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Texto Dictamen 410
 
  Dictamen : 410 del 20/11/2014   

20 de noviembre del 2014


C-410-2014


 


Doctora


Cristina Ramírez Chavarría


Ministra de Justicia


 


Estimada señora Ministra:


 


 


Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, doy respuesta al oficio n.° MJP-274-04-2013, del 25 de abril del 2013, por medio del cual el entonces Ministro Sr. Fernando Ferrero Castro, solicitó el dictamen sobre la procedencia de la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta del Registro n.° 204381, correspondiente a la marca “EXPLORADORES DEL REY (DISEÑO)”, propiedad del señor xxx.


 


Lo anterior no sin antes manifestarle las disculpas del caso por la dilación en su evacuación, motivada por el alto volumen de trabajo que maneja esta institución.


 


 


I.                        ANTECEDENTES.


 


            De las piezas que componen el expediente administrativo n.° 2012-13 que se nos remitió con su gestión, el cual se compone de dos legajos, el primero con 47 folios físicos (expediente administrativo), y el segundo, de 28 folios (Legajo de prueba), consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:


 


1)      El 11 de junio del 2010, el señor xxx, cédula de identidad n.° xxx, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca  de servicios “EXPLORADORES DEL REY (DISEÑO)” en la clase 41 internacional, para proteger y distinguir “…servicios bajo el movimiento scout de educación integral, capacitación, entretenimiento y desarrollo de actividades deportivas y culturales para la juventud con un enfoque cristiano” , gestión a la que se le dio el número de expediente 2010-5336 (folios 1 y 2 del Legajo de Prueba).


 


2)      El Registro de la Propiedad Industrial le previno al señor xxx mediante auto del 15 de junio del 2010  las siguientes objeciones: indicar los colores sobre los cuales hacía la reserva y dirección exacta del comercio o servicios para proseguir con la inscripción. Dicha prevención fue cumplida por el señor xxx el día 22 siguiente (folios 3 a 7 del Legajo de pruebas).


 


3)      En el  Legajo de pruebas no consta el listado de posibles antecedentes de marcas de la gestión anterior que pudieran impedir su inscripción (estudio de novedad), sin embargo, el Registro de la Propiedad Industrial emitió el edicto correspondiente para su correspondiente publicación de ley (folios 8 a 15 del Legajo de prueba).


 


4)      Que la publicación de los edictos correspondientes fue hecha en las Gacetas números 147,148 y 149 de los días 29 y 30 de julio y 3 de agosto del 2010 (folios 1 y 15 del Legajo de prueba).


 


5)      El 27 de setiembre del 2010 el gestor de negocios de la ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA interpuso una oposición contra la solicitud de registro anterior – ratificada el 15 de octubre siguiente por sus representantes legales –, alegando que su representada es la titular del nombre comercial “GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA (DISEÑO)” inscrita en la clase 49 desde el 20 de julio del 2009, bajo el número de registro 192855, para proteger y distinguir “Un establecimiento dedicado a actividades tendientes a la educación integral de la juventud mediante la creación en la Guía y el Scout con miras a la constitución del ciudadano ejemplar con operante conciencia social”, expediente 2008-012049. Siendo que, la inscripción de la marca pretendida por el señor xxx trata de proteger servicios en los que se hace uso del término registrado y protegido “SCOUT”, del que es titular su representada y para lo que no cuenta con autorización alguna. Agrega, además, que se trata de una marca notoriamente conocida (folios 16 a 25 del Legajo de pruebas).


 


6)      A pesar de que no consta que la gestión de oposición anterior fue resuelta, la marca “EXPLORADORES DEL REY” (Diseño),  fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial el día 8 de octubre del 2010, a favor del señor xxx, bajo el número de registro: 204381 (folios 27 y 28 del Legajo de pruebas).


 


7)      El 19 de diciembre del 2012, la Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial elaboró un informe de actividad procesal defectuosa, en el que indicó que la inscripción de la marca “EXPLORADORES DEL REY (DISEÑO)”, se realizó en forma errónea “por no haberse hecho el examen de admisibilidad a la oposición de la empresa ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA, la cual fue presentada dentro del plazo de dos meses posteriores a la primera publicación del Edicto, el cual está establecido por el artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.” Por lo que recomendó seguir el trámite previsto en el párrafo último del artículo 37 de la Ley n.°7978 a fin de declarar la posible nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro del signo “EXPLORADORES DEL REY (DISEÑO)”, para luego entrar al examen correspondiente de la oposición a dicha inscripción  (folios 1 a 6 del expediente administrativo).


