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 PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 126 del 20/07/1989
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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Dictamen 126
 
  Dictamen : 126 del 20/07/1989   

C - 126 - 89


San José, 20 de julio de 1989


 


Señor


Johnny Jiménez Alvarado


Director a.i.


Registro Central, Guardia de Asistencia Rural


Ministerio de Gobernación


San José


 


Estimado señor:


            Con aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su Oficio 660-89 DRC, donde señala que el veintiséis de mayo último, por mandato del Juez Segundo de Instrucción de Limón desalojaron todas las personas que ocupaban la finca de la Compañía "ESPOSA E HIJOS FARGHUARSON S.A.", ubicada en Pacuarito de Siquirres, deteniendo en el operativo a treinta y siete varones, mayores de diecisiete años, quienes se pusieron a disposición de la Agencia Segunda Fiscal de Limón, luego remitidos a la Unidad de Admisión Sandoval, y varias mujeres y niños, conducidos al Centro Comunal de San Pedro de Madre de Dios, en Siquirres, y otros a Dieciocho Millas.


            Agrega que es el sexto desalojo relativo a semejantes hechos, y que catorce detenidos, liberados cinco días después, por no ser reincidentes, se trasladaron a dicho inmueble, invadiéndolo de nuevo; acción a la que se sumaron mujeres y niños alojados en los albergues provisionales Adjunta fotocopias acerca del inicio de distintas causas por usurpación concernientes a los actos mencionados, siendo la última la que identifica la Agencia Segunda Fiscal de Limón bajo el Nº 502-D-89.


            En vista de lo anterior, solicita le indiquemos las directrices y jurisdiccionalidad policial en este caso, pues aun cuando se ejecute otra orden de desalojo, es lógico pensar que las invasiones continuarán.


            Con relación a lo expuesto en su amable nota, me permito comunicarle que la Ley Orgánica de la Guardia (artículo 3º) elenca entre las atribuciones de ésta, perseguir y aprehender a los violadores de la Ley.


            De otro lado, el Código de Procedimientos Penales considera oficiales de la Policía Judicial a los de la policía administrativa cuando cumplan las funciones ahí previstas, y auxiliares a los empleados de ella; establece que la policía administrativa actuará siempre que no puede hacerlo, ipso facto, la judicial (artículo 162) encomendándole impedir, por iniciativa propia, denuncia u orden jurisdiccional, en los delitos de acción pública, que los hechos perpetrados se lleven a consecuencias ulteriores (artículo 161); aprehender al presunto culpable sorprendido in fraganti en la comisión de tales delitos, que merezcan pena privativa de libertad, y a quien los intentare cuando se vaya a cometerlos, debiendo presentar de inmediato al aprehendido a la autoridad judicial represiva (artículo 164 inciso 7, 269, 271 y 273); presentación que ha de hacerse en lapso no menor de veinticuatro horas (artículo 39 de la Constitución Política), acompañando informe o acta detallada identificativa de los infractores y domicilios.


            El propio Código Procesal contempla que hay flagrancia  (aprehensión en flagrancia) si el autor del hecho punible es sorprendido en el momento de disponerse a cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por la fuerza pública o tenga objetos o rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en él (artículo 270).


            Tratándose del apoderamiento ilícito de inmuebles, se configuraría el delito de usurpación, de acción pública, punible con prisión, que conceptúa la jurisprudencia y doctrina importante de instantáneo y efectos permanentes (artículos 81 y 81 bis, a contrario, y 225 del Código Penal).


            Resumiendo, para resguardar el orden público y la propiedad privada, las normas de mérito autorizan la intervención de la Guardia de Asistencia Rural en los casos que se cuenta con elementos indubitables de la presunta comisión del delito de usurpación como sucede si los precaristas recién liberados de prisión preventiva por los propios hechos vuelven a incursionar en la finca; hipótesis que haría procedente su aprehensión y consiguiente puesta a la orden de la autoridad judicial que conoce de la causa penal, dentro del plazo de veinticuatro horas, a fin de que tome las medidas respectivas. También el artículo 305 del Código Civil faculta a la propietaria del inmueble a defender su predio repeliendo la fuerza con la fuerza.


            De toda suerte, ante situaciones concretas, le sugerimos dirigirse al departamento Legal del Ministerio de Gobernación y Policía, el cual tiene gran experiencia acumulada en este campo, con el objeto de obtener instrucciones precisas o asesoría en medidas específicas a tomar.


 


De usted, atentamente,


Lic. José Joaquín Barahona Vargas


Procurador Agrario y Ambiental


xcv


cc: Depto. Legal Ministerio de Gobernación y Policía