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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Dictamen 034
 
  Dictamen : 034 del 26/01/2005   
( RECONSIDERADO DE OFICIO PARCIALMENTE )  

San José, 00 de diciembre del 2004
C-034-2005
26 de enero del 2005
 
 
Msc. Floribeth López Ugalde
Presidenta de la Junta Directiva
Banco Popular y de Desarrollo Comunal
S. O.

Estimada señora:


 


            Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, doy  respuesta a su oficio No. PJDN-267-04 de 24 de mayo del 2004, en el que solicita el criterio de este Órgano Asesor en torno a la aplicación del Reglamento Interior de Trabajo del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, a los funcionarios que no están cubiertos por la Convención Colectiva de Trabajo.


 


            Se adjunta a su consulta el criterio del Director de la Asesoría Jurídica, señor Humberto Jiménez Sandoval, contenido en Oficio No. ADJ-017-04 de 30 de enero del 2004.


 


I.- ANTECEDENTES:  


 


            Guardan relación con el tema consultado los siguientes oficios emitidos por la Contraloría General de la República.  


 


A.- Oficio No. DAG-J-209-2004 de 2 de febrero del 2004


 


            El Órgano Contralor, a través de su División de Asesoría y Gestión Jurídica, emitió oficio dirigido a la Presidencia de la Junta Directiva del Banco Popular en el que se pronunció sobre la imposibilidad jurídica de aplicar la convención colectiva de trabajo a los gerentes de sucursales  nombrados antes de la firma de la Segunda Reforma a la Tercera Convención Colectiva.  Al respecto, indicó: 


 


“En virtud de las consideraciones expuestas, esta Contraloría General vierte su criterio en el sentido de que los funcionarios que ocupan puestos de gerentes de sucursal, como todos los demás funcionarios de nivel gerencial, no pueden obtener beneficios derivados de la convención colectiva, independientemente de su fecha de nombramiento en el puesto.


En consecuencia, la modificación introducida al artículo 2° de la Tercera Convención Colectiva del Banco Popular a raíz de la segunda reforma firmada el 26 de junio de 1998, que pretendió conservar la cobertura de dicho instrumento para los gerentes de la sucursal que ya ocupaban el cargo  a esa fecha, no puede ser invocada para mantener la aplicación de esos beneficios a dichos funcionarios, en virtud de que ello resultaría contrario a las normas de orden público que regulan el régimen de servicio de estos funcionarios (las que no puede desconocer un instrumento de esa naturaleza), así como a la jurisprudencia vinculante erga omnes dictada por la Sala Constitucional sobre la materia, y en general al Principio de Legalidad consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política, ante lo cual debe ceder la citada cláusula convencional. “


 


B.- Oficio  No. FOE-FEC-095 de 19 de febrero del 2004


 


            Mediante el oficio No. FOE-FEC-095 de 19 de febrero del 2004, el Órgano Contralor, por medio de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, se refirió a una solicitud de la Presidenta de la Junta Directiva del Banco Popular sobre la legalidad de aplicar el  Reglamento Interior de Trabajo a quienes no están cubiertos por la Convención Colectiva de Trabajo.  En lo conducente se señaló:


 


“Sobre el particular debemos indicarle que la consulta formulada versa sobre materia laboral, la cual es ajena a la competencia de este órgano de fiscalización superior, por lo que hemos procedido al archivo de su solicitud sin especial pronunciamiento de nuestra parte.  A su vez le recomendamos elevar su inquietud ante la Procuraduría General de la República, al ser dicha entidad la competente para pronunciarse sobre el extremo consultado.


