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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Dictamen 058
 
  Dictamen : 058 del 25/02/2002   
( ACLARA )  

C-058-2002


25 de febrero del 2002


 


 


 


MBA


Ligia Céspedes Álvarez


Subgerente General


Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados


 


 


 


Estimada señora:


    Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, me refiero a su oficio No. SB-2001-01072 de fecha 21 de agosto del 2001, por medio del cual solicita el criterio técnico jurídico de la Procuraduría en relación con la aplicabilidad de los numerales 237 y 238 de la Ley de Tránsito, en relación con el artículo 11 inciso e) de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como la legalidad del texto del artículo 71 del Proyecto de Reglamento de Transportes de dicha institución.


    Particularmente la consulta se centra en dos aspectos: por un lado determinar la procedencia de la figura de la conciliación en los procesos de tránsito, en los cuales el funcionario responsable asume el pago del deducible, esto a la luz también de lo dispuesto por la Procuraduría General de la República en el dictamen No. C-253-99, del que se solicita aclaración sobre ese particular; y por otra parte, analizar la legalidad del art. 71 del Proyecto de Reglamento de Transportes del AyA, en cuanto establece lo siguiente:


"ARTÍCULO 71.- El conductor que resultare culpable por los Tribunales de Justicia con motivo de un accidente de tránsito en que hubiese participado con un vehículo de la Institución, deberá pagar el deducible que eventualmente correspondería AyA cancelar a terceros afectados cuando el costo del daño sea igual o inferior al monto del deducible. Será igualmente responsable aquel funcionario que permitiese a otra persona conducir un vehículo AyA sin causa justificada o sin la debida autorización.


Si en el proceso judicial que dio lugar a la condenatoria del funcionario responsable del accidente, se comprueba además que entre las causas que motivaron el accidente estuvieron la ingesta de licor u otro tipo de droga psicotrópica por parte de éste, corresponderá al funcionario el pago del monto total de los costos de reparación de los daños causados al vehículo del AyA, así como el total de los montos correspondientes de los deducibles por los daños causados a terceros afectados en el mismo accidente.


Lo aquí dispuesto será sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que se haga acreedor el trabajador, luego de finalizado el debido proceso correspondiente llevado a cabo por la Asesoría Legal de la Dirección de Recursos Humanos."


 


    Para dar curso a su gestión, de conformidad con el ordinal 4° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se ha acompañado copia del oficio No. DJ-439-2001 de fecha 15 de mayo del 2001, correspondiente al criterio jurídico suscrito por el Licenciado Ronald Solano Pérez, quien sostiene:


"Con el nuevo Código Procesal Penal, es posible terminar el proceso por varias modalidades, entre ellas, mediante una conciliación.


En pleno respecto del "Derecho de Igualdad", debe considerarse que el conductor de vehículos de AyA, se encuentra facultado para aceptar o rechazar la responsabilidad que se le imputa en un accidente de tránsito.


En caso de aceptarla, evidentemente se le declarará autor responsable y consecuentemente AyA, debe asumir el pago de la indemnización, por intermedio de la Póliza del vehículo, lo que implica que el monto del deducible debe pagarlo el conductor.


Bajo tales principios, es oportuno señalar que si se cumplen con los presupuestos establecidos por el Instituto Nacional de Seguros, contenidos en la Circular 33-98 del Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia en sesión 32-98 del 30 de Abril de 1998 y publicado en el Boletín Judicial 103 del viernes 29 de Mayo de 1998, no existe restricción legal, para que el apoderado de AyA acepte la conciliación que formula el conducto de vehículos de AyA y en esa forma dar por terminado el proceso judicial.


Al amparo de la Ley de Tránsito consideramos improcedente, la incorporación del Artículo 71 en el Reglamento de Transportes de AyA, según el cual el funcionario debe pagar la totalidad de los daños del vehículo dañado de AyA, además del deducible para la reparación del vehículo del tercero.


