(Nota de SINALEVI: Este pronunciamiento se consignó por error como dictamen. El texto corresponde a una opinión legal.)

C-115-1988
San José, 12 de julio de 1988

OPINION LEGAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

            En mi condición de Procurador General de la República, nombrado según acuerdo No. 6 del Consejo de Gobierno, Sesión No. 2 de 16 de mayo, publicado en el diario oficial "La Gaceta" No. 107 de 10 de junio y ratificado por la Asamblea Legislativa mediante Acuerdo No. 2451 de 2 de junio, publicado en La Gaceta No. 126 de 6 de julio, todas las anteriores fechas de 1986, a solicitud de la señora Viceministra de Planificación Nacional y Política Económica, mediante oficio No. PRODAZA 029-88, del día 7 corriente, emito esta OPINION LEGAL en los siguientes términos:

PRIMERO: Que el Gobierno de la República de Costa Rica, y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento celebraron en la ciudad de Washington, D.C. Estados Unidos de América, con fecha 9 de abril de 1987, un Contrato de Préstamo (el No. 2764-CR), en adelante "el Contrato de Préstamo", por un monto de veintiséis millones de dólares estadounidenses destinados a financiar el proyecto de Desarrollo Agrícola de la Zona Atlántica.

SEGUNDO: Que la Asamblea Legislativa aprobó el referido Contrato por medio de la Ley No. 7090 del 10 de febrero de 1988, la cual fue debidamente publicada en el Alcance No. 8 a la Gaceta No. 35 del 19 de febrero de 1988, fecha a partir de la cual empieza a regir.

TERCERO: Que de conformidad con lo estipulado en la Sección 3.01 del Contrato de Préstamo el Gobierno de Costa Rica, como Prestatario, celebró los siguientes convenios:

1.- Contrato Subsidiario de Préstamo entre el gobierno de Costa Rica y el Banco Nacional de Costa Rica, contemplado en el inciso c) de dicha Sección 3.01; y

2.- Convenio para Transferencia de Fondos del Gobierno de Costa Rica al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), contemplado en el inciso a la citada Sección 3.01.

            Estos dos Convenios fueron debidamente refrendados por la Contraloría General de la República, tal como consta en los oficios, por su orden, números 6604 y 6199, del 13 y 7 de junio de 1988, respectivamente; fechas a partir de las cuales son vigentes. El Instituto de Desarrollo Agrario, por su parte, seguirá las indicaciones que, sobre presupuesto, le indica la Contraloría en su oficio No. 6199.

CUARTO: Por lo tanto, de acuerdo con nuestro Ordenamiento Jurídico y en particular por lo que establece el artículo 129 de la Constitución Política, los referidos contratos no requieren trámite posterior alguno para que surtan sus efectos, de modo que constituyen obligaciones válidas y exigibles, conforme a sus términos, para las Partes Contratantes.

            Expido la presente opinión para los efectos de lo dispuesto en la Sección 12.02 de las Condiciones Generales del Contrato de Préstamo, en la ciudad de San José, a los doce días del mes de julio de mil novecientos ochenta y ocho.

Lic. Luis Fernando Solano Carrera
Procurador General de la República
   

LFSC/EPC/tspcm