"1.- ¿Qué interpretación debe darse al artículo 29 del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, en lo relativo a la "residencia" dentro de un determinado régimen de pensiones y jubilaciones? Es decir, ¿qué se entiende por "residencia" en dicho numeral?

2.- ¿El solo cumplimiento de los VEINTE AÑOS de laborar o cotizar para determinado régimen (durante su vida o vigencia), por ejemplo Ley 2248 de 5 de setiembre de 1958, le permitiría a dicho funcionario jubilarse o pensionarse al amparo de la misma, independientemente de cuando cumpla los demás requisitos que establece la ley? Todo ello con fundamento en la resolución 6842-99 de la Sala Constitucional y su interpretación por el Tribunal de Trabajo.

3.- ¿En atención a la jurisprudencia de la Sala Segunda debe esta Dirección desaplicar las resoluciones de la Sala Constitucional sobre el tema y su subsiguiente interpretación por parte del Tribunal Superior de Trabajo de San José en su calidad de jerarca impropio de esta Dirección?

"El Convenio 102 de la OIT relativo a las norma mínima de la seguridad social fue aprobado por Costa Rica mediante Ley Nº 4736 de 29 de marzo de 1971, y en su artículo 29 establece el derecho a la jubilación: "a) a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la contingencia, de conformidad con reglas prescritas, un período de calificación que podrá consistir en treinta años de cotización o de empleo, o en veinte años de residencia"., y tiene rango superior a la ley interna conforme el artículo 7 de la Constitución Política. En el caso que nos ocupa, la recurrente cotizó veinte años bajo la ley 2248, como admite la Junta de Pensiones del magisterio Nacional, adquiriendo el derecho a su jubilación conforme a esa ley, tal y como lo establece el Convenio 102 citado; aún cuando completara el resto del tiempo cuando estaba vigente la ley 7531 de trece de julio de mil novecientos noventa y cinco".

"(...) es preciso indicar que tal y como se dispuso en esa sentencia, y como ha sido jurisprudencia reiterada de este Tribunal, existe un derecho constitucional y fundamental a la jubilación a favor de todo trabajador y, por ello, cuando se cumplen las condiciones objetivas para su disfrute, el acto mediante el cual se aprueba el beneficio no es creador del derecho sino declarativo del mismo. Asimismo antes de que a un trabajador se le autorice el disfrute de su pensión o jubilación, lo que existe es un derecho de pertenencia al régimen respectivo. Lo anterior significa que, si bien es cierto, el derecho al disfrute de la jubilación de la recurrente se declararía en el momento en que se cumplieran las condiciones objetivas para ello, existe el derecho de permanecer en el régimen para el que se contribuye, en el tanto el mismo subsista y se den los presupuestos de la Ley para hacerlo. En vista de que la recurrente cotizó veinte años para el régimen de la ley 2248, según lo que afirma en el expediente la Dirección de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio, se consolidó el derecho a jubilarse con ese régimen y no con otro. Ello por cuanto debe tenerse en cuenta que es esta materia priva el principio del indubio pro operario según el cual se hace indispensable aplicar el régimen que mejor favorezca y que precisamente es aquel para el cual había cotizado durante veinte años. En este sentido fue que la Sala interpretó también el artículo 29 inciso a) del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo y únicamente para el caso concreto. Ahora bien, lo expuesto no quiere decir que la recurrente pueda jubilarse con sólo haber cumplido veinte años de servicio, sino que al tener más de veinte años de cotizar para un sistema determinado, se ha consolidado su derecho a jubilarse bajo el amparo de ese sistema, independientemente del tiempo total de servicio; aspecto que, para efectos prácticos, sólo interesaría para determinar el monto proporcional o total de la jubilación que le correspondería. Así las cosas, la Sala estima procedente aclarar la sentencia en el sentido de que los veinte años que se mencionan en la misma se refieren al tiempo mínimo de servicio que da derecho de pertenencia a ese determinado régimen de pensiones, y que para obtenerla se requiere cumplir los demás requisitos que la ley, en ese tiempo aplicable, establezca".

