"Autorízase al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo para crear un programa de financiamiento y reconversión empresarial para atender a las cooperativas agrícolas especialmente de productores de café, palma aceitera, banano o autogestionarias, afectadas por los bajos precios de productores de café, palma aceitera, banano o autogestionarias, afectadas por los bajos precios internacionales de sus productos y con serias dificultades financieras para atender sus obligaciones crediticias con entidades bancarias o financieras públicas o para continuar proyectos de inversión orientados a incrementar el valor agregado de su producción o a mejorar la comercialización de sus productos. Para este fin, haciendo uso de las facultades que le confiere la ley, el INFOCOOP destinará hasta mil quinientos millones de colones provenientes del aporte correspondiente al año 2000 de los bancos del Estado conforme a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 178 de la Ley 4179 de 22 de agosto de 1968 y sus reformas. Destinará asimismo para este propósito los recursos disponibles originados en la Ley Nº 6957 del 13 de marzo de 1984 y los fondos provenientes del Convenio de Cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Planificación y Política Económica y el Instituto de Fomento Cooperativo de fecha 12 de marzo de 1993 y su primer addendum aprobado por la Contraloría General de la República el 24 de julio de 1996, los cuales podrán ser utilizados en su totalidad a los fines dispuestos en el inciso b) de la cláusula cuarta del referido addendum."

"... las instituciones autónomas no gozan de una garantía de autonomía constitucional irrestricta, toda vez que la ley, aparte de definir su competencia, puede someterlas a directrices derivadas de políticas de desarrollo que ésta misma encomiende al Poder Ejecutivo Central, siempre que, desde luego, no se invada con ello ni la esfera de la autonomía administrativa propiamente dicha, ni la competencia de la misma Asamblea o de otros órganos constitucionales como la Contraloría General de la República. Debe hacerse notar que los antecedentes y efectos de la propia reforma, al reservar a esas entidades la materia de su propia administración, excluyó de su gestión la potestad de gobierno que implica: a) la fijación de fines, metas y tipos de medios para realizarlas b) la emisión de reglamentos autónomos de servicio o actividad, acorde con las disposiciones normalmente llamadas de política general. De esta manera, la reforma hizo constitucionalmente posible someter a las entidades autónomas en general a los criterios de planificación nacional y en particular, someterlas a las directrices de carácter general dictadas desde el Poder Ejecutivo central o de órganos de la Administración Central (llamados a complementar o a fiscalizar esa política general). Como parte de esos órganos políticos, fue establecida la Autoridad Presupuestaria, con el objeto de formular y ejecutar las directrices generales en materia de salarios, entre otras, emanadas del Poder Ejecutivo o de órganos de la administración central.

"IV.- PRINCIPIOS GENERALES DE LA DESCENTRALIZACION.- Aunque no es materia de la consulta, a los efectos de la conclusión a que llega la Sala, se hace necesario, por lo menos, señalar algunos lineamientos generales de lo que implica la descentralización administrativa en nuestro régimen constitucional. Existen en nuestro ordenamiento jurídico, tres formas de autonomía : a) administrativa, que es la posibilidad jurídica de que un ente realice su cometido legal por sí mismo sin sujeción a otro ente, conocida en doctrina como la capacidad de autoadministración; b) política, que es la capacidad de autodirigirse políticamente, de autogobernarse, de dictarse el ente a sí mismo sus propios objetivos; y, c) organizativa, que es la capacidad de autorganizarse, con exclusión de toda potestad legislativa. En los dos primeros casos, la autonomía es frente al Poder Ejecutivo y en el tercero, también frente al Poder Legislativo. La autonomía organizativa es propia de las universidades según se desprende del artículo 84 de la Constitución Política y por ello ajena a los fines de esta consulta. Los otros dos grados de autonomía se derivan de la Autonomía Política, cuyo contenido será propio de la ley (acto fundacional) que crea al ente. El ente descentralizado creado por ley ordinaria, está subordinado a su contenido e involucra la potestad legislativa para modificarlo y hasta extinguirlo; pero como la descentralización implica que le corresponden al ente todos los poderes del jerarca administrativo, quiere decir que su personalidad abarca la totalidad de los poderes administrativos necesarios para lograr su cometido en forma independiente. La autonomía, usualmente, comprende las potestades de formular planes o fijar los fines y metas del ente, la de darse los mecanismos internos de planificación funcional y financiera a través de los presupuestos y por último, el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma. Estas líneas generales sobre la autonomía, están dirigidas a la descentralización administrativa creada por la ley ordinaria.

"Conforme a nuestra Constitución, y como esta Procuraduría lo ha señalado, según posteriormente se verá, es obligación del Poder Ejecutivo mantener la unidad de la acción estatal, y por ello, tiene la facultad de dirigir y coordinar dicha acción, independientemente de quién sea el sujeto dirigido.