Sin embargo, de una rápida lectura del articulado que conforma el nuevo Reglamento Interior de Trabajo, encontramos que en su artículo 23 se regula la “Alimentación cuando se labora tiempo extraordinario”.  Sobre este tema ya esta Contraloría General se ha pronunciado en reiteradas ocasiones advirtiendo que tales beneficios resultan improcedentes dado que no existe una norma que habilite a la Administración a conceder éstos a sus trabajadores…” 


 


C.- Oficio No. FOE-FEC-189 de 30 de marzo del 2004


 


Mediante el oficio de referencia, dirigido al Gerente General del Banco Popular, Msc. Renán Murillo Pizarro,  el Ente Fiscalizador a través de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de Servicios Financieros, Economía y Comercio,  reiteró lo  indicado en el oficio No. 095 de 19 de febrero del 2004,  en el sentido de no  referirse al Reglamento Interior de Trabajo por versar sobre materia laboral, ajena a la materia del órgano de fiscalización superior.  Además se insistió sobre la improcedencia de aplicar el  artículo 23 del Reglamento relativo a la “Alimentación cuando se labora tiempo extraordinario”, en tanto no existe norma legal que autorice a conceder ese beneficio.  A la vez que destacó que “nos extraña ahora encontrar que el numeral indicado fue incluido y aprobado por la Junta Directiva, pese a lo señalado en el oficio supraindicado”.


 


II.- INAPLICABILIDAD DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO A RELACIONES DE EMPLEO PÚBLICO


 


Es menester indicar que el reglamento interior de trabajo constituye un instituto jurídico propio del derecho del trabajo que conforma el denominado “derecho normativo laboral”, y cuya finalidad es la de regular las condiciones de trabajo en el ámbito privado.


 


Desde esa perspectiva, se le define por la autorizada doctrina ius laboralista como “el conjunto de disposiciones que, dictadas por el empresario unilateralmente o de acuerdo con los trabajadores, a su servicio, y con la intervención de la autoridad estatal o sin ella, contiene las normas necesarias para el desenvolvimiento efectivo de la prestación laboral al fijar las líneas generales de los servicios laborales y el modo de ejecutar las tareas(…) integra un cuerpo de normas que regulan tanto la ejecución del trabajo como, en parte, la organización interna de la empresa.  Constituye así una manifestación del ordenamiento jurídico positivo, en el que, si bien el empresario puede fijar el esbozo preferible para su establecimiento o actividad profesional, no tiene valor hasta que logre la aprobación de la autoridad competente y se incorpore al ordenamiento jurídico en vigor” (CABANELLAS,  Guillermo. “Compendio de derecho laboral, Tomo II, Biografía Omeba, Argentina, Buenos Aires, 1968, páginas 548, 554 y 555).         


 


El Código de Trabajo en sus numerales 66, 67 y 68 además de definirlo establece su contenido y las reglas para su aprobación,   al disponer:     


 


“Artículo 66.- Reglamento de trabajo es el elaborado por el patrono de acuerdo con las leyes, decretos, convenciones y contratos vigentes que lo afecten, con el objeto de precisar las condiciones obligatorias a que deben sujetarse él y sus trabajadores con motivo de la ejecución o prestación concreta del trabajo”.


 


“Artículo 67.-  Todo reglamento de trabajo debe ser aprobado previamente por la Oficina Legal, de Información y Relaciones internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será puesto en conocimiento de los trabajadores con quince días de anticipación a la fecha en que comenzará a regir; se imprimirá en caracteres fácilmente legibles y se tendrá constantemente colocado, por lo menos, en dos de los sitios más visibles del lugar de trabajo.


Las disposiciones anteriores se observarán también para toda modificación o derogatoria que haga el patrono del reglamento de trabajo.”


 


“Artículo 68.- El reglamento de trabajo podrá comprender el cuerpo de reglas de orden técnico y administrativo necesarias para la buena marcha de la empresa; las relativas a higiene y seguridad en las labores, como indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales e instrucciones para prestar los primeros auxilios en caso de accidente y, en general, todas aquellas otras que se estimen convenientes. (…)”


 


Se observa, sin mayor esfuerzo,  que el contenido normativo de un Reglamento Interior de Trabajo no es compatible con relaciones de empleo público, en virtud de  que éstas se  encuentran regidas por las normas y  principios del derecho  público, tal y como  este Órgano Consultivo lo precisó  en el dictamen No. C-241-79 de 16 de octubre de 1979, al indicar:


 


“…I.- La Ley General de la Administración Pública, dentro de su articulado, no contiene disposición en que expresa o implícitamente se refiera a la promulgación de reglamentos internos de trabajo.  Por el contrario, la precitada ley, viene a cambiar radicalmente el sistema que regia con anterioridad,  al establecer  que a las relaciones de servicio  les es aplicable el derecho administrativo (artículo 111 y siguientes), operándose en esa forma una “publificación” dentro del régimen de empleo público, entiéndase por tal, la aplicación del derecho público y sus principios en lugar del derecho laboral”.     