Lo anterior en virtud de que la Ley de Tránsito es clara y precisa en el sentido de que la obligación del trabajador es pagar el deducible, y si AyA, no tiene cobertura total de riesgos por daños a sus vehículos, en virtud de que prefiere "hacer una bolsa con las primas que debió pagar por el seguro" y con dichas sumas realizar las reparaciones, ello no debe ser trasladado al funcionario, en virtud de que no existen (sic) norma expresa que así lo autorice."


I.- MARCO NORMATIVO APLICABLE


    Según se indica en la consulta planteada, los numerales 236 y siguientes de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, No. 7331, son los que fundamentalmente dan a la posibilidad de arreglo judicial o extrajudicial por parte de los funcionarios de AyA, siendo por ello necesario transcribir lo que al efecto disponen:


"ARTÍCULO 236.- Obligación del conductor en casos de accidente:


Los conductores de vehículos oficiales, que se vean involucrados en un accidente de tránsito, deben seguir las instrucciones impartidas por la respectiva sección de transporte."


 


"ARTÍCULO 237.- Prohibiciones de arreglo extrajudicial: Se prohibe al conductor efectuar arreglos extrajudiciales en caso de accidentes con vehículos oficiales; en estos casos deben indicar al particular que se apersone o comunique con la sección de transporte, para efectuar las gestiones correspondientes".)


 


"ARTÍCULO 238.- Responsabilidad por condenatoria: El conductor que sea declarado responsable por los Tribunales de Justicia, con motivo de un accidente en que hubiera participado con el vehículo oficial, debe pagar el monto correspondiente al deducible que, eventualmente, tendría que girarse al Instituto Nacional de Seguros o las indemnizaciones que deba hacer la institución a la que pertenece a favor de terceros afectados, cuando el costo del daño sea inferior al monto del deducible.


Es igualmente responsable, quien permita, a otra persona, conducir un vehículo sin causa justificada o sin la debida autorización.


Lo dispuesto será aplicado sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que se impongan al servidor"


 


"ARTÍCULO 239.- Obligación de la sección de transportes: La sección de transportes o la oficina encargada analizará todo accidente de tránsito en que participe un vehículo a su cargo, del cual rendirá un informe con la recomendación respectiva, a la dirección administrativa o a la oficina de personal. Si esa recomendación no es compartida por el conductor, este tendrá derecho a ser oído, dentro del tercer día hábil, ante el jerarca de la institución para hacer valer sus derechos y presentar las pruebas que estime convenientes. Una vez concluido el procedimiento, se tomará la resolución correspondiente."


"ARTÍCULO 240.- Aplicación: La aplicación y verificación del cumplimiento de las anteriores disposiciones están a cargo de la


Contraloría General de la República, de los órganos institucionales correspondientes, de la Dirección General de la Policía de Tránsito y de las demás autoridades que deban velar porque los vehículos oficiales cumplan con lo establecido.


En caso de que el vehículo circule fuera de horas laborales, sin autorización expresa o a horas no estipuladas en el permiso, según las circunstancias, las autoridades retirarán las placas e informarán de inmediato, por el canal administrativo más oportuno, al ministerio o dependencia al que pertenece el vehículo y a la Contraloría General de la República, con el señalamiento de hechos completos. En cualquier momento en que se observe que el conductor o los acompañantes estén bajo los efectos del alcohol o muestren una conducta anormal o rebeldía para someterse a una inspección de rutina, la autoridad procederá, de inmediato, a inspeccionar el vehículo y formulará el informe correspondiente para que se transmita al ministerio o dependencia a que pertenezca y a la Contraloría General de la República. En casos graves, impedirá la continuación del viaje."


