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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Dictamen 126
 
  Dictamen : 126 del 24/05/2002   

C-126-2002


24 de mayo de 2002


 


 


 


Licenciada


Paulina Ramírez Portugués


Alcaldesa Municipal


Municipalidad de Cartago


S. O.


 


 


 


Estimada señora:


    Con la aprobación del Señor Procurador General Adjunto, damos respuesta a su oficio de fecha 18 de abril de 2002 – asignado para su estudio el 23 de abril del año en curso – mediante el cual consulta a este Despacho, si la Municipalidad de Cartago se encuentra facultada para cobrar el impuesto de patentes a empresas que teniendo licencia otorgada en el Cantón Central de Cartago, realizan actividad comercial lucrativa en otros cantones fuera de la jurisdicción de la Municipalidad de Cartago, y que no pagan el impuesto de patente a esas Municipalidades; si de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° de la Ley 7248 (Tarifa de Impuestos Municipales), únicamente deberán pagar dicho impuesto aquellas empresas "que se dediquen al ejercicio de cualquier actividad lucrativa, en el cantón central de Cartago". Se adjunta a la consulta, criterio legal emitido por el Área Jurídica de la Municipalidad de Cartago.


    Previo a evacuar la consulta planteada, es conveniente realizar algunas reflexiones sobre el contexto jurídico dentro del cual se enmarca la interrogante planteada. Para ello, en primer lugar es importante realizar un breve análisis de la potestad impositiva que ostentan las municipalidades de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, para posteriormente efectuar algunas consideraciones con relación a la naturaleza del impuesto de patente municipal.


I.- Potestad Impositiva de las Municipalidades.


    De acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 170 de nuestra Constitución Política, las Municipalidades son corporaciones de carácter autónomo, a las cuales - en tanto gobiernos de naturaleza local - se les otorga la competencia para administrar los intereses y servicios de un determinado cantón en beneficio de la colectividad. En virtud de esa autonomía otorgada por la Constitución, se deriva la potestad impositiva atribuida a las municipalidades, la cual supone la iniciativa para la creación, modificación o extinción de los impuestos de naturaleza local, potestad que sin embargo es de carácter relativo, en el tanto se encuentra sometida a la aprobación respectiva por parte de la Asamblea Legislativa, de acuerdo a lo preceptuado en el inciso 13 del artículo 121 de nuestra Constitución.


    La Sala Constitucional en diferentes oportunidades se ha manifestado sobre el tema señalando, que "constitucionalmente no es posible que la Asamblea Legislativa tenga un papel creador de los impuestos municipales, en cuanto que son las corporaciones las que crean esas obligaciones impositivas locales, en ejercicio de la autonomía consagrada en el artículo 170 de la Constitución y por su naturaleza de entidades territoriales corporativas, es decir de base asociativa, capaz de generar un interés autónomo distinto del Estado, y las someten a la aprobación legislativa que condiciona su eficacia". (el resaltado no es del original) (SCV. N° 1613-91 de las 15:15 horas del 21 de agosto de 1991).


    Partiendo de esa potestad tributaria de los gobiernos locales, a éstos les corresponde en forma exclusiva el otorgamiento de las licencias para el ejercicio de las distintas actividades comerciales realizadas en cada cantón, y consecuentemente la recaudación del impuesto de patente municipal sobre tales actividades. En ese sentido, le corresponderá a cada municipalidad, verificar si se cumplen los presupuestos que configuran el hecho generador de la obligación tributaria local, así como las funciones de fiscalización y recaudación de los tributos que le corresponda.


II.- Impuesto de patentes.


    El impuesto de patentes municipales tiene su fundamento normativo en los artículos 79 y siguientes del Código Municipal. El artículo 79 establece al respecto:


    "Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo que se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se haya realizado".


    Tal y como en otras oportunidades la Procuraduría ha manifestado, la razón de gravar con el impuesto de patente municipal las actividades comerciales realizadas en un determinado cantón, (como parte del sistema de financiamiento de las municipalidades) deriva no solamente de lo dispuesto en el numeral 170 de nuestra Constitución, sino que - en armonía con tal disposición - también tiene una justificación de naturaleza social, la cual supone la necesidad de sufragar todos aquellos servicios públicos que brindan los gobiernos locales en beneficio de la comunidad, mismos que se traducen en mejores garantías de seguridad, higiene, orden y ornato local, las cuales sin duda facilitan y permiten el ejercicio de la actividad comercial lucrativa; y tal deber de contribuir con los gastos públicos de las entidades municipales, también tiene su arraigo en los artículos 18 y 33 de nuestra Carta Magna, en el tanto que el impuesto de patente debe ajustarse a los principios de igualdad, proporcionalidad, racionalidad y generalidad, que configuran los llamados principios constitucionales de justicia tributaria material.


    La Sala Constitucional, en reiterada jurisprudencia ha delimitado, en sus características tributarias, la noción de patente municipal como la principal figura impositiva que tienen las Municipalidades, definiendo tal tributo como aquel " que paga toda persona que se dedica al ejercicio de cualquier actividad lucrativa (...) Distingue nuestra legislación entre la licencia propiamente dicha, que es el acto administrativo que habilita al particular para ejercer la respectiva actividad y el pago del impuesto, propiamente dicho, que se denomina con el nombre de patente (...) En doctrina se llama patente o impuesto a la actividad lucrativa, a que gravan los negocios sobre la base de caracteres externos más o menos fáciles de determinar, sin que exista un sistema único al respecto. (…) "Por esto es que difieren las leyes del impuesto de patente de un municipio a otro y las bases impositivas pueden ser igualmente variadas, como por ejemplo sobre las utilidades brutas, las ventas brutas, a base de categorías o clases, o bien, de una patente mínima y otra máxima (…)" (el resaltado no es del original) (Votos Nºs 2197-92 de las 14:30 hrs. del 11 de agosto de 1992 y 5749-93 de las 14:33 hrs. del 9 de noviembre de 1993).


