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 PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 382 del 31/10/2007
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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Dictamen 382
 
  Dictamen : 382 del 31/10/2007   

C-382-2007


31 de octubre de 2007


 


Doctor


Sergio Ramírez Acuña


Presidente Junta Directiva


Junta de Protección Social de San José


 


Estimado señor:


 


         Me refiero a su atento Oficio Nº PRES-214-2006 de 19 de diciembre de 2006, mediante el cual solicita reconsideración del Dictamen C-486-2006 de 8 de diciembre de 2006.


 


         Por haberse gestionado dentro del plazo establecido en el artículo 6 de la Ley  Nº 6815 de 27 de setiembre de 1982 (Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República), la reconsideración fue conocida en Asamblea de Procuradores, en sesión número IV-2007, celebrada el día 30 de octubre de este año. En dicha sesión se conoció el proyecto de dictamen elaborado por el Lic. German Luis Romero Calderón, y se aprobó lo siguiente: 


  


I.- ANTECEDENTES


 


         Mediante Oficio Nº PRES-098-2006 del 4 de setiembre de 2006, en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva Nº JD-359, artículo VI, inciso 6), de sesión 26-2006 de 29 de agosto de 2006, se consultó a la Procuraduría General sobre la factibilidad, desde el punto de vista legal, de reconocer en sede administrativa el Estudio Integral de Puestos realizado en el año 1998, al amparo del artículo 32 de la Convención Colectiva suscrita en al año 1971, a partir de las resoluciones judiciales dictadas en firme en el Ordinario Laboral Nº 01-005025-0166-LA, planteado por varios servidores de esa Institución, que les resultó favorable a sus intereses. En este sentido, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia Nº 551-2006, ordenó la aplicación del citado estudio a los actores en el proceso.


 


         A partir de lo anterior, es que se solicitó el criterio de este Órgano Consultivo, sobre la posibilidad legal de aplicar, en vía administrativa, el Estudio Integral de Puestos realizado en el año 1998, no solo a los servidores que figuraron como parte en el proceso y que obtuvieron un resultado favorable, sino a todos los demás servidores de la Institución, reconocimiento que implica, además, el pago de las sumas retroactivas dejadas de recibir con sus respectivos intereses, desde el nacimiento de la obligación hasta su efectivo pago.  


 


Ello, indica el consultante, por cuanto la Sala en el citado fallo, sostuvo que la aplicación del referido estudio quedó enmarcado dentro del concepto de derecho adquirido a favor de los servidores de la Institución y, además, en consideración a una eficiente administración de los recursos institucionales, en el tanto, el reconocimiento extensivo de los alcances del fallo al resto del personal, evitaría el pago de costas, intereses y demás gastos derivados del trámite y resolución de futuras reclamaciones judiciales por dicho concepto.


 


De hecho, existen dos procesos en trámite por los mismos extremos, es decir, la aplicación del Estudio Integral de Puestos del año 1998 (Expedientes Nº 02-0242-166-LA y Nº 05-01718-166-LA, ambos con sentencia de primera instancia favorable a los actores).     


 


         En respuesta a lo anteriormente consultado, este órgano técnico-jurídico emitió el Dictamen Nº C-486-2006 de 8 de diciembre de 2006, mediante el cual concluyó lo siguiente:


 


