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 PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Opinión Jurídica 017 del 15/02/2017
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Texto Opinión Jurídica 017
 
  Opinión Jurídica : 017 - J   del 15/02/2017   

15 de febrero de 2017


OJ-017-2017


 


Licenciada


Ericka Ugalde Camacho


Jefa de Área


Comisión Permanente de Gobierno y Administración


Asamblea Legislativa


 


Estimada señora:


 


 


Con aprobación del señor Procurador General de la República nos referimos a su oficio CG-177-2016 del 18 de octubre de 2016, mediante el cual solicita nuestro criterio sobre el proyecto de ley denominado “Adición de un artículo 9 Bis a la Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, N.° 8220, para implementación de sede digital en el sector público”, el cual se tramita bajo el número de expediente 20.089.


Previamente debe aclararse que el criterio que a continuación se expone, es una simple opinión jurídica de la Procuraduría General de la República, por lo que carece de efecto vinculante para la Asamblea Legislativa al no ser Administración Pública.  En consecuencia, se emite como una colaboración en la importante labor que desempeñan las señoras y señores diputados. Asimismo, debe señalarse que el plazo de ocho días concedido no vincula a esta Institución, por cuanto no nos encontramos ante ninguno de los supuestos del artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una institución autónoma).


 


 


                                                                               I.            OBJETO DEL PROYECTO DE LEY


 


De la exposición de motivos del proyecto de ley, se desprende que su objetivo es el siguiente:


 


“…la jurisprudencia constitucional y dichos instrumentos de derecho internacional comprometen al país a avanzar en la adopción de medidas administrativas y legales para facilitar el acceso a la ciudadanía con el fin de relacionarse con la Administración Pública, aspecto que se busca con el presente proyecto de ley, que garantiza la existencia de una sede digital en las distintas instituciones del sector público.


Por otro lado, cabe destacar que en la actualidad no existen lineamientos básicos que desde el punto de vista técnico regulen u obliguen a cierto nivel de experiencia en la calidad de los servicios electrónicos de nuestro país. Por esta razón, se busca con el presente proyecto de ley no solo reconocer el derecho a los usuarios a relacionarse con la Administración Pública por vía electrónica, sino que esta también cumpla con estándares mínimos que serán establecidos por el Micitt. De este modo, se busca establecer un código de buenas prácticas obligatorias aplicables al sector público en el ámbito informático…” (La negrita no es del original)


 


Partiendo de lo anterior, puede señalarse que la intención del proyecto es garantizar una sede o plataforma digital en las instituciones del sector público, para facilitar la comunicación entre los ciudadanos y la Administración Pública, en cuyo caso, será el MICITT el ente encargado de emitir los lineamientos técnicos o estándares mínimos con que deberá contar esta aplicación informática.


 


 


                                                                            II.            SOBRE EL FONDO DEL PROYECTO


 


Debemos advertir que no nos pronunciaremos sobre la oportunidad y conveniencia de la modificación propuesta, sino únicamente haremos un análisis sobre consideraciones de tipo jurídico o de técnica legislativa que ameriten discusión, dentro del ámbito competencial de este órgano asesor.


 


Sobre el particular, debemos señalar que el proyecto de ley consultado consiste en un único artículo que pretende adicionar el numera 9 bis a Ley 8220 del 4 de marzo de 2002, al cual se le dio el título de “Trámite y autenticación ante sede digital”. Al respecto, señala el proyecto de ley:


 


 


ARTÍCULO ÚNICO.- Adiciónese un artículo 9 bis a la ley Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, N.° 8220:


 


 


“Artículo 9 bis.- Trámite y autenticación ante sede digital


El administrado tendrá el derecho de autenticarse o de firmar los trámites con las diferentes entidades u órganos de la Administración Pública por vía electrónica, conforme a las regulaciones de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Nº 8454, y sus reformas. Para estos efectos, el Estado y las instituciones públicas deberán contar con una sede digital, que consista en al menos un medio electrónico o informático disponible al administrado, en lenguaje sencillo y de fácil acceso a la ciudadanía mediante un sitio web.


