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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Dictamen 119
 
  Dictamen : 119 del 02/05/2003   

C-119-2003
2 de mayo del 2003
 
 
 
Señor
Jorge Walter Bolaños Rojas
Ministro
Ministerio de Hacienda
S. O.
 
 
 
Estimado señor Ministro:

    Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, me refiero a su oficio DM-1545-2002, de fecha 24 de octubre del año 2002, recibido en esta Procuraduría el 4 de noviembre de ese mismo año. Se nos solicita el dictamen favorable previsto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, como parte del procedimiento tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, de la Nota de Exoneración N° 20732 del 10 de noviembre del 2000, y de la Nota de Corrección N° 20732-A del 22 de diciembre del 2000, ambas emitidas por el Departamento de Exenciones de la Dirección General de Hacienda, así como de la Declaración Aduanera N° 0002 del 4 de enero del 2001.


 


I. Antecedentes.


    El expediente administrativo remitido consta de 109 folios, del cual se destacan, para la emisión del presente criterio, los siguientes hechos:


  1. Mediante póliza de importación N° 216046 del 29 de noviembre de 1994, se ingresa al país un vehículo cuyas características son: Marca: Mitsubishi, Estilo: Rosa, Categoría: Microbús, Color: Morado, Chasis: BE439F24286, Motor: 4D34B60604. A dicho vehículo se le concede, de conformidad con Nota de Exención N° 32999 del 10 de noviembre de 1994, exoneración de impuestos de importación. Como consignatario del vehículo indicado aparece la empresa Fiesta Internacional S.A. (folios 20, 64, 74 del expediente administrativo)
  2. El día 2 de diciembre de 1999, el señor Oscar Rivera Soto, solicita ante la Comisión Técnica de Transporte, exoneración para el vehículo cuyas características son: Marca: Mitsubishi, Estilo: Rosa, Modelo: 1995, Motor: 4D34B60604, Chasis: BE439F24286. La anterior solicitud se realiza al amparo del artículo 11 de la Ley N° 7293 del 31 de marzo de 1992. (folios 56-57)
  3. Mediante oficio 0000661 de 25 de febrero del 2000, el Departamento de Transporte Remunerado de Personas por Vías Públicas informa al Consejo de Transporte Público sobre la solicitud de exoneración formulada por Oscar Rivera Soto, y a que se alude en el hecho anterior. Como conclusión del estudio efectuado, se indica: "Salvo mejor criterio de la Comisión Técnica de Transportes, se recomienda lo siguiente: 1. Aprobar la exoneración y sustitución de la unidad para ser inscrita dentro de la flota operativa en el permiso de estudiantes autorizado al señor Oscar Rivera Soto, con las siguientes características (…) Esta unidad sustituirá al vehículo placa CB-177, MARCA FORD, ESTILO B700, MODELO: 1982, CAPCIDAD 45 PASAJEROS, MOTOR DESCO, CHASIS 1FDWB70H4CVA35999, COLOR AMARILLO, OCHO CILINDROS. Indicarle al solicitante que debe proceder a realizar la inscripción de la unidad en un plazo no mayor a treinta días posteriores a la conclusión de los trámites correspondientes en el Ministerio de Hacienda. Para lo cual deberá aportar los siguientes documentos: Póliza del Instituto Nacional de Seguros (INS), Permiso de Circulación y Tarjeta de Revisión Técnica vigente, Título de Propiedad. No se solicita certificación del Consejo de Seguridad Vial ya que las unidades a inscribir son nuevas." (folios 66-68)
  4. El Consejo de Transporte Público, en Acuerdo N° 98 de la Sesión Ordinaria 1-2000 del 25 de marzo del 2000, resuelve la petición de exoneración referida en el Hecho Segundo anterior, en los siguientes términos: "Considerando: Que el gestionante es permisionario de transporte de estudiantes de la Escurla (sic) Bilingüe Sonny. Que las unidades solicitadas por el gestionante, reúnen las condiciones técnicas y mecánicas requeridas según lo establece el oficio 0661 del Departamento de Transporte Remunerado de Personas por Vías Públicas. Que consta en autos que el gestionante cumple con los presupuestos establecidos en el artículos (sic) 11 de la Ley de Exoneraciones N° 7293, por lo que procede a probar (sic) la solicitud. Por tanto, ACUERDAN: Aprobar la exoneración y sustitución de la unidad que se detalla infla, para ser inscrita dentro de la flota operativa del permiso de estudiantes autorizado al señor Oscar Rivera Soto con las siguientes características: marca Mitsubishi modelo mil novecientos noventa y cinco, motor 4D34B60604, chasis BE439F24286, color morado, cilindrada 3900 cc, capacidad 29 pasajeros. Esta unidad sustituirá al vehículo placas CB-177, marca Ford, modelo 1982, chasis 1FDWB70H4CVA35999. Indicarle al solicitante que debe proceder a realizar la inscripción de la unidad en un plazo no mayor a un mes calendario posteriores a la conclusión de los trámites correspondientes en el Ministerio de Hacienda. Para tales efectos deberá aportar póliza del INS, permiso de circulación, tarjera de revisión técnica, título de propiedad." (folio 65)
