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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Dictamen 037
 
  Dictamen : 037 del 11/03/2013   

de febrero del 2013

11 de marzo del 2013


C-037-2013


 


Licenciado


Fernando Ferraro Castro


Ministro


Ministerio de Justicia y Paz


 


Estimado señor:


 


Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, damos respuesta al oficio n.° MJP-0672-09-12, del 10 de setiembre del año pasado, por medio del cual solicitó el dictamen sobre la procedencia de la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta del Registro n.° 189039, correspondiente a la marca “VALLEY COFFEE (Diseño)”, propiedad de la empresa COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES EL GENERAL S.R.L.


 


Lo anterior no sin antes manifestarle las disculpas del caso por la dilación en su evacuación, motivada por el alto volumen de trabajo que maneja esta institución.


 


 


I.                   ANTECEDENTES


 


De las piezas que componen el expediente administrativo n.° 02-2012 que se nos remitió con su gestión, el cual se compone de dos legajos, el primero con 36 folios y el segundo, identificado como Legajo de Prueba, de 31 folios, consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:


 


1)                  El 22 de octubre del 2008, el representante de la Cooperativa Agrícola Industrial y de Servicios Múltiples El General Responsabilidad Limitada, cédula jurídica n.° 3-004-045099, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo distintivo “VALLEY COFFEE (Diseño)”, en la clase 43 internacional sin que haya indicado los bienes o servicios a proteger con ella; solicitud a la que se le asignó el número de expediente 010569-2008 (folios 2 a 7 del Legajo de Prueba).


 


2)                  Mediante Auto de prevención de las 17:20 horas del 28 de octubre del 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le comunica al representante de la sociedad gestionante “que debe de indicar qu[é] desea inscribir si una marca de servicio, o un nombre comercial, toda vez que utiliza los dos conceptos en su solicitud, y esto no es posible” (folios 8 y 9 del Legajo de Prueba).


 


3)                  El 12 de noviembre del 2008 el apoderado de la sociedad interesada cumplió con la prevención anterior aclarando que solicita la inscripción del referido distintivo como una marca de servicio (folio 15 del Legajo de Prueba).


 


4)                  Por resolución de las 8:20 horas del 26 de noviembre del 2008 el Registro de la Propiedad Industrial previno al representante de la sociedad interesada que debía retirar el edicto correspondiente de la solicitud marcaria a efectos de su publicación, en el que tan solo se indica: “Para proteger y distinguir lo siguiente: Nombre Comercial” (folios 13, 17 a 19 del Legajo de Prueba).


 


5)                  La publicación de los respectivos edictos fue hecha en las Gacetas números 19, 20 y 21 de los días 28, 29 y 30 de enero del 2009 (folios 2 y 16 del expediente administrativo y verificado en certificación del Registro Nacional del 30 de octubre del 2012).


 


6)                   El 17 de abril del 2009 la marca de servicios “VALLEY COFFEE (Diseño)” a favor de la sociedad COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES EL GENERAL S.R.L., fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número de registro 189039 (folios 2 y 12 del expediente administrativo y verificado en certificación del Registro Nacional del 30 de octubre del 2012).


 


7)                   El 7 de junio del 2012, la Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial realizó un informe de actividad procesal defectuosa en el que se indica que la inscripción de la marca “VALLEY COFFEE (Diseño)”, a favor de la COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES EL GENERAL S.R.L., se otorgó de manera presuntamente irregular al no respetarse las formalidades propias del procedimiento, pues el registrador a cargo del expediente no se percató de que la solicitud marcaria no indicaba los productos o servicios a proteger, como tampoco se consignó en el respectivo edicto que fue publicado; por lo que para dicha dependencia, se inobservaron los artículos 9 inciso h), 13 y 15 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.°7978) y 17 de su reglamento, y, en consecuencia, recomendó para enmendar la actuación defectuosa detectada, seguir el procedimiento establecido en el párrafo último del artículo 37 de la Ley de Marcas a fin de declarar la posible nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro de la marca “VALLEY COFFEE (Diseño)” (n.° 189039), para luego retrotraer las actuaciones cursando una prevención a la sociedad solicitante para que señale los servicios a proteger y una vez subsanado el defecto, seguir con el trámite de registro correspondiente (folios 1 a 7 del expediente administrativo).


