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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Dictamen 181
 
  Dictamen : 181 del 02/09/2013   

2 de setiembre del 2013


C-181-2013


 


Señor


Heiner Ugalde Fallas


Secretario


Consejo Nacional del Deporte y la Recreación


 


Estimado señor:


 


            Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, tengo el gusto de dar respuesta a su oficio n.° C.N.D.R.-472-07-2013, del 22 de julio del 2013, mediante la cual, atendiendo el acuerdo n.° 8 tomado por el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación en la sesión ordinaria n.° 861-2013, celebrada el 18 de julio del 2013, requiere el criterio técnico jurídico de este Despacho en torno a si:


 


¿pueden o no pueden ser consideradas las Sociedades Anónimas Deportivas objeto del otorgamiento de la Declaratoria de utilidad Pública por parte del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación a la luz de la ley de “Creación del Institutito Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) y su Régimen Jurídico”, Ley N° 7800 y el “Reglamento general a la Ley del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) y del Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación”, Decreto Ejecutivo N° 28922-C”.


 


            Al efecto se nos remite el criterio rendido por el Licenciado Jeffrey Daniel Zamora Yoder, Asesor Legal del ICODER quien, luego de transcribir las normas legales y reglamentarias que facultan al Consejo Nacional del Deporte y la Recreación para declarar la utilidad pública de ciertas entidades, señala:


 


“(…) Concretamente, sobre la posibilidad de solicitar la Declaratoria de Utilidad Pública, los artículos 58 de la Ley 7800 y 56 del Decreto Ejecutivo N° 28922-C (el cual reglamenta la mencionada Ley), hacen únicamente mención expresa al Comité Olímpico o asociaciones deportivas y recreativas de primer y segundo grado. No se indica expresamente dicha posibilidad a las Sociedades Anónimas Deportivas.


No es posible interpretar por analogía ni interpretar extensivamente las normas citadas con el fin de afirmar que dicha posibilidad en ellas contemplada alcanza también a las Sociedades Anónimas Deportivas.


Si sería posible otorgar dicha declaratoria, en favor de una Sociedad Anónima Deportiva, en el tanto se realice la correspondiente reforma legal y reglamentaria que faculte al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación a extenderla.


CONCLUSIÓN


No le está legalmente permitido al ICODER, en atención al principio de legalidad que rige la conducta de la Administración, tramitar ni otorgar a favor de una Sociedad Anónima Deportiva la Declaratoria de Utilidad Pública. Para que le esté legalmente permitido al Instituto, debe aprobarse la correspondiente reforma legal y reglamentaria que lo faculte para tales efectos.”


 


            A fin de dar cumplida respuesta a la interrogante formulada, consideramos preciso realizar de previo, una breve referencia a la creación, naturaleza jurídica,  fines y órganos del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y a la finalidad y beneficios que confiere la declaratoria de utilidad pública a determinadas organizaciones para luego, en concreto, responder si es o no procedente otorgar la citada declaratoria a favor de las sociedades anónimas deportivas.


 


 


A)               Creación, naturaleza jurídica, fines y órganos del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER).


 


            Con el fin de promover, apoyar y estimular el deporte y la recreación de los habitantes de la República, se creó el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, en lo sucesivo, ICODER. El artículo 1° de su Ley de Creación, n.° 7800 del 30 de abril de 1998, dispone:


 


“ARTÍCULO 1.- Créase el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, en adelante el Instituto, como institución semiautónoma del Estado, con personalidad jurídica propia e independencia administrativa. Las siglas del Instituto serán ICODER.


El fin primordial del Instituto es la promoción, el apoyo y el estímulo de la práctica individual y colectiva del deporte y la recreación de los habitantes de la República, actividad considerada de interés público por estar comprometida la salud integral de la población. Para tal efecto, el Instituto debe orientar sus acciones, programas y proyectos a fomentar el fortalecimiento de las organizaciones privadas relacionadas con el deporte y la recreación, dentro de un marco jurídico regulatorio adecuado en consideración de ese interés público, que permita el desarrollo del deporte y la recreación, así como de las ciencias aplicadas, en beneficio de los deportistas en particular y de Costa Rica en general.” Lo subrayado no es del original.


 


            Conforme se puede apreciar, la norma transcrita establece la creación del ICODER y respecto de su naturaleza jurídica dispone que se trata de una institución semiautónoma del Estado, con personalidad jurídica, independencia administrativa y patrimonio propio.