III.- Sobre el fondo.


    Establecida la naturaleza del Impuesto de Patentes Municipales, es necesario para resolver el punto en cuestión, determinar en qué consiste y cuándo se produce el hecho generador de la obligación tributaria de pagar el impuesto de patente municipal en el Cantón Central de Cartago.


    En primer lugar debe advertirse, que el impuesto de patentes a favor de la Municipalidad de Cartago se encuentra establecido en el artículo 1° de la Ley N° 7248 (Ley de Impuestos Municipales de Cartago, del 26 de junio de 1991), el cual literalmente expresa:


".Artículo 1- Todas las personas físicas o jurídicas, que se dediquen al ejercicio de cualquier tipo de actividad lucrativa, en el Cantón Central de Cartago y que hayan obtenido la respectiva licencia, pagarán a la Municipalidad el impuesto de patentes que las faculte para llevar a cabo esas actividades."( la negrilla no es del original)


    Por su parte los artículos 3 y 4 de la misma Ley disponen sobre el pago de dicho impuesto:,


"ARTÍCULO 3.- El impuesto de patentes se pagará durante todo el tiempo en que se tenga el establecimiento abierto o se ejerza el comercio en forma ambulante y durante el tiempo en que se haya poseído licencia, aunque la actividad no se hubiese realizado".(la negrilla no es del original)


ARTÍCULO 4.- Salvo los casos en que esta Ley determine un procedimiento diferente para fijar el monto del impuesto de patentes, se establecen como factores determinantes de la imposición, la renta líquida gravable y las ventas o los ingresos brutos, que perciban las personas físicas o jurídicas afectas al impuesto durante el ejercicio económico anterior al período que se grava. Por ventas se entiende el volumen de éstas, hecha la deducción del impuesto que establece la Ley del Impuesto sobre las Ventas."(la negrilla no es del original)


    Partiendo del principio de que el hecho generador de la obligación tributaria, se conceptúa como el presupuesto de hecho establecido en la ley para tipificar el tributo y cuya realización da origen al nacimiento de la obligación tributaria (artículo 31 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios), y que tal hecho generador se configura a partir del momento en que se realicen las circunstancias materiales necesarias para que se produzcan los efectos que correspondan, o en las situaciones jurídicas, desde el momento en que estén definitivamente constituidas de acuerdo a la ley ( artículo 32 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios ), entratándose del impuesto de patente municipal del Cantón Central de Cartago, el hecho generador del impuesto que hace nacer la obligación tributaria, depende de la coexistencia de dos factores: la realización de una actividad lucrativa en el Cantón Central de Cartago y la obtención previa de una licencia municipal, tal y como anteriormente se ha pronunciado al respecto la Procuraduría.


    Pese a lo dicho anteriormente, de la lectura del artículo 3 de la Ley N° 7248, pareciera que la obligación tributaria entre la Municipalidad del Cantón Central de Cartago y el administrado, nace con el otorgamiento de la licencia municipal, sin importar la realización de la actividad lucrativa. No obstante ello, debe tenerse presente que la licencia municipal, es tan solo un acto administrativo, un requisito previo que lo que hace es habilitar al particular para ejercer una determinada actividad lucrativa y no la actividad misma, la cual es la que al fin y al cabo va a determinar el quantum del impuesto en una determinada jurisdicción municipal, de acuerdo a lo establecido previamente en la ley respectiva. La Procuraduría General, en el Dictamen C-154-97, manifestó en su oportunidad que no resulta acorde con la justificación del impuesto de patente, proceder a su cobro sin que medie la realización de una actividad lucrativa que se proponía con la obtención de la licencia, por cuanto el interesado no hizo uso de los servicios públicos que brinda el cantón.


    Ahora bien, en el caso de las empresas constructoras de carreteras y urbanizadoras que cita la consultante como ejemplo, domiciliadas en el Cantón Central de Cartago y que cuentan con la licencia municipal para realizar la actividad lucrativa, esta Procuraduría es del criterio que estarán obligadas al pago del tributo, en el tanto tales empresas tengan su domicilio en el Cantón Central de Cartago, entendiendo por éste su lugar de operaciones y asentamiento de su organización administrativa, por cuanto por el tipo de actividad que realizan, resulta evidente que la actividad lucrativa propiamente dicha se realiza en el lugar donde se llevan a cabo las ventas de los proyectos, y no el lugar donde se ejecutan materialmente las obras. Debe advertirse también, que si tales empresas establecen oficinas de ventas en otras circunscripciones territoriales, también quedarán sujetas al pago del impuesto de patente en esas circunscripciones territoriales.


IV.- Conclusión.


    Con fundamento en lo expuesto, es criterio de la Procuraduría General, que la Municipalidad del Cantón Central de Cartago no solo puede, sino que está obligada al cobro del impuesto de patente municipal a las empresas constructoras de carreteras y urbanizaciones, independientemente de que la ejecución material de las obras - carreteras y urbanizaciones - se realicen en otros cantones de la provincia de Cartago, siempre y cuando tales empresas estén domiciliadas en el Cantón Central de Cartago y realicen su actividad administrativa en dicho Cantón.


    Queda en esta forma evacuada la consulta presentada;


    Con toda consideración, suscribe atentamente;


 


 


 


Lic. Juan Luis Montoya Segura


Procurador Tributario