Buscar:
 PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Opinión Jurídica 100 del 13/10/2008
Internet
Año:
Buscar en:




Opciones:
Guardar
Imprimir


Ficha del Pronunciamiento
ß&Ø¥ß%
Texto Opinión Jurídica 100
 
  Opinión Jurídica : 100 - J   del 13/10/2008   

OJ-100-2008


13 de octubre de 2008


 


 


Señora


Hannia M. Durán


Jefa de Área


Comisión Permanente Especial de Ambiente


Asamblea legislativa


 


Estimada señora:


 


Con la aprobación de la Procuradora General de la República, procedo a emitir la presente opinión jurídica no vinculante respecto al proyecto de ley que se tramita en el expediente legislativo número 16.915 “Ley de Protección del Hábitat de la Tortuga Baula en Costa Rica”, publicado en La Gaceta número 96 del 20 de mayo de 2008. Ello conforme se solicita en el oficio de fecha 24 de junio de 2008.


 


Pues bien, al respecto me permito hacer las siguientes observaciones, a fin de que sean incorporadas a la discusión de la iniciativa consultada:


 


Para iniciar hay que decir que según se desprende del artículo 4 esta iniciativa de ley, lejos de promover la protección de las playas de anidamiento de las tortugas Baula, lo que pretende es la desafectación de una gran parte del área terrestre que actualmente forma parte este Parque Nacional. Ante tal disposición, lo que se recomienda es tener presente que el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia ha sostenido la tesis de que la infracción al requisito que establece el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente (número 7554 del 4 de octubre de 1995) constituye un vicio que trasciende a la esfera constitucional y adquiere esa connotación, en el sentido de que cualquier modificación que implique la reducción de los límites de un área silvestre protegida –sin importar cuál sea su categoría de manejo- debe hacerse mediante acto legislativo avalado por un criterio técnico previo, que justifique su adopción (ver entre otras, sentencias 7294-98 y 2988-99).


 


En efecto, la Sala Constitucional ha caracterizado tal requerimiento como “…la objetivación del principio de razonabilidad en materia de protección al ambiente” (sentencias 7294-98 y 2988-99). Ello aunado al hecho de que la norma propuesta contraviene los compromisos adquiridos por el Estado Costarricense, al suscribir la Convención Interamericana para la Protección de las Tortugas Marinas (ley número 7906 del 23 de agosto de 1999, Artículo XVIII y Anexo II) y el artículo 4 de la Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas (número 8325 del 4 de noviembre de 2002).


Por otro lado, en lo que respecta al artículo 2 del proyecto, se hace ver que existen disposiciones legales y reglamentarias que regulan el tema de la investigación científica, por ejemplo la Ley de Conservación de la Vida Silvestre  (número 7317 del 30 de octubre de 1992; artículos 36 al 50) y su reglamento (decreto ejecutivo número 26435 del 1° de octubre de 1997; artículo 56), por lo que se sugiere tomar en consideración las reglas en orden al ejercicio de la recolecta científica y de la investigación en la fauna y en la flora silvestres, contenidas en las normas vigentes.


 


En atención a lo que dispone el artículo 5, se hace ver que Reglamento de Zonificación allí citado, fue anulado por inconstitucional, mediante sentencia de la Sala Constitucional número 8713-2008. En todo caso -aún en el supuesto de que dicho instrumento se encontrara vigente- la disposición de “extender” las regulaciones del reglamento municipal “a las propiedades colindantes al Parque” resultaría innecesaria, pues ese reglamento ya incluía dentro de su zonificación, la franja de 75 metros que forma parte del Parque (y que es la misma que se pretende desafectar con este proyecto). Aunque no se encuentra disponible el texto completo del voto, tal pudo ser la razón de su anulación.


