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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Dictamen 327
 
  Dictamen : 327 del 09/10/2014   

09 de octubre del 2014


C-327-2014


 


Señora


Adriana Collado Chaves


Directora General


Teatro Nacional de Costa Rica


 


Estimada señora:


 


Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me refiero al oficio número DG-1433-2013 de fecha 13 de agosto de 2013, reasignado a mí despacho el 11 de setiembre del 2014, mediante el cual,  solicita criterio respecto a los dictámenes de esta Procuraduría. Específicamente se peticiona dilucidar lo siguiente:


 


“…estamos en conocimiento de lo expresado…mediante oficio C-75-2009, de fecha 18 de marzo de 2009…es interés de la suscrita,  se nos instruya en relación a la aplicabilidad o no del mismo para el caso específico del Teatro Nacional.”


 


I.- SOBRE LOS ANTECEDENTES:


 


Importante acotar que, conjuntamente, con el escrito mediante el cual se remite el cuestionamiento a resolver, se adjunta el oficio número TN-AL-061-2013 de fecha 22 de julio del 2013, el cual, en relación con el tema que nos ocupa, concluyó:  


 


“…dentro del ordenamiento jurídico aplicable existe una única disposición normativa en la que se contempla el ingreso de puestos excluidos del Régimen de Servicio Civil, al Régimen de Méritos, este es el  artículo 11 del Reglamento al Estatuto del Servicio Civil...”                           


 


II.- SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL TEATRO NACIONAL


 


Tomando en consideración la disyuntiva planteada, en la especie, conviene, como punto de partida, establecer la naturaleza jurídica del consultante, en aras de determinar la afinidad legal que podría detentar con aquel al que se direccionó el criterio por cuya aplicabilidad pregunta.


En esta línea, se impone determinar que el Teatro Nacional, es un órgano adscrito al Ministerio de Cultura, que detenta la posibilidad normativa de administrar erario, con la finalidad de cumplir los objetivos que el ordenamiento jurídico le endilgó.


 


En este sentido, el canon primero de la Ley del Teatro Nacional, número 8290 del 21 de agosto del 2002, a la letra reza: 


 


“Artículo 1º-El Teatro Nacional es un órgano del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, con desconcentración mínima, que tendrá personalidad jurídica instrumental para administrar los fondos del Teatro Nacional, suscribir contratos o convenios y recibir donaciones de los entes públicos y privados, nacionales y extranjeros, necesarios para el ejercicio de sus funciones con estricto apego a su finalidad material y de conformidad con la presente Ley.”


 


Por su parte, tocante al tópico que nos ocupa, la Procuraduría General de la República, ha indicado:


 


“…recientemente se ha promulgado la Ley del Teatro Nacional, Ley Nº8290 de 23 de julio de 2002, y en su artículo 1º se establece al Teatro Nacional como un órgano del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, con desconcentración mínima y personalidad jurídica instrumental para administrar los fondos del Teatro Nacional, suscribir contratos o convenios y recibir donaciones de los entes públicos y privados, nacionales y extranjeros, necesarios para el ejercicio de sus funciones, con estricto apego a su finalidad material y de conformidad con dicha ley.


 


El instituto de la desconcentración se encuentra regulado en el artículo 83 de la Ley General de la Administración Pública. Por ello, siendo que el Teatro Nacional es un órgano desconcentrado del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, como tal resulta parte integrante del Gobierno Central, y consecuentemente, su naturaleza jurídica se define como un "órgano del Estado con desconcentración mínima". De este modo, el Teatro Nacional mantiene su naturaleza pública, aún con la aprobación de la Ley Nº8290, correspondiendo al Poder Ejecutivo su reglamentación, tal y como lo dispone el artículo 10 de la citada Ley…” [1]


 


Como claramente se sigue de lo expuesto, el Teatro Nacional, se insiste, pertenece a la estructura organizativa del Ministerio de Cultura, el cual a su vez detenta la misma condición respecto del Poder Ejecutivo y, por ende, ambos son integrantes del  Gobierno Central.


  


III.- SOBRE LA APLICABILIDAD DEL DICTAMEN C-075-2009 DEL 18 DE MARZO DEL 2009 AL TEATRO NACIONAL


 


Se cuestiona, en este asunto, la viabilidad de utilizar las consideraciones jurídicas vertidas en el criterio C-075-2009, en aras de solventar la situación específica que está enfrentando el Teatro Nacional.


 


Sobre el particular, deviene relevante establecer la naturaleza jurídica de nuestros dictámenes, los cuales, resultan vinculantes para quien consulta y respecto del resto de la Administración Pública, se tornan jurisprudencia administrativa.