 


8)                   En razón de lo anterior, el señor Ministro de Justicia, mediante resolución n.° 410-2012, de las 11:25 horas del 14  de junio del 2012, nombró como órgano director del procedimiento a los funcionarios Álvaro Valverde Mora, como miembro propietario, y Mauricio Granados Morales, como miembro suplente, para que verifiquen la verdad real de los hechos relativos a la presunta nulidad del registro n.° 189039, correspondiente a la marca “VALLEY COFFEE (Diseño)”, propiedad de la COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES EL GENERAL S.R.L., que consisten en: “Que en fecha 17 de abril del 2009, se inscribió el signo marcario VALLEY COFFEE (Diseño), bajo el registro 189039, sin establecer cuáles son los productos o servicios a proteger por la marca en cuestión, lo cual contraviene lo establecido por los artículos 9 inciso h) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 17 del Reglamento a dicha ley.” Esta resolución fue notificada a la sociedad interesada el 31 de julio del 2012 (folios 9 a 11 del expediente administrativo).


 


9)                   El referido órgano director mediante resolución de las 13:20 horas del 27 de julio del 2012, procedió a dictar la apertura del procedimiento administrativo de conformidad con los artículos 214 y 308 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, para  declarar la posible nulidad absoluta, evidente y manifiesta en el otorgamiento del registro n.° 189039, correspondiente a la marca VALLEY COFFEE (Diseño), a favor de la COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES EL GENERAL S.R.L., con fundamento en los siguientes hechos:  I. SE PROCEDIÓ CON LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA VALLEY COFFEE (DISEÑO), PRESENTADA EL 22 DE OCTUBRE DEL 2008 E INSCRITA EL 17 DE ABRIL DE 2009, A FAVOR DE COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES EL GENERAL RL, BAJO EL REGISTRO 189039, PESE A QUE NUNCA SE INDICARON CUALES ERAN LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A PROTEGER POR EL SIGNO. ASÍ, LA INSCRIPCIÓN DEL VALLEY COFEE (DISEÑO) A NOMBRE DE LA EMPRESA COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES EL GENERAL SRL CONTRAVIENE LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 9 INCISO H DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO A DICHA LEY. ASIMISMO, SE VIOLENTA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, PUESTO QUE EL FUNCIONARIO A CARGO DEL EXPEDIENTE, DEBIÓ PREVENIR CONFORME AL NUMERALES (SIC) SEÑALADOS, LOS PRODUCTOS O SERVICIOS, QUE IBA A PROTEGER EL SIGNO EN CUESTIÓN. II.- En razón de los hechos esbozados, la inscripción del registro número 189039, trasgrede el artículo 9, 13 y 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 17 del Reglamento a dicha Ley…” A tal efecto, citó a la sociedad involucrada a una comparecencia oral y privada a efectuarse a las 10:30 horas del 27 de agosto del 2012, en la sede del órgano director. En el mismo acto, se le hace saber que le asiste el derecho a ser oída, para lo cual se puede hacer representar o asesorar por un abogado, de ofrecer la prueba que considere pertinente, de acceder a la documentación que integra el expediente administrativo y sus antecedentes, y de los recursos que caben contra esa resolución de apertura. Dicha resolución le fue notificada también el 31 de julio del 2012 (folios 12 a 21 del expediente administrativo).


 


10)               De conformidad con el acta levantada al efecto, la audiencia oral y privada indicada en el punto anterior, se celebró a las 10:30 horas del día 27 de agosto del 2012, con la presencia del órgano director y de la apoderada especial de la COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES EL GENERAL S.R.L., quien manifestó que no se está en presencia de una nulidad absoluta, a lo sumo ante una nulidad relativa, en tanto no hace falta ninguno de los elementos del acto administrativo. Añade que su representada cumplió con la única previsión que le hizo el registrador de precisar que el distintivo solicitado es de una marca de servicio – de lo que adjuntó las respectivas copias como prueba – y que si él no advirtió nada más, es porque la clase 43 de Niza brinda las especificaciones de los productos o servicios que se pretenden proteger. Finalmente, expresó su preocupación por el hecho de que se ponga en duda el registro de la marca cuestionada, dada la inversión que alega hizo su representada colocando el distintivo en el mercado y ante posibles terceros mostrando interés en la misma marca. Por lo que solicita que el presente procedimiento sea declarado sin lugar “por ser nulo de pleno derecho, por haberse realizado en forma incorrecta”, si bien no explica las razones o los supuestos vicios que la llevan a tal afirmación (folios  24 a 26 del expediente administrativo).