a) La jurisprudencia administrativa  de este Órgano Asesor ha sostenido que la convención colectiva suscrita entre la Junta de Protección Social y la Federación de Trabajadores de la Salud perdió vigencia desde el año 1982, al no haber sido prorrogada por los procedimientos establecidos para ello en las directrices emitidas por el Consejo de Gobierno, cuya inobservancia genera, además, problemas en cuanto a la constitucionalidad de la convención indicada. b) De un análisis de la resolución 551-2006, se desprende que la Sala Segunda no entró a valorar en la sentencia si las prórrogas de la convención  colectiva realizadas con anterioridad al año 1998 estuvieron ajustadas a derecho. Ello a pesar de que la jurisprudencia de ese órgano jurisdiccional ha señalado como requisito para la validez de las convenciones colectivas, el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Consejo de Gobierno desde el año de 1980 para realizar las prórrogas de las convenciones. Asimismo, tampoco realizó una valoración sobre las prórrogas operadas en la convención a la luz de lo señalado en la resolución 4453-200 del Tribunal Constitucional, a pesar de que fue utilizado como precedente jurisprudencial para resolver el caso concreto. c) Que existen otros procesos pendientes de resolución ante los estrados judiciales, y en los cuales se debaten los puntos aquí consultados.   d) La resolución 551-2006 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia no resulta aplicable al resto de trabajadores de la Junta de Protección social, toda vez que sus efectos están limitados a los trabajadores que se constituyeron en partes dentro del proceso judicial en el que se dictó la sentencia señalada. e) Tampoco puede considerarse que la sentencia 551-2006 sea jurisprudencia de aquél Tribunal Laboral, por cuanto no existen pronunciamientos reiterados sobre el tema, solamente existen dos sentencias que resultan contradictorias entre sí. Por otra parte, y aunque la sola ausencia de un criterio reiterado impide considerar a la resolución 551-2006 como jurisprudencia, tampoco es posible extraer de la resolución en comentario, normas generales para la aplicación a los casos concretos. f) A partir de las razones apuntadas, es claro que la resolución 551-2006 no constituye un precedente jurisprudencial que resulte de obligado cumplimiento para la Junta de Protección Social por lo que no parece prudente aplicar la sentencia de la Sala Segunda a todos los trabajadores de le entidad”. 


 


II.- SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN


 


Mediante Oficio Nº PRES-214-2006 de 19 de diciembre de 2006, la entidad consultante, dentro del término de ley, formula solicitud de reconsideración del Dictamen C-486-2006, con base en argumentos referentes a la vigencia y validez de la convención colectiva suscrita entre la Junta de Protección Social de San José y la Federación de Trabajadores de la Salud en el año 1971, así como también con fundamento en consideraciones sobre la jurisprudencia judicial y administrativa en torno a la aplicación de la cláusula 32 de la mencionada convención colectiva.


 


III.- EN CUANTO A LA ALEGADA “VIGENCIA Y VALIDEZ ACTUAL DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA (APARTE I DEL PLANTEAMIENTO DE RECONSIDERACIÓN)


 


No obstante las consideraciones formuladas por el solicitante acerca del tema de la vigencia y validez de la convención colectiva, éste, de manera expresa, manifiesta que en la presente reconsideración se está solicitando no la declaratoria de vigencia de la Convención Colectiva (ver pág. 4, párrafo tercero del oficio de solicitud de reconsideración), sino, la aplicación general del Estudio Integral de Puestos, que se deriva de su cláusula 32.   Y, en líneas posteriores agrega: “… lo que se pretende con la solicitud de reconsideración, es dar aplicación general al estudio integral de puestos, con el objeto de que no se produzcan diferencias salariales entre quienes realizan una misma función laboral o entre quienes ocupan un mismo puesto de trabajo”.


 


Como puede verse, lo que se solicita es la aplicación general del citado estudio a través de la aplicación extensiva, en vía administrativa, de la sentencia de la Sala Segunda Nº 2006-00551, que fue lo que en esencia trató el dictamen C-486-2006, y que aquí es motivo de la reconsideración que nos ocupa. En razón de lo anterior estima pertinente esta Procuraduría omitir referirse al tema de la vigencia y validez del texto convencional aludido, por carecer éste de interés actual, al menos para los efectos de la reconsideración planteada, por expresa manifestación del solicitante.  


 


Sobre este particular, debemos realizar además dos acotaciones. La primera, referida a la utilización de la jurisprudencia de nuestros tribunales, en torno a la vigencia de la Convención Colectiva que se realiza en el dictamen C-486-2006 y en segundo lugar, la imposibilidad de que esta Procuraduría se pronuncie sobre asuntos que se encuentran pendientes de resolución ante los tribunales de justicia.


 


En el primer supuesto, de una lectura integral del dictamen C-486-2006 se desprende que las citas de la jurisprudencia administrativa tienen por finalidad establecer la inexistencia de una posición jurídica única en torno a la vigencia de la convención colectiva, en atención a que la posición histórica de la Procuraduría es contraria a la que ahora se sostiene por parte de la resolución 551-2006 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.  Ello lleva a concluir a esta Procuraduría que la resolución de la Sala Segunda cuya extensión se solicita, no constituye un precedente de obligado cumplimiento para la Junta de Protección Social de San José.  


