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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Dictamen 149
 
  Dictamen : 149 del 11/06/2002   

C-149-2002


11 de junio de 2002


 


 


 


Señor


MBA. Freddy Montes Pérez


Director Ejecutivo


Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur


S. D.


 


 


 


Estimado Señor:


    Con la aprobación del Procurador General Adjunto, me refiero a los oficios NºJD-O-023-2002 del 07 de marzo de 2002 y NºDEJ-O-245-2002 del 22 del mismo mes y año, recibidos en este Despacho el 12 de marzo y 09 de abril respectivamente, mediante los cuales solicita el criterio de esta Procuraduría sobre la aplicación del impuesto selectivo de consumo --principalmente a las llantas--, a partir de la promulgación de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, y lo relacionado con las circulares de la Dirección General de Aduanas que regulan la compra de llantas y accesorios de vehículos en el Depósito Libre Comercial de Golfito.


    Mediante oficio J.D-O-059-2002 DE 26 DE ABRIL DE 2002 y con fundamento en acuerdo tomado en sesión N° 178-2002 de la Junta Directiva de JUDESUR, celebrada el 25 de abril de 2002, se acordó solicitar a la Procuraduría General, no pronunciarse sobre el punto N° 2 de la consulta presentada, es decir en lo referente a las circulares emitidas por la Dirección General de Aduanas. Posteriormente, mediante oficio N°JD-0-062 de 4 de mayo de 2002 y con fundamento en el Acuerdo N° 01, artículo 10 de la Sesión 181-2002, nuevamente la Junta Directiva de la JUDESUR, decide consultar sobre la problemática de las circulares emitidas por la Dirección General de Hacienda, concretamente en cuanto a su legalidad, validez y eficacia.


    En relación con las consultas presentadas, adjunta usted el criterio emitido por la Asesoría Legal de JUDESUR, la cual mediante oficio Nº ASL-M 018-2002 concluye que deberá restituirse el impuesto ad-valoren y selectivo de consumo a las llantas que se expenden en el Depósito Libre Comercial de Golfito, por cuanto los Decretos Nº29377 COMEX-H-MEIC y Nº29378-H --que modificaban o eliminaban los impuestos indicados anteriormente-- quedaron sin efecto al gravarse nuevamente dicha mercadería mediante la promulgación de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley Nº8114, la cual es posterior y de rango superior a los decretos en cuestión. Mediante el oficio ASL-O-O2-2002 del 2 de mayo del 2002, considera que las circulares NºDGA-171-2000, DGA-171-A-2000 y DGA-171-B-2000, emitidas por la Dirección General de Aduanas, son ilegales toda vez que se trata de actos administrativos de carácter interno, que no pueden restringir, limitar o eliminar los derechos subjetivos de los particulares; lo anterior por cuanto la Dirección General de Adunas infringió el procedimiento para imponer restricciones a los administrados. Concluye también, que los funcionarios que las emitieron resultan incompetentes, y que por lo tanto tales circulares resultan viciadas de nulidad.


    A efecto de evacuar la consulta, esta Procuraduría mediante oficio NºADPb-441-2002 de 10 de abril de 2002, concedió audiencia a la Dirección General de Aduanas, la cual en el oficio Nº AL-212-2002 de 18 de abril de 2002, se pronunció sobre los dos aspectos consultados originalmente; indicando en lo conducente que el artículo 23 de la Ley Nº8114 no contraviene el contenido de los Decretos Nº29377 y Nº29378, por cuanto las partidas arancelarias 4011, 4012 y 4013 correspondientes a neumáticos, tienen en el impuesto selectivo de consumo tarifa "cero", la cual podría variar sólo bajo los supuestos contemplados en el numeral 23 inciso c) de la Ley citada. De igual forma, respecto a las circulares NºDGA-171-2000, DGA-171-A-2000 y DGA-171-B-2000, considera que las mismas fueron emitidas con sustento en los artículos 11, 16 y 19 de la Ley Nº7012, reformada por Ley Nº7730, 8 del Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito, y 24 de la Ley General de Aduanas, en virtud de los cuales la Dirección General de Aduanas, como autoridad aduanera, se encuentra facultada para girar instrucciones al Puesto de Control de Golfito, relacionadas es este caso con el carácter personal del uso de las mercancías compradas en dicho Depósito.