 


Por otro lado, se recomienda modificar la redacción del artículo 6, en el sentido de que se elimine la expresión durante la temporada de desove de la tortuga baula, ya que las adecuaciones de las construcciones a la “normativa para mitigar la contaminación luminosa de las playas”, implica que los cambios que se hagan a las construcciones existentes y futuras, sean permanentes y no removibles.


 


Finalmente, en lo que concierne a los dos transitorios, creemos importante que sean revisados. Por un lado, porque vemos que este proyecto de ley está concebido para tener incidencia tanto en procesos judiciales en curso, como en procedimientos administrativos pendientes de resolución, lo que resulta cuestionable ya que implicaría un quebranto al principio de división de poderes. Y por otro, porque consideramos que la disposición según la cual “…los propietarios de terrenos afectados que recibieron pagos por ese concepto dispondrán de un plazo improrrogable de seis meses para devolver al Estado el monto girado”, es contraria a lo que prescribe el artículo 16 de la Ley de Expropiaciones (número 7495 del 3 de mayo de 1995) que establece lo siguiente:


 


“Artículo 16.- Restitución.


Transcurridos diez años desde la expropiación, el expropiador devolverá, a los dueños originales o a los causahabientes que lo soliciten por escrito, las propiedades o las partes sobrantes que no se hayan utilizado totalmente para el fin respectivo.


El interesado deberá cubrir, al ente expropiador, el valor actual del bien, cuya valoración se determinará de acuerdo con los trámites previstos en esta Ley”. (Se añade el énfasis).


 


En efecto, la propuesta según la cual el pago del bien debe hacerse según el valor original por el cual le fue expropiado al interesado, no solamente contraviene la figura de la retrocesión o reversión expropiatoria, sino que se desvincula del precedente de la Sala Constitucional que ratifica su constitucionalidad:


 


“Cuando el legislador ordinario opta, en el artículo 16, párrafo 2°, de la Ley de Expropiaciones, por un sistema de actualización y no estático en materia de retrocesión, lo hizo con el propósito de ser consecuente con los principios y preceptos constitucionales referidos y, sobre todo, con el fin manifiesto de evitar un enriquecimiento injusto del administrado que decide ejercer el derecho preferente y, correlativamente, un empobrecimiento sin causa de los entes públicos expropiantes o de los beneficiarios de la potestad expropiatoria. En suma, también, constituye un bien constitucionalmente protegido, la integridad o intangibilidad del patrimonio público. Lo anterior, toda vez que dichos entes públicos poseen una vocación servicial y de satisfacción del interés público y de las necesidades colectivas, de manera que la estimación de la retrocesión al valor del momento en que el bien fue expropiado, afectaría el cumplimiento efectivo de las competencias y servicios públicos. Lo anterior, lesiona el derecho fundamental de los administrados al buen funcionamiento de los servicios públicos (enunciado en los Votos de este Tribunal Nos. 5207-04 de las 14:55 hrs. del 18 de mayo de 2004 y 7532-04 de las 17:03 hrs. de 13 de julio de 2004) e impactando los principios constitucionales que informan la organización y función administrativa como los de eficacia y eficiencia y los rectores de los servicios públicos –también de raigambre constitucional- como los de continuidad, regularidad, adaptación, generalidad y obligatoriedad. El medio empleado –actualización del precio o pago del valor actual en la retrocesión- resulta absolutamente idóneo y congruente con los fines constitucionales propuestos –evitar la lesión del patrimonio público a través de un empobrecimiento ilícito del ente público o un correlativo enriquecimiento injusto del “reversionista”-. Bajo esta inteligencia, la norma impugnada no resulta inconstitucional, puesto que, que no quebranta el principio de proporcionalidad. (Sentencia número 2005-05652 del 11 de mayo de 2005. Se añade el énfasis).


 


Quedan así expuestos, los comentarios generales en torno al proyecto de ley que se tramita en el expediente legislativo 16.915.


 


De Usted, atentamente,


 


 


 


Gloria Solano Martínez


Procuradora


 


GSM/meml