 


    Asimismo, otro cuerpo normativo que resulta de aplicación en el caso sometido a discusión, lo es la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Ley No. 2726 del 14 de abril de 1976, misma que dispone en lo que interesa:


"ARTICULO 6º.- El Instituto estará regido por una Junta Directiva de nombramiento del Consejo de Gobierno, de conformidad con la ley número 5507 de 19 de abril de 1974."


(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 5915 de 12 de julio de 1976).


"ARTICULO 11.- Corresponde a la Junta Directiva:


    1. Dirigir la política de la Institución, fiscalizar sus operaciones y acordar las inversiones de los recursos de la misma;
    2. Acordar el Presupuesto Ordinario Anual y los Extraordinarios para someterlos a la aprobación de la Contraloría General de la República;
    3. Aprobar la Memoria Anual y los Balances Generales del Instituto;
    4. Adjudicar las licitaciones públicas que se realicen conforme a la Ley de la Administración Financiera de la República;
    5. Transigir judicial o extrajudicialmente en asuntos que no excedan de ¢ 200,000.00, por acuerdo que tenga el voto favorable de no menos de cuatro de sus miembros; no estarán afectos a esta limitación los compromisos arbitrales; (Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3668 de 16 de marzo de 1966).
    6. Autorizar la adquisición, hipoteca, gravámenes y enajenación de bienes, hasta por la suma de ¢ 200,000.00, para lo cual será necesario el voto favorable de no menos de cuatro de sus miembros. Si la operación excede de ¢ 200,000.00, requerirá autorización legislativa. Lo anterior no rige, en cuanto a limitaciones se refiere, en los casos de expropiación o licitación. (Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3668 de 16 de marzo de 1966).
    7. DEROGADO (Derogado por el inc. o) del artículo 64 de la Ley Nº 7495 de 3 de mayo de 1995).
    8. Determinar, previos los estudios del caso, las tarifas de abastecimiento de agua potable y disposición de aguas residuales y pluviales;
    9. Dictar, reformar e interpretar los reglamentos internos necesarios para el mejor desarrollo de los fines del Instituto;
    10. Nombrar y remover al Gerente, al Subgerente y al Auditor, para lo cual necesita por lo menos cuatro votos de la totalidad de sus miembros. Estos funcionarios no podrán estar ligados entre sí, o con los directores, por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive; (TACITAMENTE REFORMADO por las leyes números 4646 de 20 de octubre de 1970, artículos 6º y 7º y 5507 de 19 de abril de 1974, artículo 6º).
    11. Asignar, dentro de los preceptos legales, las atribuciones y deberes de los funcionarios anteriormente citados;
    12. Conocer en alzada de las apelaciones interpuestas contra resoluciones del Gerente, del Subgerente y del Auditor, así como concederles licencias y designar a sus sustitutos interinos. (Así reformado por el Transitorio II de la Ley Nº 5915 de 12 de julio de 1976)"
  1. ANÁLISIS DEL CASO PLANTEADO:
  1. SOBRE LOS ALCANCES DEL ARTÍCULO 71 DEL PROYECTO DE TRANSPORTES DE AYA

    De conformidad con la consulta planteada, la misma versa sobre dos tópicos a saber: por un lado, analizar la aplicabilidad de lo dispuesto en los artículos 237 y 238 de la Ley de Tránsito, en relación con el artículo 11 inciso e) de la Ley Constitutiva de AyA, y por otra parte, determinar la legalidad del texto del artículo 71 del Proyecto de Reglamento de Transportes de AyA.


    Es por ello, que atendiendo a los efectos prácticos, realizaremos su estudio en forma separada, dando inicio con la última de las interrogante citadas.


    El Proyecto de Reglamento de Transportes de AyA, dispone en su ordinal 71, lo siguiente:


"El conductor que resultare culpable por los Tribunales de Justicia con motivo de un accidente de tránsito en que hubiese participado con un vehículo de la Institución, deberá pagar el deducible que eventualmente correspondería AyA pagar a terceros afectados cuando el costo del daño sea igual o inferior al monto del deducible. Será igualmente responsable aquel funcionario que permitiese a otra persona conducir un vehículo de AyA sin causa justificada o sin la debida autorización. (Artículo 238 Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres).