    Para resolver la consulta planteada, resulta menester referirse a la competencia administrativa que se otorga mediante ley, a la Junta de Desarrollo de la Zona Sur, para así emitir el criterio respectivo.


  1. JUDESUR: UN ENTE PÚBLICO CON COMPETENCIA ADMINISTRATIVA LIMITADA.

La Junta de Desarrollo de la Zona Sur, en adelante JUDESUR, se creó mediante el artículo 10 de la Ley de Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, Ley Nº7012 de 04 de noviembre de 1985, reformada por Ley Nº7730 de 20 de diciembre de 1997, el cual en lo conducente estipula:


"Artículo 10.- Créase la Junta de desarrollo regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas, llamada en esta ley la Junta, como Institución semiautónoma del Estado, con personalidad jurídica propia e independencia administrativa, domiciliada en el cantón de Golfito.


La Junta tendrá entre sus fines primordiales el desarrollo socioeconómico integral de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas, así como la administración y operación del giro comercial del depósito libre comercial de Golfito. (…)"


    Estas atribuciones administrativas otorgadas en la ley, han sido desarrolladas en el "Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas", Decreto Nº30251-P-H, publicado en el Alcance Nº27 de La Gaceta Nº66 del 05 de abril del 2002, al indicar:


"Artículo 10.


  1. JUDESUR es una institución semiautónoma del Estado, tiene personería jurídica propia e independencia administrativa y estará domiciliada en el cantón de Golfito, sétimo de la provincia de Puntarenas.
  2. JUDESUR tendrá amplias facultades para ejercer todas las funciones y atribuciones y ejecutar todos los actos que de acuerdo con la ley pueda ejecutar. En este sentido tendrá las siguientes atribuciones:

(…)


    1. Tomar las decisiones relacionadas con el funcionamiento y el giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito y decidir todo lo relativo a la administración de todos los bienes de JUDESUR.
    1. Contribuir al desarrollo socioeconómico integral de la Zona Sur, así como la administración y operación del giro comercial del Depósito. Deberá administrar y dar mantenimiento a los bienes del Depósito, para edificar, arrendar, pignorar, hipotecar, ceder, comprar y vender toda clase de bienes y servicios se atendrá a los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico.

(…) Lo resaltado no es del original."


"Artículo 12. JUDESUR también tendrá dentro de sus atribuciones y funciones a:


(…)


  1. Controlar, supervisar y promocionar las actividades comerciales del Depósito.
  2. Cumplir todas las obligaciones derivadas del giro comercial del Depósito, como la administración y operación de éste, así como exigir el cumplimiento de las que sean a favor del Depósito y proteger y acrecentar el Patrimonio del Depósito.

(…)


  1. Proponer al Poder Ejecutivo los reglamentos necesarios para la operación y funcionamiento de JUDESUR que se ameriten, asimismo dictará todos aquellos reglamentos de carácter operativo que sean necesarios para la asignación de recursos, la administración y operación del giro comercial del Depósito, y otras reglamentaciones que se requieran para el cumplimiento de los objetivos por parte de JUDESUR.

(…)


  1. Administrar, dar mantenimiento, edificar nuevas instalaciones, o extender el Depósito Libre Comercial de Golfito.

(…) Lo resaltado no es del original."