"(...)IV.- Sobre el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo: (...) El Convenio que nos ocupa es el conocido como "Convenio sobre la seguridad social", y es el que estipula las normas mínimas en ese campo, de acatamiento obligatorio para todos aquellos países que lo hayan suscrito y ratificado, como es el caso de Costa Rica, dentro de las diversas posibilidades que el mismo ofrece (...) Por tratarse de normativa aplicable a muchos países, cada uno con sus particularidades propias, el Convenio –como toda norma internacional- tiene una redacción que se presta para diversas interpretaciones, dada la necesidad de que sea flexible para poder aplicarse en distintas realidades sociales, de ahí que evita recurrir a concepciones estrictamente jurídicas para definir su campo de aplicación, ofreciendo a los gobiernos la posibilidad de elegir entre varias opciones. En efecto, así se dijo en la Conferencia Internacional del Trabajo 76ª. Reunión 1989. Informe III (Parte 4B) - "Estudio general relativo al Convenio sobre la seguridad social (norma mínima) 1952 (núm 102), al Convenio (núm. 128) y a la Recomendación (núm. 131) sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967, en lo que se refiere a las prestaciones de vejez, en la que sobre el campo de aplicación de las normas internacionales se dijo que:

(...) Como se indicó supra, es a cada Estado al que corresponde decidir cuál criterio entiende aplicar para definir el campo de aplicación del Convenio 102, bien recurriendo al criterio relativo a los asalariados, el relativo a la población económicamente activa o el concerniente a los residentes, pero en cualquier caso que se escoja (...) debe garantizar que las personas protegidas deberán comprender un mínimo de población, a saber: cuando se recurre al criterio relativo a los asalariados, las personas protegidas deben comprender, según el artículo 55 idem a) del Convenio 102, categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos el 50 por ciento de todos los asalariados. En caso de aplicarse el criterio relativo a la población económicamente activa, las personas protegidas –según ese mismo ordinal en su inciso b)- deben comprender categorías prescritas de la población económicamente activa que en total constituyan, por lo menos, el 20 por ciento de todos los residentes (...) A los efectos de ese Convenio, según el artículo 1 de la Parte I "Disposiciones Generales", el término " prescrito " significa determinado por la legislación nacional o en virtud de la misma; el término " residencia " significa la residencia habitual en el territorio del Miembro y el término " residente " designa la persona que reside habitualmente en el territorio del Miembro (…). Asimismo, la expresión "período de calificación " significa un período de cotización, un período de empleo, un período de residencia o cualquiera combinación de los mismos, según pueda ser prescrito. En la "Conferencia Internacional del Trabajo 76ª. Reunión 1989…" antes citada, se aclara que el término "habitualmente" se utiliza para poder excluir a aquellas personas que sólo se encontrarían en el territorio del Miembro de una manera ocasional o temporal. Además, señala que la definición del término "residente" no distingue entre nacionales y no nacionales, de suerte que la aplicación del apartado c) del artículo 57 del Convenio 102 implica necesariamente la protección de los residentes extranjeros o, al menos de aquellos cuyos recursos no superan los límites prescritos. En cuanto a si el término residente comprende a los extranjeros en situación irregular, se indicó en esa Conferencia que debe recordarse que el artículo 6 del Convenio sobre los trabajadores migrantes, que plantea el principio de igualdad de trato sobre todo en materia de seguridad social, se aplica a los inmigrantes que se encuentran legalmente en el territorio del país de inmigración. Enfoque que ha sido confirmado por la Conferencia en 1975, al adoptarse el Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias)". (resolución número 2000-02091 de las 8:30 horas del 8 de marzo del 2000, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia).