 


11)               Posteriormente, el órgano director a través de la resolución de las 13:55 horas del 28 de agosto del 2012, rindió su informe final en el que determinó la pertinencia de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro marcario VALLEY COFFEE (Diseño), n.° 189039, al estimar que es clara la existencia de una omisión sustancial en el procedimiento, debido a que se realizó la inscripción sin cumplir las reglas establecidas por los artículos 9 inciso h), 13 y 15 de la Ley de Marcas y 17 de su reglamento, en relación con el artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública (folios 27 a 36 del expediente administrativo).


 


II.                SOBRE LA ANULACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA DE UN ACTO DECLARATORIO DE DERECHOS


 


En principio, la Administración se encuentra inhibida para anular, en vía administrativa, los actos propios que hayan declarado algún derecho a favor de los administrados. En ese sentido, la regla general establece que para dejar sin efecto ese tipo de actos la Administración debe acudir a la vía judicial y solicitar que sea un órgano jurisdiccional el que declare dicha nulidad, mediante el proceso de lesividad regulado actualmente por los numerales 10.5, 34 y 39.1.e) del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley n.° 8508, del 28 de abril del 2006) – en lo sucesivo CPCA – que entró en vigencia desde el 1° de enero del 2008.


 


La razón para limitar la posibilidad de que la Administración anule por sí misma los actos suyos declaratorios de derechos se fundamenta en motivos de seguridad jurídica: el administrado debe tener certeza de que los actos administrativos que le confieren derechos subjetivos no van a ser modificados, ni dejados sin efecto arbitrariamente por la Administración.


 


A pesar de lo anterior, existe una excepción al principio según el cual los actos que declaran derechos a favor del administrado son intangibles para la Administración y es la contenida en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (n.°6227, del 2 de mayo de 1978) – en lo sucesivo LGAP –. De conformidad con esta norma la Administración puede anular en vía administrativa un acto suyo declarativo de derechos, siempre que ese acto presente una nulidad que sea absoluta, evidente y manifiesta.


 


Para evitar abusos en el ejercicio de la potestad de revisión de oficio, el legislador dispuso que antes de declarar la nulidad debe seguirse un procedimiento administrativo ordinario y obtenerse el dictamen favorable de la Procuraduría General de la República (o de la Contraloría, en caso de que el asunto verse sobre materias propias de su competencia) mediante el cual se acredite la naturaleza absoluta, evidente y manifiesta de la nulidad invocada.


 


III.             PARTICULARIDADES DE LA POTESTAD DE REVISIÓN DE OFICIO TRATÁNDOSE DE ACTOS REGISTRALES DE MARCAS O NOMBRES COMERCIALES


 


Ya en otras ocasiones nos hemos referido con detalle (ver en ese sentido, nuestros dictámenes C-421-2007, del 27 de noviembre de 2007, C-031-2008, del 31 de enero, y C-076-2008, del 11 de marzo, ambos del 2008 y más recientemente, C-044-2011, del 28 de febrero, C-106-2011, del 18 de mayo, ambas del 2011 y C-034-2012 del 31 de enero y C-214-2012, del 17 de setiembre, las dos del año pasado), a las particularidades que presenta la anulación de actos registrales de marcas y nombres comerciales del régimen general que contempla la LGPA, y en particular su artículo 173, para los actos administrativos declaratorios de derechos, derivadas del artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, del 6 de enero del 2000). Para mayor claridad procedemos a transcribir el numeral en cuestión:  


 


“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.


No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.


La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años , contados desde la fecha de otorgamiento del registro.


No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.


El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.


La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.


Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.” (El subrayado no es del original).


