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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Dictamen 261
 
  Dictamen : 261 del 13/12/2010   

13 de diciembre de 2010


C-261-2010


 


Señor


Manuel Obregón


Ministro


Ministerio de Cultura y Juventud


 


Estimado señor:


 


Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, nos referimos al oficio DM-1059-10, de fecha 07 de octubre de 2010, suscrito por Iván Rodríguez Rodríguez, en su condición de Ministro a.i. Cultura, y por el que nos consultan una serie de interrogantes sobre la procedencia  o no de la designación del representante de la Asociación de Autores de Obras Literarias, Artísticas y Científicas de Costa Rica, como jurado para la entrega de Premios Nacionales; esto pese a que dicha asociación tiene más de siete años de no renovar su Junta Directiva ante el Registro de Asociaciones.


 


Concretamente se formulan las siguientes interrogantes:


 


1)     Si en la actualidad los miembros que conforman la Junta Directiva de la Asociación de Autores de Obras Literarias, Artísticas y Científicas de Costa Rica que se encuentra inscrita ante el Registro Nacional, goza de legitimidad para designar los miembros que representarán a la misma, en la conformación de los jurados de los premios enunciados a los que se refiere el artículo 4 de la Ley 7345?


2)     En caso de que los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Autores de Obras Literarias, Artísticas y Científicas de Costa Rica, no pudieran designar a los integrantes de los jurados, a quién se le debe notificar para que designen a los integrantes antes citados frente a esta Cartera Ministerial?


3)     En aras de la satisfacción del interés colectivo puede esta Cartera Ministerial en caso de no poder contar con los representantes de la Asociación de Autores de Obras Literarias, Artísticas y Científicas de Costa Rica, integrar los jurados con los miembros restantes con el fin de satisfacer el interés colectivo que persigue en la Ley 7345?


4)     Es posible integrar los jurados prescindiendo de los representantes de la Asociación de Autores de Obras Literarias, Artísticas y Científicas de Costa Rica. Aunque ello pueda traer como consecuencia la nulidad del fallo del jurado?


 


En cumplimiento de lo establecido en el numeral 4º de nuestra Ley Orgánica – 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas-, la presente consulta se acompaña de la opinión de la Asesoría Jurídica Institucional, materializada en el oficio AJ-759-10, de fecha 04 de agosto de 2010;  según la cual, en lo que interesa, concluye que “no media impedimento alguno para que la Asociación de Autores de Obras Literarias, Artísticas y Científicas de Costa Rica, sujeto regido por el derecho privado, pueda realizar los nombramientos de los representantes según la Ley 7534, por medio de la Junta Directiva inscrita ante el Registro Nacional. Máxime que la persona jurídica en estos momentos se encuentra inscrita y cuenta con capacidad jurídica suficiente, por no haber operado su disolución conforme a derecho”.


 


I.- Sobre lo consultado.


 


A)    La existencia de una causal de extinción no determina en forma automática la extinción de una asociación. Se requiere que la asociación sea disuelta por decisión judicial y que esta decisión sea inscrita registralmente.


 


Aún habiéndose dado uno de los supuestos normativamente previstos para la extinción de la asociación (no haber renovado el órgano directivo en el año siguiente al término señalado en los estatutos para el ejercicio del mismo, art. 13, inciso d) de la Ley de Asociaciones 218), lo cierto es que se ha interpretado que las asociaciones se extinguen cuando la autoridad judicial así lo determine en sentencia y ordena su inscripción en el registro correspondiente y su publicación en el Diario Oficial (art. 20 de la Ley de Asociaciones); es decir, a pesar de que pueda haberse llegado a verificar el supuesto de hecho previsto por la ley para que se de la extinción o disolución de la entidad, ésta no opera de pleno derecho, sino únicamente en virtud de mandato judicial debidamente inscrito y publicado. En consecuencia, mientras no se haya decretado la disolución o extinción de una asociación en la forma prevista por la Ley, se considera que la misma existe jurídicamente (dictámenes C-185-91 de 20 de noviembre de 1991, C-033-92 de 21 de febrero de 1992, C-198-98 de 25 de setiembre de 1998, C-172-2001 de 13 de junio de 2001 y C-148-2001 de 16 de octubre de 2001).


Por ello, recientemente afirmamos que “mientras estos trámites no se cumplan, no puede considerarse que la Asociación de Autores esté extinta y, por ende, carezca de capacidad jurídica (…) Dada la falta de renovación de la Junta Directiva de la Asociación, lo procedente es que se proceda a realizar ese nombramiento siguiendo lo dispuesto en los estatutos de la Asociación y que este cambio sea registrado como corresponde. Para lo cual se requiere que se repongan  los libros correspondientes” (dictamen C-178-2010 de 20 de agosto de 2010).


 


 


A)    Nombramiento de representantes por parte de la Asociación y no por parte de su Junta Directiva.


 


Revisados nuestros antecedentes, encontramos al menos un precedente administrativo en el que abordamos una problemática similar a la ahora sometida a nuestra consideración, en el que se nos consultaba si una Asociación estaba legitimada y legalmente facultada para designar un representante suyo ante un órgano colegiado de un ente público descentralizado, aunque haya estado por algún tiempo sin renovar registralmente su Junta Directiva.


