Estimado licenciado:

        Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me refiero a su oficio A.I.-04-387 del pasado 8 de setiembre del año en curso, a través del cual solicita la reconsideración del dictamen C-239-2004 de 18 de agosto del 2004. Asimismo, pide que se le informe sobre los siguientes aspectos:

        No existe razón alguna para reconsiderar de oficio el dictamen C-239-2004. En primer lugar, porque se ajusta a una línea jurisprudencial que ha asumido la Procuraduría General de la República, en el sentido de que los auditores pueden consultar al Órgano Asesor, sin necesidad de que aporten el criterio de la Asesoría Legal, en materias propias de su competencia. Más aún, en el dictamen C-239-2004 se hace acopio de ella; además, lo consultado no es subsumible dentro de las competencias de las auditorias.

        En segundo término, si la Procuraduría General de la República no actuara en la forma que lo hizo, por vía indirecta, podrían las auditorias internas rebasar su ámbito competencial, asumiendo o interfiriendo en las competencias propias de la Administración activa. Desde esta perspectiva, no resulta conforme a la realidad la afirmación de que lo consultado constituye materia de auditoria interna. Al respecto, en el dictamen que se pide reconsiderar indicamos lo siguiente:

        En tercer lugar, en el citado pronunciamiento se le informa que sobre los temas consultados el Órgano Asesor ha sentado una abundante jurisprudencial, la cual puede ser obtenida de la Asesoría Jurídica del Consejo de Seguridad Vial. Más aún, incluso puede ser consultada en nuestro Sistema Nacional de Legislación Vigente. Es con fundamento en ello que se declina, con sobrada razón, el ejercer la función consultiva en los temas planteados.

        En otro orden de ideas, debo informarle que la Procuraduría General de la República no ha emitido disposiciones respecto a los requisitos que deben seguir los auditores para solicitar un pronunciamiento. Empero, tal y como usted puede constatarlo, en el dictamen que se pide reconsiderar, se indica la jurisprudencia administrativa, en la cual se señalan los requisitos que se debe observar para que un auditor interno pida un dictamen al Órgano Asesor.

        En cuanto al otro aspecto, de si por ser los inspectores de tránsito recolectores indirectos de fondos públicos, lo relativo a la Dirección General de Policía de Tránsito, constituye materia de Hacienda Pública, le informo que no es posible asumir una postura única, válida y comprensiva de todos los supuestos que conlleva la organización y las competencias de esa Dirección. A nuestro modo de ver, todos aquellos aspectos que están relacionados con la Hacienda Pública, en forma directa o indirecta, son, como usted bien lo indica, competencia de la Contraloría General de la República. Empero, aquellos otros referentes a su organización y a su competencia o que estén relacionados con ella, obviamente, el ejercicio de la función consultiva corresponderá a la Procuraduría General de la República. Así las cosas, dependerá de cada caso y, consecuentemente, no es posible fijar una postura general, tal y como usted nos lo plantea.

        Como usted bien sabe, de conformidad con el artículo 184 constitucional y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, es a este Órgano al que le corresponde pronunciarse sobre aquellos asuntos donde está de por medio el uso correcto de los fondos públicos, así como la materia presupuestaria. En este sentido, el Órgano Asesor, en varios dictámenes, ha seguido esta línea de pensamiento. En efecto, en las opiniones jurídicas OJ-016-98 del 6 de marzo de 1998 y OJ-083-98 del 2 de octubre de ese mismo año, expresamos que la Contraloría General de la República es el órgano encargado constitucionalmente de la vigilancia de la Hacienda Pública y legislativamente, de conformidad con su Ley Orgánica, artículos 4 y 12, por lo que los criterios que emite el Órgano Contralor son de acatamiento obligatorio para la Administración Pública y vinculantes, lo cual se ve claramente plasmado en el citado artículo 12 que establece:

        Por otra parte, el Tribunal Constitucional, en el voto n.° 5090-03, señaló, en forma clara y contundente, que la Contraloría General de la República ejerce el control y la supervisión superior de la Hacienda Pública (control de la legalidad financiera) y, por consiguiente, todo lo referente al uso y el manejo de los fondos públicos es exclusivo de su competencia.

1.- Se confirma, en todos su extremos, el dictamen C-239-2004 de 18 de agosto del 2004.

2.- La Procuraduría General de la República no ha emitido disposiciones respecto a los requisitos que deben seguir los auditores para solicitar un pronunciamiento. Empero, existe jurisprudencia administrativa, en la cual se señalan los requisitos que se debe observar para que un auditor interno pida un dictamen al Órgano Asesor.

3.- En referente a si por ser los inspectores de tránsito recolectores indirectos de fondos públicos, lo relativo a la Dirección General de Policía de Tránsito, constituye materia de Hacienda Pública, no es posible asumir una postura única, válida y comprensiva de todos los supuestos que conlleva la organización y las competencias de esa Dirección.

        De usted, con toda consideración y estima,

 

 

Dr. Fernando Castillo Víquez

Procurador Constitucional

 

 

FCV/kgr

 

 

CC/ Alex Solís Fallas, Contralor General de la República.