 


Bajo ese mismo crisol,  en dictamen  No. C- 048 de 28 de febrero de 1980  manifestamos que:   


 


“… en su relación con la Administración el servidor público está sometido, conforme lo expresa la ley, a un régimen de derecho público, donde priva como directriz fundamental el principio de legalidad, en virtud del cual las condiciones de la relación de servicio están encuadradas en último término por la norma y a tal relación sólo le serán aplicables las disposiciones del correspondiente régimen, sin que puedan invocarse disposiciones, principios ni criterios pertenecientes a otras ramas del Derecho, salvo en la medida en que el propio régimen lo admita (…) Finalmente, es importante advertir que en mérito de la naturaleza jurídica de la relación de servicio público, no le son aplicables, por principio, aquellas normas, instituciones ni criterios que el ordenamiento jurídico laboral ha proveído para normar relaciones obrero- patronales en atención o como consecuencia de la naturaleza contractual.  Instituciones como el reglamento interior de trabajo (verdadero contrato colectivo de trabajo), así como el convenio o la convención colectiva de trabajo, no se avienen con la naturaleza de la relación estatutaria, toda vez que presuponen una relación contractual en que la voluntad de las partes interviene para representar intereses de rango particular, jurídicamente similares y, desde ese plano, ambas partes convienen las condiciones de la prestación  de  servicios.   Obviamente,   no  es   el  caso   de   la relación estatutaria con el que el servidor público se vincula a la Administración”  (El resaltado en negrilla no es del original).


 


            Así,  ha quedado patentizado,  que el  reglamento interior de trabajo  está previsto para trabajadores comunes,  con una relación de trabajo estrictamente laboral, o a lo sumo,  para normar relaciones de trabajo “de carácter mixto” (como ocurre con los trabajadores de  las empresas del Estado,  o en las que se brindan servicios económicos),   por lo que no constituye un instrumento idóneo para regular relaciones de empleo público como son las de los niveles de administración y fiscalización  superior del Banco,  que inclusive se encuentran  regidos por normativa de rango jerárquicamente superior,  como se expondrá de seguido.


 


III.- FONDO DE LA CONSULTA:


 


Es dable señalar que en esa entidad bancaria coexiste una dicotomía de regímenes de empleo; junto al personal regido por un régimen mixto, es decir, en el que se aplica la legislación laboral común  siempre que “no se vea desplazada por consideraciones de orden superior propias del derecho público” (Fallo de la Sala Constitucional No.7730-2000 de las 14:47 hrs. del 30 de agosto del 2000),   se encuentran ciertos puestos en régimen de empleo estrictamente público, denominados por la doctrina y por la jurisprudencia constitucional  de “alto nivel”, que no son trabajadores en el auténtico sentido de la palabra,  sino que su relación de servicio se encuentra regida por el derecho administrativo y sus principios,  por ser verdaderos servidores públicos.  (Artículo 112 inciso 1)  de la Ley General de la Administración Pública). 


 


En ese sentido, la  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su fallo número 244-2001 de las 14:46 horas del 10 de enero del 2001,  al referirse a la situación de los funcionarios del nivel superior que excluía la convención colectiva de trabajo del INS sostuvo que: “… los empleados de esta institución no pueden ser considerados como funcionarios públicos, salvo el caso de los puestos gerenciales y de fiscalización superior – a quienes sí se les aplica el régimen de empleo público – con lo cual se les excluye de las normas laborales de orden común, lo que incluye las convenciones colectivas.” (el subrayado es nuestro).     


 


Igual  posición siguió el Tribunal Constitucional en la sentencia No. 12953-2001 de las 16: 25 horas del 18 de diciembre del 2001, cuando en su considerando V, in fine, sostuvo que: “resulta de rigor presumir que estos servidores realizan funciones de “Gestión Pública” que, como señala la Procuraduría, entrañan “un poder de decisión y fiscalización, en su caso, superiores” (folio 34) y que, por ende, configuran un régimen de empleo que se encuentra regulado íntegramente por el derecho público”. (el subrayado no es del original). 


