Buscar:
 PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Opinión Jurídica 116 del 27/09/2004
Internet
Año:
Buscar en:




Opciones:
Guardar
Imprimir


Ficha del Pronunciamiento
ß&Ø¥ß%
Texto Opinión Jurídica 116
 
  Opinión Jurídica : 116 - J   del 27/09/2004   

asamblealaurados

OJ-116-2004


27 de setiembre del 2004


 


 


Licenciada

Nery Agüero Montero

Jefa de Comisión

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos

Asamblea Legislativa


 


Estimada señora:


 


Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me es grato referirme a su oficio n.° CJ-60-09-04 del 8 de setiembre del año en curso, a través del cual solicita el criterio del órgano superior consultivo técnico-jurídico sobre el texto sustitutivo al proyecto de ley denominado “Interpretación de La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, el cual se tramita bajo el expediente legislativo n.° 15.617.


 


Es necesario aclarar que el criterio que a continuación se expone, es una mera opinión jurídica de la Procuraduría General de la República y, por ende, no tiene ningún efecto vinculante para la Asamblea Legislativa por no ser Administración Pública. Se hace como una colaboración en la importante labor que desempeñan los diputados.


 


I.-        RESUMEN DEL TEXTO SUSTITUTIVO AL PROYECTO DE LEY.


 


Tal y como se desprende del numeral único, con el texto sustitutivo se busca interpretar auténticamente el artículo 1256 del Código Civil, en el sentido de que la frase que literalmente dice: “el poder especial otorgado para un acto o contrato con efectos registrales  en escritura pública”, únicamente regula y se aplica a los actos y contratos inscribibles en los registros de inmuebles y muebles del Registro Nacional, no así a los actos y contratos en materia de propiedad intelectual con efectos registrales o ante otras dependencias públicas con facultades de registro e inscripción; en tanto no reformó ni ha pretendido reformar las normas jurídicas y prácticas pre-existentes en esta materia. Además, no impone para tales poderes más requisitos que la autenticación notarial o la consular, por lo que no modifica su utilización para multiplicidad de actos, judiciales o extrajudiciales, ni su uso por remisión al expediente o registro donde previamente se haya acreditado.


 


II.-       SOBRE EL FONDO.


 


No cabe duda que el nuevo texto mejora sustancialmente el anterior; empero, la clave de bóveda en este asunto está en establecer si la nueva propuesta satisface o no los requerimientos de la técnica de la interpretación auténtica de la ley.


 


De acuerdo con el punto de vista de algunos miembros de la Comisión –diputados Corrales Bolaños y Villanueva Monge-, el nuevo texto recoge adecuadamente la “ratio legis” que, en su momento, se buscó con la reforma al numeral 1256 del Código Civil. Según se desprende de la discusión suscitada en el seno del órgano parlamentario (actas n.° 23 de la sesión extraordinaria del 8 de setiembre del 2004), la idea era que el poder especial se otorgara en escritura pública cuando el acto o contrato con efectos registrales debía inscribirse en los registros de inmuebles o muebles del Registro Nacional, no así en los otros. Incluso, en abono de esta postura, el diputado Corrales Bolaños cita parte de un estudio del Lic. Marco Vásquez, asesor parlamentario, mediante el cual se trata de desentrañar la voluntad del legislador, y se indica, al abordarse el tema de los poderes especiales, que en la discusión de la reforma al numeral 1256 del Código Civil, se hacía referencia al traspaso de propiedad y gravámenes hipotecarios.


 


Ahora bien, la Procuraduría General de la República, quien ha seguido la tesis de que la “ratio legis” debe ser demostrada con elementos objetivos, los cuales consten en el expediente legislativo respectivo en forma clara y precisa y cuya derivación no conlleve un forzamiento del razonamiento jurídico, no tiene mayores problemas en aceptar la postura esgrimida por ambos parlamentarios. Más aún, el elemento objetivo –las actas legislativas- parecen coincidir con las afirmaciones del diputado Villanueva Monge –elemento subjetivo-, por lo que sus expresiones son de todo crédito.


 


Todo lo anterior nos permite afirmar que el problema que se ha planteado, se afinca en la calidad de ley, el cual no necesariamente está referido a un problema de ambigüedad u oscuridad. Como es bien sabido, la técnica de la interpretación auténtica responde a un problema de la calidad de ley, aunque no todo problema de la calidad de ley se agota en cuestiones de ambigüedad u oscuridad. Existen otros supuestos que rebasan estas cuestiones, como tendremos ocasión de ver a continuación. En efecto, a veces se presentan otros tipos de errores, tales como: que la “ratio legis” no es correctamente expresada en el texto legal que se aprueba. En el caso de comentario estamos frente a uno de estos errores. Es decir, que el texto que se introdujo al artículo 1256 del Código Civil no recogió adecuadamente la intención del legislador, al no especificar que los poderes especiales que debían otorgarse en escritura pública era aquellos cuyos actos o contratos se iban a inscribir en los registros de bienes muebles e inmuebles del Registro Nacional. Al no hacerse la debida especificación, el texto, tal y como se aprobó y está en vigencia, supone que tales poderes han de cumplir con este requisito legal cuando el acto o contrato se pretenden inscribir en un Registro Público.         


 


Así las cosas, más que un asunto donde se presenta una ambigüedad o una oscuridad en el texto legal vigente, estamos frente a un error legislativo, residenciado en el hecho de que se da un divorcio entre la “ratio legis” y el texto finalmente aprobado. Ahora bien, la doctrina jurídica ha elaborado una serie de criterios para corregir los yerros en las leyes. SALVADOR CODERCH nos recuerda que en España existen una serie de principios y técnicas para la corrección de las leyes. En primer lugar, está el principio de autocontrol, que, evidentemente, falló en este caso.


 


En segundo término, está el principio de control previo y de control posterior. En el caso del primero, supone la existencia de una técnica a través de la cual un funcionario le da seguimiento desde el primer borrador del proyecto de ley, hasta su publicación en el Diario Oficial. El segundo, parte de la idea de que en el Diario Oficial existen técnicas propias para corregir los errores.


 


En tercer lugar, está el principio de corrección por quien comete el error. “Jurídicamente, ¿a quién corresponde la decisión de modificar el texto publicado en el diario oficial?  En principio corresponde esta decisión al poder del Estado, a la instancia en la que se ha cometido el error, esto qué quiere decir. El error se ha producido entre el Parlamento y el diario oficial; es decir, en el diario oficial la errata la corrige el diario oficial, por qué, porque dispone del texto enviado por el directorio, con el cual se confronta el texto publicado y con base en el cual corregirlo.  Si el error se ha producido en la Cámara, la corrección tiene que producirse en la Cámara, y si el error se ha producido en el Ejecutivo…” (CODERCH, Salvador. Manual de Técnicas Legislativas. Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Justicia. San José, Costa Rica, 1990, página 119. Las negritas no se encuentran en el original). En idéntica dirección se pronuncian NICOLÁS PÉREZ SERRANO, citado por RODRÍGUEZ-ZAPATA, Jorge. Sanción, Promulgación y Publicación de las Leyes. Editorial Tecnos, Madrid-España, 1987, página 123, cuando la aprobación parlamentaria recae sobre un texto equivocado. “Es obvio que, en este caso, el error precisa una nueva ley para su corrección. Como señaló Pérez Serrano los acuerdos de una Cámara legislativa, válidamente realizados, son irrevocables (vote acquis; Unverruckbrkeit)”


 


Como puede verse de lo dicho hasta aquí, y aunque referido a errores materiales en las leyes, y no a errores que llamaríamos de concepto, la doctrina citada también resulta aplicable a este tipo de errores. Desde nuestro punto de vista, no tenemos la menor duda, a esta altura de este estudio, que tanto el proyecto original como el nuevo texto pretende subsanar un error del Parlamento, es decir, expresar adecuadamente la idea original, que se tuvo en mente, cuando se hizo la reforma al artículo 1256 del Código Civil. En vista de ello, y en aquellos asuntos en los cuales NO EXISTA CONTENCIÓN a causa de la aplicación de la norma que estamos glosando, es constitucionalmente posible pensar en darle un efecto retroactivo a la reforma partir de la entrada en vigencia de la Ley n.° 7764 de 17 abril de 1998.


 


Donde sí se pone cuesta arriba el asunto, es en aquellos casos en los cuales existe CONTENCIÓN a causa de la aplicación de la reforma que se le introdujo al numeral 1256 del Código Civil. En esta hipótesis, el transitar o insistir en la técnica de la interpretación auténtica tendría dos efectos perniciosos. El primero, que también sería valido para el supuesto donde no hay contención, aunque sería muy difícil de atacar procesalmente hablando, es que no se dan los supuestos de hecho para la utilización de esta técnica legislativa. El segundo, y es que en vista de efecto retroactivo DE LA LEY INTERPRETATIVA, se estaría beneficiando una parte y perjudicando otra, lo cual podría quebrantar los numerales 121, inciso 1° y 34 de la Carta Fundamental.  En este supuesto, somos de la tesis de que estos asuntos no deben ni pueden ser afectados por una legislación posterior, ya se trate de una interpretación auténtica o de una reforma legal con efecto retroactivo, sino que deben ser resueltos en las vías correspondientes (administrativas o judiciales). Amén de la responsabilidad en que podría incurrir el Estado por daños y perjuicios, toda vez que, como bien saben los señores legisladores, de conformidad con nuestro régimen de responsabilidad administrativa, el Estado responde por los daños y perjuicios que cause a los justiciables por actividad lícita, en este caso, por el ejercicio de la potestad de legislar.


 


III.-     CONCLUSIÓN.


 


El texto sustitutivo, al insistir en la técnica de la interpretación auténtica, presenta las mismas dudas que expresamos sobre el proyecto original.


 


De usted, con toda consideración y estima,


 


 


Dr. Fernando Castillo Víquez


Procurador Constitucional


 


 


FCV/kgr