 


            Asimismo, la norma en cuestión establece que el fin primordial del ICODER es la promoción, el apoyo y el estímulo de la práctica individual y colectiva del deporte y la recreación de los habitantes de la República, actividad considerada de interés público por estar comprometida la salud integral de la población.


 


            Y para tal efecto, el Instituto debe orientar sus acciones, programas y proyectos a fomentar el fortalecimiento de las organizaciones privadas relacionadas con dichas actividades.


 


            En cuanto a los órganos principales del ICODER, el artículo 4 de su Ley de creación establece que estará integrado:


 


a)      El Congreso nacional del deporte y la recreación.


 


b)      El Consejo nacional del deporte y la recreación.


 


c) La organización y administración del Instituto.


 


 


B)                     De la declaratoria de utilidad pública contemplada en la Ley de creación del ICODER. Beneficios que confiere.


 


            El Título III, Capítulo VIII, de la Ley de creación del ICODER se denomina “Declaratoria de utilidad pública del Comité Olímpico y las Asociaciones Deportivas y Recreativas. Concretamente, los artículos 58 y 59, por su orden, disponen:


 


“ARTÍCULO 58.- La solicitud de declaratoria de utilidad pública que haga el Comité Olímpico o una asociación deportiva, debe ser presentada por su representante legal ante el Consejo, con los requisitos que para el efecto establezca el reglamento de esta ley.


ARTÍCULO 59.- El Comité Olímpico o las asociaciones deportivas y recreativas que gocen de declaración de utilidad pública, gozarán también de los siguientes beneficios que el Poder Ejecutivo otorga a las demás asociaciones:


a) El uso de la calificación de utilidad pública a continuación del nombre de la respectiva entidad.


b) La prioridad en la obtención de recursos para sus planes y programas de promoción deportiva por parte del Consejo y las demás entidades de la Administración Pública.


c) El derecho a disfrutar de la exoneración de impuestos en la importación de implementos deportivos, equipo y materiales necesarios para su labor, previa aprobación del Consejo.


d) Derecho a que las empresas que les otorguen donaciones puedan deducirlas de la base imponible del impuesto sobre la renta, hasta en un diez por ciento (10%) del impuesto sobre la renta, en el porcentaje que para el efecto se determine en el reglamento y con apego a la presente ley.


e) Autorización para que las municipalidades y las instituciones, públicas o privadas, instituciones autónomas y semiautónomas, puedan hacer donaciones, sometiéndose a los controles que fijan las leyes al respecto.


f) Presentación obligatoria de un informe anual de su gestión, referente al aprovechamiento, en favor de la comunidad, del beneficio que le fue otorgado.


g) La declaratoria será revocable en cualquier momento, mediante resolución por parte del Consejo.” Lo subrayado no es del original.


 


            Por su parte, el Reglamento a la Ley de creación del ICODER, Decreto Ejecutivo n.° 28922-C, del 18 de agosto del 2000, sobre la declaratoria de utilidad pública, en los artículos 56 y 57, dispone:


 


“Artículo 56.—Las asociaciones de primer o segundo grado que quieran obtener la declaratoria de utilidad pública deberán dirigir al Consejo Nacional una solicitud expresa, suscrita por su representante legal, en la que indiquen:


a) Las razones por las que la actividad que realizan es de interés para el Estado.


b) Resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones durante los últimos cinco años (actividades realizadas, población beneficiada, origen de los recursos utilizados, etc.).


c) Certificación de Contador Público Autorizado en la que se indique que los registros contables y demás libros legales están actualizados.


d) Programa completo de proyectos y actividades en los que se aprovecharán los beneficios de la declaratoria, población que se proyecta beneficiar, así como compromiso de cumplir con las exigencias legales para asociaciones de ese tipo.


e) Dictamen favorable del Director Nacional del Instituto.


f) Comprometerse a presentar anualmente a la administración del Instituto un informe de los beneficios obtenidos por la declaratoria de utilidad pública.” Lo subrayado no es del original.


