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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Dictamen 255
 
  Dictamen : 255 del 29/10/2012   

29 de octubre, 2012


C-255-2012


 


Señor


Fernando Ferraro Castro


Ministro


Ministerio de Justicia y Paz


 


Estimado señor:


 


            Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me refiero al oficio MJP-848-11-11 del 3 de noviembre de 2011, presentado por el entonces Ministro Hernando París, mediante el cual consulta lo siguiente:


 


“-¿Podrían las asociaciones declaradas de Utilidad Pública, fundar su petición de revocatoria de ese beneficio, solo por tener discrepancias con los temas políticos de Gobierno o la Administración Pública en cualquier tema atinente a los fines de la Asociación o necesita de algún otro requisito?


-.Estando vigente la Declaratoria de Utilidad Pública de las Asociaciones. ¿tendrían las mismas la obligación de rendir el informe anual e inscribir la Declaratoria de Utilidad Pública en el Registro de Asociaciones del Registro Nacional?


 


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se acompaña la consulta del criterio emitido por funcionarios del Departamento de Servicios Técnicos y Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia.


 


 


I.                   SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE LA PROCURADURÍA DE REFERIRSE A CASOS CONCRETOS


 


De previo a entrar a analizar el fondo del asunto, debemos señalar que dentro de las atribuciones consultivas que tiene este órgano asesor, no se encuentra la posibilidad de revisar casos concretos sometidos a conocimiento de las autoridades administrativas, y sobre esto ha sido enfática nuestra jurisprudencia administrativa, que ha señalado que la consulta:


 


3) Deberá plantearse sobre "cuestiones jurídicas" en genérico, haciéndose abstracción del caso particular. Pues si se identifica un caso concreto objeto de decisión por parte de la administración consultante, ““indirectamente estaría trasladando la resolución de la petición del interesado a lo que en definitiva se concluyera en nuestro pronunciamiento” (C-306-2002 del 12 de noviembre) y, de dar respuesta, “estaríamos contraviniendo la naturaleza de órgano superior consultivo que nos confiere la ley, transformándonos en parte de la administración activa."(Dictamen C-151-2002 del 12 de junio, en igual sentido: C-299-2002 del 6 de noviembre, C-018-2003 del 18 de enero, C-335-2004 del 15 de noviembre y C-082-2005 del 24 de febrero). Sobre este punto, valga transcribir a manera de ejemplo, lo dicho en algunos de nuestros pronunciamientos: “Esta Procuraduría ha indicado, en innumerables ocasiones, que el asesoramiento técnico-jurídico que, a través de sus dictámenes y pronunciamientos, presta a los distintos órganos y entes que integran la Administración Pública, se circunscribe al análisis y precisión de los distintos institutos, principios y reglas jurídicas, abstractamente considerados. En tal orden de ideas, no son consultables asuntos concretos sobre los que se encuentre pendiente una decisión por parte de la administración activa. El asunto que ahora nos ocupa, se subsume con claridad en la indicada situación de excepción: aunque se trate de plantear la cuestión en términos generales, lo cierto es que se nos invita a juzgar la legalidad de una decisión administrativa concreta. (Dictamen C-390-2005 de 14 de noviembre de 2005)


 


  A partir de lo anterior, debemos señalar que no puede la Procuraduría analizar si debe aceptarse o no el desistimiento de la declaratoria de utilidad pública de una determinada asociación, motivo por el cual el criterio que a continuación se expone será sobre el tema jurídico en abstracto, separándonos del caso concreto que se menciona en la consulta y en el informe jurídico aportado, y sin prejuzgar sobre la forma en que la Administración activa debe resolver un determinado asunto que se le somete a su conocimiento.


 


 


II.                SOBRE EL DESISTIMIENTO DE LA DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA POR PARTE DE UNA ASOCIACIÓN


 


El primer punto que plantea el consultante se refiere a la posibilidad de una asociación declarada de interés público, de renunciar a tal declaratoria, por lo que resulta de especial importancia referirnos en primer lugar a los alcances y naturaleza del derecho de asociación.


Sobre el particular, debemos señalar que el derecho de asociación tiene un reconocimiento constitucional en el artículo 60 de la Constitución Política, que establece:


 


“ARTÍCULO 25.- Los habitantes de la República, tienen derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna.


