C-142-1994

OPINION LEGAL-142-1994

 DE LA  PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

El suscrito, Adrián Vargas Benavides, mayor, casado, vecino de San José, Abogado, con cédula de identidad N. 4-105-889, en mi condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, según Acuerdo del Consejo de Gobierno N. 152 de la Sesión Ordinaria N. 97 de 24 de marzo de 1992, publicado en La Gaceta N. 106 del 3 de junio de 1992 y ratificado por la Asamblea Legislativa, según Acuerdo N. 2796 de 28 de abril de 1992, publicado en La Gaceta N. 105 del 2 de junio de 1992, emito la siguiente OPINION LEGAL respecto del Convenio de Garantía, suscrito el 28 de julio de 1993, entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, por un monto equivalente a veintiséis millones de dólares estadounidenses, para financiar el segundo programa de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario de Costa Rica.

HAGO CONSTAR QUE:

PRIMERO: Que mediante el referido Convenio de Garantía, la República de Costa Rica acuerda garantizar incondicionalmente las obligaciones derivadas del Contrato de Préstamo N. 3625-CR,suscrito entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por un monto equivalente a veintiséis millones de dólares estadounidenses.

SEGUNDO: Que mediante el artículo 3° de la Ley N. 7418 de 6 de julio de 1994, la Asamblea Legislativa aprobó el citado Convenio de Garantía.

TERCERO: Que dicha aprobación legislativa es requisito indispensable para la validez del convenio de Garantía, en virtud de lo dispuesto en el artículo 121, inciso 15 de la Constitución Política.

CUARTO: Que producida dicha aprobación, el referido Convenio no requiere para su validez y eficacia de ninguna otra aprobación legislativa o administrativa. Por lo que se han cumplido los requisitos exigidos constitucional y legalmente para la vigencia de un contrato de garantía de la República de Costa Rica.

EN CONSECUENCIA: El referido "Convenio de garantía" establece una obligación directa, válida y vinculante para el Garante, exigible de conformidad con sus términos.

Dada en la Ciudad de San José, a los veintiséis días del mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro.

Lic. Adrián Vargas Benavides

Procurador General de la República