 


 Así,  tanto el nombramiento, remoción, atribuciones, régimen disciplinario y salarial, y en general,  todo lo concerniente a la  relación de servicio de esos funcionarios se encuentra regulado por el ordenamiento público; amén de ser algunos de esos puestos de los denominados “de período”,  por lo que gozan de estabilidad en sus cargos, todo lo cual hace diferencias importantes con respecto al personal laboral de esa institución bancaria.      


 


La Ley Orgánica del Banco Popular (No. 4531 del 11 de julio de 1969 y sus reformas), en sus numerales 26, 27, 27 (bis), 28 , 28 (bis) y 33,  y  su  Reglamento  (Decreto 5945 del 30 de marzo de 1976 y sus reformas),  en sus artículos 37, 38, 39, 40, 44, 77, 78 y 79 disponen sobre el nombramiento,  atribuciones, requisitos y causas de remoción de los gerentes,  subgerentes, gerentes de sucursales,  auditor y subauditor del Banco. Por otra parte, es a su Junta Directiva a quien corresponde determinar la remuneración de esos cargos, mediante la aplicación del ordenamiento público,  los  principios de la técnica jurídica y las directrices emitidas por el Presidente de la República,  en cuanto a las políticas salariales.


 


Luego, en lo atinente a los puestos de auditor y subauditor,  el artículo 29 y siguientes de la Ley General de Control Interno (No. 8292 de 31 de julio del 2002),  dispone expresamente sobre los requisitos, jornada laboral, nombramiento,  conclusión de la relación de servicio, deberes, potestades y prohibiciones de los que desempeñan esos cargos.  Por su lado, el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (  No. 7428 de 7 de setiembre de 1994), señala que tanto el auditor como el subauditor son inamovibles y sólo podrán ser suspendidos o destituidos de su cargo por justa causa y por decisión emanada del jerarca respectivo, previa formación del expediente administrativo y dictamen favorable del Ente Contralor.


 


Por otra parte,  en cuanto a la materia de sanciones de algunos  funcionarios excluidos de la convención colectiva, este Órgano Asesor ya había señalado en dictamen No. C-060-2003 de 28 de febrero del 2003, lo siguiente:   


 


“Ahora bien, con relación a los otros funcionarios contemplados en el artículo 1° del reglamento (Directores de Macroprocesos, Gerentes de Sucursales, Coordinadores de Proceso, Asesores de Gerencia), así como los citados en el inciso c) del artículo 2 de la convención colectiva (Jefes de División – llamados actualmente Directores de Macroproceso, según la nueva Estructura Institucional- y Gerentes de Sucursales), en materia de sanciones les será aplicable el procedimiento establecido en el numeral 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.  Lo anterior debido a la naturaleza pública del vínculo de esos funcionarios, (doctrina del numeral 112, inciso 1 de la ley antes citada, en cuanto establece que: ”El derecho administrativo será aplicable a las relaciones de servicio entre la Administración y sus servidores públicos”. En ese sentido se reitera que la naturaleza pública del vínculo de ese grupo de funcionarios – junto con los llamados “gerenciales” y de “fiscalización superior”- también fue definida por la Sala Constitucional en los fallos 244-2001 y 12953-2001, según las transcripciones que se hicieran en su oportunidad". (El subrayado y el resaltado es nuestro).


 


Como ha quedado claramente expuesto, el vínculo de los funcionarios de consulta con  esa entidad bancaria conlleva, indefectiblemente, a que sea el derecho administrativo y sus principios el que regule su relación de servicio, y por ende, cualquier beneficio salarial o de otra índole debe estar autorizado expresamente en el ordenamiento jurídico que les corresponde. Es decir, en virtud del principio de legalidad, cardinal del derecho administrativo,  solamente les son aplicables las disposiciones  del régimen de empleo público,  sin que pueda aplicarse normas, principios o instituciones pertenecientes al derecho laboral privado, salvo que por norma expresa así se autorice.