        La normativa expuesta confiere a la JUDESUR la naturaleza jurídica de una "Institución semiautónoma del Estado", figura que no contempla nuestra Constitución Política, pero que jurídicamente recibe el mismo tratamiento de las "instituciones autónomas", con la única diferencia de que la primera constituye un ente descentralizado que no requiere la mayoría reforzada de votos que prevé el artículo 189 constitucional para la creación de las últimas. Al respecto, esta Procuraduría ha dicho:


"…debe entenderse que la "institución semiautónoma" es manifestación del proceso de descentralización administrativa, por medio del cual el Estado transfiere una competencia a un ente público menor. La descentralización presupone, entonces, la creación de un ente público, que integrará la administración pública descentralizada con el objeto de cumplir determinados fines públicos. La creación de una persona jurídica pública titular de competencias descentralizadas señala, además, que el ente goza de una autonomía administrativa, dirigida precisamente a permitir el cumplimiento de sus competencias y satisfacer el fin público que justifica su creación. Ello por cuanto la personalidad jurídica, esencial en toda forma de descentralización, plena o no, implica por sí un mínimo de autonomía funcional y un grado mínimo de tutela administrativa." (Dictamen C-223-99 de 11 de noviembre de 1999)


    En el caso en estudio, la ley y el reglamento de cita, otorgan a la JUDESUR las atribuciones administrativas necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, debe tenerse presente que "…La independencia administrativa que consagra el texto actual del artículo 188 se reduce, en lo esencial, a la potestad que la Constitución otorga a los entes autónomos para organizarse internamente en la forma que juzguen más conveniente para prestar eficientemente el servicio público que se les ha encomendado." (El resaltado no es del original) (TREJOS (Gerardo), "Alcances del artículo 188 en relación con el 173 (párrafo segundo) de la Constitución Política", Revista de Ciencias Jurídicas, Nº31, Enero-Abril 1977, pág.188).


    Como corolario de lo anteriormente expuesto, tenemos que la competencia administrativa otorgada a los entes descentralizados es limitada, por cuanto la misma se ejerce únicamente en la esfera de sus atribuciones y con sujeción a la función asignada en la ley.


    De lo expuesto, resulta claro que la JUDESUR no es la excepción; por ende las atribuciones de administración otorgadas a esa institución también se restringen a cuestiones internas de organización y funcionamiento del giro comercial del Depósito, tal y como se reitera en el numeral 23 de la Ley Nº7012 en estudio, al indicar: "La Junta estará a cargo de la administración del depósito libre comercial de Golfito. (…)"; por ende, dicha institución se encuentra imposibilitada para regular asuntos ajenos a su competencia, tales como la regulación de la actividad fiscal del depósito y el establecimiento de las condiciones bajo las cuales debe ejercerse el derecho de compra en dicha zona comercial de exención.


  1. DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS: AUTORIDAD COMPETENTE PARA REGULAR LA ACTIVIDAD FISCAL Y ADUANERA DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO.

    El Depósito Libre Comercial de Golfito fue creado mediante Ley Nº7012 de 04 de noviembre de 1985, como un régimen de exención fiscal especial, el cual se encuentra regulado y limitado por el ordenamiento jurídico. Así se ha pronunciado con anterioridad esta Procuraduría al precisar que "…el citado depósito constituye un régimen de exención fiscal especial, que se fundamenta en la disminución de tributos en beneficio de quienes vendan o compren dentro de sus instalaciones y cuya finalidad, repito es la de estimular el progreso económico y orientar el desarrollo turístico hacia la zona sur de la provincia de Puntarenas. En ese sentido, en tanto régimen de exención fiscal, es la ley y en forma subsidiaria las autoridades del Ministerio de Hacienda, las competentes para determinar las condiciones (de modo, tiempo y lugar) bajo las cuales se puede ejercer ese beneficio." (El resaltado no es del original) Dictamen C-169-98 de 14 de agosto de 1998.