 


8)       El entonces Ministro de Justicia, Fernando Ferraro, mediante resolución n.° 27-2013 de las 14:30 horas del 7 de enero del 2013 y con fundamento en el informe anterior, nombró como órgano director a los funcionarios Lic. Álvaro R. Valverde Mora, como miembro propietario, y al Lic. Tomás Montenegro Montenegro, como miembro suplente, a fin de verifiquen la verdad real de los hechos relativos a la declaratoria de nulidad en el otorgamiento del  registro número 204381, por presunta infracción al artículo 16  de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. De acuerdo con la constancia de notificación esta resolución fue comunicada a las partes interesadas el 5 de marzo del 2013 (folios 8, 9, 9 vuelto, 10 y 20 del expediente administrativo).


 


9)      El referido órgano director, por resolución de las 8:00 horas del 13 de febrero del 2013, procedió a dictar la apertura del procedimiento administrativo de conformidad con los artículos 214, 308 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, para declarar la posible nulidad absoluta, evidente y manifiesta en el otorgamiento del registro n.° 204381, de la marca “EXPLORADORES DEL REY (DISEÑO)”, a favor del señor xxx, por los siguientes hechos: “I. SE PROCEDIÓ CON LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “EXPLORADORES DEL  REY (DISEÑO)”, EN CLASE 41 INTERNACIONAL, PRESENTADA EL 11 DE JUNIO DE 2010 E INSCRITA EL 8 DE OCTUBRE DE 2010, A FAVOR DEL SEÑOR xxx, BAJO EL REGISTRO 204381, PESE A QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE LEY Y EN ESCRITO RECIBIDO EN FECHA 27 DE SETIEMBRE DE 2010, EL SEÑOR PABLO ENRIQUE GUIER ACOSTA, EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DE NEGOCIOS ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA, PRESENTÓ OPOSICIÓN CONTRA LA MARCA EXPLORADORES DEL REY (DISEÑO). LO CUAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, INFRINGE EL PROCEDIMIENTO REGISTRAL CORRECTO, EN EL ENTENDIDO QUE DEBIÓ HACERSELE PRIMERO EL EXAMEN DE ADMISIBILIDAD A LA OPOSICIÓN… ANTES QUE PROCEDER A LA INSCRIPCIOÓN DEL SIGNO SOLICITADO”. A tal efecto, citó al señor xxx, en su condición personal, y al representante de la ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA a una comparecencia oral y privada a efectuarse a las 9:15 horas del 8 de abril del 2013 en la sede de ese órgano director. En el mismo acto, se les hace saber a las partes interesadas que les asiste el derecho a ser oídas, para lo cual se puede hacer representar o asesorar por un abogado, de ofrecer la prueba que consideren pertinente, de acceder a la documentación que integra el expediente administrativo y de los recursos que caben contra esa resolución de apertura. La cual fue notificada al señor xxx y a la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica el 5 de marzo del 2013 (folios 11 a 18, 18 vuelto, 19, 24, 32 vuelto y 33 del expediente administrativo).


 


10)  De conformidad con el acta levantada al efecto, la audiencia oral y privada se celebró a las 9:15 horas del 8 de abril del 2013 en el Departamento de Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial con la presencia únicamente de la Licda. Cinthya Wo Ching Vargas, en calidad de apoderada especial del señor xxx, y el órgano director. En la audiencia, la representante del señor xxx aceptó el error detectado por el Registro,  manifestando su conformidad respecto a que la marca en cuestión no se inscribió correctamente, no obstante solicitó que una vez anulado el registro se resuelva la oposición y se siga con el procedimiento correspondiente hasta la nueva inscripción del signo de su representado. La audiencia finalizó a las 9:50  horas. Seguidamente, el órgano director levantó una nueva acta a las 9:35 horas de ese mismo día para hacer constar que el representante de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica no se presentó a la comparecencia a pesar de que fueron notificados de lo actuado (folios 34 a 38 del expediente administrativo).


 


11)  A través de la resolución de las 8:30 horas del 17 de abril del 2013 el órgano director rindió su informe final en el que manifiesta la pertinencia de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la inscripción de la marca “EXPLORADORES DEL REY (DISEÑO)”, al constatar de las pruebas recabadas durante el procedimiento que la oposición contra la solicitud de dicho registro por parte de la ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA pese a haber sido presentada en el plazo de Ley no fue conocida, infringiéndose así lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en relación con el artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública (folios 39 a 47 del expediente administrativo).


