21 de febrero, 2012

OJ-015-2012

Señora

Rosa María Vega Campos

Jefa de Área

Comisión Permanente Especial

Asamblea Legislativa

Estimada señora:

            Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me refiero a su oficio CPEM-501-11 del 26 de setiembre del 2011, en el cual se solicita criterio en cuanto al proyecto de ley titulado “LEY PARA MODIFICAR EL INCISO B), DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 8114 LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA”, el cual es tramitado bajo los expediente legislativo N° 16.886.

De previo a referirnos al fondo del proyecto, procede aclarar que la opinión consultiva que se emite no tiene carácter vinculante, dado que se está ante una consulta planteada por la Comisión de Especial Permanente de la Asamblea Legislativa y no por un órgano de la Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Además, la consulta se plantea respecto de un proyecto que es manifestación de la potestad legislativa, cuyo ejercicio corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa. No obstante, se entra a analizar su solicitud como muestra de colaboración de este Órgano con el Poder Legislativo, en razón de la trascendencia de la función legislativa que constitucionalmente le es atribuida.

            Asimismo, cabe aclarar que el plazo de ocho días no resulta vinculante para esta Institución, por cuanto no nos encontramos ante ninguno de los supuestos previstos en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

I.                   SOBRE EL PROYECTO DE LEY PUESTO A NUESTRA CONSIDERACIÓN.

            El proyecto de ley puesto a consideración de la Procuraduría General de la República, está compuesto por un único artículo mediante el cual se propone la reforma del inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria.

            La propuesta legal busca cambiar el destino y la forma de distribución del los recursos provenientes de impuesto único a los combustibles que le son otorgados a CONAVI, para que éste destine a la conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la rehabilitación de obras viales; una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se usarán para construir obras  nuevas de la red vial cantonal.

            Por otra parte, la iniciativa legal le da a las municipalidades la autorización comprometer los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, hasta un 60% y en un plazo no mayor de 7 años. Según el diputado proponente, la idea es que los recursos proyectados a siete años sirvan como garantía, para que las municipalidades puedan acceder a préstamos por medio del Sistema Bancario Nacional para realizar obras de infraestructura vial. También mediante la propuesta se obliga al Ministerio de Hacienda a girar oportunamente los recursos a fin de evitar un daño a las finanzas municipales.

            Dentro del siguiente cuadro se pueden encontrar las diferencias entre el texto del inciso b) en la actualidad y el texto propuesto:

            Según se indica en la exposición de motivos del proyecto, el fin de la modificación propuesta es él de ofrecerles a la Municipalidades la posibilidad de contar con un respaldo jurídico que les garantice el giro de los recursos necesarios para obras viales, de forma tal que estas entidades puedan realizar las obras de infraestructura necesaria en sus cantones.

II.                SOBRE EL FONDO

            El proyecto de ley busca establecer una nueva forma de asignación del 25% de los recursos provenientes de la recaudación del impuesto único a los combustibles, así como la posibilidad a las municipalidades de comprometer los recursos asignados con los bancos del Sistema Bancario Nacional.

            Según se encuentra estipulado actualmente en la Ley, estos recursos  debían ser girados directamente a las municipalidades por la Tesorería Nacional, dando a cada municipalidad el 60% por ciento según la extensión de la red vial de cada cantón, y un 40% según el Índice de Desarrollo Social Cantonal (IDS), elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan). A su vez la ley establece que el Ministerio de Hacienda incorporará en el proyecto de presupuesto ordinario y extraordinario de la República, una transferencia inicial de mil millones de colones (¢1.000.000.000,00), a favor de la Cruz Roja Costarricense

            La innovación del proyecto, es que le da la potestad a las entidades municipales de comprometer los recursos provenientes de este impuesto, hasta un 70% y en un plazo no mayor de 7 años, con el Sistema Bancario Nacional para la ejecución de obras de infraestructura vial, de suerte tal que los recursos que eventualmente le corresponderían  tendría carácter de garantía para las entidades bancarias.

            Al respeto debemos indicar, que la autorización para “comprometer recursos”, es amplia y dentro de la misma no se establecen formas de control, ni se estipula si el porcentaje (70%) autorizado para comprometer recursos, se refiere a los recursos anuales asignados, o bien, a los recursos que durante el plazo de endeudamiento se proyecte que la Municipalidad va a recibir.

            En el eventual caso de que el porcentaje autorizado para comprometer recursos sea anual, el proyecto no  estipula condiciones o número de años en que los gobiernos locales puedan usar este mecanismo, siendo que con la actual redacción pueden las municipalidad endeudarse perpetuamente, año a año, lo cual a nuestro criterio de no contarse con mayores controles, tal posibilidad podría menoscabar la finanzas municipales. 

            Es importante indicar, que a juicio de la Procuraduría el último párrafo del inciso b) del proyecto debe eliminarse por cuanto lo sufre ningún cambio con respecto al inciso b) vigente, pero si puede crear una confusión en cuanto a la transferencia inicial de los 1.000.000.000 de colones que debe incorporar el Ministerio de Hacienda en los proyectos de presupuesto ordinario y extraordinario a favor de la Cruz Roja Costarricense, por cuanto la misma debe ser actualizada de acuerdo a los índices de precios del INEC cada año, y es lo cierto que dicha transferencia se previó desde la publicación de la Ley N° 8114, de suerte tal que se provocaría un desfase en la cuantificación de la suma indicada de llegarse aprobar el proyecto tal y como está, con el evidente perjuicio económico para la Cruz Roja Costarricense.

            Por lo demás, el proyecto de ley mantiene en su mayoría la redacción y en consecuencia, los aspectos relevantes que tiene la asignación de recursos provenientes del impuesto único a los combustibles que contiene la ley N° 8114.

III.             CONCLUSIONES

            Salvo la observación realizada referida al endeudamiento año a año, el proyecto de ley no presenta problemas de constitucionalidad y de legalidad, por lo cual su aprobación o no, es competencia exclusiva de los señores y señoras diputados.

Atentamente,

          Lic. Juan Luis Montoya Segura                     Lic. Esteban Alvarado Quesada

          Procurador Tributario                                    Abogado Procuraduría

Código 16924-2011

JLMS/EAQ/Kjm