 


Conforme con el texto anterior, estos rasgos distintivos de los que venimos hablando los podemos resumir en los siguientes tres aspectos: 1) la solicitud de nulidad, como tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio (artículo 180 de la LGAP), para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y que puede ser incoada por cualquier persona con interés legítimo, de acuerdo con el procedimiento regulado a partir del artículo 48 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos ( Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de febrero de 2002); 2) el establecimiento de un plazo de prescripción en lugar del de caducidad para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio; y 3) la declaratoria de nulidad por la Administración del registro de una marca en vía administrativa se rige únicamente por los tres primeros párrafos del artículo 173 de la LGAP, por así disponerlo de forma expresa el legislador, sin que la entrada en rigor del CPCA haya supuesto algún tipo de cambio al respecto, debido a que el código se limitó a reformar este último numeral sin tocar el artículo 37 de la Ley de Marcas (ver en ese sentido, los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008).


 


A propósito de esta última consideración, el examen de la nulidad que se alega del registro n.° 189039 de la marca VALLEY COFFEE (Diseño), inscrita a nombre de la COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES EL GENERAL S.R.L., implica, entonces, que en la especie se deban cumplir efectivamente cada uno de los apartados de esa remisión normativa.


 


En ese entendido, tenemos que la nueva redacción del inciso 1) del artículo 173 de comentario – aplicable a este procedimiento –, además de referirse a la posibilidad para la Administración de anular un acto suyo declaratorio de derechos en vía administrativa si cuenta previamente con el dictamen favorable de la Procuraduría o de la Contraloría según sea el caso, como así se explicó en el epígrafe anterior, advierte del carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada:


 


“Artículo 173.-


1) Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y manifiesta, podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al contencioso-administrativo de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-Administrativo, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República; este dictamen es obligatorio y vinculante. Cuando la nulidad absoluta verse sobre actos administrativos directamente relacionados con el proceso presupuestario o la contratación administrativa, la Contraloría General de la República deberá rendir el dictamen.


En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse expresamente sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada.” (El subrayado no es del original).


 


De conformidad con la norma transcrita no es cualquier nulidad la que podría ser declarada por medio del trámite descrito, sino sólo aquella que pueda ser constatada de forma clara, palmaria, notoria, ostensible, dada la gravedad o lo grosero del quebranto legal en cuestión:


 


En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista... La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos (...)” ( Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987. En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y el C-100-2007, del 3 de abril del 2007).


 


La verificación de las condiciones anteriores respecto al acto registral cuestionado se analizará en el apartado siguiente. El inciso 2) del artículo 173 de comentario, por su parte, determina el órgano competente no sólo para declarar la nulidad del acto cuestionado sino también para decidir el inicio del procedimiento administrativo y, eventualmente, delegar su instrucción en el órgano director, que tal y como se analizó en los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008, cuando se trata de actos del Registro de la Propiedad Industrial y, en general, del Registro Nacional, el órgano legitimado a tal efecto es el Ministro de Justicia (ver también los dictámenes C-167-2001, del 5 de junio y C-219-2001, del 6 de agosto, ambos del 2001). Dice a este respecto la norma:


 


“Artículo 173.-


(…)


2) Cuando se trate de la Administración central del Estado, el ministro del ramo que dictó el respectivo acto deberá declarar la nulidad. Cuando se trate de otros entes públicos o Poderes del Estado, deberá declararla el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa. Contra lo resuelto cabrá recurso de reposición o de reconsideración, en los términos del Código Procesal Contencioso-Administrativo.”


 


En el caso bajo estudio el requisito anterior fue debidamente observado, pues se trató del señor Ministro de Justicia quien decidió el inicio del procedimiento, designó al órgano director, fijándole de paso su competencia, y requirió de nuestro dictamen (ver antecedente 8°).