 


  Del artículo anterior podemos extraer que el citado derecho se reconoce a todos los habitantes de la República de manera igualitaria, y además, que se establece como el ejercicio de una libertad, pues nadie puede ser obligado a formar parte de una asociación contra su voluntad.


 


  Es así como a partir del artículo constitucional, se configura una vertiente positiva y otra negativa del derecho de asociación, postura que ha sido reconocida en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, al establecer que la facultad de índole positiva de este derecho, permite a las personas fundar, participar y pertenecer a organizaciones de naturaleza y fines lícitos, y, por otra parte, la visión negativa del derecho reconoce a la persona la libertad de que no se le exija pertenecer o mantenerse en determinados grupos.


 


  Sobre el tema, en la sentencia 3515-96 de las 16:45 horas del 10 de julio de 1996, la Sala Constitucional dispuso:


 


“… el artículo 25, en cuanto dispone que “nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna”, se refiere a aquellas situaciones, regidas por el principio de autonomía de la voluntad, en que sí queda al arbitrio de las persona resolver lo que corresponda porque la decisión solo interesa, en primer término, al propio sujeto, en tanto crea o no conveniente unirse a otras personas para el logro de determinados propósitos. Y si en el ordenamiento jurídico se favorece la formación de esas asociaciones, ello es porque el Estado debe procurar el mayor bien de los gobernados y porque, en tesis general, la unión de personas redunda en beneficio de todo grupo y de cada sujeto en particular.”


 


  De la sentencia indicada se desprende que el principio de autonomía de la voluntad es clave en el ejercicio individual del derecho de asociación.


 


  Sin embargo, esa manifestación individual del derecho de asociación, se extrapola también al ejercicio colectivo en las asociaciones ya conformadas, pues en virtud de esa autonomía de la voluntad de sus integrantes, no podría una asociación ser obligada a perpetuarse en el tiempo, ni a adoptar una determinada forma jurídica contra el deseo de aquellos.


 


  Este principio de libertad bajo el cual se ejerce el derecho de asociación, está expresamente reconocido en el artículo 1 de la Ley de Asociaciones N°218 del 8 de agosto de 1939, que establece que El derecho de asociación puede ejercitarse libremente conforme a lo que preceptúa esta ley...”


 


  Las características antes comentadas del género de las asociaciones en general, resultan de plena aplicación a la especie de asociaciones declaradas de utilidad pública, las cuales según el artículo 32 de la Ley de Asociaciones son aquellas asociaciones simples, federadas o confederadas, cuyo desarrollo o actividad sean particularmente útiles para los intereses del Estado y llenen una necesidad social”. Como asociaciones de utilidad pública gozan de las franquicias y concesiones administrativas y económicas que el Poder Ejecutivo les otorgue para cumplir con sus fines.


 


  La declaratoria de utilidad pública, en consecuencia, consiste en una distinción y un beneficio que el legislador previó para aquellas asociaciones que realizan una función de índole social, útil para los intereses del Estado. Por ende, es necesario que el Ministerio de Justicia y Paz realice tal declaratoria de forma expresa, y que además, lo comunique al Registro de Asociaciones y al Departamento de Exenciones del Ministerio de Hacienda, conforme lo dispone el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Asociaciones, Decreto Ejecutivo 29496 del 17 de abril de 2001. De esta forma, las asociaciones declaradas de utilidad pública podrán gozar de los privilegios y exenciones correspondientes.


 


  La normativa vigente, reconoce lo relativo al otorgamiento de la condición de utilidad pública, al señalar que Corresponde al Ministerio de Justicia y Gracia, por medio del Departamento de Asociaciones del Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, autorizar: (…)f) La inscripción de la declaratoria de utilidad pública de las asociaciones.” (Artículo 1 Reglamento a la Ley de Asociaciones). Asimismo, establece los requisitos que debe presentar la asociación para recibir tal declaratoria (artículo 28 del Reglamento) y la necesidad de que la Dirección Jurídica del Ministerio prepare el respectivo Decreto Ejecutivo para otorgar esa condición (artículo 30 del Reglamento).


 


  De igual forma, está reconocida expresamente la posibilidad de revocatoria de la declaratoria de utilidad pública por parte del Estado, al indicarse que “En cualquier momento, el Ministerio de Justicia y Paz revocará este beneficio, si desaparecen los motivos por los cuales fue concedido” (artículo 32 de la Ley de Asociaciones, en el mismo sentido artículo 32 del Reglamento).


