donar, permutar, vender o arrendar bienes inmuebles que, según estimación de un perito, nombrado por la Dirección General de Tributación Directa, valgan más de cinco mil colones, o la misma Junta admita que valen más de esa suma. b).- Cuando decidan o convengan la refundición o el traspaso de deudas existentes, si para ello se ofrece como garantía la fianza del Estado o la hipoteca de una de las rentas creadas.(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3330 de 31 de julio de 1964)

ARTICULO 43.- Cada Institución de Enseñanza Media contará con una Junta Administrativa nombrada por la Municipalidad respectiva, de las ternas enviadas por los Consejos de Profesores Correspondientes.

Las Juntas Administrativas tienen plena personería jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. En cuanto a bienes inmuebles, sólo podrán adquirir los que sean necesarios para el cumplimiento de los fines de los colegios que tengan a su cargo. En la realización de estos actos jurídicos, las Juntas Administrativas estarán sujetas a las disposiciones que respecto a las Juntas de Educación establecen los artículos 36, 37 y 38 del Código de Educación.

En cuanto a impuestos nacionales y municipales, las Juntas

Administrativas gozarán de las mismas exenciones otorgadas por las leyes a las Juntas de Educación.

Los bienes propiedad de las Juntas Administrativas destinados a sus funciones públicas son inembargables.

(Así adicionado por el artículo 1 de la ley No.2298 del 22 de

noviembre de 1958)

ARTICULO 45.- La distribución e inversión de los dineros

correspondientes a las Juntas de Educación y Administrativas se hará de conformidad con la política educativa y el planeamiento de la enseñanza indicados por el Consejo Superior de Educación y el Ministerio del ramo, de acuerdo con el Reglamento que se dicte.

ARTICULO 47.- Las Juntas de Educación, las Juntas Administrativas, así como las demás organizaciones similares, serán dotadas con rentas provenientes del Presupuesto Nacional, de las Municipalidades, de las instituciones autónomas y otras de carácter especial.

"Artículo 6º.- Los Institutos de Educación Comunitaria, los Institutos Profesionales Femeninos, los Servicios Educativos que se brinden en los Centros Penitenciarios y las instituciones de Educación Especial, también contarán cada uno, con una Junta Administrativa que se regulará por estos mismos principios y normativa.". ( el subrayado es propio).

"Artículo 9º.- Las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas estarán integradas por cinco miembros propietarios."

Artículo 13.- Las Juntas serán nombradas por el Concejo Municipal respectivo. Cuando se trate de Juntas de Educación, el Asesor Supervisor de Educación presentará al Concejo una terna por cada puesto, integrada por los candidatos que propongan los respectivos directores de su jurisdicción. En ningún caso la misma persona podrá ir en dos o más ternas simultáneamente; salvo que por razones de población o manifiesto desinterés de los padres de familia y vecinos de la comunidad, impidan la integración de las ternas, en cuyo caso, se remitirá la nómina y se darán las explicaciones correspondientes."

"Artículo 14.- Las Juntas Administrativas serán nombradas directamente por el Concejo Municipal de la nómina de no menos de cinco candidatos, para cada puesto a llenar, que propondrá el Director del Colegio, previa consulta con el Consejo de Profesores y con el Comité Ejecutivo del Gobierno Estudiantil."

"Artículo 15.- Los miembros de las Juntas serán juramentados por el Concejo Municipal, o por el Ejecutivo Municipal, previa delegación de aquel, ante el cual tomarán posesión de su cargo."

"Artículo 16.- Las Juntas nombrarán de su seno, por un período de un año, un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y dos Vocales. Los nombramientos recaídos deberán comunicarse a la mayor brevedad a la Dirección Regional de Enseñanza correspondiente y al Departamento Financiero del Ministerio de Educación Pública."

" Artículo 13:

Son atribuciones del Concejo:

(…)

g) Nombrar directamente, por mayoría simple, a los miembros de las Juntas Administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las Juntas de Educación, quienes solo podrán ser removidos por justa causa.

