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 PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 113 del 11/07/1994
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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Dictamen 113
 
  Dictamen : 113 del 11/07/1994   

C-113-94.


11 de julio de 1994.


 


Master


Emilio Obando Cairol


Director


Departamento de Recursos Humanos


Banco Central de Costa Rica


S. D.


 


Estimado señor:


            Con la aprobación del señor Procurador General de la República, nos es grato referirnos a su atento oficio, Nº RH- 1036-94 del 4 de los corrientes, mediante el cual requiere el dictamen favorable de esta Procuraduría a que se refiere el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, a efectos de que esa institución declare la nulidad de la actuación administrativa consistente en la suscripción de un "contrato de adiestramiento en servicio", celebrado entre el Banco y el señor xxx, funcionario del mismo, el 2 de mayo de 1994.


            En un pronunciamiento reciente (C-080-94 del 17 de mayo de 1994), esta Procuraduría caracterizó su participación en el procedimiento disciplinado en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, de la siguiente manera:


"El proceso de lesividad constituye una garantía para los administrados, en cuya virtud debe entenderse proscrita la posibilidad de que la Administración declare, en vía administrativa, la nulidad de actos suyos creadores de derechos subjetivos favorables a aquéllos. Para el logro de tal finalidad debe, más bien, demandar la anulación ante la jurisdicción contencioso- administrativa, debiendo --a tales efectos—haber declarado previamente que el acto es lesivo a los intereses públicos, económicos o de otra naturaleza (artículos 10.4 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa).


Empero, dicha regla conoce una excepción, establecida en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública. A su tenor, queda la Administración autorizada a declarar, en la vía administrativa y sin necesidad de recurrir al contencioso de lesividad, la nulidad de un acto declaratorio de derechos, cuando la misma, además de ser absoluta, sea evidente y manifiesta.


Aun así y también en garantía del administrado, en el procedimiento respectivo subsiste la intervención de un órgano ajeno al autor del acto en cuestión: la Procuraduría General de la República. Su actuación en estas hipótesis, se plasma mediante la emisión de un dictamen vinculante, que reviste la naturaleza de un acto de control preventivo de legalidad; lo anterior, en el tanto que dicho dictamen, que ha de rendirse antes de dictar el acto final del procedimiento, debe ser favorable a la pretensión anulatoria de la Administración, en el sentido de acreditar que en la especie los vicios del acto son efectivamente de tal magnitud".


            A lo dicho en la oportunidad referida, cabe agregar que el órgano administrativo legitimado para hacer una declaratoria de tal jaez, cuando se trate de actos provenientes de un ente público menor, lo es el jerarca respectivo; de manera que sería dicho órgano el que, previa instrucción del expediente correspondiente, debe requerir el pronunciamiento de esta Procuraduría, antes de dictar el acto final del procedimiento.


            A la luz de las anteriores consideraciones, resulta que la petición por usted formulada es inadmisible por prematura. En el caso que nos ocupa, dicha solicitud debe provenir de la Junta Directiva del Banco, como trámite previo a dictar la resolución final dentro de un procedimiento administrativo ordinario, en el que se dé la necesaria participación del destinatario de los efectos del acto que se persigue así anular, según está disciplinado por los artículos 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. En tal oportunidad, dicha gestión deberá ir acompañada con el respectivo expediente administrativo.


            En razón de lo expuesto, omitimos toda referencia sobre el fondo de la petición formulada por el Banco Central, que será eventualmente atendida en el momento correspondiente.


            Del señor Director del Departamento de Recursos Humanos del Banco Central de Costa Rica, atento se suscribe,


Dr. Luis Antonio Sobrado González


PROCURADOR ADJUNTO


LAS.e


/BCCR.173/