 


Finalmente, el inciso 3) del artículo 173 de la LGAP establece el deber por parte de la Administración de realizar un procedimiento administrativo ordinario previo a declarar la anulación del acto administrativo; procedimiento que debe ser instruido en estricto apegado a los principios y garantías del debido proceso (intimación e imputación, motivación y comunicación de los actos, celeridad, oralidad, acceso al expediente, por citar algunos), todo en beneficio y resguardo de las garantías y derechos del administrado (ver en ese sentido las resoluciones de la Sala Constitucional números 15-1990, de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990, 1994-2360, de las 15:06 horas del 17 de mayo, 1994-2945, de las 8:12 horas del 17 de junio, ambas de 1994, 2005-05306, de las 15:03 horas del 4 de mayo, 2005-07272, de las 9:11 horas del 10 de junio, ambas del 2005 y los dictámenes C-034-1999, del 5 de febrero, C-037-1999, del 11 de febrero, ambos de 1999, C-112-2000, del 17 de mayo del 2000, C-300-2004, del 21 de octubre y C-372-2004, del 10 de diciembre, los dos del 2004).


 


En efecto, el texto vigente de la disposición de cita señala:


 


“Artículo 173.-


(…)


3) Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este artículo, la Administración deberá dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el debido procedimiento administrativo ordinario dispuesto en esta Ley” (el destacado es nuestro).


 


Luego del estudio detallado de las actuaciones que se dieron en el presente procedimiento administrativo, no encontramos ninguna irregularidad u omisión sustancial en su tramitación en perjuicio de la sociedad expedientada COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES EL GENERAL S.R.L., que pudiera atentar contra su derecho de defensa y con la garantía fundamental del debido proceso que la disposición transcrita indefectiblemente ordena respetar.


 


En ese sentido y según se indicó en los puntos 8, 9 y 10 del apartado de Antecedentes, a la referida sociedad se le puso en conocimiento del carácter, objeto y fines del procedimiento a través de la notificación no solo del traslado de cargos, sino también, del acto de nombramiento mismo del órgano director; constatándose que contó con tiempo suficiente para preparar su defensa, así como de presentar sus argumentos y prueba de descargo, también se puso a su disposición los documentos que componen el expediente administrativo – incluido el legajo de prueba que lo acompaña –; y se le brindó la oportunidad para ser oída durante la celebración de la audiencia oral y privada a través de su abogado o representante, lo que en efecto consta que hizo.


 


De manera que aun cuando la apoderada especial de la cooperativa expedientada alegó durante la comparecencia que el presente procedimiento era “nulo de pleno derecho, por haberse realizado en forma incorrecta”, pero sin fundamentar su afirmación, lo cierto es que este órgano revisor no halló, como se dijo, omisiones sustanciales durante su desarrollo que hayan podido causar indefensión a la parte interesada y que ameriten su anulación. 


  


IV.             SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA EN EL CASO BAJO ESTUDIO


 


Hechas las consideraciones anteriores pasamos al análisis del vicio que se atribuye al registro n.° 189039, correspondiente a la marca VALLEY COFFEE (Diseño), cuyo titular es la COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES EL GENERAL S.R.L.


 


Tal como le fue informado a dicha sociedad en el acto de nombramiento del órgano director y en el traslado de cargos (ver antecedentes 8 y 9), el defecto consistiría en que se procedió a la inscripción de la referida marca de servicio en el Registro de la Propiedad Industrial, sin que se estableciera los productos o servicios a distinguir y proteger con ésta, y a tal efecto se citan como normas vulneradas los artículos 9, inciso h) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y 17 de su reglamento, que en lo que interesa y en el orden indicado disponen:


 


“Artículo 9°- Solicitud de registro. La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente:


 


(…)


h) Una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca, agrupados por clases según la Clasificación internacional de productos y servicios de Niza, con la indicación del número de clase (…)” (El subrayado no es del original).


Artículo 17.—Listado de productos o servicios. La lista de productos o servicios para los cuales se solicita la inscripción de la marca se hará preferentemente utilizando los nombres o denominaciones que aparecen en la lista alfabética de la Clasificación de Productos y Servicios, salvo que ésta no contemplare la denominación común o usual del producto o servicio tal y como es utilizada en el lenguaje corriente o en los usos comerciales del país. Para el efecto, el Registro mantendrá a disposición de los usuarios ejemplares o copias de la Clasificación vigente, para que pueda ser consultada sin costo alguno.


Cuando uno o más de los productos o servicios incluidos en la enumeración de la solicitud se hubieren designado en términos imprecisos, fueren incomprensibles o no coincidieren con la clase para la cual la solicitud se hubiere presentado, el Registro lo notificará al solicitante para que corrija la enumeración, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley.”


