" 4.- Dentro de este contexto de transformación, la empresa continuó operando en muchos casos bajo los mismos parámetros con que lo venía haciendo bajo el marco jurídico anterior. Desde el punto de vista salarial, se continuaron reconociendo los mismos pluses salariales a que tenían derecho los empleados como dedicación exclusiva y prohibición, entre otros, hasta el mes de diciembre de 1998. Dichos reconocimientos se dieron, por parte de la empresa y de los trabajadores, bajo la convicción en ambos casos de que se actuaba conforme a derecho, de que el ordenamiento jurídico lo permitía. Incluso en algunos casos, parte del porcentaje de ese plus salarial ya había sido reconocido bajo Cortel y lo que se hizo fue incrementarlo conforme se adquirió el grado académico respectivo (por ejemplo, el pago de dedicación exclusiva pasó de un 20% -reconocido durante la existencia de Cortel- a un 55% -reconocido con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Correos,-como lo establecía la normativa vigente al momento de la transformación de la empresa). Dichos reconocimientos se dieron- como sé indicó-entre los meses de setiembre y diciembre de 1998.

5.- La actuación tanto de los representantes de la empresa como de los trabajadores en cuanto al pago de dichos pluses salariales fue una actuación de buena fe, donde en ningún caso nadie se imaginó siquiera que el día de mañana podría existir alguna duda sobre el pago de dichos extremos. De esta manera, de buena fe, el pago de dichos pluses salariales pasó a formar parte del salario y por ende del patrimonio de los trabajadores, convirtiéndose en nuestro criterio en un derecho adquirido o situación jurídica consolidada.

Es importante señalar que dentro de los principios generales del derecho, y en particular del Derecho Laboral, está la buena fe que es un principio fundamental al igual que lo es la justicia social o la equidad.

En síntesis, en nuestro criterio la empresa al reconocer el pago de los pluses salariales indicados actuó de buena fe, al igual que lo hicieron los trabajadores al recibir el pago de los mismos, y es por esas razones y fundamento indicado que solicitamos la reconsideración de oficio y / o adición del Dictamen No. C-231-2000 ya que no se trató de un error como se visualizó en dicho Dictamen. Dichos pluses- reconocidos durante el período indicado- se pagaron hasta el mes del marzo del 2000 y en el Dictamen C-231-2000 la Procuraduría define que deben reintegrar el monto pagado por obedecer, supuestamente, a un error de la empresa, lo cual no es cierto."

Su reconocimiento encuentra fundamento en el Código de Trabajo, la doctrina y los principios del Derecho Laboral, los cuales la misma jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General de la República reconoce en el Dictamen No. C-279-98.

2.- En cuanto a los trabajadores que hasta ahora solicitan el reconocimiento de anualidades, se dan dos supuestos:

a)- Los que vienen de la Dirección Nacional de Comunicaciones.

En este caso se trata de personas que ingresaron a trabajar al Estado (Cortel) antes de entrar a regir la Ley de Correos, calificándoseles en ese momento como "funcionarios públicos". En este sentido, adquirieron el derecho al reconocimiento o pago de anualidades. El fundamento se encuentra en la Ley No. 6835, la jurisprudencia sobre dicha ley, el principio de continuidad del Derecho Laboral y el Voto de la Sala Constitucional No. 5969-93.

b)- Los que ingresaron a laborar a Correos de Costa Rica a partir de septiembre de 1998 y que tienen anualidades reconocidas de otras instituciones públicas. Se recomienda denegar su reconocimiento en virtud de que al ingresar a laborar a la empresa a partir de ese mes no adquirieron la condición de ser "funcionarios públicos" ya que su relación está regida por el Derecho Laboral común, siendo en consecuencia trabajadores no sujetos a dicho derecho. El fundamento se encuentra en el Código de Trabajo y el Dictamen del la Procuraduría General de la República No. 279-98.

a.)- Como consecuencia del proceso de reestructuración implementado en Cortel durante los últimos años, y de acuerdo con el nuevo manual de puestos que surgió como resultado del mismo proceso, algunos puestos cambiaron ubicándose dentro del manual con una nueva nomenclatura y un salario inferior. A dichos puestos no se le aplicaron los ajustes por estar Correos de Costa Rica fuera del régimen de Servicio Civil. El supuesto se aplica a trabajadores que venían de Cortel.

