OJ-147-2002

San José, 18 de octubre, 2002

 

 

 

Señor

Javier Sancho Bonilla

Director General de Política Exterior

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

 

 

 

Estimado señor Embajador:

    Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, nos complace referirnos a los oficios N°s 542-02-OAT-PE-05 y 600-02-OAT-PE-05, de fechas 27 de junio y 16 de setiembre, ambas del año en curso, suscritos por su orden por el señor Edwin H. Arias y la señora Emilia Alvarez, mediante los cuales se remite el proyecto de "Acuerdo de cooperación judicial en materia penal entre el gobierno de la República Federativa de Brasil y la República de Costa Rica", propuesto por el Gobierno de la República Federativa de Brasil, a efectos de que la Procuraduría General emita el criterio técnico jurídico al respecto.

    Mediante el presente proyecto se impulsa la cooperación y asistencia judicial que permita facilitar la labor de las autoridades, de ambos países, en la investigación, acción penal y prevención del crimen, a través de la citación, localización o identificación de personas, suministro de documentos, registros y elementos de prueba, transferencias de personas bajo custodia, así como cualquier otra forma de asistencia que se encuentre permitida por los Estados Solicitados.

    En términos generales, la redacción del instrumento jurídico sometido a consulta, es conforme con las disposiciones contenidas en la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, la cual fue suscrita por Brasil desde el 7 de enero de 1994 y por nuestro país en fecha 8 de marzo del presente año.

    Si bien podemos afirmar que en dicho proyecto no encontramos inconsistencias relacionadas con nuestro ordenamiento jurídico, es menester realizar algunos comentarios respecto al contenido de varios de sus artículos .

1.- Sobre la expresión "eliminación de crímenes":

    Según lo expuesto en el acápite anterior, el objetivo de la cooperación judicial entre los Estados es facilitar el avance de las investigaciones y procesos penales que se desarrollen en éstos; sin embargo, el inciso 1) del artículo 1° incluye, dentro de la materias propias de la asistencia mutua, la "eliminación de crímenes".

    En nuestro ordenamiento jurídico tal concepto resulta desconocido, por lo que es necesario aclararlo y así poder determinar si es compatible con los fines propios de la asistencia.

2.- No exigencia del principio de la doble identidad:

    El inciso tercero del artículo 1° recoge la tendencia más actualizada, en lo que a este tipo de instrumentos se refiere, en torno a la no exigencia del principio de doble identidad de la norma en la legislación del Estado al cual se le solicita la cooperación.

    Tal y como lo hemos expresado en otras ocasiones (Opiniones jurídicas 067-97, 052-2000 y 093-2002), creemos que ésta es la posición más adecuada al fin propio de la asistencia judicial, en donde lo que se pretende es agilizar la tramitación de los procesos penales; por otro lado, se debe tomar en cuenta que siempre el Estado Solicitado mantiene la posibilidad de rehusar la asistencia cuando, a su criterio, considere que se están lesionando derechos fundamentales.

3.- Autoridad central:

    El artículo 2° del presente proyecto, deja a nuestro país la posibilidad de escoger la Autoridad Central que se encargará de tramitar y recibir las solicitudes de asistencia.

    En nuestro criterio, el ente idóneo para ejecutar tal labor es el Ministerio Público, pues la mayoría de los actos que comprende la asistencia se desarrollan en sede jurisdiccional, por lo que al pertenecer el Ministerio Público al Poder Judicial se estaría cumpliendo con el objetivo primordial del acuerdo, a saber: facilitar la eficiencia de las autoridades encargadas de la investigación, acción penal y prevención del crimen. El fundamento de esta posición ha sido desarrollado ampliamente en varias de las consultas formuladas con ocasión de proyectos que versan sobre el mismo tema, por lo que nos permitimos transcribir lo expresado en aquellas oportunidades:

4.- La ausencia del Principio de Juez Natural y solicitudes fundamentadas en procesos penales seguidos por cualquier forma de discriminación, como causales para denegar la asistencia:

    El artículo 3° enuncia los supuestos en los cuales el Estado Solicitado podrá negar la asistencia, notando este Órgano Asesor la ausencia de dos causales que son comunes en los acuerdos de este tipo: el respeto al principio de juez natural y la posibilidad de denegar la asistencia por fundamentarse la solicitud en una investigación o proceso penal dirigido contra una persona por cualquier forma de discriminación.

    Respecto al Principio de Juez Natural, el artículo 9° de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal dispone:

    Sobre el particular, es menester señalar que una cláusula de este tipo se considera indispensable, por cuanto una solicitud de asistencia judicial que provenga de esa especie de tribunales contravendría lo dispuesto en el artículo 35 de nuestra Carta Magna:

    En ese orden ideas, recomendamos se incluya una disposición que permita al Estado requerido denegar la asistencia cuando la solicitud se formule ante el requerimiento de un tribunal de excepción o de un tribunal ad hoc.

    Con referencia a la posibilidad de denegar la asistencia por fundamentarse la solicitud en una investigación o proceso penal dirigido contra una persona por cualquier forma de discriminación, debemos indicar que, como regla general, los convenios sobre asistencia judicial la han establecido como uno de los motivos para denegar la colaboración requerida:

    En virtud de lo anterior, siendo una constante a nivel internacional el repudio de actos basados en cualquier forma de discriminación, consideramos que el proyecto sometido a consulta debe contemplar una cláusula similar a la supracitada.