Si en el proceso judicial que dio lugar a la condenatoria del funcionario como responsable del accidente, se comprueba además que entre las causas que motivaron el accidente estuvieron la ingesta de licor u otro tipo de droga psicotrópica por parte de éste, corresponderá al funcionario el pago del monto total de los costos de reparación de los daños causados al vehículo de AyA, así como el total de los montos correspondientes de los deducibles por los daños causados a terceros afectados en el mismo accidente.


Lo aquí dispuesto será sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que se haga acreedor el trabajador, luego de finalizado el debido proceso correspondiente llevado a cabo por la Asesoría Legal de la Dirección de Recursos Humanos.


Los fallos judiciales a favor de funcionarios por motivos de accidentes de tránsito, no necesariamente lo eximen de la responsabilidad disciplinaria y/o pecuniaria ante la institución. El proceso judicial y el debido proceso dentro de la institución, son independientes, es decir, el debido proceso llevado a cabo dentro de AyA, no necesariamente depende de lo que ocurra en el judicial."


    Como se desprende de una simple lectura del texto anterior, el mencionado numeral del Proyecto de Reglamento de Transporte toma como punto de partida en su regulación al artículo 238 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, Ley 7331; véase en tal sentido su párrafo primero; no obstante ello, en los siguientes párrafos describe y sanciona en forma más amplia o severa al funcionario responsable. Veamos de seguido de qué se trata.


    La Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, dispone en su ordinal 238, la responsabilidad del conductor, que figure como conductor en un accidente de tránsito en que hubiera participado con un vehículo oficial. Tal responsabilidad es limitada, por imperativo legal, al pago del monto correspondiente al deducible que, eventualmente tendría que girarse al Instituto Nacional de Seguros o las indemnizaciones que deba hacer la institución a la que pertenece, a favor de terceros afectados, cuando el costo del daño sea inferior al deducible; es decir, no está previsto a nivel legal que el funcionario responsable deba pagar el monto total de los costos de reparación del vehículo accidentado.


    Ahora bien, analizado a la luz de lo anterior, el respectivo artículo 71 del Proyecto de Reglamento de Transportes, introduce una responsabilidad adicional al funcionario declarado culpable en un accidente de tránsito; esto es, de conformidad con el párrafo segundo de dicho numeral, de cumplirse el supuesto que entre las causas del accidente se encontraran la ingesta de licor u otro tipo de sustancia o droga psicotrópica. De darse ello, le corresponderá a éste el pago no solamente del deducible por daños ocasionados a terceros, sino también el pago del monto total de los costos de reparación de los daños causados al vehículo de AyA, todo sin perjuicio, agrega más adelante, de las sanciones disciplinarias a que se haga acreedor el trabajador.


    Siendo así las cosas, y en apego del principio de legalidad, consagrado en los ordinales 11 de la Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública, tenemos que resulta ilegal introducir por vía reglamentaria situaciones y sanciones no previstas por la ley que reglamentan o desarrollan. En este sentido, el numeral 124 de la Ley General de la Administración Pública, establece:


"Artículo 124.- Los reglamentos, circulares, instrucciones y demás disposiciones administrativas de carácter general no podrán establecer penas ni imponer exacciones, tasas, multas ni otras cargas similares"


    Como se observa, al exceder el cuestionado artículo 71 del Proyecto de Reglamento de Transporte de AyA, los alcances del numeral 238 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, ley especial en la materia, el mismo resultaría eventualmente con vicios de tal naturaleza que podría alegarse su inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, la que en definitiva le correspondería por su ámbito de competencia, el determinarlo así y fallar en ese sentido, partiendo de la misma doctrina que sobre los alcances de la potestad reglamentaria ella misma ha desarrollado en sus diferentes resoluciones.