    La normativa vigente establece claramente las potestades administrativas otorgadas tanto al Ministerio de Hacienda, como a la Dirección General de Aduanas, para emitir las regulaciones necesarias que garanticen el cumplimiento del régimen jurídico y comercial que ordenan el Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual se desprende de la lectura de los siguientes numerales:


"Artículo 4. Autoridad competente. Corresponde al Ministerio, por intermedio de la Dirección controlar, supervisar y evaluar la actividad fiscal del Depósito y recomendar al Poder Ejecutivo, en cualquier momento, las medidas que considere necesarias para el fiel cumplimiento de los dispuesto en la normativa aduanera vigente y en la Ley 7012, su reforma y el presente Reglamento. También adoptará las disposiciones pertinentes, dentro del marco de su competencia, para la adecuada operación del Depósito." (Reglamento del Depósito Libre de Golfito, Decreto Nº26999-H-MEIC-MP, publicado en La Gaceta Nº96 de 20 de mayo de 1998) El resaltado no es del original.


"Artículo 8. Facultades de la Dirección. Además de las atribuciones legalmente concedidas a la Dirección por la legislación aduanera vigente, le corresponden las siguientes:


    1. Ejercer la máxima autoridad en materia fiscal en el Depósito.
    2. Ejercer tareas de supervisión y control inmediato, a posteriori y permanente sobre el Depósito, y los concesionarios.
    3. Controlar, supervisar y evaluar permanentemente las operaciones que en materia aduanera le competen en el Depósito, formulando los reparos que estime necesarios ante la Junta y los concesionarios en forma oportuna.
    4. Velar porque se cumpla la normativa aduanera vigente.
    5. Emitir los procedimientos respectivos para la autorización de mercancías con destino al Depósito.
    6. Controlar el ingreso, almacenamiento, inventario y toda transacción comercial con mercancías en el depósito. También establecer limitaciones cuantitativas para la compra individual de ciertos tipos de mercancías, previa consulta al Ministerio…"

(…)" (Reglamento del Depósito Libre de Golfito, Decreto Nº26999-H-MEIC-MP)


    En las normas transcritas supra, se autoriza a la Dirección General de Aduanas a adoptar las disposiciones pertinentes para la adecuada operación del Depósito, y a ejercer atribuciones en materia de control aduanero y fiscal, facultades que permiten inferir de forma diáfana que, dicha Dirección es competente para emitir las reglas que rigen la aplicación de este régimen de exención fiscal especial, garantizando con ello el respeto de los límites que impone el propio ordenamiento jurídico al respecto.


  1. FONDO DEL ASUNTO
  1. SOBRE LAS CIRCULARES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO.

    Las circulares NºDGA-171-2000, DGA-171-A-2000 y DGA-171-B-2000, mediante las cuales se exige la presentación de la fotocopia del título de propiedad o de la tarjeta de circulación vehicular para comprar llantas en el Depósito Libre Comercial de Golfito, corresponden a una medida de control que la Dirección General de Aduanas ejerció para reducir los niveles de evasión fiscal ocasionados por la comercialización indebida de las llantas adquiridas en esa zona comercial de exención, actuación que se fundamenta tanto en la normativa citada como en el artículo 24 de la Ley General de Aduanas --donde también se establecen las atribuciones de esta autoridad aduanera--, y en los numerales 16 y 19 de la Ley Nº7730, en los cuales se estipula el carácter personal del uso de las mercancías compradas en dicho Depósito.


    En este sentido, la Sala Constitucional se pronunció al resolver el recurso de amparo interpuesto contra las circulares supra indicadas, y tramitado bajo el expediente Nº00-10424-0007-CO, concluyendo en lo conducente:


"II.- Sobre los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Conviene analizar en primer término el extremo relativo a dichos principios que, a juicio del recurrente, resultan violentados con la emisión de la circular que se impugna, y que califica como carente de fundamento objetivo y racional al punto de tornarse en una disposición arbitraria. De la discusión planteada se concluye que lleva razón la autoridad recurrida, cuando alega que la medida contemplada en dicha circular no sólo encuentra un claro fundamento en la normativa legal y reglamentaria sobre la materia, sino que responde directamente a los objetivos del régimen fiscal especial que se aplica en el Depósito de Golfito. En efecto, los artículos 16 y 19 de la Ley N° 7012 de 4 de noviembre de 1985 (Ley de Creación de un Depósito Libre Comercial en el Area Urbana de Golfito), de conformidad con la reforma introducida mediante Ley N° 7730 de 20 de diciembre de 1997, establecen claramente que la mercadería adquirida con el beneficio de la exoneración es exclusivamente para uso personal. Asimismo, que son titulares del derecho de compra con exoneración los ciudadanos costarricenses y los extranjeros que porten los documentos de identidad exigidos, y sólo cierta categoría de personas jurídicas, sean las asociaciones, cooperativas y entidades de bien social, deportivas o educativas, en el tanto la mercadería sea destinada exclusivamente a los fines de la respectiva entidad. Por otra parte, no sólo del conjunto de atribuciones que le confiere a la administración recurrida la Ley General de Aduanas, sino además de lo dispuesto por el Decreto Ejecutivo N° 26999-H-MEIC-MP de 5 de mayo de 1998 (Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito), resulta claro que a la Dirección General de Aduanas le corresponde, entre otras potestades, ejercer la máxima autoridad en materia fiscal en el Depósito, ejercer tareas de supervisión y control inmediato, a posteriori y permanente sobre el Depósito y los concesionarios, velar por que se cumpla la normativa aduanera vigente, y en general controlar toda transacción comercial con mercancías en el depósito (véase artículo 8 del reglamento citado). Alega el Director General de Aduanas que en el caso concreto de la comercialización de llantas, se detectó una seria problemática a nivel de evasión fiscal, lo que motivó que incluso el Viceministro de Ingresos le girara instrucciones en el sentido de tomar las medidas relativas a la presentación de la tarjeta de circulación del vehículo y el título de propiedad por parte de los compradores de esta clase de mercancía. En este punto, valga aclarar que lleva razón la autoridad recurrida al alegar que el asunto discutido no guarda ninguna relación con los límites cuantitativos impuestos para la adquisición de llantas, sino que se trata de las medidas tendientes a garantizar que el derecho de compra bajo el régimen fiscal del depósito comercial de Golfito sea realmente ejercido con respeto de los límites que impone la propia normativa que concede las exoneraciones. En consecuencia, si el derecho de compra es exclusivamente para uso personal, la circular que se cuestiona posee el carácter de una simple disposición administrativa que no altera ni contraviene los términos de la normativa vigente sobre la materia, sino que, por el contrario, se convierte en un mecanismo tendiente a garantizar su cumplimiento, pretendiendo asegurar que la adquisición de estos artículos sea realmente para uso personal, y no para transferirlo o comercializarlo con terceras personas, toda vez que tal cosa no está autorizada en la ley y además desvirtúa el sentido del régimen, al propiciar una competencia desleal dañina para el ejercicio del comercio así como también para los intereses fiscales del Estado. Si el acto impugnado no limita en modo alguno los derechos de los concesionarios ni de los compradores, sino que instaura una regla de orden administrativo que permite corroborar que las transacciones se ajusten al régimen que siempre han debido respetar, no encuentra esta Sala arbitrariedad alguna en la medida, habida cuenta de que se trata de un acto debidamente motivado, con un fin y contenido legítimo y razonable, y dictado en uso de las potestades administrativas que le confiere a la autoridad aduanera la normativa de referencia. Asimismo, es evidente que el hecho de que en el pasado la venta de llantas se formalizara sin cumplir con la medida en cuestión, en nada limita a la autoridad aduanera para exigirla en el futuro, y ninguna práctica en contrario podría ser alegada por los concesionarios ni los consumidores." Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto Nº530-2001 de las 11:06 horas del 19 de enero del 2001. (El resaltado y subrayado no son del original)