 Así las cosas, es en este sentido, y no en torno a la vigencia o no de la convención colectiva, que se ha recurrido a la jurisprudencia de  éste órgano Asesor en el dictamen de cita, por lo que no resultaría procedente pretender reabrir la discusión en torno a la vigencia de la convención colectiva que suscribió la Junta de Protección Social en el año de 1971, a partir de la reconsideración del dictamen C-486-2006, en el tanto éste no constituyó un tema analizado en el dictamen de cita.


 


Por otra parte, y como se analizará con mayor detalle líneas más abajo, ha sido una posición sostenida reiteradamente por esta Procuraduría la de considerar inadmisible pronunciarse sobre asuntos pendientes de resolver ante los Tribunales de Justicia.


 


Tal y como se desprende de los antecedentes del pronunciamiento C-486-2006, existen al menos dos procesos judiciales más en donde se discute acerca de la aplicación de la cláusula 32 de la Convención Colectiva bajo análisis, en los cuales grupos numerosos de trabajadores están solicitando el reconocimiento de los derechos que en su criterio les corresponden a partir de la aplicación de aquella norma convencional. 


 


A partir de ello, es claro que la competencia de la Procuraduría para pronunciarse en torno a si la Convención Colectiva suscrita se encontraba vigente a efectos de aplicar la cláusula convencional, no era posible sin afectar en forma directa los procesos judiciales pendientes, razón por la cual no era procedente tal pronunciamiento.  


 


Sobre este particular, este Órgano Asesor ha señalado:


 


Respecto a consultas que involucren aspectos que están siendo discutidos en procesos judiciales, este Órgano Asesor ha resuelto de la siguiente manera:


“…estamos frente a un asunto que se está ventilando en los Tribunales de Justicia. En efecto, el suscrito es el representante del Estado en el juicio ordinario que planteó COOPESA contra aquél a causa de la situación que se presenta con la aplicación del régimen tarifario en el AIJS, el cual se tramita bajo el expediente judicial n.° 01-000416-0163-CA. Frente a este panorama, la Procuraduría General de la República no puede ni debe ejercer la función consultiva, toda vez que el tema está residenciado en sede judicial y, por consiguiente, serán los Tribunales de Justicia quienes, en definitiva, dirán a cuál de las partes le asiste la razón mediante una sentencia con el carácter de cosa juzgada material. Por otra parte, un dictamen de la Procuraduría General de la República podría verse como una interferencia indebida en el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de los jueces, la cual, como bien se sabe, está regentada por los principios de exclusividad, universalidad e independencia del juzgador.”    (OJ-043-2003 de 12 de marzo de 2003. En el mismo sentido OJ-077-2007 del 8 de agosto de 2007, OJ-17-2007 del 27 de febrero de 2007, OJ-107-2006 del 26 de julio de 2006, OJ-163-2004 del 1° de diciembre del 2004 y 230-2003 del 12 de noviembre del 2003.  Lo subrayado no está contenido en el original).


 


En el mismo sentido, mediante dictamen C-323-2005 de fecha 6 de setiembre del 2005, se dispuso que:


 


“Por otra parte, al estar dirimiéndose esos asuntos en los Tribunales de Justicia, mal haría el Órgano Asesor al emitir un dictamen vinculante, pues se podría entender nuestro acto como una intromisión indebida en el ejercicio de la función jurisdiccional, principalmente en cuanto a la postura jurisprudencial que ha venido sosteniendo la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia sobre la materia en consulta (Re soluciones Número 2004-00743 de las 14:45 horas del 2 de setiembre, 2004-00761 de las 10:30 horas del 10 de setiembre y 2004-01110 de las 09:30 horas del 21 de diciembre, todas del 2004 ) .


Puede afirmarse entonces que la Administración consultante está sujeta inexorablemente a la decisión de los Tribunales de Justicia sobre la materia en consulta, por lo que obligadamente deberá esperar lo que se resuelva expresamente en la sede jurisdiccional al respecto.