    En punto a lo anterior, es necesario tener presente que la responsabilidad, como la aptitud que tiene un sujeto de conocer y aceptar las consecuencias dañosas de sus acciones, puede asumir distintos ámbitos; esto es, una acción de un agente puede dar cabida a diferentes ámbitos de responsabilidad, a saber: penal, civil, disciplinaria, siendo que cada una de ellas regulan o sancionan distintos aspectos de tal acción. En este sentido valga traer a colación lo dispuesto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el voto No. 6687-96, de las quince horas cuarenta y ocho minutos del diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis, mismo que reitera el criterio vertido en el voto No. 3484-94, en el sentido de que dichas responsabilidades no son excluyentes, por lo que un mismo hecho violatorio de un deber jurídico del servidor, puede generar los tres tipos de responsabilidades mencionadas, y por ende tres tipos de sanciones, siendo que al tener cada una de ellas un ámbito de dominio propio el principio de "No bis in ídem" no tiene aplicación:


"IV. TIPOS DE RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. La responsabilidad disciplinaria presupone un poder disciplinario de la Administración. El vinculum iuris que se da entre la Administración Pública y el agente o servidor público implica necesariamente una serie de deberes y derechos, de manera que la transgresión a los primeros determina la responsabilidad del empleado, la cual es regulada o disciplinada distintamente por el Derecho objetivo según sea la naturaleza jurídica de la responsabilidad. La transgresión a un deber puede ser ocasionada por una acción u omisión, que producen efectos dañosos para la Administración (interna) o para los administrados o terceros extraños a la relación de empleo público (externa), hechos u omisiones que tienen relevancia en cuanto la infracción consiste en el incumplimiento de un deber de la función o del empleo, que en consecuencia causan responsabilidad y su correlativa sanción. La transgresión de un deber no tiene siempre efectos unívocos, ya que puede consistir en la violación de una norma meramente disciplinaria, sin otras consecuencias, o puede configurar un delito del derecho penal, o puede implicar el resarcimiento patrimonial del daño causado. Esta multiplicidad de efectos determina las diferentes clases de responsabilidad del funcionario, la disciplinaria o administrativa, la penal y la civil o patrimonial. Estas responsabilidades no son excluyentes, por lo que un mismo hecho violatorio de un deber jurídico del servidor puede generar los tres tipos de responsabilidad, y por lo tanto, tres tipos diferentes de sanciones. Aquí los principios de "non bis in ídem" o "noter in ídem" son inaplicables por cuanto se trata de tres géneros distintos de responsabilidad, cada uno con su dominio propio; las tres responsabilidades tienen finalidades específicas e inconfundibles, por lo que el clásico principio sería violado únicamente en el supuesto de tratarse de responsabilidades y sanciones de la misma especie. Así, por sentencia número 3484-94, de las doce horas del ocho de julio del año pasado, esta Sala consideró:


"Ahora bien, si bien es cierto, que existe independencia entre el procedimiento administrativo sancionatorio y el juzgamiento de los hechos en la vía penal, no puede interpretarse, sin contrariar el derecho al debido proceso y el principio del "non bis in ídem", que si se juzga un hecho en la vía penal y el imputado resulta absuelto, pueda ser disciplinariamente sancionado en la vía administrativa por los mismo hechos. Se reconoce que uno de los límites de la potestad sancionadora de la Administración es su subordinación a la Autoridad Judicial. De haber colisión entre una actuación jurisdiccional y una actuación de la administración, se debe resolver en favor de la primera. De este mismo principio se deriva la necesidad de que se respete la cosa juzgada. Al respecto dijo el Tribunal Constitucional Español, en sentencia número 77 del tres de octubre de mil novecientos ochenta y tres:


"El principio non bis in ídem determina una interdicción de la duplicidad de sanciones administrativas y penales respecto de unos mismos hechos, pero conduce también a la imposibilidad de que, cuando el ordenamiento permite una dualidad de procedimientos, y en cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento y una calificación de unos mismos hechos, el enjuiciamiento y la calificación que en el plano jurídico puedan producirse, se hagan con independencia, si resultan de la aplicación de normativas diferentes, pero que no pueda ocurrir lo mismo en lo que se refiere a la apreciación de los hechos, pues es claro que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado. Consecuencia de lo dicho, puesto en conexión con la regla de la subordinación de la actuación sancionadora de la Administración a la actuación de los Tribunales de justicia es que la primera, como con anterioridad se dijo, no puede actuar mientras no lo hayan hecho los segundos y deba en todo caso respetar, cuanto actúe a posteriori, el planteamiento fáctico que aquellos hayan realizado, ..."


No obstante que los tres tipos de responsabilidades tienen estructuras diversas, las sanciones de las tres tienen un objetivo común, el de mantener y asegurar en forma preventiva y represiva el funcionamiento normal del servicio público, obligando directa o indirectamente a los funcionarios y empleados al cumplimiento de todos sus deberes funcionales. Así, los procedimientos para hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios, se aplica en virtud de la diversidad de las normas jurídicas que la regulan; la penal tiene su fuente principal en el Código de la materia represiva y en las leyes especiales, pudiendo afirmarse la unidad y sistematización de los hechos delictivos, así como el procedimiento para el enjuiciamiento de sus autores; la responsabilidad civil está disciplinada por las disposiciones pertinentes del Código Civil; en cambio, la responsabilidad administrativa está sujeta a una variedad de ordenamientos carentes de unidad y sistematización. De lo que se ha comentado, se puede concluir que, las faltas cometidas por los funcionarios en el ejercicio de su cargo, quebrantando el orden interno de la administración, origina la responsabilidad disciplinaria, por cuanto la falta disciplinaria entraña un desajuste del empleado a su función, afectando la propia esencia de la ordenación administrativa: sin perjuicio de las responsabilidades penal y civil, todo con la salvedad que en relación a los hechos se señaló con anterioridad, materia en la que no puede hacerse pronunciamiento en vía administrativa, que contraría lo tenido como debidamente acreditado en la vía jurisdiccional. Por ello, el fin de la responsabilidad disciplinaria es asegurar la observancia de las normas de subordinación y, en general, del exacto cumplimiento de todos los deberes de la función que se le tiene encomendada. Así, el derecho disciplinario presupone una relación de subordinación entre el órgano sometido a la disciplina y el órgano que la establece o aplica, más para castigar, para corregir, e incluso educar al infractor de la norma, de ahí el carácter correctivo de las sanciones disciplinarias." (lo resaltado no es del original)


    A la luz de lo anterior, se colige que si la intención del Proyecto de Reglamento de Transportes de AyA, es sancionar en forma más severa al funcionario que hubiese incurrido en un accidente de tránsito debido a la ingesta de licor o algún tipo de sustancia psicotrópica, la vía apropiada para ello es la disciplinaria, realizando una distinción al efecto, sin que esto signifique en forma alguna una violación al Principio de Non Bis In Ídem, por tratarse de distintos ámbitos de responsabilidad, no pudiendo mediante este cuerpo normativo (Reglamento de Transportes) exceder lo establecido en la Ley de Tránsito, al compeler al conductor que se encuentre en este supuesto al pago del deducible de los daños a terceros y al pago total de la reparación del vehículo del AyA.


    Es dable reiterar que la Ley de Tránsito no solamente es una normativa de mayor rango que el reglamento, sino que es una norma especial en esta materia que regula el caso concreto de los conductores de vehículos oficiales, indicando que en estas circunstancias corresponde a los mismos únicamente el pago del monto correspondiente al deducible.


