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 PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 273 del 04/10/2001
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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Dictamen 273
 
  Dictamen : 273 del 04/10/2001   

C- 273-2001


San José, 4 de octubre de 2001


 


Licenciado


Carlos Castro Arias


Ministro de Obras Públicas y Transportes


S.D.


 


Señor Ministro:


    Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, doy repuesta a su oficio 20013428 de 25 de setiembre de 2001, donde formula una consulta de carácter jurídico, relacionada con las condiciones para el reingreso de personal que recibió el pago de las llamadas prestaciones legales.


    Expresa usted que "El problema ha surgido cuando, habiéndose cancelado tales extremos laborales, la Administración determina a posteriori, que aún requiere de los servicios de estos trabajadores, en virtud de su especialización, y en razón de la dificultad de contratar personal en una zona específica del territorio nacional para atender un tipo de actividad específica en donde se exige el desarrollo de particulares destrezas, y dado que contratar otro tipo de personal implicaría la generación de mayores problemas (falta de experiencia, necesidad de capacitarlo, etc.)."


    Agrega que: "Puesto que en tales casos, al acudirse al antiguo personal, ya se habría producido la ruptura de la relación de servicios, estaríamos en presencia entonces de una nueva contratación, pero subsistiendo como dificultad el hecho de que ya se les cancelaron los extremos laborales y, naturalmente, los extrabajadores han invertido su monto de diversas formas, por lo cual estarían imposibilitados para devolverlos en un solo tracto."


    Se solicita criterio sobre dos puntos distintos, a saber:


"a) Si la Administración puede llegar a un arreglo de pago con los extrabajadores nuevamente contratados, para que éstos reintegren periódicamente el monto de las prestaciones que les fueron otorgadas;


b) Si a los efectos anteriores, la Administración está facultada para descontar de las sumas que le deben ser reintegradas por devolución de las prestaciones, el lapso que estos extrabajadores llevan sin brindar servicios para el Estado.".


    Se expresa a la vez que en criterio de la asesoría jurídica de la Institución no existe una imposibilidad legal genérica para esa nueva contratación, siempre y cuando se cumpla con la respectiva devolución, para lo cual es factible un arreglo de pago.


    De seguido se hará referencia a los dos aspectos consultados, aunque para facilidad de su respuesta, se procederá inicialmente al análisis del contemplado en el punto b).


    Este guarda relación directa con las disposiciones contenidas en el numeral 586 (antes 579) del Código de Trabajo, donde se reconoce el derecho al pago de las llamadas prestaciones legales a favor de servidores estatales. El inciso b) de dicho artículo, cuyos alcances se han hecho extensivos a la generalidad del personal estatal, expresa que:


"Los servidores que se acojan a los beneficios de este artículo no podrán ocupar cargo remunerado en ninguna dependencia del Estado, durante un tiempo igual al representado por la suma recibida en calidad de auxilio de cesantía. Si durante ese lapso llegaren a aceptarlo, quedarán obligados a reintegrar al Tesoro Público las sumas percibidas por ese concepto, deduciendo aquellas que representen los salarios que habían devengado (el término más apropiado sería "habrían") durante el término que permanecieron cesantes" (lo escrito entre paréntesis no es del original).


    Dicha disposición, de acuerdo con la filosofía que la inspira, se ha entendido que lo que contiene es una prohibición para que pueda continuarse la relación de servicio con el Estado -en su carácter de patrono único, según la teoría ya consolidada en ese sentido- en aquellos casos en que la persona recibió el pago del auxilio de cesantía de parte de la institución donde laboraba.


    Lo anterior ha venido desarrollándose progresiva y abundantemente, tanto por la jurisprudencia laboral -a la que se ha sumado incluso la constitucional- como por la administrativa emanada de esta Procuraduría, en dos sentidos: 1°: con respecto a la indicada limitación o condición impuesta a las prestaciones legales por la norma transcrita, de quien pasa a servir, ya sea en forma continua, o bien a corto plazo, para otra institución; y 2°: en cuanto a la ventaja del reconocimiento del tiempo servido antes, lo cual se da para diversos efectos, como lo son el pago de prestaciones legales, aumentos por antigüedad y vacaciones progresivas. En el presente estudio, dada la premura existente, que se desprende de los propios términos de la consulta, no nos detendremos en hacer citas ni transcripciones de jurisprudencia judicial y administrativa sobre ambos temas que, de todas formas, han sido copiosas.