"(...) en una decisión más reciente, de esa misma Sala Constitucional, Voto N° 2091, de las 8:30 horas, del 8 de marzo del 2000, se precisó jurídicamente la terminología empleada en el referido Convenio, rescatándose la definición que éste contiene del término "residencia", al indicarse, expresamente, lo siguiente:

"A los efectos de ese Convenio, según el artículo 1 de la Parte I "Disposiciones Generales", el término "prescrito" significa determinado por la legislación nacional o en virtud de la misma; el término "residencia" significa la residencia habitual en el territorio del "Miembro" y el término "residente" designa la persona que reside habitualmente en el territorio del Miembro (...). Asimismo, la expresión "período de calificación" significa un período de cotización, un período completo, un período de residencia o cualquiera combinación de los mismos, según pueda ser prescrito. En la "Conferencia Internacional del Trabajo 76°. Reunión 1989…" antes citada, se aclara que el término "habitualmente" se utiliza para excluir a aquellas personas que sólo se encontrarían en el territorio del Miembro de una mera ocasional o temporal. Además, señaló que la definición del término "residente" no distingue entre nacionales y no nacionales, de suerte que la aplicación del apartado c) del artículo 57 del Convenio 102 implica necesariamente la protección de los residentes extranjeros o, al menos de aquellos cuyos recursos no superan los límites prescritos …".

Nótese que, en este nuevo fallo que es vinculante, conforme con el artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se le dio un contenido completamente distinto al término "residencia", respecto de aquél que se le había asignado en el fallo del cual se da cuenta, en el recurso; lo que, en criterio de los suscritos, representa un importante cambio de criterio que, implícitamente, deja sin efecto la anterior interpretación, que sostenía que el derecho de pertenencia se obtenía con veinte años de cotizar, al amparo de determinado régimen de pensiones (en igual sentido, consultar nuestro Voto N° 413, de las 10:30 horas, del 27 de julio del 2001). (Lo destacado es nuestro).

"VI.- Por otra parte, el recurrente sostiene que debe concedérsele la jubilación, con base en lo dispuesto en el inciso a), del artículo 29, del Convenio 102, de la O.I.T. No obstante, por las razones que de seguido se exponen, tampoco con base en tal normativa, puede serle concedido el derecho que pretende (...) En el original Voto Constitucional N° 6.842, de las 8:45 horas, del 3 de setiembre de 1.999, aclarado posteriormente, por el número 673, de las 9:48 horas, del 25 de enero del año 2.000, se interpretó esa norma, y, en especial, el término residencia, en el sentido del derecho a jubilarse o a pensionarse, bajo un determinado régimen de pensiones –una vez cumplidos los respectivos requisitos-, cuando se ha cotizado en ese régimen, al menos, durante un período de veinte años, sin que pueda entonces, una ley posterior, modificadora del régimen, exigir el cumplimiento de otros requisitos diferentes (...) Con base en esa interpretación dada por la Sala Constitucional, esta otra Sala ha venido sosteniendo el criterio, en casos semejantes, de que tal norma no resulta aplicable, porque el Régimen de Pensiones, regulado por la Ley de Pensiones de Hacienda, N° 148, del 23 de agosto de 1.943, con las normas adicionadas por la Ley N° 7.013, del 18 de noviembre de 1.985, no cobijó al accionante por el período de veinte años, según lo dispuesto en la norma y conforme con aquella clara interpretación dada por la Sala Constitucional; sin que sea posible conferirle la interpretación dada por el recurrente, con efectos retroactivos, al tiempo servido con anterioridad; pues, en todo caso, durante la vigencia de la normativa, el actor no logró alcanzar los requisitos exigidos, por lo que no podría concedérsele la pensión reclamada. Pero, en todo caso, esa interpretación de la norma, fue variada en la sentencia, también del órgano jurisdiccional, encargado del control de constitucionalidad, número 2.091, de las 8:30 horas, del 8 de marzo del 2.000. En efecto, en este otro fallo vinculante, en lo que resulta de interés, se indicó: ""... resulta necesario realizar algunas consideraciones sobre la naturaleza del Convenio de cita y sus alcances en relación con países que, como el nuestro, lo han suscrito y aprobado,... El Convenio que nos ocupa es el conocido como "Convenio sobre la seguridad social" y es el que estipula las normas mínimas en ese campo, de acatamiento obligatorio para todos aquellos países que lo hayan suscrito y ratificado, como es el caso de Costa Rica,... Por tratarse de normativa aplicable a muchos países, cada uno con sus particularidades propias, el Convenio –como toda norma internacional- tiene una redacción que se presta para diversas interpretaciones, dada la necesidad de que sea flexible para poder aplicarse en distintas realidades sociales, de ahí que evita recurrir a concepciones estrictamente jurídicas para definir su campo de aplicación, ofreciendo a los gobiernos la posibilidad de elegir entre varias opciones... / A los efectos de ese Convenio, según el artículo 1 de la Parte I "Disposiciones Generales", el término "prescrito" significa determinado por la legislación nacional o en virtud de la misma; el término "residencia" significa la residencia habitual en el territorio del Miembro y el término "residente" designa a la persona que reside habitualmente en el territorio del Miembro (...) Asimismo, la expresión "período de calificación" significa un período de cotización, un período de empleo, un período de residencia o cualquiera combinación de los mismos, según pueda ser prescrito." (El subrayado no está en el original). De lo anterior se desprende que, en este nuevo fallo vigente, la interpretación del término "residencia", al que hace referencia la norma indicada, es jurídicamente distinta a la que se le dio en los primeros fallos citados. (En ese sentido, puede consultarse la sentencia, de esta Sala, N° 413, de las 10:30 horas, del 27 de julio del año 2.001). Por consiguiente, tampoco al amparo de esta otra normativa, podría concedérsele, al accionante, el beneficio especial que reclama".