 


Aunado a lo expuesto,   advierte  este Órgano Consultivo que algunos de los artículos del Reglamento de comentario son  una extensión de los beneficios convencionales,  lo que sin duda constituye una razón adicional para insistir en la falta de viabilidad jurídica para aplicar ese instrumento a los cargos excluidos de la convención colectiva.  Verbigracia,   el  artículo 23 del Reglamento titulado “Alimentación cuando se labora en tiempo extraordinario” es prácticamente una copia textual del artículo 35 de la Convención Colectiva; igual sucede con el artículo 32 del Reglamento  relativo a  las “Vacaciones” en relación con el 25 de la Convención,  y el 66 sobre  las “Licencias Laborales” respecto al 31 convencional.   En  ellos se otorgan beneficios que  no podrían concederse a los funcionarios excluidos del instrumento colectivo,  en razón de que no existe norma alguna en el ordenamiento público que faculte a la Administración a conceder a esos funcionarios los tópicos en los términos que ahí se estipularon. Por el contrario, otorgarlos mediante la aplicación del Reglamento podría considerarse un subterfugio para incorporar beneficios de la convención colectiva a quienes  les están vedados.


 


No sobra indicar que ya este Órgano Consultivo vertió criterio vinculante respecto a la inaplicabilidad de derechos convencionales a los altos empleados de ese Banco, cuando en dictamen No. C-030-2001 del 12 de febrero del 2001,  se indicó:


 


“Cabe agregar que la improcedencia de reconocer beneficios contenidos en convenciones colectivas de trabajo a favor de los indicados funcionarios del nivel superior, ha sido categóricamente establecida, tanto por reiterada jurisprudencia constitucional como por la de esta Procuraduría.  En ese sentido se pronunciaron los fallos citados en el dictamen C-248-2000 de 9 de octubre de 2000, a saber: No. 3854-92, que como es sabido, se relaciona precisamente con la convención colectiva de ese Banco; igualmente, los números 2308-95, 5577-96 y 1355-96.  A ellos incluso se agrega la nueva sentencia número 2531-94 de 15:42 horas del 31 de mayo de 1994, que también, en forma categórica, consideró como ajustada a derecho de la constitución la exclusión de ese instrumento colectivo de los funcionarios que ocupan “cargos de alto nivel” en esa entidad bancaria.   


Igualmente, en el dictamen C-281-98 de 22 de diciembre de 1998, se hizo referencia a toda una trayectoria jurisprudencial de esta Procuraduría, en donde se ha sostenido la improcedencia de reconocer beneficios convencionales a quienes desempeñen los indicados puestos.  Incluso se citó allí el dictamen C-063-94 de 27 de abril de 1994,  que se basó en una sentencia de la Sala Segunda de la Corte (No. 191 de 9:10 horas del 22 de setiembre de 1994) que desautorizó el reconocimiento de los beneficios convencionales que la Junta Directiva de RECOPE había hecho a los funcionarios de alto nivel.  En el mismo sentido destaca también la tesis seguida en el dictamen C- 082-98 de 6 de mayo de 1998, en donde esta Procuraduría rechazó terminantemente la tesis de que el reconocimiento de beneficios convencionales para los puestos gerenciales y de fiscalización superior del INS debía mantenerse, por existir de por medio “una costumbre laboral”…”    


 


            Esa misma tesitura la mantuvo esta Procuraduría en el dictamen  No. C-004-2003 de 16 de enero del 2003,  en donde se señaló, categóricamente, que los funcionarios de esa Entidad Bancaria, excluidos de la convención colectiva, se rigen por normas y principios de derecho público y no por el derecho del trabajo y  se conminó a la Administración a ajustar a derecho la situación jurídica de esos funcionarios, mediante su exclusión de los derechos convencionales y la aplicación a aquellos de la normativa de derecho público existente.


 


Valga acotar a lo expuesto, que algunas de estas cláusulas convencionales incorporadas  en el Reglamento Interior de Trabajo generan serios cuestionamientos en cuanto a su legalidad y constitucionalidad. Tal es el caso del beneficio de alimentación en horas extraordinarias, antes mencionado, del que ya el Órgano Contralor se refirió en los oficios números FOE-FEC-095 del 19 de febrero 4 y FOE-FEC-189 de 30 de marzo, ambos del 2004,  dirigidos a la Presidencia y Gerencia General de esa Entidad Bancaria, de los cuales se hizo alusión al inicio de este estudio.  


