C-174-79

San José, 20 de agosto de 1979

Sr. Alcides Gómez G.

Gerente General

Banco Crédito Agrícola de Cartago

Cartago.

Estimado señor:

Por encargo y con la aprobación del señor Sub-Procurador General de

la República, me refiero a su atento oficio de 18 de junio del año en

curso, dirigido al Lic. Fernando Chinchilla C., Procurador Civil de este

Despacho, en el cual consulta si los Bancos del Estado están obligados a

dar información a las Comisiones Investigadoras nombradas por la Asamblea

Legislativa sobre aspectos diferentes a las cuentas corrientes.

Sobre el particular cabe de previo recordar que con la emisión del

Decreto-Ley Nº 71 de 21 de junio de 1948 se nacionalizó la banca

particular quedando desde entonces como monopolio del Estado la

movilización a través de las instituciones bancarias propias, de los

depósitos del público, a efecto de imprimir a la banca la orientación

crediticia que el país requiere. Lo anterior fundamentándose en razones

de interés público como son las expuestas en los considerandos que

anteceden al texto del Decreto-Ley citado, donde se dice expresamente que

las actividades agrícolas, industriales y comerciales dependen vitalmente

del crédito bancario, y que la orientación de ese crédito es determinante

del progreso o estancamiento del país; agregando que funciones económicas

de tal magnitud constituyen por su propia naturaleza función pública; en

tal forma que siendo la función que realiza la banca pública, públicos

tienen que ser los documentos por los que aprueba o realiza operaciones.

También debe tenerse en cuenta que el artículo 189 de la

Constitución Política inicia la enumeración de las Instituciones

Autónomas precisamente con los Bancos del Estado, carácter que desde

luego no pierden por el simple hecho de que la nueva Ley General de

Administración Pública en su artículo 3.2 los somete al derecho privado;

en tal forma que sus dependencias gozan del carácter de oficiales que

supone el párrafo segundo, inciso 23, artículo 121 de la Constitución

Política. Siendo ello así que las Comisiones de Investigación que nombra

la Asamblea Legislativa pueden concurrir libremente a las oficinas

bancarias y requerir la información que necesiten en el cumplimiento de

su cometido, y los funcionarios bancarios se encuentran obligados a

suministrar toda la información y documentos que les sean solicitados,

salvo cuando tal información o documentos se refieran a las cuentas

bancarias, por que éstas como se analizó en pronunciamiento anterior que

Ud. menciona en oficio, en virtud de lo que estatuye el artículo 615 del

Código de Comercio son de carácter confidencial.

Cabe agregar que es clara la intención del constituyente de investir

a esas comisiones investigadoras de potestades especialísimas, por lo que

no sólo les dio libre acceso a las dependencias oficiales, entre ellas

conforme a lo expuesto los Bancos del Estado, sino que también las

facultó para recibir toda clase de pruebas y hacer comparecer ante ellas

a cualquier persona con el objeto de interrogarla (Inciso 23 del

artículo 121 de la Constitución Política).

De usted atentamente,

Licda. Mercedes Solórzano Sáenz

PROCURADORA II DE LA REPUBLICA

MSS/er.e