11 de octubre del 2011

C-251-2011

Señor

Sergio Rojas Ortiz

Presidente

Asociación de Desarrollo Integral Indígena

Salitre de Buenos Aires

Estimado señor:

            Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me refiero a su oficio recibido en este Despacho el pasado 19 de setiembre del año en curso, mediante el cual nos indica que esa asociación acordó solicitar a esta Procuraduría General una reconsideración del dictamen C-356-2007 del 3 de octubre del 2007, para cuyos efectos se exponen una serie de argumentos en su misiva.

Imposibilidad para ejercer la función consultiva por razones de admisibilidad

En orden a la gestión que aquí nos ocupa, reviste fundamental importancia tener presente lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (No. 6815 de 27 de setiembre de 1982) concretamente en sus numerales 1 y 3 inciso b), en los cuales se establece claramente la naturaleza jurídica y las funciones de este Órgano Asesor.

A efecto de mayor claridad, transcribimos los artículos citados:

“Artículo 1.- Naturaleza jurídica

La Procuraduría General de la República es el órgano superior consultivo, técnico-jurídico, de la Administración Pública, y el representante legal del Estado en las materias propias de su competencia. Tiene independencia funcional y de criterio en el desempeño de sus funciones”.

“Artículo 3. Atribuciones

Son atribuciones de la Procuraduría General de la República:

b)                 Dar informe, dictámenes, pronunciamientos y asesoramiento que, acerca de cuestiones jurídicas, le soliciten el Estado, los entes descentralizados, los demás organismos públicos y las empresas estatales.

(...)”.

De la normativa citada se desprende claramente que la Procuraduría General de la República es el asesor técnico jurídico de las distintas dependencias de la Administración Pública, de tal suerte que no se encuentra facultada para responder consultas presentadas por particulares. 

En el caso que nos ocupa la gestión ha sido formulada por esa asociación, la cual ostenta naturaleza privada, por lo que, de conformidad con las disposiciones legales señaladas, nos vemos obligados a rechazarla, toda vez que de lo contrario estaríamos excediendo nuestras competencias legales (ver en igual sentido, en punto a la denegatoria de trámite de la consulta cuando el solicitante es una persona privada, entre otros, los siguientes dictámenes: C-154-2006 del 20 de abril de 2006, C-459-2006 del 14 de noviembre de 2006, C-113-2007 del 11 de abril del 2007, C-201-2008 del 12 de junio del 2008, C-451-2008 del 18 de diciembre del 2008, C-029-2009 del 6 de febrero del 2009, C-063-2009 del 2 de marzo del 2009, C-141-2009 del 19 de mayo del 2009, C-183-2009 del 1° de julio del 2009, C-226-2009 del 24 de agosto del 2009, C-036-2010 del 10 de marzo del 2010, C-162-2010 del 9 de agosto del 2010, C-194-2010 del 8 de setiembre del 2010, C-034-2011 del 15 de febrero del 2011 y C-143-2011 del 27 de junio del 2011).

Valga agregar que respecto a la naturaleza jurídica de las asociaciones, la Sala Constitucional ha señalado lo siguiente:

“Primero que nada, se parte de la naturaleza jurídica de las asociaciones, las cuales son agrupaciones de orden privado para fines específicos y determinados, sea "científicos, artísticos, deportivos, benéficos, de recreo, y cualesquiera otros lícitos ", con la única condición de que la asociación no puede tener " como único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia" (artículo 1° de la Ley de Asociaciones, número 218, de ocho de agosto de mil novecientos treinta y nueve y sus reformas). (Resolución N° 9993-2000 de las catorce horas con cincuenta y dos minutos del ocho de noviembre del dos mil)

En igual sentido esta Procuraduría se ha pronunciado en ocasiones anteriores, indicando que:

“Las asociaciones, en cambio, configuran una agrupación convencional de particulares, cuya unidad trasciende a sus miembros y procura, con la cooperación de estos, el logro de diversos objetivos comunes, de utilidad general, lícitos, a través de una actividad que no tenga por objeto prevalente el lucro. Pese a que están sujetas al control estatal en punto a autorizar su creación, inscripción, fiscalizar su funcionamiento y disolverlas cuando persigan fines ilícitos, o lesionen la moral o el orden público, no se enmarcan dentro de la estructura organizativa de la Administración pública.” (El resaltado no es del original) (Opinión Jurídica N° 172-2004 de 13 de diciembre de 2004)