 


 


II.                SOBRE LA ANULACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA DE UN ACTO DECLARATORIO DE DERECHOS.


 


En principio, la Administración se encuentra inhibida para anular, en vía administrativa, los actos propios que hayan declarado algún derecho a favor de los administrados. En ese sentido, la regla general establece que para dejar sin efecto ese tipo de actos, la Administración debe acudir a la vía judicial, y solicitar que sea un órgano jurisdiccional el que declare dicha nulidad, mediante el proceso de lesividad regulado por los numerales 10.5, 34 y 39.1.e) del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley n.° 8508, del 28 de abril del 2006) – en lo sucesivo CPCA – que entró en vigencia desde el 1 de enero del 2008.


 


La razón para limitar la posibilidad de que la Administración anule por sí misma los actos suyos declaratorios de derechos se fundamenta en motivos de seguridad jurídica: el administrado debe tener certeza de que los actos administrativos que le confieren derechos subjetivos no van a ser modificados, ni dejados sin efecto arbitrariamente por la Administración.


 


A pesar de lo anterior, existe una excepción al principio según el cual los actos que declaran derechos a favor del administrado son intangibles para la Administración y es la contenida en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (n.°6227, del 2 de mayo de 1978) – en lo sucesivo LGAP –.  De conformidad con esta norma la Administración puede anular en vía administrativa un acto suyo declarativo de derechos, siempre que ese acto presente una nulidad que sea absoluta, evidente y manifiesta.


 


 Para evitar abusos en el ejercicio de la potestad de revisión de oficio, el legislador dispuso que antes de declarar la nulidad debe seguirse un procedimiento administrativo ordinario y obtenerse el dictamen favorable de la Procuraduría General de la República (o de la Contraloría, en caso de que el asunto verse sobre materias propias de su competencia) mediante el cual se acredite la naturaleza absoluta, evidente y manifiesta de la nulidad invocada.


 


 


III.                 PARTICULARIDADES DE LA POTESTAD DE REVISIÓN DE OFICIO TRATÁNDOSE DE ACTOS REGISTRALES DE MARCAS O NOMBRES COMERCIALES.


 


Ya en otras ocasiones nos hemos referido con detalle (ver en ese sentido, nuestro dictámenes C-421-2007, del 27 de noviembre de 2007, C-031-2008, del 31 de enero, y C-076-2008, del 11 de marzo, ambos del 2008) a las particularidades que presenta la anulación de actos registrales de marcas y nombres comerciales del régimen general que contempla la LGPA, y en particular su artículo 173, para los actos administrativos declaratorios de derechos, derivadas del artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, del 6 de enero del 2000). Para mayor claridad procedemos a transcribir el numeral en cuestión:


 


“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.


 


No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.


 


La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.


 


No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.


 


El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.


 


La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.


 


Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.” (El subrayado no es del original).


 


Conforme con el texto anterior, estos rasgos distintivos de los que venimos hablando los podemos resumir en los siguientes tres aspectos: 1) la solicitud de nulidad, como tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio (artículo 180 de la LGAP) para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y que puede ser incoada por cualquier persona con interés legítimo, de acuerdo con el procedimiento regulado a partir del artículo 48 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos (Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de febrero de 2002); 2) el establecimiento de un plazo de prescripción en lugar del de caducidad para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio; y 3) la declaratoria de nulidad por la Administración del registro de una marca en vía administrativa se rige únicamente por los tres primeros párrafos del artículo 173 de la LGAP, por así disponerlo de forma expresa el legislador, sin que la entrada en rigor del CPCA haya supuesto algún tipo de cambio al respecto, debido a que el código se limitó a reformar este último numeral sin tocar el artículo 37 de la Ley de Marcas (ver en ese sentido, los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008).


 


A propósito de esta última consideración, el examen de la nulidad que se alega del registro de la marca “EXPLORADORES DEL REY (DISEÑO)”, implica entonces que en la especie se deban cumplir efectivamente cada uno de los apartados de esa remisión normativa.