La sede digital deberá ajustarse en todos los extremos a las formalidades de esta ley. Por esta sede, al igual que en una sede física, se garantizará al administrado el derecho de petición, información y el derecho o acceso a la justicia administrativa, con la excepción de los trámites y procedimientos en materia de defensa del Estado y seguridad nacional. El acceso a la información pública y la protección de información privada o confidencial de los administrados será conforme a los preceptos establecidos en los artículos 24, 27 y 30 constitucionales, a la ley Regulación del Derecho de Petición, N.º 9097, a la Ley General de Administración Pública, a la Ley del Sistema Nacional de Archivos, N.° 7202, a la ley Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, N.° 8968, y demás ordenamiento jurídico que regule el acceso a la información pública y que establezca límites y garantías en cuanto a la protección de la información privada o confidencial.


La Defensoría de los Habitantes velará, según sus atribuciones y competencias legales, por el cumplimiento de lo indicado en el párrafo anterior y remitirá, en el informe rendido a la Asamblea Legislativa, un apartado sobre dicho cumplimiento por parte de la Administración Pública.


El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, como ente rector en la materia, establecerá los lineamientos técnicos de calidad que debe cumplir toda sede digital, y la Contraloría General de la República, conforme a sus atribuciones y competencias legales de fiscalización, velará por el cumplimiento de estos lineamientos.”


 


Tal como quedó plasmado en la exposición de motivos del proyecto, del artículo citado se desprende que la intención del legislador es dotar a la Administración Pública de una sede electrónica o digital, para que los usuarios o administrados puedan acceder a las diferentes dependencias públicas a través de dicho medio, sin necesidad de acudir físicamente a sus oficinas.


 


Para ello, el proyecto pretende resguardar principios constitucionales superiores como el acceso a la información pública, pero en equilibrio con el derecho a la intimidad y protección a la información confidencial, según lo regulado en nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, pretende que la Defensoría de los Habitantes y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones actúen como órganos garantes en la puesta en marcha de la ley.


 


Como se observa de lo anterior, la aprobación o no del proyecto se enmarca dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador, aunque debe realizarse una apreciación importante de técnica legislativa.


 


Cabe señalar que no se contempló ninguna norma transitoria que disponga el plazo en que el MICITT deberá emitir los lineamientos técnicos de calidad que debe cumplir toda sede digital, ni tampoco el plazo que tienen las instituciones de la Administración Pública para contar con esta plataforma digital.


 


     Al respecto, si bien es cierto la norma transitoria cabe dentro de la libertad de configuración del ordenamiento que tiene el legislador, considera este órgano consultivo que es importante definir plazos para su cumplimiento, tanto para el MICITT como para las instituciones de la Administración Pública, con el fin de evitar problemas de aplicación de la ley, así como de asignación de presupuesto para este fin.


 


Nótese que si bien se trata de una reforma simple de la Ley al introducir un único artículo, lo cierto es que las implicaciones que tiene su aprobación son muy importantes desde el punto de vista presupuestario y de asignación de recursos humanos y técnicos. De ahí la necesidad de reconocer una norma transitoria que permita la aplicación progresiva de la eventual ley que se pretende aprobar.


 


 


        III.          CONCLUSIÓN:


 


A partir de lo expuesto, este Órgano Técnico Consultivo considera que el proyecto de ley sometido a nuestro conocimiento no presenta vicios que afecten su constitucionalidad, pero si cuenta con un aspecto de técnica legislativa que se recomienda revisar, específicamente lo relativo a la introducción de una norma transitoria que permita la adecuada aplicación de la ley.  


 


 


Atentamente,


 


 


 


 


Silvia Patiño Cruz                                                 Yolanda Mora Madrigal


Procuradora Adjunta                                          Abogada de la Procuraduría


 


 


 


 


 


SPC/YMM/iac