En virtud de lo expuesto, deviene obligatorio declinar nuestra función consultiva en este caso, toda vez que un actuar distinto supone contravenir lo dispuesto en punto a requisitos de admisibilidad en nuestra Ley Orgánica (concretamente el inciso b) del artículo 3), y además, infringir el principio de legalidad, consagrado tanto en el artículo 11 de la Constitución Política como en el numeral 11 de la Ley General de la Administración Pública.

En consecuencia, si esa asociación considera que requiere de asesoría jurídica para la defensa de sus intereses y derechos, debe contratar su propio consejero legal a nivel privado.

Por otra parte, debemos indicar que el artículo 6° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que la solicitud de reconsideración debe presentarse por el propio consultante dentro de los ocho días siguientes al recibo del dictamen, la cual habrá de ser resuelta por la mayoría de la Asamblea de Procuradores.  Sobre dicho trámite, hemos señalado lo siguiente:

“En relación con la solicitud formulada, es de enfatizar,  que en virtud del carácter vinculante que ostentan los dictámenes que este Órgano Consultor emite a los diferentes componentes de la Administración Pública que así lo requieren, no es dable dar curso a una  reconsideración, ampliación o aclaración de algún pronunciamiento,   cuando el funcionario (a) que lo solicita no es el consultante original. En ese sentido, el artículo  6 de la Ley Orgánica del Procuraduría General de la República (N° 6815 de 27 de setiembre de 1982), establece lo siguiente:

“En asuntos excepcionales, en los que esté empeñado el interés público, el Consejo de Gobierno podrá dispensar de la obligatoriedad de los dictámenes emitidos por la Procuraduría, mediante resolución razonada que deberá publicarse en el diario oficial "La Gaceta". Cuando se trate de situaciones referentes a la seguridad pública y a las relaciones exteriores, la publicación previa no será requisito para ejecutar la resolución.

Como requisito previo, el órgano consultante deberá solicitar reconsideración a la Procuraduría dentro de los ocho días siguientes al recibo del dictamen, la cual habrá de ser resuelta por la mayoría de la Asamblea de Procuradores. Si la Procuraduría denegare la reconsideración, el órgano, dentro de los ocho días hábiles siguientes, podrá acudir ante el Consejo de Gobierno para efectos de la dispensa a que se refiere el párrafo anterior.”  (Lo subrayado en negrita no es del texto original)

Como puede desprenderse de este texto legal, quien está legitimado para solicitar una reconsideración, ampliación o bien alguna  aclaración de un dictamen emitido por esta Procuraduría, lo es el órgano o  funcionario que consultó inicialmente, quien a su vez debe plantearlo dentro del plazo legal de ocho días siguientes al recibo del respectivo pronunciamiento. Al respecto, este Despacho, ha dicho en lo que interesa:

“…Siguiendo esa misma lógica, necesariamente la gestión de aclaración y adición debe ser solicitada por el ente u órgano que presentó la consulta, ya que es respecto de la entidad consultante que el dictamen emitido va a surtir sus efectos vinculantes; sin embargo la misma Procuraduría General puede aclarar o adicionar de oficio los dictámenes emitidos, cuando así se amerite…” (Véase, Dictamen No. 336, de 20 de setiembre del 2007).”

            Así las cosas, en tanto respecto del dictamen N° C-356-2007 cuya reconsideración se solicita el consultante fue la Municipalidad de Mora, tenemos que la gestión por parte de esa asociación en todo caso igualmente sería improcedente, por las razones explicadas.

Sin perjuicio de lo anterior, en aras de proporcionar alguna colaboración, le recordamos que en Internet podrá encontrar toda la jurisprudencia administrativa que ha emanado de esta Procuraduría General.  Para los efectos indicados, puede remitirse a la siguiente dirección electrónica correspondiente al Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ): www.pgr.go.cr/scij

De usted con toda consideración, suscribe atentamente,

Andrea Calderón Gassmann

Procuradora

ACG/meml