B) ACLARACIÓN DEL DICTAMEN C-253-99: SOBRE LA POSIBILIDAD DE CONCILIACIÓN POR PARTE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE EN LOS PROCESOS DE TRÁNSITO


    El otro de lo supuestos sometidos a consulta a esta Procuraduría General, lo es el determinar los alcances del dictamen No. C-253-99 de fecha 22 de diciembre de 1999, en punto a la posibilidad de conciliación por parte del funcionario responsable en los procesos de tránsito.


    En criterio del Departamento Legal de la entidad consultante, con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, es posible terminar el proceso penal por varias modalidades, entre ellas la conciliación, por lo que debe considerarse que el conductor de vehículos de AyA, se encuentra facultado para aceptar o rechazar la responsabilidad que se le imputa en un accidente de tránsito, siendo que en caso de aceptarla se le declarará autor responsable y, consecuentemente, AyA debe asumir el pago de la indemnización, por intermedio de la Póliza del vehículo, lo que implica que el monto del deducible debe pagarlo el conductor.


    Sobre el particular, esta Procuraduría difiere de lo externado, ya que si bien con la promulgación del Código Procesal Penal se ha establecido en nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en lo correspondiente al proceso penal, la posibilidad de dar por terminada una causa mediante la adopción de una serie de medidas alternas, tales como la aplicación de un criterio de oportunidad (numeral 22); suspensión del proceso a prueba (ordinal 25); conciliación (artículo 36), entre otras, las mismas resultan plenamente aplicables tratándose únicamente de sujetos de derecho privado que comprometan su propio patrimonio; o bien, mediante los trámites que ordenamiento jurídico exige si afectan o involucran fondos públicos, sea, mediante una autorización legal en ese sentido.


    En otras palabras, cuando los sujetos acusados de un ilícito penal son funcionarios públicos, que han cometido dicho ilícito penal en funciones propias de su cargo, y por esa circunstancia, se acogen a la aplicación de alguna de estas medidas, comprometiendo el patrimonio público, tales medidas alternas no resultan válidas y no pueden ser acogidas (homologadas) por el juez penal, sino es contando con la expresa aceptación del superior jerárquico competente para ello de la Institución a la que pertenece dicho funcionario, y cumpliéndose con los requisitos que el ordenamiento jurídico exige en tales supuestos, ya que se está comprometiendo el patrimonio institucional.


    De igual forma, la Administración Pública que acepta o aprueba asumir una erogación en tal sentido, no se encuentra ilimitada en su actuar, ya que como se advirtió en el párrafo precedente, debe en todo caso ajustarse al principio de legalidad, debiendo existir en razón de ello una norma habilitante que permita dicha conciliación, transacción, arbitraje o medida de que se trate, y dentro de los términos y condiciones que así se indique.


    En el caso de AyA, de conformidad con su Ley Constitutiva, Ley No. 2726 del 14 de abril de 1961, numeral 11 inciso e), la Institución está facultada únicamente para acogerse al arbitraje, o bien al de la transacción, pero en este último caso limitado a su vez a que la misma no supere la suma de 200.000 colones:


"ARTICULO 11.- Corresponde a la Junta Directiva:


a) Dirigir la política de la Institución, fiscalizar sus operaciones y acordar las inversiones de los recursos de la misma;


b) Acordar el Presupuesto Ordinario Anual y los Extraordinarios para someterlos a la aprobación de la Contraloría General de la República;


c) Aprobar la Memoria Anual y los Balances Generales del Instituto;


d) Adjudicar las licitaciones públicas que se realicen conforme a 
la Ley de 
la Administración Financiera de 
la República;

e) Transigir judicial o extrajudicialmente en asuntos que no excedan de ¢ 200,000.00, por acuerdo que tenga el voto favorable de no menos de cuatro de sus miembros; no estarán afectos a esta limitación los compromisos arbitrales; (Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3668 de 16 de marzo de 1966).