 


Igualmente es cuestionable el inciso g) del artículo 66 del Reglamento, y el literal g) del artículo 31 de la Convención Colectiva en tanto señalan que:


 


“En casos especiales no contemplados en este artículo y debidamente justificados, el Banco podrá conceder permiso con goce de salario” .


 


 Como se observa, en ambos artículos se autoriza al Banco a conceder permisos con goce de salario e incluso se deja  abierta la posibilidad de que se autoricen  para asuntos personales de los empleados, o por razones ajenas a los intereses del Banco, con verdadero detrimento de los fondos públicos que administra. 


 


Por último, es dable señalar que la recién citada cláusula convencional ha sido  objeto de impugnación en la acción de inconstitucional que se tramita actualmente ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con el número de expediente 04-000777-007-CO,  por lo que será en definitiva ese Tribunal quien  resuelva al respecto.


 


 No obstante, es importante anotar que ya  la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  en la sentencia número 12953-2001 de 18 de diciembre del 2001, desautorizó ese tipo de licencias,  cuando en lo de interés señaló: 


 


“Al igual que el artículo 33 de la Convención Colectiva de RECOPE que le sirve de precedente, esta norma permite que la clase gerencial de la refinadora pueda obtener permisos con o sin goce de salario por razones personales, siempre que el gestionante lo solicite en forma debidamente fundamentada ante la Junta Directiva.  De esta manera, las razones que llevaron a la anulación del referido artículo 33 de la Convención Colectiva, le son enteramente aplicables al artículo 10.  En efecto, que el ordinal mencionado le permita a la Junta Directiva de RECOPE otorgar permisos con goce de sueldo a los Ejecutivos de la empresa por razones personales, es claramente inconstitucional.  Recuérdese que la refinadora lleva a cabo una función de interés general- como Empresa Pública que es- y debe orientar y determinar el curso de todas sus actuaciones en pos de dicha finalidad.  En consecuencia, al desempeñar esta labor, RECOPE hace –o debe hacer- acopio de fondos públicos únicamente con el objeto de realizar el interés público, que en este caso consiste en  potenciar las necesidades del servicio que debe brindar.  Y


entonces, si ésta permite que sus ejecutivos se ausenten del trabajo con goce de salario, lo lógico es esperar que tales ausencias se fundamenten en una necesidad de orden institucional, que reporte algún beneficio a la entidad autorizante.  De este modo, si se da pie -como lo hace la norma cuestionada-  para que los ejecutivos puedan obtener permisos con goce de salario por razones personales –que obviamente no se corresponden con las mencionadas necesidades del servicio-, a la sazón se actúa en detrimento de la austeridad y corrección que debe imperar en el manejo de los fondos públicos, puesto que pagarle a los empleados de RECOPE por atender sus asuntos, en el fondo, hace posible que éstos se enriquezcan ilícitamente con tales fondos públicos. Y, evidentemente, no se requiere efectuar un exhaustivo análisis para concluir que la norma aludida carece de cualquier  razonabilidad en ese sentido.”   (El resaltado es nuestro).   


 


III.-  CONCLUSIÓN:


 


            Por todo lo anteriormente expuesto,   se concluye que no es jurídicamente posible aplicar el Reglamento Interior de Trabajo a los funcionarios excluidos de la Convención Colectiva de Trabajo del Banco Popular, en virtud de que aquel instrumento está previsto para ser aplicado a trabajadores comunes, o en un régimen mixto  (término utilizado por la Sala Constitucional en su resolución No. 7730-2000 de las 14:47 horas del 30 de agosto del 2000),   por lo que no es idóneo para regular relaciones de empleo público como son las de los puestos de confianza de nivel superior de ese Banco; amén de que aquellos se encuentran regidos en cuanto a su nombramiento, remoción, funciones,   responsabilidades,  y en general, en todo a lo atinente a su relación de servicio,  por normas de orden público.


 


            De usted con toda consideración,


 


 

MSc. Ana Milena Alvarado Marín
PROCURADORA ADJUNTA a.i.

 


 


Kvh