En virtud de que la presente consulta versa sobre un tema pendiente de resolverse en sede judicial, esta Procuraduría considera que los consultantes deben atenerse a lo que disponga el órgano jurisdiccional que conoce de la causa. (Dictamen C-313-2007 del 6 de setiembre del 2007)


 


A partir de lo expuesto, el análisis sobre la reconsideración del dictamen C-486-2006 deberá realizarse sobre la base del tema discutido en el dictamen, es decir, sobre la posibilidad de aplicar como un precedente obligatorio, a todos los demás servidores, la resolución número 551-2006 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.


 


IV.- SOBRE EL DICTAMEN C-183-1997


 


         Reseña el solicitante que dicha cláusula ha sido objeto de análisis no sólo con ocasión del Estudio Integral de Puestos del año 1998, sino a partir de un estudio similar del año 1994, en aplicación también de la cláusula 32. Por no autorizar la Autoridad Presupuestaria los recursos para el pago, con fundamento en que se contravenían los lineamientos de política salarial, algunos servidores demandaron en sede judicial su aplicación, ocasionando así la sentencia en su favor Nº 2478  de 8:00 hrs. del 15 de octubre de 1996, del Juzgado Tercero de Trabajo, confirmada por la Nº 436 de 9:35 hrs. del 14 de mayo de 1997 del Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José (este fallo quedó firme por cuanto no se formuló recurso de Casación).


 


         Indica que, en aquella ocasión, también se consultó a esta Procuraduría General sobre si era posible aplicar en sede administrativa, de manera general, a los demás empleados de la Institución, los efectos de la sentencia dictada en su favor.


 


         Mediante Dictamen C-183-97 de 25 de setiembre de 1997, este Órgano consultivo, en lo que interesa, indicó:


 


En principio, las resoluciones judiciales sólo son vinculables para las personas que han sido parte en el proceso de que se trate, de manera que únicamente quienes han intervenido en él y han logrado que se acojan sus pretensiones, se podrían ver beneficiados directamente con el derecho que ha sido declarado en sentencia.


En el caso que nos ocupa, si bien no se trata de generalizar los efectos de la sentencia -pues como ya se dijo, ello técnicamente no es posible- sí es preciso analizar si las razones en que se sustentaron dichas resoluciones, ameritan que en vía administrativa se reconozca al resto de servidores de la Institución, los incrementos salariales derivados del estudio integral de puestos realizado en 1994.


A pesar de lo dicho, y aún partiendo de la posibilidad de que ante nuevos procesos judiciales se hagan valer los anteriores argumentos en procura de la defensa de los intereses de la Institución, resulta poco factible -desde nuestra perspectiva- un cambio de posición de los Tribunales en torno al punto. Sobre todo si se considerara -como ya se hizo, equivocadamente a nuestro juicio, en las resoluciones de referencia- que la clasificación y valoración anual de puestos, puede encerrar un derecho, que por estar previsto en una cláusula normativa, se encuentra "incorporado a los contratos de trabajo" de los servidores de la Junta.


Aparte de ello, resulta indiscutible que un cambio de criterio en vía judicial para quienes no figuraron como actores, generaría una diferencia salarial entre servidores que realizan las mismas tareas, lo que en principio infringiría lo dispuesto en el artículo 57 Constitucional.


Con fundamento en lo expuesto, es criterio de esta Procuraduría que sí es factible reconocer administrativamente las diferencias salariales derivadas del estudio integral de puestos realizado en 1994, a todo el personal de la Institución y no sólo a aquellos que plantearon reclamos en vía judicial obteniendo sentencia favorable. Los intereses que eventualmente se reconozcan en vía administrativa, deberán correr a partir de los noventa días naturales posteriores a la fecha en que inició la mora de la Administración”. (Procuraduría General de la República. Nº C-183-97 de 25 de setiembre de 1997).


  


Como se desprende de la cita anterior, el criterio externado en el dictamen resulta coincidente con el criterio externado en el pronunciamiento C-486-2006.  En efecto, en el primer párrafo transcrito se afirma con contundencia que la resolución judicial cuya extensión se solicitaba en aquella oportunidad, no constituía un precedente de obligado cumplimiento para la Junta de Protección Social de San José, en atención a que únicamente resultaba vinculante para las partes del proceso judicial bajo análisis.   