 


En ese entendido, tenemos que el inciso 1) del artículo 173 de comentario  además de referirse a la posibilidad para la Administración de anular un acto suyo declaratorio de derechos en vía administrativa si cuenta previamente con el dictamen favorable de la Procuraduría o de la Contraloría, según sea el caso y como así se explicó en el epígrafe anterior, advierte del carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada:


 


 


 


Artículo 173.-


1) Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y manifiesta, podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al contencioso-administrativo de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-Administrativo, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República; este dictamen es obligatorio y vinculante.  Cuando la nulidad absoluta verse sobre actos administrativos directamente relacionados con el proceso presupuestario o la contratación administrativa, la Contraloría General de la República deberá rendir el dictamen.


 


En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse expresamente sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada.” (El subrayado no es del original).


 


De conformidad con la norma transcrita no es cualquier nulidad la que podría ser declarada por medio del trámite descrito, sino sólo aquella que pueda ser constatada de forma clara, palmaria, notoria, ostensible, dada la gravedad o lo grosero del quebranto legal en cuestión:


 


“En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista. La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos (...)” (Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987. En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y el C-100-2007, del 3 de abril del 2007).


 


La verificación de las condiciones anteriores respecto al acto registral cuestionado se analizará en el apartado siguiente. El inciso 2) del artículo 173 de comentario, por su parte, determina el órgano competente no sólo para declarar la nulidad del acto cuestionado sino también para decidir el inicio del procedimiento administrativo y, eventualmente, delegar su instrucción en el órgano director, que tal y como se analizó en los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008, cuando se trata de actos del Registro de la Propiedad Industrial y, en general, del Registro Nacional, el órgano legitimado a tal efecto es el Ministro de Justicia (ver también los dictámenes C-167-2001, del 5 de junio y C-219-2001, del 6 de agosto, ambos del 2001). Dice a este respecto la norma:


 


Artículo 173.-


(…)


2) Cuando se trate de la Administración central del Estado, el ministro del ramo que dictó el respectivo acto deberá declarar la nulidad. Cuando se trate de otros entes públicos o Poderes del Estado, deberá declararla el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa.  Contra lo resuelto cabrá recurso de reposición o de reconsideración, en los términos del Código Procesal Contencioso-Administrativo.”


 


En el caso bajo estudio el requisito anterior fue debidamente observado, pues se trató del anterior Ministro de Justicia quien decidió el inicio del procedimiento, designó al órgano director, fijándole de paso su competencia, y requirió de nuestro dictamen (ver antecedente n.° 8).   


 


Finalmente, el inciso 3) del artículo 173 de la LGAP establece el deber por parte de la Administración de realizar un procedimiento administrativo ordinario previo a declarar la anulación del acto administrativo; procedimiento que debe ser instruido en estricto apegado a los principios y garantías del debido proceso (intimación e imputación, motivación y comunicación de los actos, celeridad, oralidad, acceso al expediente, por citar algunos), todo en beneficio y resguardo de las garantías y derechos del administrado (ver en ese sentido las resoluciones de la Sala Constitucional números 15-1990, de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990, 1994-2360, de las 15:06 horas del 17 de mayo, 1994-2945, de las 8:12 horas del 17 de junio, ambas de 1994, 2005-05306, de las 15:03 horas del 4 de mayo, 2005-07272, de las 9:11 horas del 10 de junio, ambas del 2005 y los dictámenes C-034-1999, del 5 de febrero, C-037-1999, del 11 de febrero, ambos de 1999, C-112-2000, del 17 de mayo del 2000, C-300-2004, del 21 de octubre y C-372-2004, del 10 de diciembre, los dos del 2004).


 


En efecto, el texto vigente de la disposición de cita señala:


 


Artículo 173.-


(…)


3) Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este artículo, la Administración deberá dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el debido procedimiento administrativo ordinario dispuesto en esta Ley” (el destacado es nuestro).


 


Luego del estudio detallado de las actuaciones que se dieron en el presente procedimiento administrativo, no encontramos ninguna irregularidad u omisión sustancial en su tramitación en perjuicio del interesado xxx, titular del registro n.° 204381, que pudiera atentar contra su derecho de defensa y con la garantía fundamental del debido proceso que la disposición transcrita indefectiblemente ordena respetar.


