C-081-2008

14 de marzo del 2008

Licenciada

Elibeth Varela Fallas

Intendente Municipal

Concejo Municipal Distrito

Peñas Blancas

Estimada señora:

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, nos referimos a su atenta nota fechada 18 de febrero del año en curso, mediante la cual pone en nuestro conocimiento el acuerdo N° 08 adoptado por el Concejo Municipal de Distrito de Peñas Blancas en Sesión Ordinaria celebrada el día 13 de febrero del 2008, y que consta en el Acta N° 06-2008, conforme al cual se dispuso lo siguiente:

“Acuerdo 08; El Concejo Municipal de Distrito de Peñas Blancas, en base a la nota recibida por parte del Señor xxx, cédula xxx; acuerda: Aprobar la activación y Ubicación de la patente de licores No. 514 al local del Restaurante Rancho las Tilapias cuyo propietario es el Señor xxx, cédula xxx, ubicado 300 metros norte y 400 este del Ebais de Chachagua. Este acuerdo fue aprobado por unanimidad.

La Señora xxx, somete a votación para que el acuerdo 08 del acta ordinaria 06-2008 quede en firme. Por lo anterior el acuerdo 08 del acta ordinaria 06-2008 fue aprobado en firme con cinco votos a favor.”

A partir de lo anterior, la Sra. Intendente Municipal consulta lo siguiente:

“El motivo de mi consulta es que de acuerdo al Estudio Técnico realizado por Ingenieros de la Municipalidad de San Ramón, este local no cuenta con la distancia que corresponde para la ubicación de dicha Patente.

Por otra parte mi inquietud es porque es este Distrito hay empresarios que nos han solicitado la ubicación de Patentes de licores en lugares que no cumplen este requisito al igual que el caso en mención y se les ha negado.

Además me preocupa mucho los acuerdos tomados por este Órgano más aún que el señor xxx dueño de la Patente de Licores es hermanos del Síndico y Presidente del Concejo Municipal, además el dueño de la Propiedad donde se ubicará la Patente es cuñado del mismo, y aunque él no estuvo presente en la votación siempre repercute directa o indirectamente en al decisión tomada.”

I.                   Imposibilidad de emitir criterio por incumplimiento de requisitos de admisibilidad

El ejercicio de la función consultiva de este Órgano Asesor se encuentra sujeto a la verificación de una serie de requisitos de admisibilidad previstos en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, (Ley No. 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas).

De interés para el caso bajo estudio, estimamos conveniente tener en consideración los numerales 3 inciso b), y 4, cuyo texto nos permitimos transcribir de seguido:

“ARTÍCULO 3°.- ATRIBUCIONES. Son atribuciones de la Procuraduría General de la República:

b) Dar informe, dictámenes, pronunciamientos y asesoramiento que, acerca de cuestiones jurídicas, le soliciten el Estado, los entes descentralizados, los demás organismos públicos y las empresas estatales. (...)”.

“ARTÍCULO 4º.- CONSULTAS: Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría; en cada caso, deberán acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva, salvo el caso de los auditores internos, quienes podrán realizar la consulta directamente.”

Concretamente, en punto a la obligatoriedad de que las consultas versen sobre cuestiones jurídicas en sentido genérico, como requisito de admisibilidad que debe ser verificado previo a entrar a conocer el fondo, este Órgano Asesor ha manifestado lo siguiente:

"Como una tarea de un carácter muy distinto, no obstante que la despliega el mismo órgano, también la Procuraduría tiene encargada la elevada función de ser el órgano superior consultivo técnico-jurídico de la Administración Pública mediante la emisión de los dictámenes que le soliciten facultativamente los jerarcas y órganos del sector público, en orden a aclarar dudas de orden jurídico que les acongojen, con la peculiaridad de que dichos pronunciamientos son, por regla general, de acatamiento obligatorio y constituyen jurisprudencia administrativa.

Atendiendo a que la Procuraduría tradicionalmente se ha negado a tramitar peticiones de esa índole cuando se trate de ‘casos concretos’, para no sustituir a la administración activa en el cumplimiento de sus deberes, la función consultiva que despliega tiende a la resolución de problemas jurídicos en abstractos considerados y, muy en particular, a partir del discernimiento del recto entendimiento de las normas jurídicas.