5.- Asistencia condicionada:

    El inciso 2) del artículo 3° obliga al Estado Solicitado, previo a negar éste la asistencia, a someter a consulta de su contraparte la posibilidad de acceder a la asistencia solicitada, siempre y cuando se cumplan las condiciones que el primero "... considere necesarias."

    Esta cláusula pareciera permitir un quiebre de las formalidades que debe cumplir toda solicitud de asistencia, cuando lo lógico sería denegar la asistencia si no se cumple, a cabalidad, con los requisitos que la misma exige. No empece, una norma similar se observa en el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá:

    En la disposición citada, el Estado Requerido "puede" considerar si condiciona la solicitud al cumplimiento de ciertas condiciones, mientras que la que se incluye en el proyecto sometido a consulta, lo establece como un "deber":

    Ahora bien, en criterio de este órgano consultivo, la norma transcrita resulta innecesaria, ya que de no cumplirse alguno de los requisitos exigidos, lo que procede es denegar -sin mayor trámite- la solicitud de asistencia. No obstante, por supuesto que si el espíritu de un convenio bilateral es la permisión y laxitud de algunos formalismos, si está en la voluntad de los negociantes definir algunas licencias y mientras no lesionen los ordenamientos internos de cada Estado, sí sería posible lo permitido en el artículo de marras.

6.- Dispensa de las formalidades de legalización o autenticación:

    Siendo el objetivo primordial de la asistencia mutua en materia penal, el agilizar las diferentes investigaciones y procesos penales que se desarrollen en los Estados parte, indefectiblemente debe abandonarse la exigencia de las formalidades que normalmente demanda el derecho interno.

    En este sentido, el artículo 4° del presente proyecto, premeditadamente elimina todo trámite de autenticaciones y traducciones oficiales, por lo que creemos conveniente, tomando en cuenta la tendencia de nuestros Jueces de invocar disposiciones de carácter interno para cubrir las exigencias no contempladas en los instrumentos internacionales,(2- En abierta contravención de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.) incluir una norma que expresamente exonere al Estado Requirente de los formalismos de legalización o autenticación, tal y como quedó establecido en el artículo 27 de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal:

7.- Testimonio en el Estado Solicitante:

    El inciso 2) del artículo 10 constituye una garantía para la persona invitada a comparecer frente al Estado Requirente, en el sentido de que ésta no podrá ser citada o perseguida ni detenida ni restringida en su libertad personal, resultante de cualesquier actos o condenas anteriores a su partida del Estado Solicitado.

    Si bien comprendemos el alcance de la norma expuesta, nos parece conveniente que se indique en la misma que todos esos eventos reseñados, han tenido su génesis o bien pueden ser aplicados en el Estado Solicitante, pues lo que se evita es acceder a una solicitud de asistencia que, en realidad, sea una "extradición disfrazada".

8.- Solicitudes sujetas a término:

    El inciso 2) del artículo 13 establece que cuando se solicite la citación de una persona en el Estado Requirente, el documento que así lo requiere deberá ser emitido con razonable anticipación respecto a la fecha prevista para el comparecimiento.

    Sobre el particular, nos parece inconveniente dejar a la libre interpretación del Estado Requirente cuál es el plazo razonable para remitir la solicitud de asistencia, por lo que proponemos se contemple expresamente el plazo que dicho Estado deberá tener en cuenta al formular la solicitud, al igual que se establece en algunos instrumentos internacionales afines:

    La fijación de dicho plazo, permitiría al Estado Solicitado realizar todas aquellas diligencias necesarias para asegurar la comparecencia de la persona cuya presencia solicita el Estado Requerido, pudiendo estipularse, en caso de urgencia, la renuncia a dicho término –tal y como lo contempla el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, anteriormente citado.

9.- Legislación aplicable en el caso de inmovilización de bienes:

    En el inciso 2) del artículo 16 se hace referencia nuevamente a cuál es la legislación aplicable entratándose de bienes que se localicen en el Estado Solicitado, y que sean producto de crímenes investigados en el Estado Solicitante.

    Sobre el particular, el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, señala:

    En esa inteligencia, tal y como lo comentamos en el aparte 2) de este título, la normativa aplicable en estas circunstancias siempre va a ser la permitida por el derecho interno del Estado Requerido, el cual se ha ocupado ya de establecer los procedimientos adecuados según sea el tipo de bien de que se trate y que es quien, en definitiva, puede y debe resguardar los derechos de terceros de buena fe.

    Habiendo externado el criterio legal en torno a los aspectos más relevantes del proyecto sometido a nuestro conocimiento, este Órgano Asesor concluye que la suscripción de Costa Rica al proyecto de Acuerdo examinado, resulta acorde con el compromiso de cooperación internacional de prestar asistencia en aras de lograr una mejor administración de justicia.

    Hacemos propicia la ocasión para reiterarle las muestras de nuestra más alta estima y consideración.

 

 

 

Licdo. José Enrique Castro Marín           Licda. Jorlene Fernández Jiménez

PRCURADOR DIRECTOR                    ABOGADA DE PROCURADURIA