En este caso, por haber estado dicho proceso, en cuanto al punto específico, regulado por el artículo 111, inciso e) del Estatuto de Servicio Civil y estando los trabajadores de la empresa regulados por el Derecho Laboral común, se recomienda que se mantenga dicha disminución de salario al no tipificar como derecho adquirido. Su fundamento se encuentra en la normativa antes citada, la Ley de Correos y los Votos de la Sala Constitucional No. 6042-98 y No. 5067-98.

b.)- Aquellos puestos que durante el año 1998 tenían una nomenclatura y salario determinado, el cual no se estudió por falta de requisito de quien lo ocupaba. En los meses de septiembre a diciembre del mismo año se nombró en esas condiciones a una persona y para 1999 se tuvo que ubicar el puesto en las nuevas clases de la empresa, con categoría y salario inferior el cual fue aprobado por la Contraloría General de la República.

Al estar la empresa regulada por el Derecho Laboral común, se considera que si el salario actual del puesto no es inferior al salario fijado por el Poder Ejecutivo para esa categoría y clase en el Decreto respectivo para la empresa privada, en nuestro criterio, lo actuado está ajustado a derecho y así se recomienda proceder. En este caso, si la persona que ocupa el puesto actualmente no tiene requisitos para recibir la diferencia o plus salarial que recibía en 1998, el acto anterior podría considerarse como un error de hecho, y el error no crea derecho. En todo caso, los reajustes no son derechos del puesto, sino de la persona que lo ocupa y tiene requisitos. En la especie no se trataría de un derecho adquirido.

c.)- Las personas que ingresaron a trabajar a la empresa entre los meses de septiembre a diciembre de 1998 y se les nombró en una plaza que estaba vacante, cuyo salario se componía de la base más un plus producto de los derechos adquiridos de quien lo dejó vacante. Para el año 1999 el salario de la persona que ocupa el puesto se reduce y así lo aprobó la Contraloría General de la República dado que quien lo ocupa desde el año pasado no tiene requisitos para seguir recibiendo el plus que recibía quien ocupaba el puesto con anterioridad.

Siendo un caso semejante al contemplado en el punto b) anterior, la recomendación es proceder en los mismos términos."

"Ahora bien, existe un hecho que el órgano asesor no puede ni debe pasar por alto, y es que cualquier decisión en materia salarial tiene una incidencia directa sobre los fondos públicos y en el presupuesto de la entidad. Ergo, si bien compete a la Junta Directiva de Correos de Costa Rica el adoptar las decisiones en materia salarial, en particular en relación con los emolumentos que devengan los funcionarios públicos que se desempeñan en esa entidad, al incidir esos acuerdos sobre los niveles de gastos del ente y, por ende, ubicarse en la materia presupuestaria, emerge por ello una competencia a favor del órgano contralor quien debe determinar si lo acordado y resuelto se ajusta o no a los principios de razonabilidad y de proporcionalidad cuando aprueba el presupuesto del ente o sus modificaciones presupuestarias.

Este control que por imperativo constitucional y legal el ordenamiento jurídico le asigna al órgano controlar no es renunciable. Es, dentro de la terminología iuspublicista, un poder-deber, el cual debe ser ejercido cada vez que la Junta Directiva adopta una decisión en materia salarial, sobre todo cuando lo acordado está relacionado con los salarios que devengan los servidores públicos de esa entidad.

Así las cosas, consideramos que las decisiones de la Junta Directiva en relación con las bases salariales, pluses salariales y aumentos periódicos de los empleados públicos de Correos de Costa Rica, al incidir en el uso de los recursos públicos y estar relacionadas con la materia presupuestaria, quedan sujetas al control que ejerce la Contraloría General de la República. Más aún, ante eventuales abusos o que se adopten decisiones sin ninguna justificación técnica, el órgano contralor tiene la competencia para improbar las partidas presupuestarias respectivas.

"(...)"

"En esa línea de razonamiento, naturalmente, los antiguos servidores continuarán arrastrando el mismo salario que venían devengando con el anterior carácter de dicha Institución, aunque pagado, ahora, por Correos de Costa Rica, lo que en forma clara y con apego a la Ley de estudio, el Dictamen que se pide aclarar o adicionar, señaló, en lo conducente:

"A pesar de ello, existe jurisprudencia de la Sala Constitucional que nos puede ilustrar sobre el tema, para determinar si los "derechos adquiridos" de los antiguos servidores de la Dirección Nacional de Comunicaciones se limitan a que éstos sigan percibiendo el monto global del salario que tenían asignado o si, más allá aún, tienen derecho a que dicho salario se les siga reajustando hacia el futuro con base en la normativa de derecho público que ya no rige su relación de empleo. A esos efectos, nos permitimos reproducir los siguientes precedentes jurisprudenciales:

"... aquella circunstancia consumada en la que una cosa (material o inmaterial, trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente (ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio constatable" (N° 2765-97).