Es decir, la Procuraduría se convierte por tal vía en un interprete jurídico calificado, que impone al sector público su peculiar lectura del ordenamiento" (SOBRADO GONZÁLEZ, Antonio. " La Procuraduría General Órgano Constitucional o Legal". En Revista del Seminario Hacia una Nueva Justicia Administrativa, Memoria del Papel de la Procuraduría en el Nuevo Milenio, San José- Costa Rica, 1999, páginas 97 y 98. Las negritas no corresponden al original). Citado en el dictamen OJ-136-2003 del 11 de agosto del 2003. (Dictamen C-257-2006 de fecha 19 de junio del 2006)

Igualmente, mediante dictamen C-294-2005 del 17 de agosto del 2005, señalamos lo siguiente:

“De forma más reciente, este órgano técnico jurídico ha señalado que “…no obstante la competencia consultiva general que el artículo 3 de la Ley Orgánica le atribuye, la Procuraduría ha señalado reiteradamente que en virtud del efecto vinculante de sus dictámenes no le corresponde entrar a pronunciarse sobre situaciones concretas, así como tampoco le está permitido dirimir los distintos conflictos que se sometan a decisión de los entes públicos. La función consultiva no puede, en efecto, llevar a un ejercicio efectivo de la función de administración activa. Ejercicio que implicaría una sustitución de la Administración activa, única competente de acuerdo con el ordenamiento jurídico para resolver los casos sometidos a su conocimiento. La Procuraduría desconocería su propia competencia si entrara a sustituir a la Administración, resolviendo los casos concretos.” (C-141-2003 del 21 de mayo del 2003 y, en el mismo sentido C-203-2005 del 25 de mayo del 2005).

Ahora bien, volviendo al caso que nos ocupa, encontramos que la consulta planteada consiste en emitir criterio en cuanto a aspectos derivados concretamente de la aprobación de activación y ubicación de una patente de licores que acordó el Concejo Municipal del Distrito de Peñas Blancas, a favor del señor xxx.

Sobre el particular, debe indicarse que, en atención a las disposiciones legales transcritas anteriormente, así como lo señalado en nuestra jurisprudencia administrativa, queda claro que, necesariamente, la formulación de consultas ante esta Procuraduría General debe hacerse sobre cuestiones jurídicas en sentido genérico, lo cual se incumple en este caso.

En virtud de esto, estimamos que lo procedente es declinar nuestra función consultiva en este supuesto, toda vez que un actuar distinto supone contravenir lo dispuesto en punto a requisitos de admisibilidad en nuestra Ley Orgánica (concretamente inciso b) artículo 3), y además, infringir el principio de legalidad, consagrado tanto en el artículo 11 de la Constitución Política como en el numeral 11 de la Ley General de la Administración Pública.

Sin perjuicio de lo anterior, y a manera de colaboración, le remitimos copia de los dictámenes C-288-2005 de fecha 9 de agosto del 2005 y C-387-2007 de fecha 6 de noviembre del 2007, ambos emitidos por este órgano asesor, en los cuales se hace referencia a aspectos directamente relacionados con lo consultado por usted.

Asimismo, le recordamos que la jurisprudencia administrativa la podrá encontrar en Internet, para ello puede remitirse a la siguiente dirección electrónica correspondiente al Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ): www.pgr.go.cr/scij

II.                Conclusión

De conformidad con los motivos expuestos, esta Procuraduría General se abstiene de referirse al fondo de la cuestión, toda vez que acceder a la petición planteada supone exceder el ámbito de competencia que en materia consultiva nos ha sido conferido legalmente, en tanto se solicita que nos pronunciemos sobre un caso concreto relativo a la aprobación de la activación y ubicación de una patente de licores que acordó el Concejo Municipal del Distrito de Peñas Blancas, al señor xxx.

Sin otro particular, le saludamos cordialmente,

Andrea Calderón Gassmann                      Gabriela Arguedas Vargas

Procuradora Adjunta                                 Abogada de Procuraduría

ACG/GAV/msch