 “Artículo 57.—El Consejo Nacional podrá revocar en cualquier momento, mediante resolución fundada y previa realización del debido proceso, una declaratoria de utilidad pública, cuando la asociación beneficiaria incurra en faltas tales como:


a) El incumplimiento injustificado de sus obligaciones establecidas en la Ley, sus reglamentos y las disposiciones aplicables del 1CODER o demás entidades competentes.


b) El incumplimiento grave e injustificado de los programas previamente sometidos al Instituto.


c) No mantener al día los libros contables o legales, o no presentarlos al Instituto cuando éste lo solicite.


d) La incorrecta utilización de los fondos públicos.


e) No entregar a la administración del Instituto, cuando corresponda o cuando ésta lo solicite, los informes de utilización de sus fondos o de los beneficios recibidos con la declaratoria de utilidad pública.


f) No presentar a la administración del Instituto el informe anual de su gestión, referente al aprovechamiento en favor de la comunidad del beneficio que le fue otorgado, o presentarlo en forma tardía sin justa causa.”


 


            De conformidad con la normativa legal y reglamentaria transcrita, la declaratoria de utilidad pública que puede conferir el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación está prevista en favor del Comité Olímpico Internacional y de las Asociaciones Deportivas y Recreativas, de primero y segundo grado.  Tal declaratoria le confiere a las asociaciones que lo soliciten, entre otros, los siguientes beneficios:


 


- La prioridad en la obtención de recursos para sus planes y programas de promoción deportiva por parte del Consejo y las demás entidades de la Administración Pública.


- El derecho a disfrutar de la exoneración de impuestos en la importación de implementos deportivos, equipo y materiales necesarios para su labor, previa aprobación del Consejo.


- Derecho a que las empresas que les otorguen donaciones puedan deducirlas de la base imponible del impuesto sobre la renta, hasta en un diez por ciento (10%) del impuesto sobre la renta.


- Autorización para que las municipalidades y las instituciones, públicas o privadas, instituciones autónomas y semiautónomas, puedan hacerles donaciones.


 


 


C)                    Sobre la posibilidad de que a una sociedad anónima deportiva sea objeto de una declaración de utilidad pública.


 


            La consulta que nos ocupa tiene por objeto precisamente determinar si las sociedades anónimas deportivas pueden ser objeto de una declaratoria de utilidad pública por parte del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación.


 


            Al respecto debemos indicar que tal y como apuntábamos en el apartado anterior, la Ley de creación del ICODER y su reglamento establecen que tal declaratoria solo puede hacerse en favor del Comité Olímpico Internacional y de las Asociaciones Deportivas de primer y segundo grado.


 


            Y a pesar de que la libertad de asociación que contempla el artículo 25 de la Constitución Política puede manifestarse en diversas formas asociativas, que incluye a las asociaciones de carácter económico, que tienen como finalidad principal el lucro, tal y como es el caso de las diversas formas de sociedades civiles y mercantiles, es lo cierto que el legislador, a través de la Ley de creación de ICODER, le ha dado un trato diferenciado a las asociaciones deportivas con respecto de las sociedades anónimas deportivas, a los efectos de una eventual declaratoria de utilidad pública. Veamos.


 


            La regulación referente a las asociaciones deportivas y recreativas –al igual que la declaratoria de utilidad pública-, la encontramos regulada en el Título III, Capítulos V y VI y VIII de la Ley de creación del ICODER, artículos 40 y siguientes. A tal efecto se establece, entre otras cosas, que todas las asociaciones y federaciones deportivas y recreativas, de primero y segundo grado (artículo 50), son asociaciones de utilidad pública, para lo cual deben cumplir con los requisitos señalados en el artículo 59 para su acreditación (artículo 46).


 


            Y si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 7800, en relación con el numeral 49 de su Reglamento, se faculta a las asociaciones deportivas, tanto de primer como de segundo grado, para realizar actividades comerciales lucrativas, adquirir toda clase de bienes, celebrar contratos de toda índole y realizar toda especie de operaciones licitas, lo es con el objeto de proporcionar medios económicos para realizar los fines que les son propios, de conformidad con esta ley, prohibiéndose la división de beneficios pecuniarios o materiales entre los asociados.


 


            Asimismo, se establece que las asociaciones y federaciones deportivas y recreativas deben estar inscritas en el Registro de Asociaciones Deportivas del Registro Público –que se crea en el numeral 92 de la misma Ley-,  previa calificación por parte del Instituto para la procedencia de la inscripción (artículo 40).


