C- 039-2002

San José, 12 de febrero de 2002

Señora

Elizabeth Vega León

Secretaria Municipal

Municipalidad de San Ramón

S. D.

    Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, doy respuesta al oficio 200-05-2000 de 4 de octubre de 2000, donde se expresa que: "…el Concejo Municipal de San Ramón, en el Artículo Tercero, inciso décimo, aparte G) de la sesión extraordinaria N° 200 del 29 de setiembre del 2000; acordó aprobar por unanimidad, solicitar el criterio de la Procuraduría General de la República, con respecto a la situación en que se encuentra la Convención Colectiva de esta Municipalidad, luego del pronunciamiento de la Sala Constitucional…".

    Con respecto a lo consultado, me permito manifestarles lo siguiente:

    Como consideración preliminar, hemos de indicarles que la respuesta a su consulta debió esperar, debido a varias razones: en primer lugar, la existencia de unas solicitudes de adición y aclaración del fallo N° 4453-2000 (presentadas luego de la gestión de esa Municipalidad ante esta Procuraduría), y que originaron el dictado de la correspondiente resolución de la Sala Constitucional (N° 9690-2000 de las 15:01 hrs. del 1° de noviembre de ese año); igualmente, debido a que durante mucho tiempo estuvo pendiente de ser publicada en La Gaceta la reseña del primero de esos fallos, que había ordenado allí la Sala.

    Además, luego de dicha publicación, sobrevino una solicitud de reconsideración del criterio de esta Procuraduría vertido en el dictamen C-284-2001 de 10 de octubre de 2001 - dirigido a la Municipalidad de Guácimo- que versó sobre el mismo tema planteado por esa Municipalidad. Y fue precisamente a raíz de tal gestión que este Órgano Consultivo, mediante dictamen rendido por el señor Procurador General Adjunto, emitió un criterio, ya de carácter general, sobre el tema de las convenciones colectivas de trabajo en el caso de las municipalidades; ello a la luz de la posición sostenida por la Sala Constitucional en lo dos fallos mencionados en un principio. Se trata del dictamen C-032-2002 de 25 de enero de 2002, dirigido al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, en donde esta Procuraduría sostuvo -a diferencia del otro dictamen- que sí es jurídicamente posible la celebración de convenciones colectivas en los municipios. Cabe señalar que el argumento fundamental que se utilizó allí - y así se señaló expresamente- consistió en que la Sala en su última resolución fue categórica en sostener que "…La Sala no ha declarado inconstitucional las convenciones colectivas de algún conjunto definido de instituciones del Estado, esto es, por ejemplo, no ha dicho que no se puedan celebrar convenciones colectivas en las municipalidades…"

    Se consideró entonces que por tener ese último fallo carácter vinculante erga omnes, según lo establece el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, tal resolución tenía prevalencia sobre los dictámenes de esta Procuraduría que sostuvieron una opinión distinta.

    Sólo resta hacer la observación de que el cambio de criterio de la jurisprudencia administrativa de esta Procuraduría, en realidad no se estaría dando en términos absolutos, pues, según se expresó, la reconsideración "en lo pertinente" del anterior dictamen, obedeció que se hizo prevalecer lo sostenido por la Sala sobre la opinión de este Órgano Asesor.

    Se acompaña copia de ese último dictamen.

    La saluda, atentamente,

Lic. Ricardo Vargas Vázquez

PROCURADOR ASESOR