 


  No obstante lo anterior, no existe una disposición expresa en la Ley o en el Reglamento en cuanto a la posibilidad de desistimiento unilateral de la propia asociación de la declaratoria de interés público.


 


  Sobre el particular entonces, debemos acudir al desarrollo constitucional arriba mencionado del derecho de asociación, que garantiza a todas las personas el ejercicio de este derecho como una libertad, la cual se ejercita no sólo en su dimensión individual sino también colectiva bajo los parámetros que regula la ley. De ahí que cualquier decisión que se tome en el seno de la asociación que implique renunciar al otorgamiento de utilidad pública otorgada por el Estado, no puede ser desconocida por éste.


 


  La solicitud de declaratoria de utilidad pública debe ser realizada por la misma asociación interesada a través de su representante legal (artículo 27 del Reglamento), por lo que siguiendo el principio de paralelismo de las formas, también sería posible su desistimiento de la misma manera. Ello sin embargo, no significa que queden exentas de cumplir los demás requisitos y obligaciones establecidas para las asociaciones en general, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Asociaciones y su Reglamento.


 


  En cuanto a los motivos que tenga la asociación para fundar su petición de desistimiento de la declaratoria, no es un tema que deba ser valorado por el Estado, y específicamente por el Ministerio de Justicia y Paz, pues se encuentra dentro del ámbito de libertad de los miembros de la agrupación decidir la naturaleza de la asociación que conformarán según sus estatutos y si ésta debe ser o no de utilidad pública.


 


  De esta forma debemos concluir que la primera interrogante del consultante en cuanto a posibilidad de desistir la declaratoria de utilidad pública por parte de una asociación y por las razones que estime convenientes, debe ser respondida de manera afirmativa.


 


 


III.             SOBRE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR EL INFORME ANUAL E INSCRIBIR LA DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA


 


No obstante lo indicado en el apartado anterior, debemos señalar que independientemente de la posibilidad de revocatoria y desistimiento de la declaratoria de utilidad pública de una asociación, lo cierto es que mientras ello no ocurra, la agrupación que mantenga esa condición debe cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias dispuestas para su clase.


 


Dentro de las obligaciones dispuestas para las asociaciones declaradas de utilidad pública, se encuentran la de rendir un informe anual e inscribir la declaratoria en el Registro de Asociaciones del Registro Nacional, tal como se desprende de los artículos 31 y 32 del Reglamento a la Ley de Asociaciones, que disponen:


 


“Artículo 31.—El Ministerio de Justicia y Gracia acreditará al Registro de Asociaciones y al Departamento de Exenciones de Hacienda, las asociaciones que han sido declaradas de utilidad pública por medio de comunicación que para tal efecto enviará. El interesado deberá gestionar la inscripción de dicha declaratoria ante el Registro de Asociaciones. Esta inscripción se hará mediante la presentación al Registro de las protocolizaciones del decreto ejecutivo que concede el beneficio.


Artículo 32.—Las asociaciones que sean declaradas de utilidad pública gozarán de los beneficios y franquicias que el Poder Ejecutivo otorga de acuerdo con la ley. Deberán presentar a la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y Gracia un informe anual de su gestión, referido al aprovechamiento a favor de la comunidad del beneficio que les fue otorgado. La declaratoria será revocable en cualquier momento, mediante resolución razonada, previa audiencia a la Asociación por el término de diez días hábiles.” (La negrita no forma parte del original)


 


  De la normativa anterior, se desprende que tanto la inscripción de la declaratoria como la presentación de informes anuales, son obligaciones de las asociaciones declaradas de utilidad pública, por lo que no podrían excusarse del cumplimiento de tales requisitos hasta tanto no haya operado el desistimiento o la revocatoria de tal condición.


 


  Dado ello, y ante la segunda pregunta del consultante, debemos señalar que mientras esté vigente la declaratoria de utilidad pública, las asociaciones deben rendir el informe anual e inscribir dicha declaratoria en el Registro de Asociaciones del Registro Nacional.


 


 


 


 


  Dejamos de esta forma evacuada la consulta que formula el entonces Ministro de Justicia y Gracia.


 


Atentamente,


 


 


 


 


                                                                                Silvia Patiño Cruz


                                                                                Procuradora Adjunta  


 


 


SPC/gcga