{...} (lo resaltado no es del original)


    Dicho criterio ha sido reiterado en el pronunciamiento de esta Procuraduría C-253-99, del cual se ha solicitado aclaración, señalando las siguientes pautas que al efecto debe respetar AyA, mismas que me permito transcribir para una mayor claridad:


"1.- La Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados tiene, entre sus facultades, la de autorizar que se celebren transacciones en procesos judiciales y extrajudiciales que no excedan los ¢200.000,oo, por mandato expreso en ese sentido de la Ley Constitutiva de dicha Institución.


2.- La Junta Directiva materializara dicho acuerdo por medio de su Gerente o Subgerente -indistintamente-, toda vez que dichos personeros son quienes ostentan la representación judicial y extrajudicial de la Institución con las facultades que el artículo 1253 del Código Civil concede a los Apoderados Generalísimos.


3.- En caso de que se considere oportuno someter a un medio alternativo de solución de conflictos alguna controversia cuyo monto exceda los ¢ 200.000,oo, es viable recurrir al arbitraje, pues la misma Ley Constitutiva antes mencionada no establece limitación alguna en aquellos casos en que se pretenda dirimir controversias a través de dicho mecanismo. Igualmente, serán el Gerente y Sugerente de la Institución los que ostenten las facultades para proceder de conformidad por los mismos motivos señalados en el punto 2 de estas conclusiones."

    Debe considerarse además, que tal y como es planteada la consulta por parte del Departamento Legal de AyA, en caso de que el conductor responsable aceptara su responsabilidad en los hechos y se acogiera a la figura de la conciliación, éste únicamente sufragaría el monto correspondiente al deducible, correspondiéndole al AyA el pago del monto total de la Póliza, por lo que en tal caso se estaría disponiendo de recursos públicos que únicamente pueden serlo mediante autorización expresa de la Institución y bajo una norma habilitante que así lo admita, siendo que en el caso que nos ocupa no existe normativa en tal sentido.


    La única posibilidad a la que se podría acoger el funcionario lo sería una transacción, siempre y cuando ésta sea aprobada por la Junta Directiva de la Institución y que no supere el monto de 200 000 colones, o bien el arbitraje acatando de igual forma lo dispuesto en la normativa de referida cita.


III. CONCLUSIÓN


1) El artículo 71 del Proyecto de Reglamento de Transportes del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), podría resultar inconstitucional, toda vez que, conforme con la doctrina que sobre los alcances de la potestad reglamentaria ha desarrollado la Sala Constitucional, mediante su jurisprudencia erga ommes, el mismo excede los alcances de lo dispuesto en el numeral 238 de la Ley 7331: Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres. Siendo que, de conformidad con dicho ordinal, la responsabilidad del conductor declarado culpable que haya participado en un accidente de tránsito, con un vehículo oficial, se circunscribe únicamente al pago del deducible que eventualmente correspondiera a AyA cancelar a terceros afectados, todo sin perjuicio, claro está, de la responsabilidad a la que el mismo se haga acreedor en otras materias, verbigracia la disciplinaria.


2) De conformidad con el criterio expuesto por esta Procuraduría en el dictamen No. C-253-99, los funcionarios responsables en un accidente de tránsito, únicamente podrán acogerse al instituto de la transacción, o bien al del arbitraje, todo lo cual en estricto apego a las estipulaciones contenidas en el numeral 11 inciso e) de la Ley Constitutiva de AyA; no siendo procedente por ende, el someterse a una medida alterna prevista en el Código Procesal Penal diversa a las referidas, en consideración a su especial condición de funcionarios públicos, así como en respeto al Principio de Legalidad e indisponibilidad de fondos públicos, a los cuales están sometidos los sujetos de derecho público.


Sin otro particular,


 


 


Geovanni Bonilla Goldoni


PROCURADOR FISCAL


 


GBG/RLM/gbg


CI: Archivo.-


ARCHIVADO: CONSULTAS/058-TRANSITOS.AYA