 


En ese sentido y según se indicó en los puntos  8, 9, 10 y 11 del apartado de Antecedentes, al señor xxx se le puso en conocimiento del carácter, objeto y fines del procedimiento a través de la notificación del traslado de cargos, haciéndose representar por su abogada en carácter de apoderada especial, quien se apersonó al procedimiento y manifestó que coincide en que el Registro debió darle trámite a la oposición antes de proceder a la inscripción de la marca cuestionada. Además, contó con tiempo suficiente para preparar su defensa, así como de presentar sus argumentos y prueba de descargo – derecho del que hizo uso –, también se puso a su disposición los documentos que componen el expediente administrativo y tanto a ella, como a la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica en su condición de parte interesada, se les brindó la oportunidad para ser oídas durante la celebración de la audiencia oral y privada a través de sus abogados o representantes, citación que no fue atendida por la citada Asociación. Así las cosas, procedemos de inmediato a conocer por el fondo de la nulidad alegada.


 


 


IV.                 SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA EN EL CASO BAJO ESTUDIO.


 


Hechas las consideraciones anteriores pasamos al análisis del vicio que se atribuye al registro n.° 204381, correspondiente a la marca “EXPLORADORES DEL REY (DISEÑO)”, cuyo titular es el señor xxx, que tal y como se consignó en el informe de actividad procesal defectuosa de la Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución de nombramiento del órgano director por el señor Ministro y en el traslado de cargos (antecedentes 7,8 y 9), consiste en el incumplimiento durante el trámite de inscripción del artículo 16 de la Ley n.°7978, por cuanto: “…se inscribió el signo EXPLORADORES DEL REY (DISEÑO) en clase 41 internacional, bajo el registro 204381, y siendo que dentro del término establecido por el artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se presentó oposición contra la inscripción referida, la cual no fue tramitada debidamente como a derecho corresponde…(Resolución n. °27-2013 del Ministro de Justicia, antecedente n.° 8, folios 8 y 9 del expediente).   


 


En consecuencia, el cuestionamiento legal del registro anterior es por razones procedimentales, no de fondo, siendo el citado artículo 16 el que regula el respectivo procedimiento de oposición y que se considera conculcado, el que pasamos a transcribir a continuación para mayor claridad:


 


“Artículo 16°- Oposición al registro. Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud. La oposición deberá presentarse con los fundamentos de hecho y de derecho; deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen.


 


Si las pruebas no se adjuntaron a la oposición, deberán presentarse dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha de interpuesta la oposición.


 


La oposición se notificará al solicitante, quien podrá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido este período, el Registro de la Propiedad Industrial resolverá la solicitud, aun cuando no se haya contestado la oposición. (El subrayado no es del original).


 


De conformidad con la norma transcrita, el Registro de la Propiedad Industrial no puede proceder a la inscripción de una marca si se ha presentado una o más oposiciones a su registro dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso correspondiente. Antes debe dar traslado de la oposición al solicitante del registro por un plazo de dos meses para que se refiera a ella y luego, con fundamento en los argumentos de todos los interesados, resolver de forma conjunta concediendo o negando total o parcialmente el registro de la marca (ver también artículo 18 de la Ley de Marcas). 


 


Sin embargo, en el caso bajo estudio no se procedió de esa manera. Veamos. Tal y como se indicó en el punto 4 del epígrafe de Antecedentes el primer edicto avisando de la solicitud de registro de la marca “EXPLORADORES DEL REY (DISEÑO)”, a favor del señor xxx, salió publicado el 29 de julio del 2010 en la Gaceta. También se aprecia del expediente remitido (ver antecedente 5), que la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica presentó justo dos días antes del vencimiento del plazo de ley una oposición en contra de dicha inscripción; sin embargo, no consta que se le haya dado curso. Incluso, en la lista de eventos de la certificación de la marca cuestionada, visible a folios 27 y 28 del Legajo de prueba, se consigna la siguiente información: “Confirma no hay oposiciones”. Lo que indudablemente no es cierto, según se acaba de señalar. Aun así, el Registro de la Propiedad Industrial procedió a su inscripción bajo el registro n.° 204381 el 8 de octubre del 2010.


 


De manera que el Registro de la Propiedad Industrial en lugar de seguir el trámite antes descrito del artículo 16 de la Ley de Marcas hizo caso omiso de la oposición de la Asociación de Guías y Scout de Costa Rica y procedió a la inscripción de la marca “EXPLORADORES  DEL REY” a favor de xxx, registro n.° 204381, en clase 41, para proteger y distinguir “servicios bajo el movimiento scout de educación integral, capacitación, entretenimiento y desarrollo de actividades deportivas y culturales para la juventud con un enfoque cristiano” (antecedentes n.° 5 y 6).