Además, por igual mayoría, nombrar a los representantes de las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera".

" Ergo, existe una incompatibilidad entre lo preceptuado en el artículo 41 de la Ley Fundamental de Educación y el actual Código Municipal. Incompatibilidad que, como se deriva de lo antes expuesto, también existe tratándose del numeral 43 de la Ley de Educación.

Incompatibilidad que se resuelve en favor del Código Municipal no sólo por ser la norma más reciente, sino porque estamos en presencia de la regulación de la competencia del Concejo Municipal. El Código constituye en este ámbito competencial una norma especial frente a la Ley Fundamental de Educación. Especialidad que viene determinada por la regulación del ámbito municipal y, por ende, de las competencias que los distintos órganos de la Municipalidad pueden ejercer.

Por otra parte, no puede olvidarse que el Código Municipal vigente tiene como uno de sus fines, el fortalecer la autonomía municipal frente a injerencias externas y, con ello, fortalecer la descentralización territorial. Este fin debe orientar la interpretación normativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública. Pues bien, la norma que permite satisfacer en mayor medida el fin antes expuesto es precisamente el artículo 13 del Código Municipal, en cuanto libera al Concejo Municipal de la necesidad de seleccionar miembros de las Juntas de entre las ternas que les sean presentadas por órganos u organizaciones externas.

A lo anterior se une que tanto el criterio de "ley posterior deroga la anterior" como el criterio "ley especial prevalece sobre la general", conducen en el presente caso al mismo resultado, sea el considerar que para efectos del nombramiento de los miembros de las Juntas de Educación y de las Juntas Administrativas, los concejos municipales no están obligados a solicitar o acatar ninguna propuesta de nombramiento que les sea dirigida. Por lo que es el Concejo quien selecciona y nombra las personas que considere más adecuadas para los puestos en cuestión. Decisión que, como toda potestad discrecional, está sujeta a las reglas de la lógica, conveniencia y razonabilidad que determinan el accionar administrativo ".

"Sin embargo, las Juntas - como todos los entes públicos menores - están sometidas en primer término a la tutela administrativa del Poder Ejecutivo, es decir, a una relación de dirección de parte de éste… Dicho Poder también puede dirigir los programas del ente: los fines específicos y más limitados para los que debe empeñarse cada año o cierto número de años. (Ortíz Ortíz, Eduardo. "La tutela administrativa Costarricense". (En: Revista de Ciencias Jurídicas, No.8, páginas 129 y 134, Oficio de este Despacho PGR-196 de 16 de octubre de 1990 y dictamen C-048-93 del 6 de abril de 1993)-.

En segundo término, las Juntas están sometidas a un control completo y constante, como se verá, que condiciona la actuación de las mismas.

Control que no se limita a la integración de la misma, sin que puede producirse en forma anticipada y posterior mediante autorizaciones y aprobaciones de sus actos. La idea de crear entes como las Juntas, con carácter instrumental, se halla en desplazar total y definitivamente las responsabilidades patrimoniales del Poder Ejecutivo hacia éstas. Además, permiten el ocultamiento del Estado bajo una entidad independiente, en campos en que opera la pugna libertad - autoridad. En consecuencia, estamos ante un tipo descentralización mínima, pues no hay jerarquía pero sí subordinación del ente al Poder Ejecutivo. Eso sí, el ejercicio de esa específica sujeción requerirá de normas legales expresas que la desarrollen. (véase Eduardo Ortíz Ortíz, op.cit., páginas 146-148; Eduardo García de Enterría, "Curso de Derecho Administrativo", Tomo I, Madrid, Editorial Civitas, 1989, páginas 409-411; y dictamen de este Despacho C-048-93)

…Además, la Junta está sometida a las disposiciones del Ministerio de Educación en materia de distribución e inversión de los dineros provenientes, entre otras fuentes del Presupuesto Nacional y que la Junta de Educación recibe, pues el manejo de aquéllos debe efectuarse de conformidad con la política educativa y el planeamiento de la enseñanza indicados por el Consejo Superior de Educación y el Ministerio del ramo, de acuerdo con el Reglamento que se dicte. (artículo 45 y 47 de la Ley Fundamental de Educación o Ley No.2160 del 25 de setiembre de 1957 y sus reformas, véase dictamen de este Despacho C-128-92).