  5. Mediante formulario de "Solicitud y Autorización de Exoneración de Tributos de Importación", Boleta N° 013437, del 29 de mayo del 2000, el señor Oscar Rivera Soto solicita la exoneración de tributos del vehículo a que se ha aludido en el los Hechos Primero y Segundo anteriores. El fundamento para dicha pretensión lo es el artículo 11 de la Ley N° 7293. Se indica, en dicho formulario, como Aduana de desalmacenaje, la "Central", y el consignatario "Fiesta Tur Internacional S.A.". Por último, se consigna que la institución que recomienda la exoneración lo es el Consejo de Transportes, mediante Acuerdo 98 de la sesión 1-2000 del 25 de marzo del 2000. (folio 45)
  6. Mediante nota de exención N° 0020732 de fecha 10 de noviembre del año 2000, el Departamento de Exenciones del Ministerio de Hacienda resuelve la petición en el siguiente sentido: "CONCEDASE EXENCION EN TODO TRIBUTO. EXCEPTO EL IMPUESTO AD VALOREM SOBRE EL CUAL SE CONCEDE EXCENCION SOBRE EL EXCESO DE LA TARIFA DEL 5%. RECOMIENDA CONSEJO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL M.O.P.T. EN OFICIO N° 00-713 DEL 14/O7/2000." (folio 45)
  7. Mediante nota de exención 20732-A del 22 de diciembre del 2000, se corrige la nota de exención N° 0020732 en cuanto a que el VALOR CIF debe leerse correctamente $ 9.633,00 (Folio 44)
  8. En Declaración Aduanera N° 00002 del 4 de enero del 2001, se aplica la nota de exención N° 20732 y la N° 20732-A para la liquidación definitiva de impuestos a favor del vehículo descrito en los Hechos Primero y Segundo de esta relación. (Folio 42)
  9. Mediante acuerdo N° DM-013-2002 del 24 de junio del 2002, el Ministro de Hacienda ordena la realización de un procedimiento administrativo ordinario y nombra al órgano director correspondiente, con el fin de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la nota de exoneración N° 20732, la nota de corrección N° 20732-A y la Declaración de Liquidación N° 0002, emitidas por el Departamento de Exenciones. (folios 89-93)
  10. Mediante auto de las nueve horas treinta minutos del 16 de agosto del año 2002, el órgano director declara abierto el procedimiento tendente a establecer la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la nota de exoneración N° 20732 de 10 de noviembre de 2000, y su nota de corrección N° 20732-A de 22 de diciembre de 2000, emitidas por el Departamento de Exenciones de la Dirección General de Hacienda, así como la declaración aduanera N° 00002 de 4 de enero del 2001 liquidada por la Aduana Central. Asimismo, fija la fecha para la audiencia oral para el día 17 de setiembre del año 2002, a las 10:00 horas, y cita para tal acto al señor Oscar Rivera Soto y al señor Rodolfo Guzmán Campos, éste último en su condición de representante legal de la empresa Viajes Fiesta Internacional S.A. consignataria original del vehículo pluricitado en estos Hechos. Asimismo, se hace un listado de los hechos por los cuales se estima configurada la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, así como de los documentos que constan en el expediente administrativo (folios 94-98)
  11. Al ser las diez horas del 17 de setiembre del 2002, se celebra la audiencia oral con la presencia de Oscar Rivera Soto y Rodolfo Guzmán Campos. Se consigna la manifestación del Sr. Rivera Soto en el sentido de que está conforme con la declaratoria de nulidad evidente y manifiesta de los actos administrativos que son objeto del procedimiento. Asimismo, manifiesta que, como muestra de buena fe, canceló los impuestos correspondientes por la suma de 725.358,96, amén de que indica que tiene que tomarse en cuenta que, en su condición personal, goza de una exoneración de igual naturaleza que la otorgada, con lo cual no existiría perjuicio para el Estado. Por su parte, el Sr. Guzmán Campos está de acuerdo en la declaratorio de nulidad, sin dejar de apuntar que en ningún momento tuvieron conocimiento de que el trámite realizado no estaba conforme a Derecho, pues los documentos utilizados son los que normalmente usan para estos efectos. Asimismo, indica que contaban con las autorizaciones pertinentes del Instituto Costarricense de Turismo y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. (folios 101-102)
  12. Mediante resolución de las 10:00 del 15 de octubre del 2002, el Organo Director del Procedimiento emite su informe sobre lo tramitado, recomendando al Ministro de Hacienda continuar con el procedimiento para declarar la nulidad en la vía administrativa de la nota de exoneración N° 20732 del 10 de noviembre del 2000, su nota de corrección N° 20732-A de 22 de diciembre de 2000, emitidas por el Departamento de Exenciones de la Dirección General de Hacienda, a favor del señor Oscar Rivera Soto, cédula de identidad número 1-473-954, así como de la declaración aduanera N° 00002 de 4 de enero del 2001, liquidada por la Aduana Central (folios 103-109)