"... los derechos adquiridos son aquellos que ingresan definitivamente en el patrimonio de su titular (no entran en el concepto de meras expectativas) y las situaciones jurídicas consolidadas son aquellas que ya no pueden ser modificadas nunca jamás. En cuanto al punto a) del considerando I, debe observarse que estamos ante la aplicación de un método para actualizar los salarios al costo de la vida, ello no es un derecho adquirido, ni una situación jurídica consolidada" (N° 670-I-94).

De los dos anteriores extractos se concluye que el derecho adquirido es aquél que ingresa de forma definitiva y permanente en el patrimonio de una persona. Es menester destacar que en el segundo de los votos, relacionado con la determinación de sí un método de actualización del salario se conserva como derecho adquirido o no, una vez que la normativa que lo establecía fue dejada sin efecto, la Sala Constitucional precisó que dicho método no constituye un derecho adquirido, razón por la cual esa forma de actualización no podía seguir siendo utilizada.

Para dicho ejemplo, el derecho adquirido lo constituye la suma de dinero percibida en razón de la utilización de dicho método, mientras se encontraba vigente.

Otro ejemplo importante es el caso de las pensiones, en el que las personas pertenecientes a un régimen determinado y que se encontraban cotizando para él, argumentaban derechos adquiridos para jubilarse bajo las condiciones que se establecían para dicho régimen. Al respecto, la Sala Constitucional estableció:

"... los únicos derechos adquiridos que subsistían a la citada declaratoria eran los de aquellos beneficiarios que hubiesen obtenido su derecho a la jubilación durante la vigencia de dicha ley, lo hubiesen solicitado o no a la administración, así como aquellos que se encontrasen disfrutando del citado derecho jubilatorio..." (N° 1925-93).

"...dentro de un régimen cualquiera, el derecho a la pensión se constituye y adquiere cuando acaecen en cada caso particular las condiciones o hechos previstos legalmente para que dicho derecho pueda válidamente concederse..." (N° 5817-93).

De lo anterior conviene resaltar que, para la Sala Constitucional, el derecho se adquiere una vez declarada la situación o que se hayan cumplido las condiciones necesarias para que pueda concederse. En el caso que nos ocupa, los "derechos adquiridos" corresponderían al monto consolidado del salario que disfrutaban al momento que entró en vigencia la reforma legal, sin que resulte lícita disminución alguna al respecto; pero no puede interpretarse que los ahora empleados de Correos de Costa Rica S.A. tengan derecho a sucesivos incrementos a título de"anualidades" o "carrera profesional". La propia Sala Constitucional, al adicionar la resolución mediante la cual declaró inconstitucionales los laudos en el sector público (voto N° 1696-92), indicó que de resultar necesario acudir nuevamente al texto de la normativa anulada para reconocer determinados beneficios (para que ese derecho se produzca), éstos no pueden considerarse como derechos adquiridos. Veamos:

"Entiende la Sala, que el derecho adquirido sería el que se ha obtenido en firme, por la vigencia del laudo, aún cuando a hoy aquél haya fenecido formalmente, por manera que se ha incorporado a la relación, en la medida en que no haya necesidad de acudir nuevamente al texto, clausulado o mecanismos allí establecidos (porque evidentemente ya no es posible), para que se produzca el derecho o beneficio" (N° 3285-92).

Resulta impropio pretender "derechos adquiridos" cuando la reforma legal se produce con anterioridad a tal acaecimiento fáctico."(Lo subrayado no es del texto original)