"II.- En criterio del recurrente, al actor le asiste el derecho a la pensión por vejez conforme a las normas del Reglamento vigente antes del 1 de febrero de 1995, por haber cotizado al amparo de esa normativa por más de 20 años. Como el fundamento que sustenta la tesis propuesta por el actor lo constituyen el voto de la Sala Constitucional No. 6842-99 de 8:45 horas del 3 de setiembre de 1999 y el No. 673-00 de 9:48 horas del 21 de enero del 2000, se deben hacer las siguientes aclaraciones (...) mediante un voto dictado en fecha posterior, el número 2091-00 de las 8:30 horas del 8 de marzo del 2000, esa Sala aclaró el sentido correcto que debe dársele al término "residencia" empleado en dicho Convenio, entendido éste como la "residencia habitual en el territorio del Miembro". Lo anterior, porque de acuerdo con el contenido íntegro de ese instrumento internacional, la cobertura de los beneficios de la seguridad social se fija, en algunos casos, acorde con los porcentajes de residentes en el país del que se trate. Es bajo ese entendimiento que el numeral 29, inciso 1, a) ibídem, dispone que las prestaciones por vejez deberán ser garantizadas a las personas que hayan cumplido un período de cotización que podrá consistir en treinta años de cotización o de empleo, o en veinte años de residencia, de modo que no puede interpretarse ahora que al mencionar el Convenio, "veinte años de residencia" sea el correspondiente a "veinte años de cotización" en la forma en que se entendió en el voto de comentario (...) En síntesis, con la aclaración otorgada por la Sala Constitucional en el Voto No. 2091-00 de las 8:30 horas del 8 de marzo del 2000, así como los restantes que han sido citados, el artículo 29 del Convenio 102 de la OIT, se ha producido un claro cambio en la jurisprudencia de esa Sala, de modo que no puede interpretarse que "20 años de residencia" sean equiparables a 20 años de cotización, y con base en ello sostener que el cumplimiento de esa condición otorga al cotizante un derecho a obtener la pensión acorde con los requisitos establecidos por la normativa al amparo de la cual cotizó. Por el contrario, en los términos en que se encuentra redactado el numeral 29 de repetida cita, la Sala entiende que la opción por la cotización o la residencia, serán requisitos exigibles para la adquisición del derecho, según el criterio por el cual opte cada Estado"

"La Seguridad Social moderna nace, luego de una ardua evolución histórica, a mediados del siglo XX (...) Surge como respuesta de la sociedad organizada en el Estado, ante una serie de contingencias que sufren tanto los individuos como la colectividad (...)