Por otra parte, el Código de Educación somete a la aprobación del Poder Ejecutivo y de la Contraloría General de la República, los acuerdos de las Juntas cuando dispongan comprar, donar, permutar, vender, hipotecar o arrendar bienes inmuebles, dentro de los límite legalmente previstos. (artículos 37 y 38 ibídem)…".

" …sobre la situación planteada con el Instituto Andrea Jiménez, Centro de Atención Integral de Guápiles y Centro de Atención Integral de Guácimo, de si son o no instituciones que podrían beneficiarse con dineros de la Ley de Creación del Instituto Costarricense contra el Cáncer.

En ese sentido me permito informarle lo siguiente:

1.- Para efectos prácticos y aplicación de Planes de Estudio aprobados por el Consejo Superior de Educación, estas instituciones son consideradas centros de educación especial.

2.- El Ministerio de Educación Pública aporta la mayoría del recurso humano que atiende a los estudiantes de estos centros.

3.- Estas son instituciones que son administradas por Juntas Administrativa (sic) debidamente legalizadas y han prestado apoyo muy importante a diferentes grupos de estudiantes.

4.- Estas instituciones atienden estudiantes que necesitan apoyos de alta intensidad y durabilidad, o sea los estudiantes con discapacidades más severas.

5.- Estas instituciones educativas están respaldadas organizativamente por grupos no gubernamentales, por lo tanto no tienen fines de lucro.

6.- Estos grupos atienden estudiantes, que de no ser atendidos por estas instituciones deberían ser asumidos en su totalidad por el Ministerio de Educación Pública ".

Artículo 11.- La administración y dirección de las fundaciones

estará a cargo de una Junta Administrativa.

El fundador designará una o tres personas como directores y también deberá, en el propio documento de constitución, establecer la forma en que serán sustituidos estos miembros. Si el fundador designa sólo un director, la Junta Administrativa quedará integrada por tres personas; si designa a tres, el número de directores será de cinco. En ambos casos los dos miembros que completarán la Junta Administrativa serán designados uno por el Poder Ejecutivo y el otro por la municipalidad del cantón en donde tenga su

domicilio la fundación.

El cargo de miembro de la Junta Administrativa será gratuito.

Artículo 15.- La Junta Administrativa rendirá, el primero de enero de cada año, a la Contraloría General de la República, un informe contable de las actividades de la fundación.

La Contraloría fiscalizará el funcionamiento de las fundaciones, por todos los medios que desee y cuando lo juzgue pertinente. Si en el curso de algún estudio apareciere una irregularidad, deberá informarlo a la Procuraduría General de la República, para que plantee la acción que corresponda ante los tribunales de justicia, si hubiere mérito para ello.

Artículo 18.- Toda donación, subvención, transferencia de bienes muebles o inmuebles o cualquier aporte económico del Estado o sus instituciones para que las fundaciones complementen la realización de sus objetivos, requerirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:

b) Haber estado activas desde su constitución. La ejecución de, al menos, un proyecto por año les confiere esta calidad.

jurídica.

d) Contar, cuando corresponda, con el visto bueno escrito de la Contraloría General de la República, donde se muestre que las donaciones y transferencias recibidas fueron ejecutadas y liquidadas según los fines previstos y de conformidad con los principios de la sana administración.

deberán rendir ante la Contraloría General de la República, un informe anual sobre el uso y destino de los fondos públicos recibidos. De no presentarlo dentro del mes siguiente al surgimiento de la obligación, el ente contralor lo informará, de oficio, a la administración activa correspondiente. En este último caso, las fundaciones quedarán imposibilitadas para percibir fondos del Estado o sus instituciones, hasta tanto no cumplan satisfactoriamente esta obligación. ( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 7687 de 6 de agosto de 1997)