"De conformidad con las atribuciones de esa Procuraduría General de la República atenta me permito solicitar el criterio técnico jurídico de ese órgano asesor para determinar la correcta aplicación del artículo 13 inciso d) de la Ley de Asociaciones.

Como es de su conocimiento, este Ministerio tiene dentro de sus competencias, las facultades de otorgar el beneficio de la Declaratoria de Utilidad Pública a las asociaciones conformadas según la Ley No. 218 , Ley de Asociaciones y su Reglamento. Esta declaratoria está debidamente regulada por el Reglamento a la Ley de Asociaciones, donde se establecen requisitos básicos para la declaratoria, además de los contenidos en la propia Ley, para la validez y la vigencia de las Asociaciones.

Precisamente, sobre esos requisitos básicos contenidos en la Ley de Asociaciones, es que la Dirección Jurídica de este Ministerio externó su preocupación ante este Despacho, pues a su criterio, cuando una asociación deja de renovar el órgano directivo en los plazos indicados en la ley, jurídicamente y de conformidad con dicha ley, la Asociación se extingue.

Por lo anterior, esa Dirección considera que no sería posible, inscribir en un solo acto las renovaciones del órgano directivo de tres o cuatro años atrás, porque en ese período la Asociación al estar acéfala, jurídicamente no existió. De manera que inscribir las protocolizaciones de actas en las que se elige órgano directivo de varios períodos pasados en un solo acto, sería reintegrar a la vida jurídica a la Asociación que ya se había extinguido, de conformidad con el artículo 13 inciso d) de la Ley de Asociaciones vigente.

Sin embargo, la Coordinadora del Registro de Asociaciones del Registro Nacional discrepa de la anterior posición, y considera que el requisito estipulado en la Ley es que se elija el órgano directivo, no que el mismo se inscriba en el Registro Correspondiente. Con lo cual la Asociación perfectamente podría inscribir en un solo acto, el órgano directivo de varios períodos anteriores.

Dada la importancia por razones de seguridad jurídica, de determinar si las Asociaciones se extinguen por no renovar dentro del plazo de un año como lo indica el artículo 13 inciso d) de la Ley de Asociaciones, el órgano directivo, o si la obligación de la Asociación incluye además de la renovación, la inscripción del órgano en el Registro respectivo, (único mecanismo para que el Registro puede dar fe de la existencia de la Asociación), es que me permito solicitar su criterio técnico-jurídico. Para mayor abundamiento, adjunto copia del oficio No. D.J. 01-0906 de fecha de cuatro de junio del dos mil uno, suscrito por la Dirección Jurídica de este Ministerio, y copia del oficio DRP-J-154-2001, que adjunta oficio de fecha veintiséis de junio del dos mil uno, suscrito por la Coordinadora del Registro de Asociaciones del Registro Nacional."

"Sobre el particular nos permitimos manifestarle que esta Procuraduría y concretamente mediante pronunciamientos Nos. C-134-91 y C-116-92, sobre consultas similares relativas a la atribución en la inscripción de documentos, se sostuvo lo siguiente:

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (Ley Nº 6815 de 27 de setiembre de 1982), en su artículo 5º nos dice que se tendrán por no consultables, aquellos asuntos propios de los órganos administrativos que tengan una jurisdicción especial establecida por Ley. La Ley Nº 6145 de 18 de noviembre de 1977 y sus reformas (Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público) y Decreto Ejecutivo Nº 24322-J de 12 de mayo de 1995 (Reglamento de Organización del Registro Público), le otorga una jurisdicción administrativa especial al Registro Público en los trámites o procedimientos de recepción e inscripción de documentos (art. 5 en relación con el art. 56). Para ello cuenta con la Asesoría Jurídica Registral (art. 7) y la Asesoría Técnica Registral (art. 8)

Es menester entonces concluir, que la Procuraduría General de la República no es el órgano competente para externar una opinión sobre la aplicación y alcances de disposiciones jurídicas en la calificación de documentos sujetos a inscripción en el referido Registro, ya que es atribución propia de este último órgano, dado que a su Director compete ordenar o denegar la inscripción, resolver los ocursos incoados (art. 18 Ley indicada), de lo resuelto procede el recurso de apelación ante la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo (art. 23 misma Ley) y contra la resolución del Tribunal cabrá recurso de casación únicamente en cuanto al fondo (art. 25 Ley referida). Todo lo anterior denota que esta Procuraduría mediante un dictamen no puede sustituir a dicha administración en la potestad decisoria en tales procedimientos de inscripción, pues sería un acto contra legem de su propia Ley Orgánica cuyo texto fue transcrito anteriormente.

Efectivamente en las actas de la Asamblea Legislativa, consta lo siguiente: .... Otro de los casos nuevos es el artículo 5, que si bien lo estamos aplicando en la práctica, desde que nuestros dictámenes no pueden ser vinculantes para aquellos órganos que ejercen una función jurisdiccional administrativa. Un ejemplo puede ser éste: el Registro Público tiene un registro propio de los ocursos en que se rechaza la inscripción de un documento; entonces de acuerdo con la misma ley se pueden reclamar ante el Director del Registro Público si éste confirma la actuación de sus subalternos, se presenta ocurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

Ese es un foro especial. Otro foro especial puede ser el Tribunal Fiscal Administrativo en materia tributaria. Otro puede ser el Tribunal del Servicio Civil en materia de su competencia..."