 


  1. Sobre la nulidad absoluta, evidente y manifiesta.

    Este Órgano Asesor ha emitido múltiples pronunciamientos en relación con lo que establece el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, en cuanto a la declaración de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto administrativo declaratorio de derechos para el administrado.


    A este respecto, el Dictamen 169-2002, del 26 de junio del 2002, extrae algunos de estos criterios de la siguiente manera:


"Interesa citar, al menos como precedente jurisprudencial administrativo, el Dictamen C-117 de fecha 13 de mayo de 2002, mediante el cual, esta Procuraduría, conceptualiza el criterio seguido para establecer la nulidad del acto administrativo declarativo de derechos, como a continuación se expone:


"De conformidad con los artículos 158 y 159 de la Ley General de la Administración Pública, el criterio seguido para establecer la nulidad del acto administrativo está referido a la falta, defecto o desaparición de algún requisito o condición del acto administrativo, señalándose que será inválido el acto que sea sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico. Las causas de invalidez pueden ser cualesquiera infracciones sustanciales a éste.


Estas disposiciones dan los lineamientos generales de lo que constituirán vicios del acto que pueden acarrear su nulidad.


Acerca de las clases de nulidades, establece la Ley General de la Administración Pública en sus artículos 165 (sic), 167 y 168 respectivamente:


"Artículo 166. - Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente.


Artículo 167. - Habrá nulidad relativa del acto cuando sea imperfecto uno de sus elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización del fin, en cuyo caso la nulidad será absoluta.


Artículo 168. - En caso de duda sobre la existencia o calificación e importancia del vicio deberá estarse a la consecuencia más favorable a la conservación del acto."


De la relación de los anteriores artículos, concluyó el Lic. Ortíz Ortíz lo siguiente:


  1. Hay nulidad absoluta cuando falte totalmente –desde un ángulo real o jurídico– un elemento del acto.
  2. Hay, a la inversa, nulidad relativa cuando algún elemento está sustancialmente viciado o es imperfecto.
  3. Habrá nulidad absoluta, en todo caso, si el mero defecto o vicio de un elemento existente es tan grave que impide la realización del fin del acto, como si faltara totalmente un elemento esencial de éste.
  4. En caso de duda, se debe estar por la solución más favorable a la conservación y eficacia del acto. (ORTÍZ ORTÍZ, Eduardo, "Nulidades del Acto Administrativo en la Ley General de la Administración Pública (Costa Rica)" en Revista del Seminario Internacional de Derecho Administrativo, Colegio de Abogados de Costa Rica, 1981, p 445.)

Entonces, habrá nulidad absoluta de un acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente, o cuando la imperfección de uno de esos elementos impida la realización del fin.


Ahora bien, cuando se está en presencia de una nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos, la Ley General no le otorga a la Administración el ejercicio de la potestad de autotutela, sino que ésta debe proceder a declarar la lesividad del acto, y solicitar ante la jurisdicción contencioso administrativa la declaración de nulidad. (La lesividad se encuentra regulada en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.)


Para hacer uso de la potestad de autotutela administrativa, que le permite declarar la nulidad de un acto en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, no basta que el acto se encuentre viciado de nulidad absoluta, sino que, además, ésta debe ser evidente y manifiesta. En otras palabras, es aquella que es clara y notoria, y que no requiere de una exhaustiva interpretación legal.