Ha quedado bien delimitada la situación salarial de la persona que, sin interrupción alguna, continúa laborando con la nueva empresa de servicio postal, enfatizándose en este caso, la definición de los derechos adquiridos como los realmente habidos y consolidados en el patrimonio del empleado, sin contemplar aquellos rubros o incrementos que no entraron con la Ley No. 7768 de estudio, por constituir meras expectativas en el decir de la autorizada doctrina constitucionalista, en tanto debían o deben cumplirse con ciertos requisitos para su procedencia, o bien, no hay causa legal para la continuación de los mismos. Verbigracia, si el trabajador al momento de trasladarse a Correos de Costa Rica S.A. tenía acumulado diez anualidades, un determinado puntaje por carrera profesional y pago de prohibición, en esa dosis económica se entienden guardados los derechos adquiridos, sin que, en el futuro se le continúen reconociendo incrementos o reconocimientos, por existir, ahora, otra clase de régimen salarial que dista del Sector Público, tal y como se estableció a partir de la vigencia de aquélla normativa; siendo que, en adelante, tanto ese grupo como los nuevos empleados, se regirán o se encuentran regidos por lo que dispone el Código de Trabajo, con un ámbito salarial diferente, donde privan otros principios más flexibles en la relación de trabajo entre el patrono y trabajador, por no mediar, las características, los controles y directrices que califican al Régimen de empleo público. (Ver, entre otros, el Voto Constitucional No. 1696-92 de 23 de junio de 1992)

Con base en todo lo expuesto, se arriba a la conclusión, que los salarios pagados en forma errónea a los empleados de la Institución a su cargo, no constituyen, de ninguna manera, derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, por lo que, para proceder al reintegro o recuperación de los mismos, este Despacho recomienda lo siguiente:

1.- Cuando existe real convicción jurídica por parte de los empleados en reintegrar los dineros pagados de más, por cuanto es evidente y notorio, que la Institución incurrió en un error en el pago de salarios, no habría ningún problema en rectificar y recuperar los dineros dados en demasía, en la forma usual que tiene la Administración para hacerlo, mediante un documento idóneo que garantice el cumplimiento de la deuda.

2.- En cambio, si esa situación le resulta controversial al funcionario, no obstante el error de hecho, material o aritmético incurrido por Correos de Costa Rica S.A. en haberle pagado salarios demás, entonces, el ejercicio de defensa que tutelan los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, debe anteceder necesariamente a la rectificación de cuestión. En este sentido, y aunque el ámbito de la jurisprudencia está orientada al empleo de los servidores públicos, vale tener en consideración el "principio universal del debido proceso", aplicable también a los del régimen de empleo privado, ..."cuando el Tribunal Contencioso Administrativo ha sostenido reiteradamente:

"Es oportuno referir, que la mayoría de este Tribunal en reiteradas ocasiones, en casos como el presente, ha considerado que para que tenga fuerza ejecutiva el documento emitido por la Administración en contra de sus servidores, es necesario que se cumpla con el procedimiento que al efecto contempla la Ley General de la Administración Pública, en los artículos 214 y siguientes, y a los que remite sin duda el ordinal 211 inciso 3). Su finalidad es el respeto al derecho fundamental de la defensa, que en doctrina se fundamenta en el debido proceso, o debido contradictorio…"

(Ver, Resolución Nº: 820 del 01/09/1992 10h 30m Tribunal Superior Contencioso Administrativa, Sección Segunda) (Lo resaltado no es del texto original)

En todo caso es importante apuntar lo que la Sala Constitucional ha claramente explicado entratándose de una relación de trabajo regido por el Derecho Laboral, en donde por existir entre el patrono y trabajador una situación de poder, deben exigirse las reglas del equilibrio de las potestades y derechos patronales con disposiciones a favor de los trabajadores que pretenden armonizar la esfera de acción de éstos y la de los empresarios, los cuales, se encuentran en toda nuestra Carta Política. Así, mediante el Voto No. 2170-93 de las 10:12 horas del 21 de mayo de 1993, en efecto, se indicó:

En la forma dicha, dejo aclarado y adicionado el Dictamen No. C-279-98 de 21 de diciembre de 1998.

"Correos de Costa Rica S. A. no está obligada a pagar "anualidades" a sus empleados, salvo a aquéllos que ocupan cargos gerenciales o de fiscalización superior (excepción que no cubre a los directivos, ni "carrera profesional").

Los "derechos adquiridos" de los que laboraban para la antigua Dirección Nacional de Comunicaciones y que no fueron cesados al momento en que entró en vigor la Ley de Correos, se limitan al monto global de salario del que disfrutaban en ese preciso momento, el cual no les puede ser rebajado o disminuido. Ello significa que tales empleados no tienen base legal para reclamar nuevos incrementos con fundamento en la normativa que rige esos pluses salariales de los servidores públicos; categoría de la que ya no forman parte."(C-279-98 de 21 de diciembre de 1998)