" En el caso concreto, se justifica la medida en concepto de ‘gastos de administración’ que implica la tenencia de esos dineros en las cuentas del Poder Judicial, sin embargo, debe tenerse presente, que esa administración no le compete en absoluto a las autoridades jurisdiccionales, sino a las entidades bancarias y financieras del Estado, labor que en tampoco puede considerarse de apoyo a la actividad de la administración de justicia, en sí misma, por cuanto el objeto de los depósitos judiciales es únicamente el pago de garantizar un pago a quien corresponde. En este sentido, es que no resulta lógico que se obligue al financiamiento de un Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los servidores judiciales por una administración de fondos que no realizan los juzgadores. Y en este mismo orden de ideas, tampoco resulta procedente, que los particulares e instituciones públicas que intervienen en los diversos procesos que se tramitan en los despachos judiciales en los que se requiera hacer depósitos judiciales para su tramitación, financien un régimen de pensiones y jubilaciones del sector público, que favorece a unos pocos funcionarios públicos, los que trabajan en el Poder Judicial, con lo cual, se coloca en una situación de desigualdad, en primer lugar, a quienes realicen estos depósitos, y en segundo lugar, al resto de los servidores públicos que no se ven favorecidos con esta disposición". (El énfasis no corresponde al original).

"En particular sobre las normas impugnadas. Los accionantes consideran que lo dispuesto en el artículo 236 inciso 5) y 237 de la Ley Orgánica del Poder Judicial viola el Derecho de la Constitución, en particular, el derecho reconocido en el artículo 45 de la Constitución Política, así como el principio de solidaridad y justicia social. Las normas impugnadas establecen que los intereses que generen la inversión de los depósitos judiciales, pertenecientes a los juicios abandonados por más de cuatro años, corresponden durante los primeros cinco años al Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, luego de dicho término, los intereses ingresarán al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Ahora bien, al analizarse las disposiciones cuestionadas, la Sala estima que violan el Derecho de la Constitución. Como se expuso en la sentencia transcrita, los intereses que se produzcan como consecuencia de los depósitos judiciales no forman parte del patrimonio del Poder Judicial, sino del depositante, hasta que la autoridad jurisdiccional respectiva ordene su giro a la persona correspondiente. Por ello, las normas impugnadas, sin que exista un interés público de por medio que justifique la privación del derecho de propiedad privada y, sin indemnización alguna, despojan al particular depositante de uno de los atributos básicos del dominio, sea el uso y disfrute económico de los dineros depositados. Así, lo dispuesto en los artículos 236 inciso 5) y 237 de la Ley Orgánica del Poder Judicial constituye una expropiación sin indemnización previa, que no se encuentra motivada en razones de interés público que la justifiquen, lo cual, vulnera –de manera evidente– el goce disfrute del derecho consagrado en el artículo 45 de la Constitución Política, por lo que debe declararse con lugar la acción en lo que a este extremo atañe.

" Sobre el principio de solidaridad y justicia social. Alegan los accionantes que los artículos 236 inciso 5) y 237 de la Ley Orgánica del Poder Judicial vulneran, además, el principio de solidaridad y justicia social reconocido, según los actores, en la Constitución Política, como en los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos vigentes en la República, en el tanto, no le asignan al Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social la totalidad de los intereses que se producen como resultado de los depósitos judiciales por los juicios abandonados durante más de cuatro años. Sin embargo, como sostienen con acierto el Procurador General de la República y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, tales intereses forman parte del patrimonio de los depositantes, a quienes se les debe entregar la suma generada a consecuencia de los depósitos judiciales. Por tal razón, la Sala no puede acoger la pretensión de la Defensoría de los Habitantes de la República, en el sentido que se asignen esos intereses al Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, pues si bien ello puede constituir una razón de interés público que justifique, en determinadas circunstancias, la privación del Derecho de Propiedad, lo cierto es que la Sala no puede realizar un pronunciamiento en este sentido, toda vez que este punto excede las potestades que el Derecho de la Constitución le asigna a este Tribunal Constitucional. En virtud de lo expuesto, la Sala aclara que las normas impugnadas son inconstitucionales –únicamente– por la violación del derecho consagrado en el artículo 45 de la Constitución Política.

Conclusión y dimensionamiento de los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad.- Al considerarse en esta sentencia que lo dispuesto en las normas impugnadas viola el Derecho de la Constitución, en particular, el derecho a la propiedad privada, debe declararse con lugar la acción y, en consecuencia, debe ordenarse la anulación de los artículos 236 inciso 5) y 237 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta sentencia produce efectos declarativos y retroactivos a la fecha de entrada en vigencia –1° de enero de 1994– sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan sus efectos, de tal manera que la inconstitucionalidad que se declara no afecta las sumas entregadas a los Regímenes de Pensiones –Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social y el Fondo de Pensiones del Poder Judicial– con anterioridad a la publicación del primer edicto a que se refiere el artículo 81 ídem –27 de junio de 2000–; en consecuencia, se debe reintegrar a los depositantes la totalidad de los intereses generados en los depósitos judiciales con posterioridad a dicha publicación." ( El énfasis no corresponde al original).

"Artículo 236. -

5. - Los intereses que generen la inversión de los depósitos judiciales, pertenecientes a juicios abandonados por más de cuatro años, según la distribución que se indica en el artículo siguiente."

"ARTÍCULO 237. - Los depósitos judiciales pertenecientes a juicios abandonados por más de cuatro años, el cincuenta por ciento (50%) de los intereses que estos hubieran producido mientras el juicio estuviere activo y no hayan sido retirados -estos con carácter devolutivo-, ingresarán a una cuenta corriente abierta para tal fin, en alguno de los bancos del Estado y se invertirán en títulos valores del sector público, procurando el mejor rédito. Los intereses que produzca esa inversión durante los primeros cinco años, corresponderán al "Régimen no contributivo de pensiones" de la Caja Costarricense de Seguro Social. Después de ese plazo, los intereses ingresarán a la cuenta del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial."