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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Dictamen 041
 
  Dictamen : 041 del 28/01/2005   

26 de enero del 2005
C-041-2005
28 de enero del 2005
 
 
Licenciada
Aracelly Pacheco Salazar
Reguladora General
Autoridad Reguladora de Servicios Públicos

 


Distinguida señora:


 


Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me es grato referirme a su oficio n.° 1005-RG-2004 del 29 de octubre del 2004, a través del cual solicita el criterio de la Procuraduría General de la República respecto a la eventual prevalencia de los artículos 129 inciso ch) y 144 inciso d) de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres sobre los artículos 38 inciso d) y 44 de la Ley de la Autoridad Reguladora.


 


I.-        ANTECEDENTES.


 


A.-       Criterio de la Asesoría Jurídica del ente consultante.


 


Mediante oficio n.° 708-DJE-2004 del 17 de setiembre del 2004, suscrito por el Lic. Robert Thomas Harvey y el Lic. Francisco J. Muñoz Chacón de la Dirección Jurídica Especializada, se arriba a las siguientes conclusiones:


 


“1. El artículo 129 inciso ch) de la Ley de Tránsito se encuentra vigente y de conformidad con el criterio de la Procuraduría General de la República, los Oficiales de Tránsito pueden aplicar la sanción prevista en dicha norma.


 


2. Al tipificar como falta y sancionar una misma conducta, tanto el artículo 129 inciso ch) de la Ley de Tránsito, como el artículo 38 inciso d) de la Ley 7593, se viola el principio constitucional, non bis in ídem.


 


3. Los artículos 144 inciso d) de la Ley de Tránsito y 44 de la Ley 7593, no contiene sanciones, sino típicas medidas de coacción directa de naturaleza cautelar”.


 


B.-       Criterio de la Dirección General de Policía de Tránsito.


 


Por medio del oficio n.° ADPb-2677-2004 del 17 de noviembre del 2004, este despacho dio audiencia de la presente consulta al señor Juan Manuel Delgado Naranjo, director general de Tránsito. El citado funcionario, en la carta del 6 de diciembre del 2004, en lo que interesa, indica lo siguiente:


 


“En línea con lo anterior, resulta de importancia para la especie, mencionar que las autoridades de tránsito, sancionan a los conductores, aplicando alguna de las dos normativas supracitadas, es decir, aplican los artículos de la Ley de la ARESEP o en su defecto los artículos de la Ley de Tránsito, es decir, en ningún supuesto se aplica a un conductor ambas normativas por un mismo acto. Bajo momento alguno o circunstancia se han aplicado ambas leyes números 7331 y 7593 y sus artículos referidos, a un conductor por una misma conducta, siendo este el fundamento legal, en que se basan los inspectores de tránsito para actuar conforme a derecho.


 


Igualmente se debe considerar que no opera la derogatoria tácita para el caso que nos ocupa, tal y como así lo indica la Licda. Pacheco Salazar, en la consulta planteada ante la Procuraduría el 29 de octubre del año en curso, al indicar que no comparte el criterio, por cuanto los numerales de las leyes en comentario se encuentran vigentes y por lo tanto son eficaces. Así las cosas, mientras éstos, no hayan sido derogados por otra ley, ni declarados inconstitucionales, las autoridades de tránsito están facultados para sancionar, según dictamen C-218-2001 de 06 de agosto del 2001 de la Procuraduría General de la República.


 


Con fundamento en lo anterior, se puede arribar con meridiana claridad, de que en el presente caso no ha operado la derogación expresa ni tácita entre ambas normativas, pues sostener lo contrario, sería violentar las más elementales disposiciones y principios que rigen la materia de derogación y por lo tanto, sería un acto contrario a derecho”.


 


C.-       Criterios de la Procuraduría General de la República.


 


El tema de la derogatoria tácita que se nos plantea ha sido recurrentemente consultado al Despacho. Por tal motivo, se puede afirmar que el Órgano Asesor ha sentado jurisprudencia administrativa al respecto, por lo que estaremos recurriendo a nuestros pronunciamientos para fundamentar nuestra postura.


 


Además de lo anterior, en el dictamen C-218-2001 de 6 de agosto del 2001, concluimos lo siguiente:


 


“Los artículos 129 inciso ch) y 144 inciso d) de la Ley de Tránsito, se encuentran vigentes. Por lo tanto, hasta que alguna de las dos normas sea derogada o declarada inconstitucional, los oficiales de Tránsito pueden aplicar las sanciones previstas en ellas”.


 


II.-       SOBRE EL FONDO.


 


El asunto que usted nos plantea es novedoso, ya que nos lanza a analizar los preceptos legales que se encuentran en la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres, Ley n.° 7331 de 13 de abril de 1993, frente a las normas que están en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley n.° 7593 de 09 de agosto de 1996. Como puede deducirse de la lectura del dictamen C-218-2001, este aspecto no fue estudiado en esa oportunidad por dos razones. La primera, porque la duda que nos planteó el entonces ministro de Obras Públicas y Transporte fue  sobre  si era  “(…) jurídicamente viable que los Oficiales de la Policía de Tránsito de este Ministerio continúen sancionando a las personas que prestan el servicio de transporte no autorizado de conformidad con lo establecido en los artículos 129 inciso ch) y 144 inciso d) de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres No. 7331 o por el contrario se estaría aplicando una doble sanción por una misma falta".  La segunda, consecuencia de lo anterior, es que nunca se nos formuló el tema de la derogatoria tácita, tal y como usted lo hace en la presente consulta. Desde esta perspectiva, lo que se dijo en dictamen supra citado, debe ser visto a la luz del asunto consultado.


 


En vista de lo anterior, se hace necesario realizar un test comparativo entre los preceptos de la Ley n.° 7331 y los de la Ley n.° 7593. Los de la primera indican lo siguiente:


 


"Artículo 129.- Se impondrá una multa de veinte mil colones, sin perjuicio de las sanciones conexas, excepto lo dispuesto en el inciso g) del presente artículo:


(...) ch) Al conductor que se dedique a prestar el servicio de transporte público, en cualquiera de sus modalidades, sin contar con las respectivas autorizaciones, en violación de lo dispuesto en el inciso a), numeral 1 o en el inciso b), numeral 1 ambos del artículo 97 y del artículo 112 de esta ley” (...).


"Artículo 144.- Los oficiales de tránsito inmovilizarán los vehículos, ante las siguientes infracciones de sus conductores:


(...) d) Prestar el servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades, sin las respectivas autorizaciones, violando el numeral 1 del inciso a), o el numeral 1) del inciso b), ambos del artículo 97 y el artículo 112 de esta ley". (Así adicionado por Ley 7969 del 22 de diciembre de 1999)


 


Los de la segunda señalan lo siguiente:


 


“Artículo 38.- Multas


 


La Autoridad Reguladora sancionará, cumpliendo con el procedimiento administrativo previsto en la Ley General de la Administración Pública, con multa de cinco a diez veces el valor del daño causado que ella determine, a quien suministre un servicio público que incurra en cualquiera de las circunstancias siguientes:


 


(…) d) Prestación no autorizada del servicio público”.


 


“Artículo 44.- Cierre de empresas y remoción de equipo


 


La autoridad Reguladora procederá a ordenar, mediante resolución administrativa, el cierre inmediato de las empresas que utilicen sin autorización los servicios públicos o que sean proveedoras de un servicio público sin contar con la respectiva concesión o permiso. Igualmente, removerá cualquier equipo o instrumento que permita el uso abusivo e ilegal de los servicios regulados. Para ello, podrá contar con la ayuda de la fuerza pública.


 


Las sanciones se aplicarán sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad que pueda imputarse al prestatario del servicio público”.


 


Sobre el tema de la derogatoria tácita, el Órgano Asesor,  en el dictamen C-122- 97 del 8 de julio de 1997, manifestó lo siguiente:


 


“Nuestro ordenamiento jurídico regula lo relacionado con la derogación de normas, específicamente en el párrafo final del artículo 129 de la Constitución Política, en relación con el artículo 8° del Código Civil.


 


‘Artículo 129.-… La Ley no queda abrogada ni derogada, sino por otra posterior y contra su observancia no puede alegarse desuso ni costumbre o práctica en contrario’


 


‘Artículo 8. - Las leyes sólo se derogan por otras posteriores y contra su observancia no puede alegarse desuso o práctica en contrario. La derogatoria tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá también a todo aquello que en ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la ley anterior. Por la simple derogatoria de una ley no recobran vigencia la que ésta hubiere derogado’.


 


La Procuraduría General de la República, por su parte, se ha pronunciado en esta materia, partiendo para ello de lo expresado por nuestro Tratadista don Alberto Brenes Córdoba en su Obra  ‘Tratado de las Personas’ (Editorial Juricentro S.A., San José, 1986, p. 95), al afirmar que ‘desde el punto de vista doctrinario, el acto mediante el cual el legislador deja sin efecto una ley, se conoce con el nombre de abrogación o derogación. Términos que se utilizan para expresar la acción y el resultado de abolir una ley en su totalidad o en parte nada más. La derogación puede ser expresa o tácita, según se haga en términos explícitos, o que resulte de la incompatibilidad de la ley nueva con la ley anterior, ya que es principio general, que las leyes nuevas destruyen las leyes viejas en todo aquello que se le oponga’”.


 


Por su parte, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución número 130 de las 14:30 horas del 26 de agosto de 1992, indicó lo siguiente:


 


“La derogación de una norma jurídica se origina en la promulgación de otra posterior, a la cual hace perder vigencia. Tal principio lo consagra nuestro Derecho  Positivo en el artículo 8 del Código Civil y en el 129 de la Constitución Política.  Asimismo, según se deriva de dichas disposiciones, la derogatoria puede ser expresa o tácita.  La tácita sobreviene cuando surge incompatibilidad de la nueva ley con la anterior, sobre la misma materia, produciéndose así contradicción. ..”.


 


Sin ánimo de profundizar mucho en la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y de la Procuraduría General de la República sobre el tema de la derogatoria tácita, se puede afirmar, con un alto grado de certeza, que para que este fenómeno jurídico acontezca se requiere de dos condiciones. En primer lugar, que la normativa posterior regule la misma materia de la normativa anterior. En segundo término, que del análisis comparativo entre ambas normativas se produzca una antinomia que las torne incompatibles e impida la armonización del régimen jurídico ahí establecido. Se requiere, en síntesis, que la nueva ley o norma, por su contenido, alcance y significado, sustituya completamente la disposición anterior.


 


Por lo tanto, la derogatoria tácita cesa la vigencia de una norma cuando esta es incompatible con otra del ordenamiento jurídico que regula la misma materia y la norma más reciente no indica en forma expresa la terminación de la vigencia de aquella norma anterior que le es incompatible. En consecuencia, al no indicarse expresamente, es el operador jurídico quien debe determinar si opera o no una derogatoria tácita.


 


Para constatar la reforma o derogatoria tácita de una norma, como se indicó atrás, son dos pasos que deben seguirse:


 


a.- Establecer la existencia efectiva de la incompatibilidad objetiva entre el contenido de los preceptos de la antigua norma y los de la nueva.


 


b.- La determinación de los alcances de esa incompatibilidad (véase el dictamen C-215-95 de 22 de setiembre de 1995).


 


Es importante indicar que la incompatibilidad debe ser de tal grado o magnitud que permita calificar de contradicción insalvable, puesto que no fue la voluntad expresamente manifiesta del legislador derogar la norma.


 


En el caso en estudio, existe una duda razonable, por lo menos en un supuesto (artículo 129, inciso ch de la Ley n.° 7331 y el artículo 38, inciso d) de la Ley n.° 7593), de si se ha producido o no la derogatoria tácita. A favor de la derogatoria se puede argumentar que la normativa posterior regula la misma materia que la legislación anterior (imposición de una multa por prestar el servicio público sin autorización), y, además, resultan incompatibles entre sí, ya que de aplicarse la dos se violentarían no solo el numeral 129 de la Constitución Política, sino también el principio non bis in ídem. En contra de la derogatoria tácita, se puede indicar que la norma de la ley de tránsito es específica (quien “preste el servicio de transporte público”), mientras que la de la ARESEP es genérica (“a quien suministre un servicio público”). Empero, la debilidad de este argumento está en que la ley posterior, al regular en forma genérica los servicios públicos, entre los cuales, obviamente, se encuentra el transporte público, derogó tácitamente la ley anterior al comprender la materia por ella regulada.  Otro argumento que se esboza, es que en ambas normativas el tipo de sanción es diferente. En la Ley de Tránsito la multa es de veinte mil colones, mientras que en la Ley de la ARESEP es de cinco a veinte salarios.  La debilidad de esta postura está en que las diferencias entre las sanciones no implica que se esté ante una materia diferente. Pese a esas diferencias en la forma de regulación, la materia es la misma: imposición de una multa por prestar el servicio público sin la autorización respectiva. Ante esta disyuntiva, debemos indicar que existe un argumento adicional de mucho peso, para sostener que no se ha producido una derogatoria tácita, y es que la Asamblea Legislativa mediante Ley n.° 7969 de 22 de diciembre de 1999, “Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad Taxi”, en su artículo 62, inciso d), reformó el numeral ch) del artículo 129 de la Ley n.° 7331, enmienda que luego fue declarada inconstitucional por medio de la resolución n.° 2992-00 de la Sala Constitucional, aclarada por la resolución n.° 4888-01, lo que supone, sin lugar a duda, que desde la óptica del Parlamento la Ley n.° 7593 no derogó tácitamente la Ley n.° 7331 en el extremo de comentario, por la elemental razón de que fue objeto de reforma con posterioridad a la vigencia de la Ley n.° 7593; dicho en forma negativa, si se hubiera producido la derogatoria la Asamblea Legislativa nunca la hubiera reformado. Precisamente la enmienda porque la tiene como vigente. Así las cosas, si para la Asamblea Legislativa no operó la derogatoria tácita mal haría el Órgano Asesor en apartarse de esa postura. 


 


No así en el otro supuesto (artículo 144, inciso d) de la Ley n.° 7331 y el artículo 44 de la Ley n.° 7593), donde no existe ninguna duda sobre el tema, ya que el primero le otorga la competencia a los oficiales de tránsito de inmovilizar los vehículos cuando presten el servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades, sin las respectivas autorizaciones, mientras que el segundo, le confiere la potestad a la ARESEP del cierre de empresas y remoción de equipo cuando prestan un servicio público en esas condiciones. En este segundo caso, podría sostenerse la tesis que el artículo 144, inciso d) de la Ley n.° 7331 es una norma especial en relación con el numeral 44 de la Ley n.° 7593 y, en consecuencia, cuando se trata de vehículos que prestan el servicio público, en cualquiera de sus modalidades, sin la respectiva autorización, se debe aplicar el primero y no el segundo. La Procuraduría General de la República se ha pronunciando sobre la relación entre las normas generales y las especiales. En efecto, en el dictamen C-063-2004 de 24 de febrero del 2004, expresamos lo siguiente:


 


“Los criterios de hermenéutica jurídica ofrecen argumentos para resolver las antinomias normativas. Entre esos argumentos se encuentran los criterios jerárquico, cronológico y de especialidad.


 


Cabría cuestionarse si dicha conclusión puede ser afectada por la aplicación del criterio de especialidad. Este criterio parte de que la norma general no deroga la especial. Criterio que tiene sus excepciones, por lo que no es de aplicación absoluta.


 


El criterio de especialidad de las normas es un criterio relacional, ya que una norma no es especial en sí misma considerada, sino que es especial en relación con otra norma. La especialidad implica sustraer un determinado supuesto de hecho de la regulación de otra norma más general, singularizando la regulación de determinados supuestos de hecho”.


 


Por su parte, en el dictamen C-007-2003 de 16 de enero del 2003, agregamos lo siguiente:


 


“Como ha sido puesto en evidencia por la doctrina y jurisprudencia, el criterio de especialidad es un criterio relacional, en el sentido en que ninguna norma es por sí misma especial, sino que lo es en comparación con otra. La norma “especial” constituye una excepción respecto de lo dispuesto por otra de alcance más general. Lo que impide que el supuesto de hecho regulado por la norma quede comprendido en el más amplio de la ley de alcance general:


 


 ‘De su propia definición se desprende la relatividad del concepto de ley especial. Este es relativo, ante todo, por su naturaleza relacional: una norma no puede ser intrínsecamente especial, sino que lo ha de ser por comparación con otra norma. La generalidad y la especialidad no son rasgos esenciales y absolutos de las normas. Son, más bien, graduaciones de su ámbito de regulación, que, en cuanto tales, sólo adquieren sentido cuando se parangonan con los ámbitos de regulación de otras normas. Pero es más: si la especialidad radica en concretar un supuesto de hecho a partir de otro más amplio, resulta evidente que una norma, especial con respecto a otra, puede a su vez ser general con respecto a una tercera y así sucesivamente. La especialidad, como característica relacional de las normas, es susceptible  -como si de un sistema de círculos concéntricos se tratara- de reproducirse indefinidamente, a medida que las previsiones normativas del ordenamiento van diferenciándose y concretándose’. L, DIEZ-PICAZO: La derogación de las leyes, Civitas, Madrid, 1990, p. 345”.


 


Con fundamento en lo anterior, se podría concluir que la ARESEP le corresponde establecer la sanción, mientras que a los oficiales de tránsito el imponer la medida cautelar que indica el inciso d) del artículo 144 de la Ley n.° 7331.


 


Ahora bien, la postura que estamos siguiendo contrasta con la asumida por el Tribunal Constitucional, en los votos n.° 8088 y 8089 del 2004, cuando expresó lo siguiente:


 


 


III.- De conformidad con el artículo 5º inciso f) de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Nº 7593, ese ente tiene potestades para velar por la prestación óptima de, entre otros, los servicios públicos relacionados con cualquier medio de transporte público remunerado de personas, salvo el aéreo. El numeral 38 inciso d) de la misma Ley le confiere la potestad de imponer la sanción de multa, cumpliendo el procedimiento administrativo previsto en la Ley General de la Administración Pública, a quien suministre un servicio público sin estar autorizado a ello. Y el artículo 44 ibídem confiere competencia a la Autoridad Reguladora para decretar las medidas cautelares de cierre inmediato de las empresas que utilicen sin autorización los servicios públicos o que sean proveedoras de un servicio público sin contar con la respectiva concesión o permiso; así como de remover cualquier equipo o instrumento que permita el uso abusivo e ilegal de los servicios regulados, para lo cual podrá contar con la ayuda de la fuerza pública. De forma conjunta con la institución dicha, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ejerce el control de los servicios de transporte público concesionados o autorizados (artículo 2º de la Ley reguladora del transporte remunerado de personas en vehículos automotores, Nº 3503), dándosele a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en el caso de los vehículos taxi, el carácter de instancia superior en la regulación, el control y la vigilancia del servicio público concesionado (artículo 2º de Ley reguladora del transporte remunerado de personas en vehículos taxi, Nº5406).


 


IV.- De esta forma, resulta incuestionable la competencia de la autoridad recurrida para celebrar el procedimiento administrativo en el que se definirá si el recurrente contravenía el ordenamiento jurídico al prestar el servicio público de taxi sin tener licencia para hacerlo. Es incuestionable, del mismo modo, la competencia de las autoridades involucradas para decretar el decomiso del vehículo, instrumento de la eventual infracción y de sujetarlo cautelarmente al procedimiento mencionado. Esto, sin perjuicio del deber de conservación del bien que corresponde a las autoridades depositarias. El recurso, en consecuencia, debe desestimarse”. (Las negritas no corresponden al original).


 


Vistas así las cosas, más que un problema de antinomia entre la norma anterior y posterior, estamos ante un caso, poco común pero real, en el sentido de que el ordenamiento jurídico establece dos mecanismos no excluyentes para actuar cuando se produce el supuesto de hecho que prevén las normas. Es decir, estamos ante un caso típico de competencias concurrentes, donde resulta válido que los oficiales de tránsito actúen conforme a la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres inmovilizando los vehículos, debiendo informar al ARESEP para que inicie el procedimiento administrativo tendente a imponer la sanción que se prevé en el inciso d) del artículo 38 de la Ley n.° 7593; pero también resulta válido que la ARESEP proceda al decomiso del vehículo, requiriendo para ello a los oficiales de tránsito. Ergo, tanto el inciso d) del artículo 144 de la Ley n.° 7331 como el artículo 44 de la Ley n.° 7593 están vigente y, dependiendo de las circunstancias, las autoridades competentes están autorizada por el ordenamiento jurídico a actuar con fundamento en ellos. En vista de lo anterior, entre la ARESEP y la Dirección General de Tránsito deben establecerse las acciones de coordinación necesarias para dar cabal cumplimiento al ordenamiento jurídico. Así lo han venido haciendo, ya que entre la ARESEP y el MOPT se suscribió un convenio, el cual fue complementado mediante la resolución n.° RRG-333-2004 emitida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (véase el folio n.° 2 de la carta del 6 de diciembre del 2004, suscrita por el Director General de Tránsito). Sobre el deber de coordinación, en el dictamen C-070-2004 de 26 de febrero del 2004, indicamos lo siguiente:


 


 


“(…) En primer término, debemos agregar que la Procuraduría General de la República no desconoce la actividad de coordinación que le impone el ordenamiento jurídico a los órganos y entes públicos. Esta potestad y actividad está reconocida en nuestra Ley General de la Administración Pública, entre otros, en los numerales 26, 27 y 28. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha desarrollado el concepto, aunque referido al ámbito municipal, al indicar, en el voto n.° 5445-99, lo siguiente:


 


Definida la competencia material de la municipalidad en una circunscripción territorial determinada, queda claro que habrá cometidos que por su naturaleza son exclusivamente municipales, a la par de otros que pueden ser reputados nacionales o estatales; por ello es esencial definir la forma de cooparticipación de atribuciones que resulta inevitable, puesto que la capacidad pública de las municipalidades es local, y la del Estado y los demás entes, nacional; de donde resulta que el territorio municipal es simultáneamente estatal e institucional, en la medida en que lo exijan las circunstancias. Es decir, las municipalidades pueden compartir sus competencias con la Administración Pública en general, relación que debe desenvolverse en los términos como está definida en la ley (artículo 5 del Código Municipal anterior, artículo 7 del nuevo Código), que establece la obligación de ‘coordinación’ entre la municipalidades y las instituciones públicas que concurran en el desempeño de sus competencias, para evitar duplicaciones  de esfuerzos y contradicciones, sobre todo, porque sólo la coordinación voluntaria es compatible con la autonomía municipal por ser su expresión. En otros términos, la municipalidad está llamada a entrar en relaciones de cooperación con otros entes públicos, y viceversa, dado el carácter concurrente o coincidente -en muchos casos-, de intereses en torno a un asunto concreto. En la doctrina, la coordinación es definida a partir de la existencia de varios centros independientes de acción, cada uno con cometidos y poderes de decisión propios, y eventualmente discrepantes; pese a ello, debe existir una comunidad de fines por materia, pero por concurrencia, en cuanto sea común el objeto receptor de los resultados finales de la actividad y de los actos de cada uno. De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible ‘concierto’ interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la "tutela administrativa’ del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).


 


La relación de cooperación definida ha sido comprendida por la Sala Constitucional, que en forma reiterada ha señalado que para que puedan llevarse a cabo los proyectos de las distintas instituciones públicas, debe hacerse con respeto del ordenamiento jurídico: en primer lugar, las normas de rango constitucional, y después, las de rango legal y reglamentarias, de manera tal que, para que el Poder Ejecutivo o los otros entes públicos lleven a cabo proyectos de su iniciativa en una determinada localidad, deben contar con los respectivos permisos y licencias municipales, si es del caso, como lo indicó en sentencia de amparo número 02231-96, transcrita, en lo que interesa, en el Considerando VIII de esta sentencia.


 


Esta obligación de coordinación entre las instituciones del Estado y las municipalidades está implícita en la propia Constitución Política; así por ejemplo, en lo que se refiere a la potestad tributaria municipal, en tanto que, la iniciativa debe ser de los propios Concejos, tanto para su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, como para la exención de los tributos, aún tratándose de la política económica del Estado, como se indicó en sentencia número 2311-95, supra citada; con lo cual, se está diciendo que debe existir una debida y obligada coordinación entre el Estado y los entes corporativos locales, cumpliéndose así lo ordenado por esta disposición, sin que ello implique una invasión a la autonomía municipal. Igualmente, estima la Sala que en materia de planificación urbana se debe dar esa misma relación de coordinación, aún cuando se ha definido -por disposición constitucional- que la planificación urbana es competencia de los gobiernos locales, la misma debería ordenarse de conformidad con las directrices y lineamientos generales del Plan Nacional de Urbanismo elaborado por el Poder Ejecutivo (a propuesta de la Dirección de Urbanismo del INVU y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica) e integrado en el Plan Nacional de Desarrollo a que alude la Ley de Planificación Nacional, en el entendido de que ese Plan debe ser aprobado por una ley ordinaria. Con este marco de referencia, es que analizan las normas cuestionadas.’


 


También la Sala Constitucional ha extendido el deber de coordinación al ámbito ambiental, al establecer dentro de los parámetros constitucionales para el uso y disposición del ambiente, la regla de la coordinación entre las diversas dependencias públicas a fin de garantizar su protección (véase el voto n.° 6322-2003)


 


Ahora bien, no sólo en el supuesto de las competencias concurrentes es necesaria la coordinación. También debe recurrirse a ella, cuando un problema desborda la competencia de un ente u órgano público y, consecuentemente, afecta la competencia de otros, de forma tal que, la única forma de resolverlo eficazmente es aunando esfuerzo y recursos de todos los entes y órganos que se ven afectados; verbigracia: el flagelo de la prostitución infantil no puede resolverse sin el concurso del Ministerio de Seguridad Pública, el Instituto Costarricense de Turismo, el Patronato Nacional de la Infancia, la Dirección General de Migración, etc.  En otras ocasiones, se debe recurrir a la coordinación, con el propósito de hacer un uso eficiente de los recursos, donde el principio de escasez (los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas) adquiere mayor dramatismo cuando se trata de sociedades en vía de desarrollo. Eventualmente, también se debe coordinar, cuando un ente u órgano público planea intervenir en una actividad o función, la cual, lógicamente, está dentro de la esfera de su competencia, pero, dado los cambios que está produciendo la revolución tecnocientífica en el entorno social, es indispensable participar a otras entes y órganos que han sido forzados, por el desarrollo de los acontecimientos, a incursionar en actividades novedosas. En fin, podríamos seguir dado supuestos en los cuales se impone la necesidad de coordinar; empero, nuestra pretensión es más modesta: simplemente el señalar de que estamos conscientes de la necesidad que tiene la Administración Pública de recurrir a esta importante actividad en una sociedad cada vez más compleja e interrelacionada”.


 


III.-     CONCLUSIONES.


 


1.-       El inciso ch) del artículo 129 de la Ley n.° 7331 no fue derogado tácitamente por el inciso de d) del artículo 38 de la Ley n.° 7593. En consecuencia, ambas normas están vigentes.


 


2.-       Tanto el inciso d) del artículo 144 de la Ley n.° 7331 como el artículo 44 de la Ley n.° 7593 están vigente y, dependiendo de las circunstancias, las autoridades competentes están autorizada por el ordenamiento jurídico a actuar con fundamento en ellos.


 


De usted, con toda consideración y estima,


 


 

Dr. Fernando Castillo Víquez
Procurador Constitucional

 


 


FCV/mvc


 


 

Copia:  Sr. Juan Manuel Delgado Naranjo,
            Director General de Tránsito