"Artículo 5º.- Toda asociación debe constituirse mediante un ordenamiento básico que rija sus actividades y que se denominará "Estatutos".

Para que una asociación ejerza lícitamente sus actividades debe estar inscrita en el Registro de Asociaciones que al efecto llevará el Ministerio de Gobernación y que forma parte del Registro Nacional. La personería jurídica de la asociación así como la de sus representantes se adquiere con su inscripción".

"Artículo 13.- La asociación se extingue: (...)

d) Por privación de su capacidad jurídica como consecuencia de la declaratoria de insolvencia o concurso; de variación en el objeto perseguido; del cambio de su naturaleza en su personería jurídica o por no haber renovado el órgano directivo en el año siguiente al término señalado en los estatutos para el ejercicio del mismo".

"Artículo 20.- Las reformas parciales o totales de los estatutos deberán sufrir los mismos trámites que señala el artículo anterior y no surtirán efecto alguno respecto a terceros mientras no estén inscritos en el "Registro de Asociaciones".

La disolución de una asociación deberá también inscribirse en el citado Registro y publicarse en el Diario Oficial".

"Conviene realizar algunas consideraciones en torno a los conceptos de disolución y extinción. El significado jurídico que se la ha dado a esos términos, lo recoger Cabanellas, en su diccionario, indicando:

"DISOLUCIÓN. acción o efecto de disolver//Separación, desunión.//Destrucción de un vínculo.//Término de una relación contractual, especialmente cuando no se debe al cumplimiento del fin o plazo.//Resolución, extinción, conclusión.//Relajación o licencia en materia de costumbres.// (Guillermo Cabanellas, Diccionario de Derecho Usual, Tomo I, pág. 721).

"EXTINCIÓN. Cese, cesación, término, conclusión, desaparición de una persona, cosa, situación o relación y, a veces, de sus efectos y consecuencias también." (Guillermo Cabanellas, Diccionario de Derecho Usual, Tomo II, pág. 156).

Como puede verse no son términos a los que se les de un trato, totalmente diferente, sino que, por el contrario, se asimila el término disolución al de extinción, aunque consideramos que en estricto sentido podría haber sus diferencias entre uno y otro, pero dependiendo del tratamiento que se le dé en un determinado cuerpo normativo a los mismos, como posteriormente se analizará para el caso concreto.

A mayor abundamiento, tenemos que el ilustre tratadista nacional Alberto Brenes Córdoba, se refiera a ellas en los siguientes términos:

"Salvo algún caso especial, como lo es el de las fundaciones, la personalidad jurídica de las organizaciones sociales llega a extinguirse, de manera similar a lo que les ocurre a los hombres al morir.

Causas de extinción comunes a las personas jurídicas privadas son: el haberse alcanzado el fin para el cual se constituyó o el tornarse imposible la consecución de este fin; el haber expirado el plazo por el cual fue constituida y también el que los miembros de la persona jurídica tomen un acuerdo disolviéndola.

Aparte de estas causas generales, los distintos tipos de personas jurídicas privadas poseen, de acuerdo con su especiales regímenes legales, otras causas de extinción. Así, por ejemplo, las sociedades mercantiles se extinguen por la pérdida definitiva que sufran más de la mitad de su capital social, y también el Poder Ejecutivo puede decretar la disolución de una asociación o sindicato, a manera de sanción, cuando éstos han incumplido ciertos deberes legales." (Alberto Brenes Córdoba, Tratado de las Personas, Volumen I, pág. 247).

Particularmente, en la Ley de Asociaciones, para el supuesto concreto que nos ocupa, al referirse expresamente el artículo 27 a los supuestos del artículo 13 inciso d) unió los efectos de una a la otra, como a continuación se estudiará.

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, conviene detenernos a analizar la forma en que se extinguen las asociaciones y sus consecuencias.

(...) El artículo 13 anteriormente transcrito establece, en lo que nos interesa, que la asociación se extingue por privación de su capacidad jurídica, como consecuencia de no haber renovado el órgano directivo en el año siguiente al término señalado en los estatutos para el ejercicio del mismo.

Ahora bien, en ese artículo se castiga el hecho de no renovar el órgano director en el plazo señalado con una pérdida de la capacidad jurídica, que da lugar a la extinción de la asociación. Lo que puede tenerse presente, es que la pérdida de la capacidad jurídica no implica automáticamente, para este caso -por las razones que a continuación se expondrán-, la pérdida de la personería jurídica, sea, la inexistencia de la asociación.

Nótese, que el legislador, estableció un requisito de eficacia para tener por disuelta una asociación (al relacionarse los artículos 13 y 27 de la Ley de Asociaciones), siendo éste el que se procediera a la disolución de la asociación y se inscribiera - en el supuesto que nos ocupa- por orden la autoridad judicial, la disolución de la asociación en el Registro correspondiente. Por lo tanto, es con la disolución que termina la etapa de actuación activa, material y jurídicamente, pero, la extinción plena se opera hasta que se produzca la inscripción de la liquidación.