Algunas de dichas contingencias (ej.: vejez, invalidez y sobrevivientes) tienen como consecuencia inmediata para quien las padece, la imposibilidad o excesiva dificultad para procurar el sustento económico suficiente para lograr la cierta calidad de vida que se definiera, y por ello, la acción protectora se constituyó con base en el otorgamiento de dicho sustento económico, sustento que se estructura mediante el sistema de pagos periódicos de sumas de dinero, comúnmente llamados "pensiones" y "jubilaciones", según su naturaleza, causa y finalidad.

(...) para lograr dar contenido a los programas de protección mediante sumas de dinero periódicas, dichos programas deben contar con el necesario financiamiento, el cual según los criterios técnicos y las experiencias históricas, pueden reducirse a dos categorías fundamentales: Los basados en cotizaciones por parte de los miembros del programa, y los basados en la redistribución de los ingresos fiscales; lo mismo, pero de otra manera: Los financiados por cuotas de los interesados y los financiados por los impuestos de toda la comunidad como conjunto de sujetos tributarios. A los primeros, la doctrina los conoce como "programas previsionales" o "contributivos" y a los segundos, como "programas asistenciales" o "no contributivos".

(...) En el caso de un régimen de carácter contributivo, el derecho a la prestación se adquiere ante el acaecimiento de la contingencia y el cumplimiento, previo al mencionado acaecimiento, del pago de un determinado número de cotizaciones, y en su caso, además, que tales cotizaciones tengan una cierta "densidad", tanto en cuanto a su contenido económico, como de los momentos en que fueron pagadas (...)

En el caso de los regímenes asistenciales o no contributivos, lo natural sería el otorgamiento de las prestaciones ante el mero acaecimiento de la contingencia. Sin embargo, tal simplicidad puede resultar perversa para el apropiado efecto de la acción protectora. En efecto, cabría la posibilidad de que los extranjeros de cierta edad, o con incapacidades u otras características, simplemente migraran a los países que los protegerían por el simple hecho de haber sufrido las contingencias, y ello distorsionaría la asignación presupuestaria anual formulada con determinados índices estadísticos nacionales. Y es aquí, donde entra el requisito de "residencia".

Así, los programas asistenciales para protección económica o monetaria establecen, y así se puede comprobar tanto en la legislación comparada como en la normativa internacional, un mínimo de residencia en el territorio del Estado que protege con el programa de seguridad social asistencial. (Vid. Introducción a la Seguridad Social, O.I.T., Ginebra, 1984, pág. 68) A título de ejemplo, la Sección Segunda (Jubilación en su modalidad no contributiva) del Capítulo VII (Jubilación) del Título II (Régimen General de la Seguridad Social) de la Ley General de la Seguridad Social de España (Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio) comienza con el artículo 167 cuyo inciso primero a la letra dice:

"Tendrán derecho a la pensión de jubilación, en su modalidad no contributiva, las personas que, habiendo cumplido sesenta y cinco años de edad, carezcan de rentas o ingresos en cuantía superior a los límites establecidos en el artículo 144, residan legalmente en territorio español y lo hayan hecho durante diez años entre la edad de dieciséis años y la edad de devengo de la pensión, de los cuales dos deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación". (el subrayado no es del original).

(...)

