"El suscrito Mario González Salazar cédula de identidad N° 2-341-181 en calidad de auditor interno de la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia … le expongo la siguiente situación con la finalidad de obtener su pronunciamiento sobre si es obligatorio para la corporación municipal el pago de la prohibición a la Licenciada Rosario Chávez Delgado y si es extensivo a otros funcionarios municipales.

El arquitecto tiene bajo su responsabilidad el catastro municipal los permisos de construcción.

El Ingeniero tiene a cargo la valoración de las propiedades y terrenos.

El Licenciado es el jefe de tesorería y tiene bajo su responsabilidad el área de recaudación.

El Licenciado que labora como asistente de contabilidad (asientos de diario, conciliaciones bancarias).

9.- (…)

10.-(…)

Se adjunta la aprobación del presupuesto y la nota de la justificación a Contraloría para aprobar la plaza de la Licenciada Rosario Chávez Delgado aclarando que la función de certificar de estar al día en el pago de los impuestos, que es título ejecutivo, no la ejecuta la Licenciada Chávez sino que está (sic) a cargo del departamento de Contabilidad tal y como lo establece el Código Municipal en su artículo 71."

"Artículo 4.- Consultas. Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría; en cada caso, deberán acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva, salvo el caso de los auditores internos, quienes podrán realizar la consulta directamente". (Así reformado por la Ley de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio del 2002, publicada en La Gaceta N° 169 de 4 de setiembre del 2002)

"- Que la consulta la formule el jerarca administrativo del respectivo órgano o institución pública.

"Si bien es cierto que nuestra Constitución no consagra expresamente la libertad profesional, esa libertad fundamental, que tiene como contenido esencial el derecho de elección de la profesión y el ejercicio de la actividad profesional escogida, puede deducirse de la conjunción armónica de varios derechos constitucionales; concretamente de lo dispuesto en los artículos 46 y 56 de la Carta Política, en virtud de los cuales se reconocen el derecho al trabajo y la libertad de empresa. (Véanse al respecto, los dictámenes C-054-2000 de 17 de marzo del 2000, C-055-2001 de 27 de febrero del 2001; las Opiniones Jurídicas O.J.-123-2001 de 10 de setiembre del 2001 y O.J.-105-2002 de 22 de julio del 2002; así como las resoluciones N°s 2508-94 de las 10:27 hrs. del 27 de mayo de 1994, 1626-97 de las 15:21 hrs del 18 de marzo de 1997 y 7123-98 de las 16:33 hrs. del 6 de octubre de 1998, ambas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia)

Según lo hemos sostenido en otras oportunidades, al Estado le corresponde velar por este derecho fundamental al ejercicio de la profesión, además de ejercer poder de dirección, normación y control sobre determinadas profesiones liberales tituladas; facultades éstas últimas que han sido delegadas, conforme a la Ley, en organizaciones corporativas de Derecho Público: los Colegios Profesionales; entes públicos no estatales de afiliación obligatoria para quienes deseen practicar una determinada profesión titulada.

Entre las potestades de imperio delegadas en las Corporaciones Profesionales, encontramos aquella referida a la autorización del ejercicio profesional, que se produce cuando el Colegio respectivo acepta incorporar a un determinado profesional. Y "en ese sentido, la colegiatura tiene dos efectos primordiales. En primer término, permite al miembro el ejercicio profesional. En segundo término, el colegiado asume los deberes propios de su condición de miembro del Colegio y sujeto a una serie de disposiciones incluso de naturaleza ética, a que no están sujetos quienes no son miembros" (Dictámenes C-054-2000 y C-055-2001, Op. Cit.).

En definitiva, para esta Procuraduría, la incorporación al Colegio Profesional es un requisito indispensable para el ejercicio profesional; y una vez materializada dicha colegiatura, es que nace, de manera efectiva, el derecho fundamental al ejercicio de la profesión (Véanse las Opiniones Jurídicas O.J.-123-2001 y O.J.-105-2002 op.cit.).

Sin embargo, hemos sido claros en admitir que toda regulación que se pretenda respecto de aquel derecho fundamental, que incida y condicione obviamente su disfrute efectivo, y más concretamente, afecte el derecho al trabajo (art. 56 constitucional), debe ser impuesta según lo exige el régimen jurídico de las libertades públicas.

Como es sabido, el régimen de los derechos fundamentales se caracteriza por dos principios básicos: el de reserva de ley respecto de la regulación de tales derechos y el "pro libertatis" que informa su interpretación. El primero determina que sólo mediante una norma con rango de ley –en sentido formal y material- o superior a ésta, pero nunca inferior, es posible regular y, en su caso, restringir los derechos y libertades fundamentales, siempre y cuando la restricción sea, además de "necesaria", "útil", "razonable" u "oportuna", tendente a satisfacer una necesidad social imperiosa (ver en ese sentido, entre otras, las resoluciones N°s 4205-96 de las 14:33 hrs. del 20 de agosto de 1996, 6273-96 de las 15:30 hrs. del 19 de noviembre de 1996, ambas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). Mientras que el segundo determina que toda norma jurídica debe ser interpretada en forma que favorezca a la libertad.

Interesa aquí la reserva de ley en materia de regulación del ejercicio profesional, pues es claro que ello conlleva la aplicación de lo que la doctrina moderna ha denominado "actos de gravamen", por cuanto reducen, privan o extinguen algún derecho o facultad de los administrados, hasta entonces intactos, y que cuando afecten a derechos sustanciales, deben legitimarse en preceptos de rango de Ley (En tal sentido, entre otros, véase: GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo I, Novena Edición, Civitas Ediciones S.L., Madrid, 1999, p. 560).

"La Ley N° 5867 de 15 de diciembre de 1975 establece una compensación económica para funcionarios que estén sujetos a prohibición del ejercicio profesional. Para que opere esa compensación es requisito indispensable que el ejercicio profesional privado o la realización de actividades privadas haya sido prohibido por el legislador. Interesa resaltar ese punto: la prohibición es una restricción al ejercicio de la profesión (ver en ese sentido dictámenes C-202-96 de 16 de diciembre de 1996 y 207-89 de 4 de diciembre de 1989). Como restricción a derechos fundamentales, su establecimiento es reserva de ley, se establece por ley. Así, a diferencia de otros institutos salariales, verbi gratia de la dedicación exclusiva, la prohibición tiene origen en la ley. Lo que significa que la Administración no es libre para establecer prohibiciones al ejercicio profesional o a la realización de actividades vía reglamentaria o por acto administrativo"" (Dictamen C-200-97 de 21 de octubre de 1997) (El subrayado es nuestro)

ARTÍCULO 147.- Son deberes de los servidores municipales:

a) Respetar esta ley y sus reglamentos, así como cumplir las

obligaciones vigentes en sus cargos.

b) Prestar los servicios contratados con absoluta dedicación,

intensidad y calidad, responsabilizándose de sus actos y ejecutando sus tareas y deberes con apego a los principios legales, morales y éticos.

c) (…)

d) Garantizar, a la administración municipal, su compromiso en cuanto a la integridad y fidelidad en su trabajo la naturaleza que sea, en aras de lograr el cumplimiento de los objetivos y la misión de la municipalidad.

e) (…)

f) (…)

g) (…)

h) Guardar discreción sobre asuntos relacionados con su trabajo o vinculados con otras dependencias municipales, cuya divulgación pueda usarse contra los intereses de la municipalidad.

i) (…)

j) Desempeñar dignamente sus cargos."

ARTÍCULO 148.- Está prohibido a los servidores municipales:

a) Lo indicado en el artículo 72 del Código de Trabajo

b) Actuar en el desempeño de sus cargos, con fines distintos de los encomendados en sus contratos de trabajo.

c) Tener obligaciones laborales en otras entidades, públicas o privadas, o adquirir compromisos con evidente superposición horaria a su contrato laboral con la municipalidad.

d) Participar en actividades vinculadas con empresas o intereses privados que puedan causar evidente perjuicio a los municipales o competir con ellos.

e) Utilizar o distraer los bienes y recursos municipales en labores, actividades y asignaciones privadas distintas del interés público.

f) (…)

g) (…)

h) (…)

i) (…)"

En similar sentido, ese Alto Tribunal, también señaló:

"Para que proceda el reconocimiento de una compensación económica derivada de la prohibición para el ejercicio liberal de la profesión es necesario que una norma establezca esa prohibición y, además, que esa misma disposición –u otra de rango legal– acuerde el pago de la compensación respectiva. En otros términos, para reconocer la compensación económica de cita, no basta con que exista una prohibición, sino que es necesario, adicionalmente, que esté normativamente dispuesta la posibilidad de otorgar como consecuencia de ello una retribución económica.

Sobre ese aspecto, el Reglamento a la Ley n.° 5867 (emitido mediante decreto n.° 22614 de 22 de octubre de 1993) es claro al señalar que "Procede el pago de la compensación económica por concepto de prohibición, únicamente cuando exista ley expresa o resolución judicial que lo autorice, aun cuando hayan funcionarios que tengan prohibición para ejercer liberalmente funciones inherentes a las actividades propias de la institución a que pertenecen" (artículo 5).

Si bien en el ordenamiento jurídico de nuestro país existía desde hace muchos años, en diversas normativas, prohibición para el ejercicio profesional privado de algunos grupos de servidores, no fue sino con la emisión de la Ley n.° 5867 ya citada, que se acordó una compensación económica por esa prohibición.

En esa oportunidad se otorgó al personal de la Administración Tributaria, por la prohibición contenida en el artículo 113 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (artículo que hoy corresponde al 118 del mismo cuerpo normativo) una compensación económica porcentual sobre el salario base. Tal compensación variaba de acuerdo con el nivel académico de cada servidor. Además, el artículo 5º de esa misma ley dispuso que los beneficios establecidos en los incisos a) y b) de su artículo 1º, le serían aplicables a los funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo a que se refería el artículo 141 (en la actualidad 244) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y a los egresados de la Facultad de Derecho.

Luego, la Ley n.° 6008, de 9 de diciembre de 1976, adicionó el artículo 5 de la citada Ley n.° 5867, a efecto de disponer que los funcionarios del Poder Ejecutivo, aludidos en el párrafo anterior, recibirían el beneficio cuando "estén cumpliendo tales funciones". Además, con esta reforma, se incluyó como beneficiarios de la compensación, a los licenciados o egresados en Derecho al servicio del Tribunal Supremo de Elecciones, Registro Civil y Contraloría General de la República.

Posteriormente, la Ley n.° 6222 de 21 de abril de 1978, modificó el artículo 1º de la citada Ley n.° 6008, con la finalidad de reconocer también a los funcionarios del Poder Judicial, los beneficios de la compensación económica. Luego se emitieron una serie de leyes mediante las cuales se otorgó la compensación, entre otros, al Tesorero Nacional, al Contador Nacional, al Proveedor Nacional, al Personal Técnico de la Auditoría General de Bancos, a los administradores de aduanas y, en general, a casi todos los funcionarios que tuvieren, en razón de sus cargos, una prohibición específica para el ejercicio de su profesión. (Ver, Opinión Jurídica No.- 035-J de 27 de abril del 2000) (Lo subrayado no es del texto original

"Como puede verse del texto transcrito, la compensación económica a que allí refiere, es desde sus orígenes, para aquellos funcionarios de la Administración Tributaria, que por el carácter de sus funciones, están impedidos a ejercer otros puestos públicos con o sin relación de dependencia, o bien en la empresa privada en materia de tributos, según claramente lo estipula el artículo 118 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios(…), cuando dice:

(…)

De modo que, para que dichos servidores puedan devengar el plus en cuestión, es necesario que las funciones que realicen, se encuentren íntimamente ligados al concepto de "administración tributaria"; y por consiguiente, los puestos ocupados, se encuentran afectados por la prohibición indicada en el numeral 118 transcrito. Así, esta Procuraduría, precisamente en una consulta similar a la de este acápite, señaló: "A pesar de lo dicho hasta el momento, el artículo 1° de la Ley n.° 5867 citada, prevé la posibilidad de reconocer al personal de la Administración Tributaria, la compensación económica que ahí mismo se detalla por la prohibición contemplada ya no en el artículo 244 del la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino en el 118 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Por ello resulta importante, para resolver el asunto que nos ocupa, determinar si las municipalidades en general –y en particular la de Goicoechea– podrían ser válidamente catalogadas como "administraciones tributarias".

Sobre el concepto de administración tributaria, el artículo 99 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios dispone:

"Artículo 99.- Concepto y facultades. Se entiende por Administración Tributaria el órgano administrativo encargado de percibir y fiscalizar los tributos, se trate del Fisco o de otros entes públicos que sean sujetos activos, conforme a los artículos 11 y 14 del presente Código.

Dicho órgano puede dictar normas generales para los efectos de la aplicación correcta de las leyes tributarias, dentro de los límites fijados por las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

Tratándose de la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, cuando el presente Código otorga una potestad o facultad a la Dirección General de Tributación, se entenderá que también es aplicable a la Dirección General de Aduanas y a la Dirección General de Hacienda, en sus ámbitos de competencia".

Nótese que la norma recién transcrita exige, para catalogar a un ente como "administración tributaria", que se trate del "sujeto activo" de un tributo. Por su parte el artículo 14 del mismo Código de Normas y Procedimientos Tributarios dispone que "Es sujeto activo de la relación jurídica el ente acreedor del tributo".

Tratándose de las municipalidades, cada una de ellas cuenta con una "Ley de Impuestos Municipales" autorizada por la Asamblea Legislativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política. (…) y no cabe duda de que la Municipalidad es el ente acreedor de los tributos ahí previstos. Desde esa perspectiva, y tomando en cuenta además que corresponde a la propia municipalidad determinar, recaudar y liquidar esos tributos, es posible afirmar que las municipalidades son susceptibles de ser catalogadas como "administración tributaria".

Ya esta Procuraduría en su dictamen C- 077-91 del 9 de mayo de 1991 había indicado que la Administración Tributaria en nuestro país:

"…se define a partir de elementos materiales: el ejercicio de determinadas funciones tributarias junto con la presencia de una condición objetiva determinada por la ley. Este criterio material determina que un órgano solo podrá conceptuarse como "administración tributaria" si presenta: a) la condición de sujeto activo de un tributo y b) la realización de funciones administrativo-tributarias específicas: el poder recaudador y fiscalizador de ese mismo tributo, lo que implica necesariamente el ser parte en el procedimiento tributario que tienda a determinar, liquidar y revisar un tributo determinado".

Para el caso específico de las municipalidades, después de caracterizar a esos entes como sujetos activos de obligaciones tributarias, encargados de percibir, recaudar, liquidar, determinar y fiscalizar tributos, este Despacho sostuvo lo siguiente:

"… la Municipalidad de Alfaro Ruiz constituye ‘Administración Tributaria’. […] Así las cosas, esta Procuraduría considera que procede el pago de la prohibición contemplada en la Ley N° 5867 antes citada, a aquellos empleados municipales de la Municipalidad de Alfaro Ruiz que, reuniendo los requisitos y condiciones académicas exigidas por el numeral primero de la citada norma, tengan a su cargo el manejo de la ley N° 7165" (Dictamen C- 149-91 del 12 de setiembre de 1991).

Los precedentes citados son claros en el sentido de que las municipalidades sí constituyen "administración tributaria", por lo que sus servidores, en tanto estén sujetos a la restricción establecida en el artículo 118 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, tendrían derecho al pago de la compensación económica regulada en el artículo 1° de la Ley n.° 5867 de repetida cita."

(Lo resaltado no es del texto original) (Opinión Jurídica No. 035 de 27 de abril del 2000)

"Artículo 244.- Aunque sean abogados, no podrán ejercer la profesión los servidores propietarios de los Poderes Ejecutivo y Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la República y de las municipalidades, salvo en sus propios negocios y en los de sus cónyuges, ascendientes o descendientes, hermanos, suegros, yernos y cuñados.

Se exceptúan de la prohibición anterior los servidores del Poder Ejecutivo que presten servicios en los establecimientos oficiales de enseñanza y que no tengan ninguna otra incompatibilidad; lo mismo que los servidores judiciales interinos o suplentes, siempre que ese interinato no exceda de tres meses; los fiscales específicos; los munícipes y apoderados municipales; el Director de la Revista Judicial; los defensores públicos de medio tiempo y los que sean retribuidos por el sistema de honorarios y, en general, todos los servidores que no devenguen sueldo sino dietas." (lo destacado es nuestro)

"V.- La compensación económica por concepto de prohibición: Ley N° 5867 de 15 de diciembre de 1975 y su Reglamento. Inaplicabilidad al caso de los Abogados de las Municipalidades.

Tal y como lo hemos afirmado en otras oportunidades, la prohibición a que están sometidos los servidores públicos en virtud del artículo 244 de la Ley Orgánica del poder judicial, no obliga a la Administración a reconocer, ipso facto, el sobresueldo consistente en una compensación económica por la restricción apuntada, si no existe norma expresa que lo autorice. En otros términos, para reconocer dicha compensación no basta con que exista una norma de rango legal que establezca la prohibición, sino que es indispensable, adicionalmente, que esa misma norma u otra disposición normativa, prevean la posibilidad de otorgar, como consecuencia de ello, una retribución económica (En ese sentido, remito entre otros, al dictamen C-194-2000 de 22 de agosto del 2000, así como a la Opinión Jurídica O.J.-035-2000 de 27 de abril del 2000).

Lo anterior se ajusta plenamente a las construcciones modernas del principio de legalidad, que apuntan a la llamada "vinculación positiva", según la cual "no se admite ningún poder jurídico a favor de la Administración Pública, que no sea desarrollado de una atribución normativa precedente" (DROMI, Roberto. El procedimiento administrativo. Primera reimpresión: Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, p.214); es decir, aquella sólo puede hacer lo que está permitido expresamente (En esa misma línea de pensamiento, puede consultarse la resolución N° 1739-92 de 1 de julio de 1992, de la Sala Constitucional).

De ahí que, si bien es cierto que en nuestro país existía, desde hace mucho tiempo, prohibición para el ejercicio profesional privado de algunos grupos de servidores públicos, no fue sino con la promulgación de la Ley N° 5867 de 15 de diciembre de 1975, que se previó expresamente el pago de una compensación económica por esa prohibición.

Originalmente, se le otorgó al personal de la Administración Tributaria, por la prohibición contenida en el artículo 113 del Código de Normas y procedimientos Tributarios (artículo que hoy corresponde al 119 del mismo cuerpo normativo), una compensación económica porcentual sobre el salario base, que variaba de acuerdo con el nivel académico de cada servidor. Además, el artículo 5° de esa misma Ley dispuso que los beneficios establecidos en los incisos a) y b) de su artículo 1°, le serían aplicables a los funcionarios y empleados del poder Ejecutivo a que se refería el artículo 141 (en la actualidad 244) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y a los egresados de la Facultad de Derecho.

La Ley N° 6008 de 9 de diciembre de 1976, adicionó el artículo 5° de la citada Ley N° 5867, a efecto de disponer que los funcionarios del Poder Ejecutivo, aludidos en el párrafo anterior, recibirían el beneficio aludido cuando "estén cumpliendo tales funciones", lo que alude al ejercicio de labores de abogado. Además, con esta reforma, se incluyeron como beneficiarios de esa misma compensación a los licenciados o egresados en Derecho al servicio del Tribunal Supremos de Elecciones, Registro Civil y Contraloría General de la República.

Posteriormente, la Ley N° 6222 de 21 de abril de 1978, modificó el artículo 1° de la citada Ley N° 6008, con la finalidad de reconocer también a los funcionarios del Poder Judicial, aquella compensación.

Luego se emitieron una serie de leyes mediante las cuales se extendió el reconocimiento de esa compensación económica a casi todos los funcionarios que tuviesen, en razón de sus cargos, una prohibición específica para el ejercicio de la profesión (En este sentido, esta Procuraduría ha hecho un recuento histórico sobre el desarrollo del incentivo de marras, por lo que se recomienda consultar, entre otros, el Dictamen número C-076-98 de 23 de abril de 1998 y la O.J.-085-99 de 27 de julio de 1999).

En fin, debemos ser enfáticos en señalar que el citado sobresueldo compensatorio está previsto por el ordenamiento jurídico, únicamente para aquellos servidores incluidos expresa o taxativamente por las distintas leyes emitidas al efecto, o bien cuando una resolución judicial así lo autorice (artículos 5° y 9° inciso c), del Decreto Ejecutivo N° 22614 de 22 de octubre de 1993).

En la actualidad, en lo que interesa para el punto en consulta, el artículo 5° de la Ley N° 5867 dispone lo siguiente:

"Artículo 5.- Los beneficios dispuestos en los incisos a) y b) del artículo 1 de esta ley, se aplicarán a los funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo referidos en el artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y a los egresados de programas de licenciatura, maestría o doctorado en Derecho, que estén cumpliendo tales funciones. Estos beneficios se aplicarán, igualmente, a los funcionarios que en el nivel de licenciatura o egresados, laboren para el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Registro Civil y la Contraloría General de la República. Tal compensación se calculará sobre el salario de base correspondiente a cada institución." (Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7896 de 30 de julio de 1999).

Como es obvio, el legislador se ha dado a la tarea de reconocer y otorgar, con carácter imperativo, un rubro salarial que, en alguna medida, viene a compensar la apuntada restricción al ejercicio profesional a una gran parte de los servidores afectados por ella. No obstante, se han dejado de lado algunos de ellos; y en lo que interesa al caso en concreto, así lo detectó este Despacho en su oportunidad, pues como en ninguna de las leyes citadas se incluyó expresamente como beneficiarios de la compensación económica en estudio a los abogados de las municipalidades, ello implica que a esos profesionales no podría reconocérseles, como consecuencia del no ejercicio de la abogacía, compensación alguna, pues aunque la prohibición del ejercicio liberal de la profesión está contemplada expresamente en el ordenamiento jurídico, no existe norma alguna que respalde o autorice el reconocimiento de una retribución salarial por ese concepto (Véanse entre otros, la 0Opinión Jurídica O.J.-035-2000 de 27 de abril del 2000, el dictamen C-320-2001 op. Cit).

En síntesis, la exigencia insoslayable a que están sometidos los abogados municipales, en virtud del artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no obliga a la Administración a reconocerles, ipso facto, la compensación económica a que alude la Ley n° 5867, hasta tanto no exista disposición normativa expresa que así lo autorice." (el subrayado es nuestro)

"Ahora bien, algunas de las incompatibilidades que afectan a los profesionales mencionados en su consulta vienen impuestas por normas éticas. No ha de olvidarse en este sentido el claro fundamento ético público o de moral social que está implícito en el correcto ejercicio de la función pública. Así, a unos y otros profesionales éstas les imponen el abstenerse del ejercicio del cargo público en los asuntos que resulte incompatible. Entonces, en la función pública profesional deben abstenerse de participar en asuntos en que estén en ventaja para obtener un beneficio directo o indirecto, en provecho propio o de terceros. Es claro que en tales casos existe un conflicto con el interés público, el cual aún frente a supuestos de duda, exige optar por la solución que mejor lo satisfaga, cual es la abstención.

Por supuesto que el cumplimiento de esas normas éticas profesionales le viene impuesto a los servidores municipales por el mismo Código Municipal según vimos supra. Pero, aún más, a dichos funcionarios, les son aplicables las incompatibilidades que para determinados asuntos se prevén respecto de los servidores públicos en general. Nos referimos a los motivos de impedimento, excusa y recusación previstos en los artículos 49, 51 y 53 del Código Procesal Civil (CPC), por remisión del 230 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) y 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Al tenor de éstos, en lo que interesa, los profesionales municipales de cita, están impedidos de conocer tanto en los asuntos en que tengan interés directo o lo tengan sus parientes, como en aquellos en que sean o hayan sido abogados o peritos de la parte contraria a esa municipalidad (Arts. 49 incs. 1), 2) y 3); 53 incs 1) y 11) CPC)

De lo que viene expuesto, resulta fácil concluir que la arquitecta, el ingeniero topógrafo y el abogado de esa municipalidad, deben abstenerse de revisar y aprobar como funcionarios municipales, actos o trabajos realizados por ellos mismos en su ejercicio profesional independiente, si no lo hacen pueden ser recusados por el afectado o ser separados por el Alcalde Municipal, como Órgano Superior. (Arts. 231, 236 y 237 de la LGAP y 17 inciso a) del CM) Ahora bien, puesto que la participación de esos profesionales tiene por objeto ajustar a la técnica las decisiones municipales, su sustituto ha de ostentar las mismas calidades. Al efecto, el Alcalde hará su designación, vía delegación en algún otro funcionario que las ostente o bien contrate un tercero o acuda a la cooperación intermunicipal. (art. 4 inciso f), 7, 17 incisos a), b) y ñ) del CM, 89 y siguientes de la LGAP)"

"¿Es prohibido, conforme a lo dispuesto por los artículos 105 y 113 citados, para los arquitectos e ingenieros que ocupan el puesto de Jefes de ingeniería de las municipalidades, firmar planos y fungir como profesionales responsables de obras a construir por contribuyentes de las citadas entidades, si se toma en cuenta que esos funcionarios normalmente efectúan tasaciones para el cobro de los impuestos de construcciones y participan en la fiscalización de los trabajos como parte de su labor municipal?

De acuerdo con las consideraciones expuestas anteriormente, el artículo 113 supra citado, establece en el primer párrafo una incompatibilidad para desempeñar otros puestos públicos con o sin relación de dependencia a los Directores Generales, Subdirectores, Jefes o Subjefes de Departamento y de Sección de las dependencias de la Administración Tributaria, (con las excepciones ahí contempladas); en tanto que en el párrafo segundo contempla una prohibición genérica para todo el personal de la Administración Tributaria en cuanto al desempeño, en la empresa privada, de actividades relativas a materias tributarias. Dicha norma incluye, obviamente a los ingenieros municipales.

A pesar de ello, dicho artículo no establece ninguna retribución económica a la prohibición que impone, de ahí que, siendo consciente el legislador de tal laguna, promulgó la Ley N° 5867, que vino a establecer una compensación económica sobre el salario base de la Escala de Sueldos de la Ley de salarios de la Administración Pública, para el personal de la "Administración tributaria", que se encuentre sujeto en razón de sus cargos, a la prohibición contenida en el artículo 113 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Ver artículo 1°)

Esta ley parte de un concepto restringido de Administración Tributaria, circunscrito al Gobierno Central (Ministerio de Hacienda). Por esta razón se explica que el artículo segundo de la citada ley dispuso que corresponde al ministerio de Hacienda bajo del control de la Dirección General de Servicio Civil, determinar los casos en los que procede aplicar esa compensación, estableciendo expresamente que quienes están afectos a ello no podrán ejercer su profesión.

Es decir, esta ley constituye el paso de una prohibición relativa, que es la que contempla el Código aludido, donde únicamente impide llevar a cabo actividades relacionadas con materias tributarias, a una prohibición absoluta para el ejercicio de la profesión.

Dado que el concepto de Administración tributaria, según se dijo, no se circunscribe al Gobierno Central, sino que abarca a otros entes descentralizados, como las municipalidades, tanto esta Contraloría General como la Procuraduría General de la República han elaborado toda una jurisprudencia administrativa que admite extender los beneficios que consagra la Ley 5867, a los funcionarios de esos entes, aplicando las disposiciones pertinentes de dicha ley y del Decreto Ejecutivo N° 22614 que la reglamenta.

Sin embargo, eso no significa que debamos aplicar esa normativa integralmente a la Administración tributaria Descentralizada (por llamarla de alguna manera), por cuanto tal aplicación se contrapone o resulta incompatible con otras normas y principios inherentes a la autonomía y la naturaleza jurídica misma de las instituciones descentralizadas y las Corporaciones Municipales. De modo que para el caso de las municipalidades, correspondería directamente a ellas mismas determinar los funcionarios que desempeñen labores estrechamente relacionadas con la materia tributaria que administran, sin contar con el criterio del Ministerio de Hacienda o del Servicio Civil; claro está, sin perjuicio del control posterior que pueda verificar esta Contraloría.

Adicionalmente, para el caso de los ingenieros Municipales traemos a colación las regulaciones que en este sentido ha dictado el "Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica", las cuales son de acatamiento obligatorio por parte de los Ingenieros municipales.

Así tenemos que, mediante acuerdo tomado por la Junta Directiva General, en la sesión N° 36-77-G.O. del 13 de octubre de 1977, el referido Colegio adoptó las siguientes disposiciones:

"2. En los casos en que las Municipalidades tengan varios ingenieros, se permita que el plano sea aprobado en la Municipalidad, siempre que sea revisado por otro Ingeniero.