 


            Finalmente, de lo dispuesto en los numerales 44, inciso c) y 45, inciso a) de la Ley en referencia, se desprende que las asociaciones y federaciones deportivas y recreativas reciben recursos del Estado por lo que deben presentar al Instituto, a más tardar el 31 de octubre de cada año, los planes, programas y presupuestos correspondientes para el siguiente ejercicio anual, los cuales deben ser balanceados y financieramente viables.


 


            Por su parte, las sociedades anónimas deportivas se regulan en el Título IV, Capítulo I, artículos            60 a 63, de la Ley n.° 7800. En lo que interesa, el numeral 61 reconoce el derecho de los particulares de constituir sociedades anónimas, a las cuales se debe agregar, en su nombre o razón social, el calificativo de "deportiva" o "deportivo", y se inscriben en la Sección Mercantil del Registro Público, de conformidad con el Código de Comercio.


 


            Asimismo, se permite a las asociaciones deportivas transformarse en sociedades anónimas deportivas (artículo 60), las cuales asumen plenamente los derechos y las obligaciones legales y deportivas de la asociación (artículo 62). Igualmente, se faculta a las asociaciones para constituir sociedades anónimas deportivas con fines instrumentales y a condición de que las utilidades y los beneficios que se deriven de sus actividades económicas se reviertan en favor de la asociación deportiva, que no tiene fin de lucro para sus asociados y, en virtud de ello, está exenta del pago del impuesto sobre la renta (artículo 63).


 


            Y si bien la ley establece una serie de beneficios a favor de las sociedades anónimas deportivas, como por ejemplo una reducción en los derechos, impuestos,  timbres y honorarios notariales de inscripción, así como la exención del impuesto sobre los activos de su propiedad y una disminución del impuesto sobre la renta (artículos 61 y 62), es lo cierto que por mantener la finalidad de lucro, los beneficios otorgados no se equiparan con los conferidos a las asociaciones deportivas.


 


            En otras palabras, las sociedades anónimas deportivas constituyen una figura especial societaria, basada en la estructura de la sociedad anónima del derecho mercantil. Y aunque están revestidas de un interés público particular, como lo es la promoción del deporte y la recreación, es lo cierto que no pierden su esencia básica que es la obtención de lucro.  Y en tal sentido se pronunció este Despacho en el dictamen n.° C-260-2000, del 15 de junio del 2000:


 


         “I. SOBRE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS


         Mediante la promulgación de la Ley n.° 7800, se pretendió dotar al deporte y la recreación de un marco jurídico moderno, restructurando y fortaleciendo las autoridades administrativas encargadas de promover, apoyar y estimular la práctica individual y colectiva de tales actividades, consideradas de interés público por estar comprometida la salud integral de la población costarricense.


         Dentro de las novedades, la citada Ley introduce la posibilidad de constituir sociedades anónimas deportivas. En efecto, en el Título IV, Capítulo Único (artículos 60 y siguientes), se reconoce el derecho de los particulares de constituir sociedades anónimas, a las cuales se deberá agregar, en su nombre o razón social, el calificativo de "deportiva" o "deportivo". Asimismo, la ley permite que las asociaciones deportivas existentes y debidamente inscritas se transformen en sociedades anónimas deportivas, o constituir este tipo de sociedades con fines instrumentales.


         Ahora bien, en opinión de la Dirección del Registro de Personas Jurídicas, la Ley en referencia es omisa en cuanto a establecer particularidades especiales que permitan diferenciar este tipo de sociedades de las mercantiles, puras y simples. Por ejemplo, se cuestiona que la Ley no establece si los fines deben ser estrictamente deportivos o alguna forma especial de distribución de utilidades.


         Sobre el particular, la Procuraduría General de la República coincide con el consultante en que, efectivamente, la Ley n.° 7800 no establece particularidades que permitan distinguir este tipo de sociedades de la demás. La única diferencia, como bien se indica, es la de agregar en su razón social el calificativo de "deportiva" o "deportivo":


"(...) Siguiendo el trámite y observando los requisitos establecidos en el Código de Comercio, las sociedades anónimas deportivas se constituirán siempre que se agregue el calificativo de "deportiva" o "deportivo".(...)" (Artículo 63, párrafo segundo).


         En ese sentido, salvo en la denominación, este tipo de sociedades no se diferencian de las mercantiles comunes y corrientes. Véase que para su constitución se remite a los trámites y requisitos dispuestos en el Código de Comercio (artículo 60, inciso c); y su inscripción deberá realizarse ante la Sección Mercantil del Registro Público (artículo 61).