Sobre el mismo punto las disposiciones nacionales, en este caso, de España, puede citarse a GALA VALLEJO, quien indica:

"El requisito de residencia legal para el reconocimiento y conservación del derecho a la pensión quedará acreditado siempre que teniendo el interesado domicilio en el territorio español resida en el mismo (sic) ostentando la condición de residente." (GALA VALLEJO, César: El sistema de Seguridad Social en España. 2 edición, M.T.S.S., Madrid, 1992, pág. 665).

(...)

En este caso, su definición no ofrece lugar a dudas, pues es el mismo instrumento internacional quien se encarga de enunciar en el primer inciso de su artículo 1:

"A los efectos del presente Convenio (...) b) el término "residencia" significa la residencia habitual en el territorio del Miembro, y el término "residente" designa a la persona que reside habitualmente en el territorio del Miembro;"

Como puede claramente notarse, el concepto tiene un alcance geográfico y no de otra índole.

En tal sentido, puede observarse en el Estudio General de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones titulado "La protección de la vejez por la Seguridad Social" rendido ante la Conferencia Internacional del Trabajo en su LXXVI reunión en el año 1989, algunas consideraciones que abonan lo ya dicho (...) En su párrafo 53, la citada obra indica:

"El Convenio núm. 102, en su artículo 1, b), y el Convenio núm. 128, en su artículo 1, d), precisan que el término "residente" designa a la persona que reside habitualmente en el territorio del Miembro. Se utiliza el término "habitualmente" para poder excluir a aquellas personas que sólo se encontrarían en el territorio del Miembro de una manera ocasional o temporal. Conviene señalar, por otro lado, que la definición del término "residente" no distingue entre nacionales y no nacionales (...) La Comisión estima por tanto que el término "residente", tal y como se contempla por los convenios núms. 102 y 128, debería interpretarse como referido sólo a los extranjeros que se encuentran en situación regular en el país de inmigración" (Op. dic., págs. 22 y 23)

5. Otros instrumentos internacionales

Igualmente, el mismo concepto y con el mismo alcance geográfico, puede ser encontrado en las siguientes fuentes, entre muchas otras:

Art. 1, inc. e), del Convenio 1962, Nº. 118 de la O.I.T.: "El término "residencia" designa la residencia habitual".

Art. 1, inc. d), del Código Europeo de Seguridad Social (revisado): "El término "residente" designará a una persona que resida habitualmente en ele territorio de la Parte de que se trate".

Art. 1, inc. g), del Convenio entre España e Italia en materia de Seguridad Social, 1983: "Residencia: residencia habitual".

Art. 1, inc. 6) del Convenio y Protocolo Anejo entre el Gobierno Español y el Gobierno de Gran Ducado de Luxemburgo, 1969: "El término "residencia" significa el domicilio habitual".

Art. 1, inc. 7º). del Convenio sobre Seguridad Social entre España y el Reino de Marruecos, 1979: "Residencia: La residencia habitual legalmente establecida"."

"IX.- A) SOBRE LA MODIFICACION DE LA EDAD Y EL TIEMPO DE SERVICIO PARA JUBILARSE: Al tratar el tema de los derechos adquiridos en materia de pensiones, la Sala ha insistido en anteriores pronunciamientos en una diferencia medular entre el derecho de pertenencia al régimen y el derecho concreto a disfrutar de la pensión. Sobre estos dos matices del derecho adquirido a la jubilación señaló la Sala:

X.-

"En este sentido, es preciso observar que ese derecho deja de ser una simple expectativa y se adquiere desde que se ingresa al régimen jubilatorio, al menos como derecho general de pertenencia al mismo, y desde el instante en que el beneficiario se encuentra en las condiciones de hecho previstas para recibir el beneficio, como derecho a la prestación actual, sin que sea necesario que la haya reclamado, ni mucho menos declarado el reconocimiento o comenzado a percibirla... de la misma manera que el derecho a la herencia se adquiere en el momento de la muerte del causante, no en el de la apertura del juicio sucesorio, ni, mucho menos, en el de la adjudicación del derecho hereditario o de la entrega de los bienes al heredero." (sentencia N1147-90 de las 16:00 horas del 21 de setiembre de 1990).