En cuanto a los caracteres de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, esta Procuraduría General ha precisado en forma amplia y completa sus alcances. A modo de ejemplificación, y con el fin de no caer en repeticiones innecesarias, se transcriben, sólo algunos dictámenes que se han referido a dicha nulidad.


En Dictamen C-019-87 de fecha 27 de enero de 1987, se expuso al respecto:


"I. - LA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA:


La idea de apuntar esos dos calificativos en la transcrita norma fue del Lic. Eduardo Ortíz Ortíz, quien en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, que estudiaba el proyecto de ley por él redactado, en lo que interesa, dijo:


" .... Si en lugar de hablar de la nulidad absoluta pusiéramos así; "La declaración de nulidad absoluta que no sea manifiesta", en otras palabras, para acentuar el hecho de que el administrado cuando sea evidente la nulidad no tiene derecho al juicio de lesividad. Es decir, (sic) "La declaración de nulidad absoluta cuando la nulidad absoluta sea evidente y manifiesta, podrá hacerse la declaración de la misma por el Estado, es decir, eliminar simplemente el hecho de que la nulidad sea absoluta, puede ser que sea absoluta, pero si no es manifiesta, obvia, entonces jugará el principio de lesividad. ¿Entiende la modalidad que le estoy dando? Estoy restringiendo el concepto ya ni en los casos de nulidad absoluta, sino en los casos de nulidad manifiesta y evidente. En esos casos no juega la garantía de lesividad, pero en los otros casos donde la nulidad no es manifiesta ni es evidente, aunque sea absoluta, lo que es difícil pero puede ocurrir, ahí juega el principio de lesividad".


Fue a partir del anterior razonamiento del Lic. Eduardo Ortíz Ortíz que nuestro legislador acogió la idea de calificar, en la forma supracitada, la nulidad absoluta que puede ser declarada por la Administración en vía administrativa.


Por otra parte, en cuanto a esos dos adjetivos (sic) el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en relación con las acepciones que nos interesan expresa:


"evidente (del Lat. evidens, - entis) adj. Cierto, claro, patente, y sin la menor duda"


Manifiesto, ta. (Del lat. Manifestus) pp. irreg. de Manifestar 2 adj. Descubierto, patente, claro".


En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos "evidente" y "manifiesta", debe entenderse que la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación, por saltar a primera vista.


Lo anterior nos induce a pensar que, para efectos de la declaratoria de las nulidades, dentro de nuestro derecho podemos distinguir tres categorías de nulidades, que son: la nulidad relativa, la nulidad absoluta, y la nulidad absoluta evidente y manifiesta.


La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de su comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos....."


De igual modo, en Dictamen C-104-92 de 3 de julio de 1992, se consignó:


".... podemos concluir que este tipo de nulidad está referida a la existencia de vicios del acto que sean notorios, claros, de fácil esfuerzo y análisis para su comprobación, ya que el vicio es evidente, ostensible, que hace que la declaratoria de la nulidad absoluta del acto sea consecuencia lógica, necesaria e inmediata, dada la certeza y evidencia palpable de los vicios graves que padece el acto de que se trate."


Por otro lado, en Dictamen C-051-96 de 28 de marzo de 1996, se estableció al respecto:


"Como se ha comprobado, la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, no solo implica la ausencia de un elemento esencial del acto administrativo, sino también que el mismo tenga una característica especial, cual es su notoriedad y claridad, razón por la cual no se requiere un esfuerzo y análisis profundo para su comprobación."


Asimismo, conviene tener presente que la jurisprudencia y legislación española –ordenamiento jurídico que sirvió de inspiración para nuestro país–, se han pronunciado sobre la nulidad absoluta, evidente y manifiesta. Es así como en Dictamen C-045-93 de 30 de marzo de 1993 se señaló lo siguiente:


"En la misma línea de pensamiento, el criterio sostenido por este órgano consultivo en cuanto a las condiciones requeridas para determinar si estamos o no en presencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, viene a ser conforme con lo estipulado por la jurisprudencia española. Así, Garrido Falla nos ilustra:


"... Sobre qué debe entenderse por ilegalidad manifiesta, véase la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 1961,


" .....la que es declarada y patente, de suerte que se descubra por la mera confrontación del acto administrativo con la norma legal, sin necesidad de acudir a la interpretación o exégesis". (GARRIDO FALLA, FERNANDO "Tratado de Derecho Administrativo", Volumen I, Parte General, 3 Edición, Centro de Estudios Constitucionales. Madrid 1982, página 602).


