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 PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Opinión Jurídica 079 del 29/10/2013
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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Opinión Jurídica 079
 
  Opinión Jurídica : 079 - J   del 29/10/2013   

29 de octubre del 2013


OJ-079-2013


 


Licenciada


Ana Lorena Cordero Barboza


Jefa de Área


Comisión Permanente de Asuntos Sociales


Asamblea Legislativa


 


Estimada Señora:


 


Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me refiero a su oficio de fecha 9 de setiembre del 2013, por medio del cual solicita el criterio técnico jurídico de este Despacho con relación al Proyecto denominado: “Reformas Urgentes para Fortalecer la Ley N° 7600, Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad del 29 de mayo de 1996 y sus Reformas”, expediente legislativo N° 18.283.


 


 De previo a referirnos al fondo de proyecto, procede aclarar que la opinión consultiva que se emite no tiene carácter vinculante, dado que se está ante una consulta planteada en apego por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa y no por un órgano de la Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Además, la consulta se plantea respecto de un proyecto que es manifestación de la potestad legislativa, cuyo ejercicio corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa. No obstante, se entra a analizar su solicitud como muestra de colaboración de este Órgano con el Poder Legislativo, en razón de la trascendencia de la función legislativa que constitucionalmente le es atribuida.


 


            Asimismo, cabe aclarar que el plazo de ocho días no resulta vinculante para esta Institución, por cuanto no nos encontramos ante ninguno de los supuestos previstos en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.


 


 


I.                SOBRE EL PROYECTO DE LEY PUESTO A NUESTRA CONSIDERACIÓN.


 


            El proyecto de ley titulado “Reformas Urgentes para Fortalecer la Ley N° 7600, Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad del 29 de mayo de 1996 y sus Reformas”, es una iniciativa legal que pretende reformar la Ley N° 7600 del 29 de mayo de 1996, con la finalidad de fortalecerla y dotarla de instrumentos para llevar a buen término sus cometidos.


 


            De acuerdo con la exposición de motivos, si bien la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad vigente es un instrumento jurídico de mucho valor para la sociedad costarricense, no se ha podido lograr un cumplimiento de todas las obligaciones y exigencias que en ella se disponen por lo que con las reformas propuestas en la presente iniciativa se busca que dar cumplimiento a las necesidades de la población con discapacidad.


 


            El proyecto sometido a nuestra consideración consta de tres artículos en los que se pretende adecuar la definición de la palabra discapacidad y adicionar el término “Accesibilidad” al texto normativo para evitar confusiones en la comprensión de la ley. Asimismo se incluyen disposiciones coercitivas como mecanismos para hacer valer las disposiciones de la ley y la posibilidad de sancionar a los infractores. 


 


            Adicionalmente se adjunta con la iniciativa legislativa, el informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, en el cual posterior a una serie de observaciones se le brinda un dictamen unánime afirmativo al proyecto de ley en cuestión.


 


 


II.             SOBRE EL FONDO.


 


            La propuesta legal puesta en conocimiento de la Procuraduría General de la República, concretamente pretende fortalecer la Ley N° 7600 del 29 de mayo de 1996, para que se logre un cumplimiento a cabalidad de los cometidos de la propia ley, la cual en términos generales procura de la protección y participación efectiva de la población con discapacidad de nuestro país.


 


En primer término, con el artículo 1° del proyecto de ley se reforma el artículo 2 de la actual ley, ampliando la definición del término Discapacidad, y adecuándolo a lo establecido en el inciso e) del preámbulo de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad Ley N° 8661.


 


De igual modo, con el artículo 1° de la iniciativa se reforman los artículos 62, 65, 66 y 67 de la actual Ley N° 7600. Al artículo 62 se le reformará la frase “salario mínimo” para disponer que a cualquier persona que cometa cualquier tipo de discriminación que limite la igualdad de oportunidades, se le impondrá una multa por un monto igual al “salario base”, con lo cual se estaría cuantificando la sanción de acuerdo con lo que se disponga para los salarios base.


 


El numeral 65 de la actual ley se reforma, eliminando el monto específico de la multa –cinco mil colones- que se establecía por estacionarse en un lugar para discapacitados sin autorización, y en su lugar, únicamente remite a la Ley de Tránsito vigente para la determinación de la multa por esa acción. Esta reforma resulta importante pues dicha multa se cuantificará según las disposiciones de la Ley de Tránsito, evitando de esta manera establecer montos específicos que eventualmente se vuelvan obsoletos e insignificantes con el paso del tiempo. 


 


El actual artículo 66, en el mismo sentido, será reformado modificando el monto de la multa a los concesionarios de transporte público que incumplan con lo establecido en la ley respecto al derecho de las personas con discapacidad al uso del transporte público, y del monto actual que asciende a diez mil colones, pasa a una suma igual a dos salarios base, de acuerdo con la ley N° 7337 del 5 de mayo de 1993.


 


Por su parte la reforma al artículo 67 actual corresponde a una corrección de redacción, por cuanto en el texto original se estipulo en el párrafo in fine que ante cualquier incumplimiento de accesibilidad en una construcción No se tramitarán permisos de construcción “ni” se suspenderán los ya otorgados hasta que se realicen las remodelaciones.” Con la reforma se pretende modificar este error para que se comprenda que la intención de la ley es estipular que no se tramitarán permisos de construcción y se suspenderán los ya otorgados, en los casos en los que se corroboren incumplimientos de las disposiciones de accesibilidad que establece la ley.


 


El artículo 2 de la iniciativa legislativa pretende adicionar al actual artículo 2 de la ley, el cual contiene las definiciones, el término accesibilidad que define como “las medidas adoptadas, por las instituciones públicas y privadas, para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso en igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público. Estas medidas incluyen también la identificación y eliminación de dichas barreras.”


 


La definición que se pretende incluir en la ley, resulta conforme lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en su artículo 9, por lo que la iniciativa estaría adecuando el derecho interno con los compromisos internaciones adquiridos por Costa Rica..


 


Finalmente la reforma mediante el artículo 3, introduce un artículo 45 bis en la ley, el cual regula la libertad de acceso para todas aquellas personas con discapacidad que utilicen perros guía o animales de asistencia, para que con ello, en los medios de transporte público y las instalaciones públicas o privadas de servicio público se deban permitir el ingreso de las personas con discapacidad que utilicen perros guías o animales de asistencia, sin que esto les genere gastos adicionales o restricciones de ningún tipo.


 


            Es importante destacar la importancia y responsabilidad que asumió el Estado de velar por la protección de las personas con discapacidad, al haber aprobado de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, Ley N° 8661 del 19 de agosto del 2008, en la cual se comprometió a “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.” (Artículo 1).


 


            A raíz de este compromiso, el Estado costarricense se encuentra en la imperiosa necesidad de contar con los medios legislativos idóneos que permitan garantizar a las personas con discapacidad el respecto a sus derechos.


 


 


III.           CONCLUSIÓN.


 


            De conformidad con lo expuesto, es criterio de la Procuraduría General de la Republica que el proyecto de ley titulado “Reformas Urgentes para Fortalecer la Ley N° 7600, Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad del 29 de mayo de 1996 y sus Reformas”, expediente legislativo 18.283, no presenta problemas de constitucionalidad y de legalidad, por lo cual su aprobación o no, corresponde a una decisión exclusiva de los señores y señoras diputados.


 


Atentamente;


 


 


 


Lic. Esteban Alvarado Quesada


Procurador


 


 


 


 


EAQ/ybm


Código 17525-2013