    Ahora bien, en la situación en consulta, obviamente, lo que interesa es el tema indicado de primero, por lo que no existe necesidad de extenderse más con respecto al otro.


    Sobre el particular, según se desprende del inciso b) antes transcrito, allí se impone como condición para el reingreso que el servidor reintegre las sumas percibidas por concepto de auxilio de cesantía; sin embargo, el legislador, en forma sabia, también tuvo en consideración que normalmente quien recibe sus prestaciones, permanece un tiempo cesante, por lo cual resultaba injusto y desproporcionado obligarlo a devolver la totalidad de lo pagado. En otras palabras, que como la cesantía tiene carácter de indemnización -resarce el perjuicio ocasionado con la ruptura injustificada del vínculo-, ésta sí correspondía otorgarla (mantenerla) en proporción a los meses en que estuvo cesante la persona que reingresó. De ahí la acertada fórmula ideada, que no exige el reintegro total, sino que mantiene una indemnización parcial a su favor.


    De conformidad con lo anteriormente expuesto, la respuesta a la segunda pregunta formulada, debe ser en el sentido de que la Administración, no sólo está "facultada", sino también obligada legalmente a "…descontar de las sumas que le deben ser reintegradas por devolución de las prestaciones, el lapso que estos extrabajadores llevan sin brindar servicios para el Estado."


    Se procederá de seguido al análisis del otro interrogante, relativo a la posibilidad de llegar a un arreglo de pago con quienes estén reingresando, "…para que éstos reintegren periódicamente el monto de las prestaciones que les fueron otorgadas".


    Sobre tal punto, estima esta Procuraduría que el inciso b) de comentario, lo que exige es "reintegrar al Tesoro Público" las sumas correspondientes, sin ocuparse -no tenía por qué hacerlo el legislador, dado el carácter general de la ley- de situaciones tan particulares, como la sometida en consulta, donde se encuentra claramente en juego la continuidad del servicio público (doctrina de los artículos 4° y 10 de la Ley General de Administración Pública). Ello se desprende de los propios términos de la consulta, en cuanto se expresa que ese personal se requiere nuevamente debido a su especialización, y dada la dificultad de encontrar sustitutos en una zona específica del territorio nacional, para atender una actividad también específica, que exige particulares destrezas; igualmente, que contratar otra clase de personal generaría mayores problemas, como la falta de experiencia y necesidad de capacitación.


    De ahí que ante la insuficiencia del precepto (que no establece los términos o condiciones en que debe hacerse tal devolución), lo que corresponde aquí es interpretarlo de manera que satisfaga el interés público que se encuentra de por medio, mediante un mecanismo de recontratación que no exija el reintegro absoluto e inmediato de lo adeudado. De esa forma se tutela la continuidad del servicio público y, a la vez, se permite a quienes fueron cesados por la Administración, afrontar la situación sobrevenida mediante un razonable arreglo de pago (práctica común en los repartos administrativos); con ello se logra una solución satisfactoria para ambas partes, o sea, la que requiere el servicio y la que se encuentra materialmente imposibilitada para hacer la devolución.


    Resta advertir que la solución dada aquí por esta Procuraduría, sólo puede ser entendido que se refiere a casos excepcionales como el consultado, por lo que no podría hacerse extensiva a la generalidad de situaciones en que se produce un reingreso antes de que transcurra el tiempo a que hace referencia la citada norma legal.


    Con fundamento en lo expuesto, cabe concluir que la Administración sí está jurídicamente facultada para llevar a cabo un arreglo de pago que permita una razonable devolución, en forma periódica, de las sumas adeudadas; igualmente, que del monto de la cesantía percibido en su oportunidad, deberá deducirse la parte indemnizatoria proporcional al tiempo en que la persona permaneció cesante.


    Del señor Ministro, atentamente,


 


Lic. Ricardo Vargas Vázquez


PROCURADOR ASESOR


 


 


 


c. c. Diputados Alicia Fournier Vargas, Oscar Campos Chavarría, Carlos Villalobos Arias y Manuel Larios Ugalde