En términos similares apunta González Pérez:


".....a) Que la Infracción sea manifiesta: Aquí puede aplicarse la jurisprudencia recaída en otros supuestos de infracción manifiesta, como el 47.1 a) y artículo 110 LPA. Es necesario "una manifiesta y patente infracción, sin dar lugar interpretación y exégesis" (Ss. de 26 de abril de 1963, 6 de noviembre de 1964 y 5 de marzo de 1969)...." (GONZALEZ PEREZ, Jesús, "Comentarios de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa", Civitas S.A., Madrid, 1979, p. 1291)."


Sobre el concepto de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha indicado, en el mismo sentido que este Organo Asesor, que:


"… un acto declaratorio de derechos solamente puede ser declarado nulo por la propia administración, cuando se esté en presencia de una nulidad absoluta, manifiesta y evidente. Por manera que no se trata de cualquier nulidad absoluta, sino de aquélla que se encuentre acompañada de una nota especial y agravada, consistente en que la nulidad absoluta sea perceptible fácilmente, lo que es igual, sin necesidad de forzar las circunstancias para concluir con ello. De no estarse en presencia de este tipo de nulidad absoluta, la administración debe recurrir al instituto de la lesividad, solamente declarable por un juez." (Resolución N° 1563-91 de 14 de agosto de 1991)".


    Luego de establecer claramente la posición adoptada por esta Procuraduría sobre el tema, procedemos a pronunciarnos, en forma concreta, sobre el objeto de consulta.


  1. Sobre la nota de exoneración N° 20732, su corrección mediante nota N° 20732-A y la declaración aduanera N° 00002 de 4 de enero del 2001.

    Para lograr emitir el dictamen requerido en el artículo 173, inciso 1, de la Ley General Administración Pública, hacemos el siguiente análisis:


  1. Los actos administrativos se presentan como nulos de una manera evidente y manifiesta, por violentarse elementos indispensables para su dictado (motivo, contenido y fin, de conformidad con los artículos 131, 132 y 133 de la Ley General de la Administración Pública).

    De la revisión del expediente administrativo se desprende, de manera clara, que en la emisión de los actos administrativos descritos en el encabezado de este epígrafe, se sucedieron una serie de actuaciones contrarias al Ordenamiento Jurídico, con evidente infracción del mismo. En primer término, tenemos que la gestión que realiza el Sr. Rivera Soto ante la Comisión Técnica de Transporte del MOPT para la obtención de una exoneración al amparo del artículo 11 de la Ley N° 7293, reseña el vehículo que se ha venido citando a lo largo de este estudio, sin hacer mención expresa o implícita de que el mismo ya había sido importado. (ver folios 56-57)


    Producto de lo anterior, la investigación e informe que realiza el Departamento de Transporte Remunerado de Personas por Vías Públicas del MOPT en oficio 0000661 del 25 de febrero del 2000, parte del supuesto que se trata de una importación de un vehículo a ser utilizado por el Sr. Rivera Soto. No otra es la conclusión cuando se indica, en tal oficio, lo siguiente: "Para lo cual deberá aportar los siguientes documentos: Póliza del Instituto Nacional de Seguros (INS), Permiso de Circulación y Tarjeta de Revisión Técnica vigente, Título de Propiedad. No se solicita certificación del Consejo de Seguridad Vial ya que las unidades a inscribir son nuevas." (folios 66-68). Tampoco puede aseverarse que el Consejo de Transporte Público, al adoptar el Acuerdo N° 98 de la Sesión Ordinaria 1-2000 del 25 de marzo del 2000, haya tenido pleno conocimiento que el vehículo ya había sido importado (folio 31).


    Consecuencia de lo indicado, al momento de solicitarse la exención ante el Departamento correspondiente del Ministerio de Hacienda, el Sr. Rivera Soto utiliza un formulario de "Solicitud y Autorización de Exoneración de Tributos de Importación", y en el que se consigna, en el aparte correspondiente a "Información Básica", que el vehículo a exonerar viene consignado a "Fiesta Tour Internacional S.A.", empresa que había tramitado oportunamente su importación (ver folio 45, en relación con el 20. En este último, consta copia de la nota de la declaración aduanera N° 216046 del 29 de noviembre de 1994, mediante la cual se aplica al vehículo ya tantas veces citado en este estudio, una exoneración de tributos, según Nota de Exención N° 32999 del 10 de noviembre de 1994). Por ello, la nota de exoneración N° 20732 del 10 de noviembre del 2000 tiene la característica de ser una repetición inoportuna de un acto previo que se había emitido, para idénticos fines, relacionado con un mismo vehículo. Igual naturaleza presenta la nota de exoneración N° 20732-A, que viene a implicar una corrección de un valor CIF, para efectos de exoneración de tributos de importación, de un vehículo previamente importado.