 


En esta línea, se ha decantado este órgano técnico asesor al establecer que:


 


“…En este sentido, se ha señalado que "el carácter de jurisprudencia de nuestros dictámenes, no deriva de ellos singularmente considerados, sino de su conjunto (artículo 2º de la 6815 de cita). Se requiere además, que dichos actos sean uniformes, no contradictorios y ajustados a la ley. El objeto de nuestros dictámenes, debe ser, lógicamente, interpretar, delimitar o integrar el campo de aplicación del ordenamiento jurídico (artículo 7º de la Ley General de repetida cita), como forma de aclarar, asesorar o informar respecto de las decisiones administrativas válidas y posibles, que debe o puede adoptar la administración activa." (Pronunciamiento C-221-89 de 20 de diciembre de 1989).


 


 En razón de lo anterior, consideramos que el efecto fundamental de nuestra jurisprudencia administrativa será, entonces, orientar, facilitar y uniformar las decisiones de los órganos de la administración activa, razón por la cual le corresponderá a ésta aplicar lo interpretado a un caso concreto con el objeto de encontrar la solución justa y de acuerdo con el ordenamiento jurídico…


 


 Sobre el tema la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece lo siguiente:


 


 


 ARTÍCULO 2.-


 


"Los dictámenes y pronunciamientos de la Procuraduría General constituyen jurisprudencia administrativa, y son de acatamiento obligatorio para la Administración Pública".


 


Es dable apuntar que todos los dictámenes y pronunciamientos de la Procuraduría son vinculantes, al indicarse que "son de acatamiento obligatorio". Asimismo el efecto vinculante de tales dictámenes es sólo es para la Administración consultante, no así para el resto de la Administración, para quienes constituye jurisprudencia administrativa, con el rango de la norma que integran, interpretan o delimitan. Criterio ha sido recogido en nuestros pronunciamientos. Como ejemplo, pueden citarse los siguientes: C-237-98 de 10 de noviembre de 1998 y C-093-99 de 13 de mayo de 1999. ( en igual sentido se pronunció Corte Plena en Sesión extraordinaria N° 32 de 3 de mayo de 1984, ejerciendo funciones de control de constitucionalidad)…” [2]


   


Establecido lo anterior, corresponde determinar la factibilidad de emplear el criterio objeto de consulta al Teatro Nacional. Así, debe indicarse que, ciertamente, al constituir esta jurisprudencia administrativa, en términos generales, resultaría viable su uso.


 


Pero más aún, según se desprende de la consulta realizada, el Teatro Nacional se encuentra inmerso en un proceso de asignación de puestos al Régimen del Servicio Civil y el Dictamen en estudio analiza, entre otras cosas, la normativa que debe aplicarse para tal efecto y las posibles indemnizaciones que podrían resultar procedentes.


 


Por lo que, en tratándose de órganos del Gobierno Central, regidos por el Régimen de Méritos –asunto no controvertido en esta consulta- y, por ende, tutelados por el Estatuto al Servicio Civil, su Reglamento y normativa conexa, no cabe duda que el pronunciamiento que nos ocupa, es aplicable al Teatro Nacional. Empero, deberá este velar porque las condiciones fáctico-jurídicas que produjeron la emisión de las consideraciones citadas, se cumpla de igual forma en la circunstancia que pretende solventar.


 


IV.- CONCLUSIONES:


 


A.- El Teatro Nacional, es un órgano adscrito al Ministerio de Cultura, por ende, conformante del Gobierno Central, que detenta la posibilidad normativa de administrar erario, con la finalidad de cumplir los objetivos que el ordenamiento jurídico le endilgó.


 


 B.- Los dictámenes emitidos por la Procuraduría General de la República, resultan vinculantes para quien consulta y respecto del resto de la Administración Pública, se tornan jurisprudencia administrativa.


 


C.- El Dictamen número C-75-2009, emitido el 18 de marzo del 2009, resulta aplicable al Teatro Nacional. Empero, deberá este velar porque las condiciones fáctico-jurídicas que produjeron la emisión de las consideraciones citadas, se cumplan de igual forma en la circunstancia que pretende solventar.


 


 


 


 


Laura Araya Rojas


Procuradora


Área Derecho Público


 


LAR/jlh


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 




[1] Procuraduría General de la República, Dictamen número C-289-2002 del 25 de octubre de 2002.


[2] Procuraduría General de la República, Dictamen C-132-2014 del 23 de abril del 2014