    La claridad del análisis realizado por la Sala Constitucional en el Considerando II del Voto transcrito supra, conlleva a reafirmar que las medidas de control emitidas por la Dirección General de Aduanas, tendientes a regular la adquisición de mercaderías del Depósito Libre Comercial de Golfito, no restringen el derecho de compra de los usuarios – como parece entenderlo la Asesoría Legal de la JUDESUR en el dictamen jurídico rendido - de esta zona comercial de exención, por cuanto el propio ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, mediante reglamento, establezca limitaciones cuantitativas en cuanto a la compraventa en el Depósito e importación, tal y como se desprende del artículo 5 del Decreto Nº26999-H-MEIC-MP. Al respecto conviene recordar que la Sala Constitucional ha establecido, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, que toda su jurisprudencia es vinculante erga omnes, ya sea que ésta provenga de un recurso de amparo o de una acción de inconstitucionalidad (Voto 927-94 de 15:30 horas de 15-2-94). Aparte de ello, también los artículos 16 y 19 de la Ley N° 7012, reformada por la Ley Nº7730 establece una limitación en cuanto a la compra de mercancías en el Depósito, al estipular que el "derecho de compra es personal", y que "Las mercancías adquiridas de acuerdo con la exoneración que otorga la presente ley, serán exclusivamente para uso personal".


    Valga decir que, en atención al carácter discrecional-fiscalizador de la competencia en estudio, la Dirección General de Aduanas definirá las medidas pertinentes para asegurar en qué casos y respecto a qué mercancías, se imponen medidas de restricción para garantizar que el derecho de compra bajo el régimen fiscal del Depósito Comercial de Golfito sea realmente ejercido para uso personal, en cuyo caso, como bien lo afirma la Sala en el voto de referencia, las circulares emitidas por la Dirección en tal sentido, constituye una simple disposición administrativa que garantiza el cumplimiento de los dispuesto en los artículos 17 y 19 de la Ley N° 7012 y su reforma, y por ende un mecanismo de control de la evasión fiscal que podría presentarse con el mal uso del régimen de exención que deriva de la ley. El hecho de que antes de la emisión de las circulares por parte de la Dirección General de Aduanas la compra de llantas no estuviera sujeta a ningún tipo de restricción, no deriva ningún derecho adquirido a favor de los beneficiarios del régimen especial de exención, como lo señala la Asesoría Legal de la JUDESUR. Sobre el particular la Sala Constitucional, al resolver un asunto vinculado con la reglamentación del horario de compra, dijo:


"II.- En primer término, debe aclararse al actor que no media aquí ningún problema de derechos adquiridos. Nos encontramos frente a la regulación de una actividad con un especial régimen tributario y que, precisamente, por sus condiciones excepcionales, requiere de ciertas reglas para desarrollarse. La creación del Depósito Libre no generó derecho adquirido alguno en cabeza de los eventuales compradores en torno al ordenamiento de la actividad y los que surgieron para los concesionarios deben verse en función de su derecho de concesión, no de la reglamentación del horario y demás condiciones que deben obedecer los usuarios. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto Nº4552-98 de las 13:06 horas del 26 de junio de 1998. (El resaltado y subrayado no son del original)


    Debe tenerse presente también, que por disposición del artículo 15 de la Ley, los concesionarios del Depósito Libre de Golfito, están sujetos no sólo a las disposiciones de la Ley y su Reglamento, sino también a las regulaciones que dicte el Ministerio de Hacienda, y por las que rigen el ejercicio del comercio y de la industria en el país. Dice en lo que interesa el artículo de cita:


"Artículo 15.- Toda persona física o jurídica, que se establezca como comerciante en el depósito libre comercial, estará regida por lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos: así como por las regulaciones que dicte el Ministerio de Hacienda y por las que normen el ejercicio del comercio y de la industria en el país." (El resaltado no es del original) Ley Nº7012 reformada por Ley Nº7730.