    Y en lo que atañe a la Declaración Aduanera N° 00002 de fecha 4 de enero del 2001, se aprecia que, a pesar de hacer referencia a la declaración aduanera N° 216046 (aparte numerado veintinueve), se vuelven a otorgar exención de tributos como si se tratara de una importación nueva (ver aparte numerado 47, en relación con el detalle contenido en la Declaración Aduanera N° 216046, amén de que se vuelven a consignar datos tales como "Exportador/Vendedor", "País de Origen", "País Procedencia")


    Por último, se desprende de la investigación realizada en sede administrativa, que se generó una confusión a la hora de tramitar el formulario denominado "Solicitud y Autorización de Exoneración de Tributos de Importación", N° de exención 0020732 del 10 de noviembre del 2000, como si el mismo fuera una exoneración para un vehículo que se estaba importando a nuestro país y no una liquidación total de impuestos previamente exonerados (folios 74-76).


    En vista de lo anterior, esta Procuraduría General arriba a la conclusión que la nulidad de los actos contenidos tanto en las notas de exoneración N° 20732 del 10 de noviembre del 2000, así como su nota de corrección N° 20732-A, del 22 de diciembre de 2000, emitidas por el Departamento de Exenciones de la Dirección General de Hacienda; así como la declaración aduanera N° 00002 de 4 de enero del 2001 liquidada por la Aduana Central, son manifiesta y evidentemente nulas, por ser repetición de actos anteriores que perseguían idéntica finalidad (otorgamiento de un régimen de exoneración de tributos de importación para un vehículo), partiendo de un motivo inexistente (que se trataba de una importación nueva, cuando en realidad el vehículo ya había ingresado a nuestro país – artículo 133 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública) y que, por consecuencia, tornan en imposible el contenido de estos actos administrativos (pues tienen consecuencias jurídicas idénticas –exoneración de tributos de importación- para un mismo fenómeno jurídico –ingreso del vehículo Marca: Mitsubishi, Estilo: Rosa, Categoría: Microbús, Color: Morado, Chasis: BE439F24286, Motor: 4D34B60604).


 


      1. Los actos administrativos que se cuestionan fueron dictados en las siguientes fechas: N° 20732, el 10 de noviembre del 2000, el N° 20732-A el 22 de diciembre del 2000, y la Declaración Aduanera N° 00002 4 de enero del 2001, y de conformidad con el artículo 173, inciso 4 de la Ley General de la Administración Pública, la potestad de revisión oficiosa caducaría hasta el mes de noviembre del año 2004, por lo que el ejercicio de la autotutela administrativa se encuentra en tiempo.
    1. Se corrobora en el acápite I, Antecedentes, que el expediente administrativo en cuestión, sigue el procedimiento ordinario de conformidad con los artículos 214, siguientes y concordantes, y 308, siguientes y concordantes, de la Ley General Administración Pública.
    2. Se desprende del análisis del expediente remitido, que el procedimiento encausado por el Órgano Director del Procedimiento para la averiguación de la verdad real de los hechos ocurridos alrededor de la emisión de la nota de exoneración N° 20732, su corrección mediante nota N° 20732-A y la declaración aduanera N° 00002 de 4 de enero del 2001, se apega en su totalidad a las reglas generales del debido proceso, celeridad, acceso al expediente, derecho a la comparecencia y derecho de aportar prueba, así como de interponer los recursos ordinarios.

IV. Conclusión.


    En virtud de lo indicado, y de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, procede esta Procuraduría General a emitir dictamen favorable en cuanto a la declaración de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, de las notas de exoneración N° 20732 del 10 de noviembre del 2000, así como su nota de corrección N° 20732-A, del 22 de diciembre de 2000, emitidas por el Departamento de Exenciones de la Dirección General de Hacienda; así como la declaración aduanera N° 00002 de 4 de enero del 2001 liquidada por la Aduana Central,


Sin otro particular, me suscribo,
 
 
Iván Vincenti Rojas
PROCURADOR ADJUNTO
IVR/mvc