 


Esta posición es idéntica a la sostenida en el pronunciamiento C-486-2006, pues al tenor de lo establecido en el artículo 153 Constitucional es evidente que la sentencia dictada en un proceso judicial sólo puede afectar a las partes del proceso.


Ahora bien, no desconoce esta Procuraduría que en el dictamen C-183-1997 se concluye que es posible la extensión de la resolución dictada a los otros funcionarios de la Junta de Protección Social, sin embargo, ello obedeció a criterios de oportunidad y conveniencia y no a criterios jurídicos.  Tal y como se desprende de la lectura del dictamen del año 1997, este Órgano Asesor señaló claramente que existían otros criterios metajurídicos que podrían ser considerados por parte de la Junta de Protección Social para decidir, en atención a sus competencias administrativas, si aplicaba la resolución a los demás trabajadores de la Junta de Protección Social.


 


No obstante lo dispuesto por el dictamen C-183-1997, es claro que esta Procuraduría se encuentra inhibida de emitir criterios en torno a la oportunidad y conveniencia de las decisiones administrativas, en atención a que sus competencias se circunscriben al ámbito técnico jurídico, tal y como lo dispone el numeral 1 de nuestra Ley Orgánica.  Sobre el particular, este Órgano Asesor ha señalado:


 


“Pero, además, no puede dejar de advertirse que, en casos como el que nos ocupa, estaríamos, además, sustituyendo a la Administración activa (Consejo Municipal), dado que nos pronunciaríamos sobre un acto administrativo para cuya emisión existe una competencia exclusiva encargada a él.  Luego, si estimáramos que existe un aparente reproche de constitucionalidad (con vista en antecedentes emanados de la Sala Constitucional), o algún vicio de legalidad o bien recomendáramos alguna modificación, el carácter vinculante del dictamen nos haría partícipes de la competencia normativa que pretende desplegar la Corporación.   Esto implicaría el abandono de nuestra función consultiva, situación que no está contemplada en Ley Orgánica ya citada (ver, en este sentido, dictamen C-312-2004 del 1° de noviembre del 2004). “(Dictamen C-364-2007 del 11 de octubre del 2007)


 


Siguiendo la línea argumentativa antes expuesta, considera este Órgano Asesor que resulta necesario aclarar la conclusión designada con la letra f en el dictamen cuya reconsideración se solicita, y que señala:


 


f.               A partir de las razones apuntadas, es claro que la resolución 551-2006 no constituye un precedente jurisprudencial que resulte de obligado cumplimiento para la Junta de Protección Social por lo que no parece prudente aplicar la sentencia de la Sala Segunda a todos los trabajadores de la entidad.


 


Lo anterior, por cuanto una lectura aislada de dicha conclusión, podría llevar al lector a inferir erróneamente que se está utilizando un criterio de oportunidad y conveniencia en torno a la posibilidad de aplicar en forma extensiva la resolución 551-2006 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, criterio que reiteramos, escapa totalmente de nuestra competencia asesora.


 


De esta manera, resulta oportuno aclarar la conclusión f del dictamen C-486-2006 en el sentido de que la palabra “prudente” de la frase “por lo que no parece prudente aplicar la sentencia de la Sala Segunda a todos los trabajadores de la entidad”,  no fue utilizada para determinar un criterio de oportunidad y conveniencia, sino para definir la improcedencia jurídica de considerar a la resolución tantas veces citada, como un precedente de obligado cumplimiento para la Administración Pública.


 


Así, resulta necesario aclarar el dictamen C-486-2006 y modificar la frase antes señalada para que se lea de la siguiente manera: “por lo que no es procedente aplicar la sentencia de la Sala Segunda a todos los trabajadores de la entidad”.