    Lo anteriormente expuesto, significa no sólo que la Dirección General de Aduanas posee las facultades de control necesarias para establecer las condiciones bajo las cuales deberá efectuarse la compra-venta de la mercadería expendida en el Depósito Libre Comercial de Golfito, sino que también tales regulaciones son de acatamiento obligatorio para los vendedores y compradores del depósito en cuestión.


B) RESPECTO A LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO.


    El criterio jurídico vertido por la Asesoría Legal de la JUDESUR, supone que el Decreto Ejecutivo Nº29377, el cual consideran elimina el impuesto selectivo de consumo a los neumáticos (llantas)--, no se encuentra vigente, por cuanto la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley Nº8114 de 10 de julio de 2001, incorporó dentro de la lista de mercancías gravadas con dicho tributo a los neumáticos en cuestión.


    Al respecto, resulta necesario aclarar que mediante decretos ejecutivos Nº29377-COMEX-H-MEIC y Nº29378-H, ambos del mes de marzo del 2001, el Poder Ejecutivo reduce a un 5% el impuesto ad valoren y a un 0% el impuesto selectivo de consumo aplicables a los neumáticos (llantas) que se expenden en todo el territorio nacional, respectivamente. No obstante, con la promulgación de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley Nº8114 de 10 de julio de 2001, se incorpora en el artículo 23 inciso e) el Anexo a la Ley de Consolidación de Impuestos Selectivos de Consumo, Ley N.4961, correspondiente a la lista de mercancías gravadas con este tributo, y dentro de la cual se encuentran los neumáticos en cuestión. En lo que interesa dispone el artículo 23:


"Reformas de la Ley N° 4961. Refórmase la Ley de Consolidación de impuestos selectivo de consumo, N° 4961, de 10 de marzo de 1972, y sus reformas, en las siguientes disposiciones:


  1. En el artículo 4, en lugar de "en los anexos 1, 2 y 3", debe leerse "en el Anexo".
  2. En el artículo 11, en lugar de "comprendidas en los anexos 1, 2 y 3" debe leerse "indicadas en el Anexo de esta Ley".
  3. El artículo 12, cuyo texto dirá:

Artículo 12.- El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, está facultado solo para reducir total o parcialmente, las tarifas ad valorem a las mercancías indicadas en el artículo 4 de esta Ley. Solamente podrá aumentar de manera temporal las tarifas referidas en el anexo a esta Ley, en situaciones de extrema urgencia fiscal, y con la salvedad de que el aumento no podrá superar en 20 puntos porcentuales la tarifa correspondiente a cada mercancía descrita en el anexo indicado; tampoco ninguna tarifa podrá superar en ningún momento, el ciento por ciento (100%) (…)"


d)…


e) Modifícanse los "anexos 1, 2 y 3, de la Ley de Consolidación de Impuestos Selectivos de Consumo, N° 4961, de 10 de marzo de 1972 y sus reformas, para que en adelante se lea "el anexo" de la Ley de Consolidación de Impuestos Selectivos de Consumo, N° 4961, de 10 de marzo de 1972, y sus reformas. Los textos dirán:


Anexo a la Ley de Consolidación de Impuestos Selectivos de Consumo, N° 4961, de 10 de marzo de 1972, y sus reformas


Lista de Mercancías gravadas con el impuesto selectivo de consumo


(…)


  1. Neumáticos ( llantas neumáticas ) nuevas de caucho.
  2. Neumáticos ( llantas neumáticas ) recauchados o usados, de caucho, de bandajes (llantas macizas o huecas ), bandas de rodadura intercambiables para neumáticos (llantas neumáticas) y protectores ("flaps"), de caucho
  3. Cámaras de caucho para neumáticos (llantas neumáticas).

