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 PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 101 del 15/06/1979
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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Dictamen 101
 
  Dictamen : 101 del 15/06/1979   

C-101-79


San José, 15 de junio de 1979


 


Señora


Nelly Alvarado de González


Directora de la División de Asesoría Jurídica


del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 


Su Despacho


 


Estimada señora:


 


Con la aprobación del señor Subprocurador General de la República, me es grato referirme a su atento Oficio N DAJ-1134 de mayo de 1979, en el cual nos transcribe nota suscrita por la señorita Secretaria General del Sindicato de Empleados del Instituto Nacional sobre Alcoholismo, de fecha 11 de mayo del año en curso y que a la letra dice:


 


Ruégole informarme si la Ley General de la Administración Pública, que recientemente ha entrado en vigencia, ha afectado los derechos adquiridos por los trabajadores, por medio de Convenciones Colectivas de Trabajo”.


 


Sobre el particular nos permitimos manifestarle lo siguiente:


 


La Ley General de Administración Pública estatuye en forma concreta que debe entenderse por servidor público, y al efecto dispone que la persona que presta servicios a la Administración, a nombre y por cuenta de ella, como parte integrante de su organización, y envestida de un acto válido y eficaz, será considerada como servidor público sin que tenga la menor importancia el carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva. (Artículo 111 supra).  


 


Igualmente la referida Ley, en su Artículo 112, señala que “el derecho administrativo será aplicable a las relaciones de servicio entre la administración y sus servidores”.


 


Quiere ello decir que a partir de la vigencia de la Ley en cuestión, las relaciones del servidor público se regirán por las disposiciones del Derecho Administrativo, valga decir que serán normas de derecho público las que informarán todo lo concerniente a la prestación del servicio entre quienes ostentan la calidad de “servidor público” y la Administración Pública.


 


Consecuentemente, no estamos en presencia de una situación jurídica en donde exista concurrencia de voluntades que vengan a jugar papel determinante, directa o indirectamente, en todos y cada uno de los aspectos de la relación de servicio. Por el contrario, la voluntad de la Administración Pública se impone unilateralmente.


 


Hechas las anteriores consideraciones y concretando su estimable consulta, las Convenciones Colectivas de Trabajo suscritas por servidores públicos y el Estado, no resultan afectadas con la promulgación de la referida Ley. Sin embargo, una vez que su plazo haya concluido no puede hablarse de derechos adquiridos en los términos en que estos se conciban en el Derecho de Trabajo.


En efecto, debe quedar claramente establecido, que a partir de la vigencia de la Ley General de Administración Pública, la relación de servicio no se encuentra regida por el derecho privado, sino que, por el contrario, el status jurídico aplicable es el Derecho Administrativo y, dentro del campo del derecho público, no existe ninguna obligación jurídica de parte del Estado, de reconocer los derechos provenientes de una Convención Colectiva de Trabajo, así como tampoco existe la posibilidad de poderla denunciar o, en su caso, que se opere la prórroga automática de la misma.  (artículo 58 Código de Trabajo, en relación con los Artículos 112, 364 y 365 de la Ley General de la Administración Pública).


 


Atentamente;


 


 


Lic. Fernando Chinchilla Cooper


Procurador Civil