XI.- En el primero de los casos, el derecho de pertenencia a un régimen jubilatorio guarda un mayor grado de abstracción y consiste, en esencia, en el derecho a que permanezca el régimen de pensiones propio de la institución en que se labora, así como sus elementos o condiciones definitorias. El derecho a pertenecer al régimen significa a no ser excluido, a que se mantengan sus parámetros generales, como podría ser que la contribución sea tripartita -condición, que, por cierto, en proporciones similares es por sí misma un derecho constitucional, sin perjuicio de que la contribución estatal sea igual en todos los regímenes-. Por sus características, este derecho se adquiere por el solo ingreso a él, sin embargo, como ya se dijo, sus consecuencias son mucho más restringidas que las que se expondrán para el caso del derecho concreto a la pensión.

XII.-

XIII.- El derecho concreto a gozar de la jubilación es aquél que tradicionalmente se ha utilizado como ejemplo para explicar el concepto de derecho adquirido. En esos mismos términos siempre se consideró que nacía en el momento en que el trabajador cumplía los requisitos exigidos por la ley vigente en ese momento para acceder al beneficio jubilatorio. Consecuencia de este razonamiento y de la diferencia de grado que se ha hecho es la indicada en la resolución número 6124-93 de las 14:30 horas del 23 de noviembre de 1993:

XIV.-

"En cuanto al goce efectivo del mismo, es un derecho que no puede limitarse, condicionarse o suprimirse en forma irracional en modo alguno, cuando se ha adquirido el derecho como tal, constituyéndose así en un derecho absoluto de disfrute. Sin embargo, no sucede del mismo modo con la expectativa de los trabajadores que cotizan para un régimen determinado, de manera que es hasta que se cumple con todos los presupuestos de ley -edad, años de pagar las cuotas, monto, etc.- que se obtiene dicho derecho.

Así, la pertenencia a un régimen determinado de pensiones o jubilaciones se adquiere desde el momento en que se comienza a cotizar en dicho régimen, pero el derecho concreto a la jubilación se adquiere cuando el interesado cumple con todos los presupuestos establecidos por ley, y no antes, como lo reclaman los accionantes, al considerar que la modificación de las condiciones para obtener este derecho es inconstitucional. Los mismos ostentan un derecho a la pertenencia de un régimen de pensiones, que en este caso es el régimen de Hacienda, ya que lo que la normativa impugnada -Ley Marco de Pensiones, número 7302- lo que hizo fue unificar los diferentes regímenes existentes y crear un "marco común", sin alterar en lo más mínimo el régimen de pertenencia de pensión de los empleados públicos. En efecto, es reconocido que tales regímenes están regulados mediante ley, la cual puede ser modificada o derogada en virtud de otra ley, y pretender que los presupuestos no pueden ser modificados nunca implicaría crear una limitación a cada régimen de pensiones y jubilaciones ya existente, que tiene rango constitucional en cuanto a su creación en general, pero no en cuanto a las especificaciones en particular. (En este mismo sentido, ver los pronunciamientos número 1341-93, de las 10:30 horas del 29 de marzo de 1993 y 3063-95 de las 15:30 horas del 13 de junio de 1995).

"Resulta importante indicar, además, que el legislador en el ejercicio de sus potestades constitucionales puede variar la legislación, en tanto respete los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas, como lo indica el artículo 34 constitucional, y en el presente caso, la cotización al régimen del Magisterio Nacional lo que ha generado es un "derecho de pertenencia" al mismo y la Sala no advierte que se haya irrespetado ese derecho, que se mantiene bajo la modalidad de diversos sistemas, básicamente, de reparto y de capitalización. La jurisprudencia ha reconocido que la cotización para un régimen de pensiones origina un "derecho de pertenencia al régimen", como queda dicho, pero no hace inmodificable las reglas del sistema". (El subrayado no es del original).