(…)"


Por su parte, en el artículo 26 de la Ley, y en lo que respecta a las tarifas ad-valorem, el legislador dispuso en lo que interesa:


"Artículo 26. Tarifas. Las mercancías incluidas en el anexo a la Ley de Consolidación del Impuesto Selectivo de Consumo, N.4961, de 10 de marzo de 1972, y sus reformas, de conformidad con la reforma contenida en el presente capítulo, estarán sujetas a las tarifas ad valorem vigentes a la entrada en vigencia de esta Ley. Deberá entenderse que para las subpartidas, los incisos o subincisos de cada partida se mantendrán las tarifas vigentes." (El resaltado no es del original)


    De las normas transcritas supra, se desprende claramente que la tarifa del 5% correspondiente al impuesto ad valoren aplicable a los neumáticos (llantas) y establecido mediante Decreto Nº293777, se encuentra vigente por mandato expreso de la ley, al disponer en el artículo 26, que a las mercancías comprendidas en el anexo de la Ley de Consolidación de Impuestos Selectivos de Consumo y sus reformas, se les aplicarán las tarifas ad-valorem vigentes al momento de la entrada en vigencia de la Ley N° 8114.


    En lo que respecta al impuesto selectivo de consumo, la ley no contienen norma similar a la del artículo 26 en cuanto a las tarifas de impuesto de consumo vigentes antes de la reforma que introduce la Ley N° 8114, circunstancia que resulta de importancia en el caso de las llantas y neumáticos comprendidas en las partidas arancelarias 4011, 4012 y 4013. Si bien la tarifa de impuesto selectivo de consumo, antes de la promulgación de la Ley N° 8114, había sido establecida en "0", mediante el Decreto Ejecutivo N° 29378-H ello implica – como bien lo expone la Directora General de Adunas en su oficio AL-212-2002 de 18 de abril de 2002 – que la misma se mantiene vigente hasta tanto el poder Ejecutivo, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 12 de la Ley de Impuestos Selectivos de Consumo, no establezca una nueva tarifa para las mercancías incluidas en las partidas arancelarias antes indicadas.


IV- CONCLUSIONES:


Con fundamento en lo expuesto, es criterio de la Procuraduría General de la República, que:


  1. Las circulares emitidas por la Dirección General de Aduanas derivan de las atribuciones que le otorga la Ley General de Aduanas Ley N° 7012 de 4 de noviembre de 1985 reformada por Ley N° 7730 de 20 de diciembre de 1997), el Reglamento del Depósito Libre de Golfito (Decreto Ejecutivo N° 26999-H) y el Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (Decreto Ejecutivo N° 30251-P-H), en el tanto se trata de medidas que tienden a garantizar que el derecho de compra amparadas en el régimen de exención especial del Depósito Comercial de Golfito sea realmente ejercido dentro de los límites que impone dicho régimen, de suerte tal, que las mercancías adquiridas sean para uso personal por cuanto el derecho de compra es también personal, tal y como lo disponen por su orden los artículos 19 y 16 de la Ley N° 7012 y sus reformas.
  2. Que por disposición expresa del artículo 26 de la Ley N° 8114, las mercancías incluidas en el Anexo de la Ley de Consolidación de Impuestos Selectivos de Consumo y sus reformas, estarán sujetas a las tarifas ad-valorem vigentes al momento de la promulgación de dicha ley, en cuyo caso, los derechos arancelarios (DAI) establecidos por el Decreto Ejecutivo N° 29377-COMEX-H-MEC en un 5% para las partidas arancelarias 40.11 referentes a neumáticos (llantas neumáticas) nuevas de caucho y sus incisos 4011.10.00, 4011.10.90, debe ser aplicada por ser la tarifa vigente al momento de la promulgación de la Ley N° 8114.
  3. En cuanto al Decreto N° 29378-H que fija la tarifa del impuesto selectivo de consumo para las partidas arancelarias 4011, 4012 y 4013 en "0", la misma se mantiene vigente hasta que el Poder Ejecutivo establezca mediante decreto una tarifa diferente.

Queda en esta forma evacuada la consulta presentada.


Con toda consideración, suscribe atentamente;


 


 


 


 


Lic. Juan Luis Montoya Segura


Procurador Tributario