         Y es que esa fue, precisamente, la intención del legislador; es decir, permitir la creación de sociedades cuya finalidad primordial sea la promoción del deporte, pero regidas por el régimen propio de las sociedades mercantiles. Así se desprende del expediente legislativo n.° 12790, bajo el cual se tramitó la Ley n.° 7800. Por ejemplo, en el acta de la Sesión Plenaria n.° 145, celebrada el 27 de abril de 1998, en folio 945, el Diputado Franklin León Blanco expresa:


"Es también importante este proyecto de ley porque se crea la figura de las sociedades anónimas deportivas; ahí se le da la posibilidad a las asociaciones que trabajan con las uñas, a acogerse a una figura jurídica que existe en nuestras leyes, regidas por el Código de Comercio, para que sean un negocio que les permita recoger dineros, que les permita convertirse en una pequeña empresa y así subsistir y trabajar con recursos propios."


Es claro, entonces, que las sociedades anónimas deportivas, no se diferencian de las demás sociedades mercantiles. Lo anterior lo confirma lo dispuesto en el artículo 63 de la misma Ley en referencia, que al permitir a las asociaciones deportivas inscritas constituir sociedades anónimas deportivas con fines instrumentales "(...) a condición de que las utilidades y beneficios que se deriven de sus actividades económicas se reviertan en favor de la asociación deportiva, (...)", permite concluir que, en el caso de las sociedades anónimas deportivas constituidas por particulares, las utilidades y beneficios que logren generar, se revierten en beneficio de sus socios.


         Sin embargo, consideramos que lo deportivo debe constituir la finalidad primordial de este tipo de sociedades pues, en definitiva, es lo que justifica los beneficios que la Ley en estudio les confiere. Por ejemplo, se reducen a una cuarta parte los derechos, impuestos y timbres que se pagan por la constitución y modificaciones del pacto social y demás inscripciones, así como por honorarios notariales (artículo 61); y se les exonera del pago del impuesto sobre activos (artículo 62, último párrafo).” Lo subrayado no es del original.


 


            Como bien apuntó la Procuraduría en el dictamen transcrito, aunque lo deportivo constituye la finalidad esencial de las sociedades anónimas deportivas, que en definitiva es lo que justifica los beneficios que la Ley n.° 7800 les confiere, es lo cierto que, en cuanto a la obtención de lucro en favor de sus socios, no se diferencian de las demás sociedades mercantiles.


 


            Y es precisamente esa obtención de lucro por parte de las sociedades anónimas deportivas lo que justifica un trato diferenciado por parte del legislador con respecto de las asociaciones deportivas, a los efectos de una eventual declaratoria de interés público. De ahí que, como bien apuntó el asesor legal del ICODER, en aplicación del principio de legalidad, no resulta factible conferir a las sociedades anónimas deportivas la declaratoria de utilidad pública, en razón de los beneficios que tal declaratoria implica.


 


 


D)                    Conclusión.


 


            De conformidad con lo expuesto, es criterio de la Procuraduría General de la República que:


 


1.- Las sociedades anónimas deportivas, salvo en su denominación, no se diferencian de las sociedades mercantiles comunes. Se trata de sociedades que tienen como finalidad primordial la promoción del deporte –que es en definitiva lo que justifica los beneficios que la Ley n.° 7800 les confiere-, pero regidas por el régimen propio de las sociedades mercantiles.


 


2.- Lo anterior implica que, como en toda sociedad, las utilidades y beneficios que logren generar las sociedades anónimas deportivas constituidas por particulares, se revierten en beneficio de sus socios.


 


3.- En aplicación del principio de legalidad y específicamente del trato diferenciado que el legislador ha dispuesto, a través de la Ley n.° 7800, en favor de las asociaciones deportivas con respecto de las sociedades anónimas deportivas, a los efectos de una eventual declaratoria de utilidad pública –en razón de los beneficios que tal declaratoria implica-, el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación carece de facultades para conferir la referida declaratoria en favor de sociedades anónimas deportivas.


 


 


                                                                                Atentamente,


 


 


 


                                                                                Omar Rivera Mesén


                                                                                Procurador


                                                                                Área de Derecho Público


 


 


 


 


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