 


Por otra parte, entre la situación que se analiza y la referida en el dictamen C-183-97, existen diferencias que es preciso señalar. Fundamentalmente, en aquella oportunidad no existían otros procesos judiciales en trámite, pendientes de resolución en sede judicial, cuyo objeto en discusión es exactamente el mismo que originó la sentencia Nº 2006-00551. Por ende, mal haría este Órganos Asesor si, en este caso, a pesar de existir procesos pendientes de resolución judicial, en los que la materia en discusión es la misma que originó la sentencia Nº 2006-00551, emitiera criterio vinculante en el sentido de autorizar una aplicación extensiva del citado fallo, toda vez que actuar en esa dirección podría entenderse como una intromisión indebida en el ejercicio de la función jurisdiccional


 


Lo anterior explica que en aquella oportunidad se procediera a reconocer al resto de servidores de la Institución los incrementos salariales derivados del Estudio Integral de Puestos realizado en el año 1994.


 


Además, debe señalarse que, contrario de lo resuelto en el citado dictamen C-183-97, en el sentido de considerar la extensión de los alcances del fallo al resto de servidores, fundamentado en las particulares razones que le sirvieron de sustento, el criterio que se ha seguido por parte de este Despacho ante consultas sobre el tema, ha sido el de negar efectos erga omnes a un fallo aislado de los tribunales de justicia. Ver en este sentido los dictámenes de esta Procuraduría General números C-167-93, C-073-2000 y C-074-2000, en los que se cita jurisprudencia y doctrina que sustentan la negativa de dar efectos erga omnes a un fallo aislado de los tribunales de justicia, que solo vincula y compromete a quienes figuraron como partes en la litis. Además, puede verse el C-341-2005, sobre la improcedencia de dictaminar cuando la materia consultada se encuentra pendiente de resolución en sede jurisdiccional, sea, cuando el punto en discusión está siendo dirimido en los Tribunales de Justicia.


 


Como parte de lo argumentado, se invoca el tema de las cláusulas normativas que se incorporan a los contratos individuales de trabajo, las cuales, según la doctrina laboralista, consisten en aquellos acuerdos que pueden pasar a formar parte de cada una de las relaciones individuales de trabajo, constituyendo, por decirlo así, beneficios directos del empleado. Empero, es lo cierto que este punto no fue objeto de análisis en el Dictamen C-486-2006, ni fue planteado en la consulta original, por lo que no puede ser ahora objeto de atención en esta solicitud de reconsideración.


 


V.- SOBRE LA POSIBILIDAD DE APLICAR EL ESTUDIO INTEGRAL DE PUESTOS A LOS DEMÁS SERVIDORES QUE NO FUERON PARTE DEL PROCESO


 


Por su parte, en cuanto al punto medular de la reconsideración, es decir, sobre la posibilidad de aplicar el Estudio Integral de Puestos de manera extensiva a todos los servidores de la JPSSJ, y no solo a los que plantearon demanda en vía judicial, y que obtuvieron sentencia favorable (Nº 551-2006), este Despacho reitera su posición en el sentido de que una sentencia no es fuente normativa de derechos subjetivos para quienes no han sido parte en el proceso, aunque eventualmente se encuentren en igualdad de condiciones que aquellos. Por lo anterior, y sobre este particular, reitera esta instancia que los efectos del citado fallo están limitados a quienes fueron parte del proceso, que la sentencias de interés (551-2006) no constituye jurisprudencia, ni tampoco un precedente del cual puedan extraerse normas o principios generales de aplicación a casos concretos.


 


En este sentido, conviene recordar que existe jurisprudencia en el sentido de que cuando:


“se demuestre efectiva reiteración de un criterio jurídico emanado de las autoridades jurisdiccionales, es decir, mediante una pluralidad de sentencias –a manera de fuente no escrita del ordenamiento de los precedentes– en la resolución de todos o al menos una representativa cantidad de los casos asignados a los jueces en el ámbito de su competencia. De manera que únicamente puede considerarse que existe una jurisprudencia en tal sentido cuando se dé esa reiteración en un mismo sentido sobre un punto jurídico determinado, según ya lo indicó con anterioridad este Tribunal por sentencia número 6489-93 de las 10:24 horas del 9 de diciembre de 1993.” 