 


Interesa entonces reseñar las consideraciones jurídicas dadas en aquel entonces al respecto:


“Para evacuar la presente consulta, resulta importante distinguir entre las figuras de la “Asociación” y su “Junta Directiva”. Por un lado, tenemos a la Asociación como una abstracción legal, a la cual el ordenamiento jurídico le otorga personalidad jurídica a fin de que cumpla con sus propósitos y fines. Por el otro, la Junta Directiva es el órgano que ejerce la representación social de la agrupación (artículo 29 de la Ley de Asociaciones) y tiene las facultades de dirección sobre los otros órganos que la componen. En cuanto a las Asociaciones y los elementos que las conforman el tratadista costarricense Alberto Brenes Córdoba señala lo siguiente:


“Son entidades sociales compuestas por una pluralidad de miembros (que solo pueden ser personas físicas), que puede perseguir cualquier fin en tanto no sea político ni de lucro. En consecuencia pueden ser de interés público o de interés particular.


Los órganos esenciales de la asociación son: a) los asociados; b) un fiscal, que es el órgano encargado de la vigilancia; c) un órgano directivo, formado como mínimo por cinco miembros, entre los que está el Presidente, a quien corresponde la representación judicial y extrajudical de la asociación” (Brenes Córdoba, Alberto. “Tratado de las Personas”. Editorial Juricentro S.A., Cuarta Edición, San José, 1986. Pág. 249).


(…) Diferente es la situación en cuanto a la integración de su Junta Directiva, la cual se hace necesaria únicamente para la validez de las decisiones que adopta conforme a las competencias que el estatuto de la agrupación le atribuye, aunque como se verá más adelante su no renovación en el año siguiente al término señalado en los estatutos es una causal de extinción de la entidad. Así, en lo concerniente a la facultad de escoger y designar un representante ante el Consejo Directivo del (…), debemos aclarar que dicha facultad le corresponde única y exclusivamente a la Asociación como entidad (…) Nótese que esa atribución no corresponde a su Junta Directiva, sino a los asociados constituidos en Asamblea General Extraordinaria (véase la cláusula XIV de los estatutos de la Asociación), por lo que no se podría afirmar que haya ejercido una competencia en forma irregular al no haberse renovado el primer órgano colegiado.


(…) Antes de finalizar este dictamen hay un aspecto sobre el cual debemos poner un énfasis , y es que  (...) la facultad del nombramiento del representante ante el Consejo Directivo del  (…) es una atribución que claramente le corresponde a la Asociación propiamente dicha, y no a su Junta Directiva como órgano de esta, por lo que al no constituirse ninguna causal de extinción de la entidad, y al haberse cumplido los requisitos del artículo de cita, esta potestad se ejercicio conforme al ordenamiento jurídico y, por consiguiente, su efectos (acto de votación y nombramiento del representante respectivo) no puede ser desconocido por ninguna autoridad.” (Dictamen C-458-2006 de 14 de noviembre de 2006).  


Estimamos que por su claridad y contundencia, todas las consideraciones jurídicas contenidas en los dictámenes C-178-2010 y C-458-2006 op. cit. deben confirmarse en todos sus extremos. Y con ello, al referirse indudablemente a un asunto que tiene perfecta coincidencia con la situación particular del caso que nos ocupa, consideramos que nada impide sin más la traslación mimética aquí y ahora de las consideraciones jurídicas vertidas en aquel pronunciamiento; máxime que en la cláusula vigésima del estatuto constitutivo de la  Asociación de Autores de Obras Literarias, Artísticas y Científicas de Costa Rica se establece que al igual que la Junta Directiva será elegida por Asamblea general Ordinaria, “en igual forma (…) serán electos los representantes de la Asociación en el Consejo Directivo de la Editorial Costa Rica y en cualquier otra entidad pública en que se le confiere por ley, el derecho a estar representada (Lo subrayado es nuestro).


En todo caso interesa recordar que con base en lo dispuesto en el estatuto constitutivo de aquella Asociación, para que un autor sea designado por la Asamblea de Autores como miembro del Consejo Directivo de la Editorial o como representante en cualquier otra entidad pública, se requiere que dicho autor sea miembro de la Asociación de Autores. Requisito que es una condición de elegibilidad de tales miembros.


Conclusiones:


 


1.- La facultad de escoger y designar un representante como parte de los jurados que, por medio del Ministerio de Cultura, otorgan los Premios Nacionales de la Cultura, es exclusiva y excluyente de la Asamblea General de la Asociación de Autores de Obras Literarias, Artísticas y Científicas de Costa Rica, y no de su Junta Directiva.


 


2.- Y en el tanto dicha asociación mantenga vigente su personalidad jurídica; es decir, su condición de persona jurídica como centro abstracto de imputación jurídica, el ejercicio de aquella facultad, por parte de su Asamblea General, es válido y eficaz, en el tanto designe como representante a un miembro de dicha asociación.  


Sin otro particular,


 


MSc. Luis Guillermo Bonilla Herrera


PROCURADOR


LGBH/gvv