 


            De conformidad con las normas transcritas, la solicitud de registro de una marca debe contener, entre otros requisitos, un listado de los nombres de los productos o servicios que va a proteger y para los cuales se pretende usar el distintivo solicitado. De manera que si la gestión del interesado no reúne dicho requisito o incluso, como precisa el reglamento, si uno o más de los productos o servicios incluidos en la enumeración de la solicitud se hubieren indicado de forma imprecisa, incomprensible o no coincidieren con la clase para la cual la solicitud se hubiere presentado, la marca no podría inscribirse y a tal efecto, el artículo 13 de la Ley de Marcas, establece el deber del Registro de la Propiedad Industrial de prevenir al solicitante a fin de que subsane dicho error u omisión dentro de un plazo prudencial, bajo apercibimiento de considerarse abandonada su gestión.


 


            En la especie se tiene por demostrado que la solicitud que presentó el representante de la COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES EL GENERAL S.R.L. ante el Registro Nacional, el 22 de octubre del 2008, para inscribir la marca VALLEY COFFEE (Diseño), no contenía indicación alguna de los productos, bienes o servicios que se iban a distinguir o proteger con ésta (ver antecedente 1). Hecho que no es desacreditado luego por la misma apoderada especial de la interesada durante la audiencia oral y privada celebrada el 27 de agosto del 2012, quien al efecto aportó como prueba una copia de la misma gestión en la que tampoco consta el listado de productos o servicios exigido por la normativa transcrita (ver folios 22 a 25 del Legajo de Prueba).


 


            A pesar de ello, el Registro de la Propiedad Industrial en lugar de hacer la prevención correspondiente a la sociedad interesada, procedió no solo a confeccionar el aviso de la solicitud arrastrando la omisión dicha del listado de productos a los cuales se les aplicaría la marca (ver antecedente 4), en contravención, dicho sea de paso, del artículo 15 inciso f) de la Ley de Marcas, sino que llegó a inscribir la marca VALLEY COFFEE (Diseño) a favor de la COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES EL GENERAL S.R.L. el 17 de abril del 2009 (ver antecedente 6).


 


            Del cuadro fáctico anterior se desprende, efectivamente, una violación del artículo 9, inciso h) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con los artículos 13 y 15 de la misma Ley y 17 de su reglamento, cuya disconformidad conlleva a la invalidez del referido acto registral en grado de nulidad absoluta (artículos 158, 165 y 166 de la LGAP). 


 


            Pues, contrario a lo afirmado por la apoderada especial de la sociedad interesada, se da una ausencia del motivo y contenido del acto (artículos 133 y 132 respectivamente de la LGAP), en tanto la marca VALLEY COFFEE (Diseño) se registró sin cumplir con uno de los requisitos exigidos expresamente por la ley (el listado de productos o servicios). Con lo cual el Registro de la Propiedad Industrial carecía de fundamento jurídico para su adopción afectando con ello la licitud misma del acto registral (artículo 132.1 LGAP). Incluso, podría considerarse que tal imperfección de sus elementos constitutivos ocasiona la nulidad absoluta del registro marcario al impedir la realización del fin, en los términos del artículo 167 in fine de la LGAP. Esto es, proteger de forma efectiva los derechos e intereses legítimos del propio titular de la marca ante la falta de especificidad de los bienes y productos que se quieren proteger con la marca en cuestión (artículo 1 de la Ley de Marcas).


 


Se trata, finalmente, de una nulidad absoluta, de carácter evidente y manifiesta, pues para determinar la invalidez del registro del signo distintivo en cuestión solo bastó una pura operación de constatación del cumplimiento de los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico para su inscripción.


 


V.                CONCLUSIÓN


 


Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría rinde el dictamen favorable requerido para la anulación, en vía administrativa, del registro n.° 189039, correspondiente a la marca VALLEY COFFEE (Diseño), propiedad de la COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES EL GENERAL S.R.L.,  debido al carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad.


 


Se devuelve, adjunto a este dictamen, las piezas del expediente administrativo (incluido el Legajo de Prueba) remitido en su momento.


 


 


Atentamente,


 


 


Alonso Arnesto Moya


Procurador


 


 


AAM/acz