(Sala Constitucional, resolución número 7796-2003 de las dieciséis horas con treinta minutos del treinta de julio del dos mil tres)


 


Bajo esta inteligencia, es claro que en el caso bajo análisis no es posible considerar que exista jurisprudencia, en el tanto mientras existan sentencias contradictorias sobre el tema en cuestión, relacionadas directamente con el caso de la convención colectiva suscrita entre la JPSSJ y la Federación de Trabajadores de la Salud en el año 1971, como lo son la Nº 585-2003 y la Nº 551-2006, ambas de la Sala Segunda, lo que permite afirmar que se está ante un asunto discutible.


 


Así, lo procedente, ante esa realidad, es esperarse a que el máximo tribunal de lo laboral consolide un criterio sobre el particular, si lo que se desea es tener un criterio que pueda ser aplicado como jurisprudencia. Actuar en contrario implicaría para este Órgano Consultivo dejar de lado sus competencias de órgano técnico-jurídico, para en su lugar ponderar otros factores tales como criterios de conveniencia o de oportunidad, ajenos a sus atribuciones, valoraciones que son propias de la Administración Activa y no de este órgano.


 


Finalmente, en relación con la solicitud para que se valore y emita criterio sobre la factibilidad de reconocer en sede administrativa las diferencias salariales derivadas de dicho estudio, a aquellos servidores que ocupan puestos iguales, con funciones iguales y en idénticas condiciones de eficiencia y jornada que los incluidos en la sentencia Nº 551-2006, a efecto de que un mismo puesto no tenga salarios bases distintos y evitar así desigualdades, este Despacho estima que tal petición involucra, la ponderación de criterios de oportunidad y conveniencia que resultan ajenos a su labor consultiva, por lo que dicha petición debe ser desechada.   


 


CONCLUSIÓN:  


 


Con fundamento en lo expuesto, este Despacho concluye lo siguiente:


 


1.             El tema de la vigencia y validez de la convención colectiva, por expresa manifestación del solicitante, no es objeto de análisis en la presente solicitud de reconsideración, al estimar este Despacho que carece de interés actual a sus efectos. Por lo que por lo expuesto, no se entra a conocer la reconsideración de los dictámenes números C-112-1999, C-233-1999 y C-101-2002. 


 


2.             Se reitera el criterio de esta Procuraduría contenido en el Dictamen C-183-97, en relación con la imposibilidad de considerar que las resoluciones judiciales dictadas dentro de un proceso, resultan aplicables a los trabajadores que no fueron parte del proceso judicial.    Asimismo, se reitera que,  a diferencia de aquel entonces, actualmente existen otros procesos judiciales en trámite, pendientes de resolución judicial, en los que la materia discutida es exactamente la misma que originó la sentencia Nº 2006-00551.   


 


3.             El criterio imperante en esta Procuraduría es negar efectos erga omnes a un fallo judicial aislado que solo vincula y compromete a quienes fueron parte en la litis.


 


4.             Resulta improcedente dictaminar cuando la materia consultada o el punto en discusión es objeto de examen en sede judicial.


 


5.             El tema de las cláusulas normativas es ajeno a lo consultado y por ende, no fue objeto de atención en el Dictamen C-486-2006, por lo que no puede serlo ahora en esta solicitud de reconsideración. Además que es materia que está en discusión en lo otros procesos que se encuentran pendientes de resolver en la vía judicial.


 


6.             Que el punto sometido a la jurisdicción laboral que originó la sentencia Nº 2006-00551, es en extremo discutible, por lo que lo pertinente es esperar a que exista un criterio jurisprudencial del máximo tribunal de la materia.


 


7.             Se aclara la conclusión f del dictamen C-486-2006, en el sentido de que la palabra “prudencia” no fue utilizada para designar un criterio de oportunidad y conveniencia como se desprende del resto del dictamen cuya reconsideración se solicita, por lo que para lograr una mayor claridad en el pronunciamiento se modifica la frase final de la conclusión para que se lea como sigue: “por lo que no es procedente aplicar la sentencia de la Sala Segunda a todos los trabajadores de la entidad”.


 


8.             En los términos expuestos,  se ratifica el dictamen C-486-2006.


 


De usted atentamente,


 


                                                                              Ana Lorena Brenes Esquivel


                                                                                   Procuradora General


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