C-314-2008

10 de setiembre, 2008

Señora

Lidieth Angulo Fernández

Secretaria Municipal

Concejo Municipal de Distrito de Paquera

Estimada señora:

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me es grato referirme a su carta  del 21 agosto del 2008, recibida en la Procuraduría General de la República el 27 de ese mes,  mediante la cual solicita el criterio del Órgano Asesor sobre si hay situaciones de posible roce legal por parte de los Concejos Municipales de Distrito de Paquera, Lepanto, Cubano y Monteverde ante la Municipalidad de Puntarenas, “(…) en donde por medio (sic) instrumentos legales de la figura Jurídica del ‘Convenio’ se les puede asignar y autorizar una serie de funciones  a los Concejo Municipales del Distrito; funciones que por disposición legal le fueron delegadas expresa y propiamente a la Municipalidad del Cantón…” mediante una serie de leyes.

Este criterio se solicita en acato del acuerdo adoptado en la sesión ordinaria n.° 405, celebrada el 14 de agosto del 2008.

I.-        IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LA FUNCIÓN CONSULTIVA

Hay al menos dos razones que nos impiden ejercer la función consultiva en el tema consultado. En primer lugar, estamos en presencia de un caso concreto, lo que nos imposibilita ejercer la función consultiva. Sobre el particular, en el dictamen C-044-2003 de 19 de febrero del 2003, expresamos lo siguiente:

“La función consultiva que el Ordenamiento Jurídico ha atribuido a la Procuraduría General de la República, está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos que derivan de la Ley N° 6815 del 27 de setiembre de 1982 y sus reformas. En este sentido, conviene recordar lo que en dictamen C-151-2002 del 12 de junio del año 2002, se elaboró sobre el tema de esos preceptos de orden legal:

‘Conviene recordar, en primera instancia, varias disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (Ley N° 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas) que resultan atinentes al presente caso y que fijan los requisitos para que un órgano o institución de la Administración Pública requiera de nuestro criterio técnico-jurídico:

‘Artículo 4.  Consultas:

Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría, debiendo, en cada caso, acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva.

La consulta será obligada para el Poder Central, cuando se trate de reclamaciones administrativas cuya resolución final pueda ocasionar considerables egresos, de acuerdo con la determinación que al efecto se hará en el reglamento.’ (Nota: Este numeral fue reformado por el inciso c del artículo 45 de la Ley n. 8292 de 31 de julio de 2002, Ley General de Control Interno). 

‘Artículo 5.  No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, no son consultables los asuntos propios de los órganos administrativos que posean una jurisdicción especial establecida por ley.’

Las anteriores normas, en relación con el artículo 3 inciso b) de la misma Ley que indica que los dictámenes, pronunciamientos y asesoramiento que brinde la Procuraduría General se harán sobre ‘… cuestiones jurídicas…’, han permitido a la jurisprudencia administrativa emanada de este Órgano Asesor el establecimiento de los siguientes requisitos mínimos de admisibilidad, que han ser analizados previo al estudio de fondo de las solicitudes que nos presentan:

* Que la consulta la formule el jerarca administrativo del respectivo órgano u institución pública. 

* Que se acompañe el criterio legal que sobre el tema en consulta tenga la respectiva asesoría jurídica del órgano u institución pública.  Dicho dictamen debe ser un estudio específico sobre las variables jurídicas que, en criterio del profesional correspondiente, tienen relación con la inquietud que se presenta a nuestra consideración.

* Las consultas versan sobre “cuestiones jurídicas” en genérico, es decir, sin que pueda identificarse un caso concreto que esté en estudio o vaya a ser decidido por parte de la administración consultante.  Esto por cuanto estaríamos contraviniendo la naturaleza de órgano superior consultivo que nos confiere la ley, transformándonos en parte de la administración activa.”

Con vista en los anteriores criterios desarrollados por la jurisprudencia administrativa de este Órgano Asesor, y haciendo la relación pertinente con la solicitud formulada por el asesor legal de esa Corporación Municipal, manifestamos lo siguiente:

Nos encontramos, en el presente caso, ante el incumplimiento de varios de los requisitos de admisibilidad de la consulta, a saber:

a)   El sujeto llamado a formular la consulta es el jerarca administrativo de la Municipalidad, es decir, el Concejo Municipal.

b)   No se nos remite el criterio legal del órgano asesor en esa materia de la institución.

Sobre este último aspecto, conviene recordar lo que se dijo en el dictamen ya citado páginas atrás y que se relaciona con la trascendencia de ese estudio legal que debe acompañarse a las consultas y de la razón por la cual no se faculta a las asesorías jurídicas de los órganos u entes públicos a consultar directamente a esta Procuraduría:

‘… nuestra jurisprudencia administrativa (ver dictamen C-81-97 del 20 de mayo de 1997 y opinión jurídica OJ-130-99 del 15 de noviembre de 1999) se ha pronunciado sobre el caso concreto de la imposibilidad de que las asesorías jurídicas de los órganos o instituciones de la Administración Pública consulten directamente a esta Procuraduría General asuntos de naturaleza jurídica.   Ello por cuanto, tal y como lo prescribe expresamente el artículo 4° de nuestra Ley Orgánica, es requisito de admisibilidad que a la consulta expresa del jerarca administrativo correspondiente, se acompañe el criterio de la asesoría legal.  Lo anterior permite a este Órgano Asesor analizar la perspectiva que tiene ese departamento sobre el tema que interesa; brindando elementos de estudio que se relacionan directamente con la realidad del funcionamiento del órgano.   De suerte tal que devenga en un elemento adicional para alcanzar la más adecuada asesoría que la Procuraduría General de la República está llamada a brindar a la Administración Pública costarricense.’ 

  Siguiendo los parámetros de la jurisprudencia supracitada, es evidente que nos encontramos ante una falta de cumplimiento de los requisitos allí establecidos.”

La Procuraduría General de la República no tiene competencia para pronunciarse, por medio de un dictamen vinculante, sobre una propuesta de convenio entre varios Concejos Municipales de Distrito y la Municipalidad de Puntarenas. Debemos tener presente que, tal y como se indicó supra, la función consultiva se ejerce en abstracto, y no en un caso concreto.

En segundo lugar, para que la consulta se admisible el pronunciamiento del Departamento Legal necesariamente debe referirse de manera puntual a todos los asuntos consultados. En este caso, debe analizar Ley por Ley a quién corresponde la competencia: si a la Municipalidad o al Concejo Municipal de Distrito.

Por último, para efecto de futuras consultas, téngase en cuenta la forma de consultar de los auditores de la Municipalidad de Abangares y del Concejo Municipal de Distrito de Abangares; consultas que fueron resueltas mediante los dictámenes n.° C-427-2006 de 24 de octubre del 2006 y n.° C-328-2007 de 18 de setiembre del 2007, sobre uno de los temas que usted nos consulta.

II.-       CONCLUSIÓN

En vista de que lo que se nos consulta se refiere a la propuesta de un convenio entre los Concejo Municipales de Distrito y la Municipalidad de Puntarenas –caso concreto-, y que no se aporta el criterio legal sobre cada una de las leyes consultadas, la Procuraduría General de la República no puede ni debe ejercer la función consultiva. Ergo, se archiva su solicitud.

Atentamente,

Dr. Fernando Castillo Víquez

Procurador Constitucional

FCV/mvc