El artículo 140, incisos 6) y 8) de la Carta Magna, establece como atribución del Poder Ejecutivo, mantener el orden y la tranquilidad de la Nación, tomar las providencias necesarias para el resguardo de las libertades públicas, y vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativos. De lo anterior se deriva una competencia constitucional que le permite a dicho Poder tomar las acciones necesarias, a través de los instrumentos que legalmente se le otorguen, para buscar que la Administración cumpla, dentro del marco de los principios constitucionales, con la satisfacción de los fines públicos que justifican su existencia.

Dicha competencia no se limita constitucionalmente a los órganos del Poder Ejecutivo, sino que abarca todo el sector estatal, máxime si se relaciona lo anteriormente señalado con los principios contenidos en los artículos 1 y 9 constitucionales, de los que se desprende el principio de unidad estatal.

Como complemento de los textos constitucionales citados, se debe señalar que la potestad de dirección va implícita en la relación Estado–entes descentralizados, y está inspirada en los principios de unidad e integridad del Estado costarricense, y como parte de las funciones de orientación política asignadas al Poder Ejecutivo.

Recuérdese la primacía funcional del Poder Ejecutivo, y por ello, la atribución constitucional del poder de dirección, y su deber de vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas, así como de tomar las providencias necesarias para el resguardo de las libertades públicas.

En torno a la naturaleza de la potestad, debe indicarse que se trata de un poder discrecional, por el cual el Poder Ejecutivo, orienta y coordina las acciones de los distintos órganos y entes públicos. (…)

Así, puede decirse que la potestad de dirección, que lleva necesariamente también la de coordinación, es la facultad de orientar y guiar la acción de todos los órganos y entes públicos que conforman la administración central y descentralizada, para lograr la mejor satisfacción de los intereses y fines públicos, aprovechando eficientemente los recursos y bienes de cada uno, armonizando los esfuerzos y encaminando la acción a dichas metas, garantizando la unidad e integridad del Estado. A manera de comparación, puede decirse que el Poder Ejecutivo es el director de una gran orquesta que es el Estado, en donde la mezcla de sonidos e instrumentos da lugar a una armoniosa sinfonía. (…)

"II.- DE LA ALEGADA VIOLACIÓN A LA AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA. Respecto del segundo argumento de inconstitucionalidad de la norma impugna, referida a la autonomía administrativa que se dice violentada con la intromisión del legislador en la forma en que el Banco debe invertir sus utilidades netas; la acción debe rechazarse por el fondo, con fundamento en la misma sentencia número 1598-98 recién citada, en la cual se expuso la opinión de la Sala sobre estas obligaciones de asignación o destinación de fondos. En concreto se dijo:

"III.- El otro tema planteado – que se ubica precisamente dentro de los casos previstos en la última parte del considerando anterior– se refiere a la violación de la autonomía administrativa recogida en los artículos 188 y 189 constitucionales por la ley cuestionada, puesto que en ella se obliga al Banco Nacional de Costa Rica, como miembro del Sistema Bancario Nacional, a entregar al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, el diez por ciento de sus ganancias netas.- Sobre el concepto de autonomía administrativa, esta Sede señaló en la sentencia número 3309-94 de las quince horas del cinco de julio de mil novecientos noventa y cuatro: (…)

Existe pues una amplia libertad para el legislador, para modelar las instituciones autónomas a su arbitrio, con la sola limitación indicada de carácter instrumental, la cual se le impone, no por la naturaleza intrínseca del instrumento, sino por mandato de los artículos 188 y 189 de la Constitución Política, lo cual implica que una vez elegido el carácter de institución autónoma, para cierto órgano, habrá que dotarlo con autonomía para su administración -por imperativo constitucional- en las condiciones y con los alcances fijados en la sentencia recién transcrita.- Con base en ello, y respecto a la fijación de reglas para la distribución de utilidades, opina esta Sede que la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, ha previsto las medidas necesarias para una actuación administrativamente autónoma en cuanto a prestación del servicio por parte del ente, y que cuando se habla de utilidades netas, se han descontado los costos para una operación eficiente, así como los gastos de inversión necesarios para enfrentar futuras demandas de servicio, actividades ambas, sobre las que no existe ninguna imposición de parte de la Asamblea Legislativa; ello lo deduce la Sala no solo del empleo del concepto "utilidades netas" que tiene una acepción precisa en el sentido recién expresado, sino porque el Banco Accionante no hace ningún reclamo en ese sentido, sino que se limita en abstracto a quejarse de la obligación de desembolso per se.- Por todo esto, no se aprecia intromisión alguna en la autonomía administrativa del ente, cuando el legislador decide un destino específico para una parte de los excedentes obtenidos, los cuales son, por lo demás, parte del patrimonio estatal, sobre el que, salvo indicación constitucional expresa en contrario, puede disponer el Estado por medio de los órganos competentes.- No existe pues infracción que enmendar puesto que en la norma discutida no hay en realidad ninguna injerencia inconstitucional sobre la administración del ente o sobre la discrecionalidad en la elección de los medios para la consecución de los fines legalmente establecidos, de modo que la acción en este aspecto debe rechazarse por el fondo.-"