 


La situación anterior evidencia efectivamente un vicio en el trámite de inscripción de la referida marca, comprobándose los hechos que fueron intimados en su momento por el órgano director y sobre todo, la nulidad absoluta del registro n.° 204381.


 


Recordemos que de acuerdo a la Teoría del acto administrativo la existencia y validez del acto administrativo depende de la concurrencia simultánea de ciertos elementos esenciales impuestos por el ordenamiento jurídico y que doctrinariamente se han clasificado en subjetivos, objetivos y formales.[1] Entre estos últimos tenemos el procedimiento administrativo, entendido como el cauce formal por el que debe discurrir la voluntad administrativa y que sirve como garantía del interés público y de los derechos de los particulares (artículo 214.2 LGAP).[2] 


 


Por otra parte, habrá nulidad absoluta de un acto administrativo a tenor de los artículos 166 y 167 de la LGAP cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos (entre ellos el procedimiento) o presenten una imperfección que impida la realización del fin.


 


Tratándose del procedimiento administrativo la forma en que se determina su grado de imperfección – y consecuentemente su repercusión en la validez del acto administrativo final – es a través del artículo 223 de la LGAP, de plena aplicación a la materia dado su carácter de ley principista, como así lo definió la Sala Constitucional en la resolución n.° 2006-011543 de las 15:11 horas del 9 de agosto del 2006, en tanto, en ausencia de norma específica de un procedimiento especial, son de aplicación las normas y principios de esta ley”. De forma que el incumplimiento o la omisión de una formalidad sustancial del procedimiento causará la nulidad de todo lo actuado, entendiéndose como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes o cuya omisión causare indefensión.


 


En el presente caso es claro que la omisión del Registro de la Propiedad Industrial de tomar en cuenta la oposición de la ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA al momento de inscribir la marca “EXPLORADORES DEL REY” – sin que sea dable, ni pertinente entrar en ningún tipo de consideración acerca de los fundamentos de hecho y derecho en que se sustenta, al exceder los alcances de este análisis, y porque será al propio Registro al que le corresponderá resolver en definitiva acerca de su procedencia o no –, implicó el quebranto de una formalidad sustancial del procedimiento que acarrea su nulidad. Pues no solo colocó a dicha asociación en un estado de indefensión, al ni siquiera valorarse sus argumentos respecto a que el registro de esa marca le causa un perjuicio debido al uso del término protegido “SCOUT”, de la que afirma ser su titular, sino que de haberse observado esa formalidad con el examen oportuno de la oposición, el curso del procedimiento bien podría haber tomado un rumbo distinto, llegándose incluso a negar el registro de la marca “EXPLORADORES DEL REY” de comprobarse el mejor derecho de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.


 


La invalidez del procedimiento supone, por tanto, la nulidad absoluta del registro n.° 204381 correspondiente a la marca “EXPLORADORES DEL REY”, como consecuencia de la imperfección de ese elemento formal que impide la realización del fin último del acto registral: garantizar la seguridad registral y la protección de los derechos del dueño de la marca frente a terceros mediante la determinación de su legítimo titular.   


 


Se trata, finalmente, de una nulidad absoluta, de carácter evidente y manifiesto, pues la violación al trámite de inscripción previsto por el  artículo 16 de la Ley de Marcas con el registro de la marca “EXPLORADORES DEL REY” es flagrante y salta a la vista sin necesidad de mayor labor exegética. Basta al efecto la mera constatación de la omisión procedimental del Registro de la Propiedad Industrial con vista del expediente administrativo para percatarse de que el acto registral en cuestión presenta un vicio grave y grosero que claramente encaja dentro del supuesto del artículo 173.1 de la LGAP.  


 


 


V.                     CONCLUSIÓN.


 


Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría rinde el dictamen favorable requerido para la anulación, en vía administrativa, del registro n.° 204381, correspondiente a la marca “EXPLORADORES DEL REY”,  propiedad del señor xxx, dado el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad.


 


Se devuelve, adjunto a este dictamen, los expedientes administrativos remitidos en su momento.


 


 


            Sin otro particular, atentamente se suscriben,


 


 


Alonso Arnesto Moya                                                       Durley Arguedas Arce


Procurador                                                                     Abogada de Procuraduría


 


 


AAM/DAA/dms


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 




[1] JINESTA LOBO, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo (Parte General). T. I. San José: Biblioteca Jurídica Dike, 2002, p.311.


[2] GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Manual de Procedimiento Administrativo. Madrid: Civitas, 2ª ed., 2002, p.76