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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Dictamen 230
 
  Dictamen : 230 del 17/10/2017   

17 de octubre del 2017


C-230-2017


 


Señor


José Francisco Vargas Leitón


Intendente Distrital


Concejo Municipal de Distrito de Monteverde


 


Estimado señor:


 


Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a nota fechada 22 de junio de del 2017, mediante la cual consulta sobre licencias para venta de licores. Específicamente, se solicita nuestro criterio en torno a lo siguiente:


 


“…1) Si una patente de espectáculos públicos y actividades bailables otorgada por una Municipalidad al amparo de la derogada Ley 10, mantiene vigencia con la promulgación de la Ley 9047.


 


2) Si es posible otorgar tres licencias para la venta de licor por actividades diferentes en un mismo local.


 


3) Puede la Administración Municipal permitir la actividad de venta de licor, cuando se efectúe actividad bailable y de restaurante bajo el amparo de una licencia de venta de licor para Bar…”       


 


 


I.-  SOBRE LOS ANTECEDENTES


 


Importante acotar que, conjuntamente, con el escrito mediante el cual se remite el cuestionamiento a resolver, se adjunta el oficio número 10-2017-RSA de fecha 21 de junio del 2017, el cual, en relación con el tema que nos ocupa, concluyó:  


 


“…la derogada Ley 10 no establecía patente alguna de Espectáculos Públicos  y por  consiguiente los beneficios de la norma transitoria de la Ley 9047 no pueden… mantenerse para este tipo de patentes…


 


…La ley 9047 no establece la posibilidad de que los Municipios  puedan otorgar varias patentes o licencias para la venta de licores en un solo local comercial… la licencia de venta de licor para actividades de Bar no faculta a su titular para la realización de actividades bailables…    


 


 


II.-  SOBRE LA VIGENCIA DE PATENTES OTORGADAS AL AMPARO DE LA  LEY NÚMERO DIEZ


 


El tópico sometido a criterio de este órgano técnico consultor refiere a efectos que mantienen licencias concedidas, con posterioridad a la derogatoria de la Ley Sobre la Venta de Licores numerada 10.


 


Tal planteamiento ha sido zanjado con anterioridad por esta Procuraduría y analizado el tema, mediante Dictamen C-163-2017 de fecha 14 de julio de 2017, se  reseñó lo siguiente. 


 


El transitorio primero de la Ley 9047 denominada Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico, es conteste al reseñar que quienes detentaban patentes al amparo de la regulación derogada continuaran manteniendo sus derechos, pero deberán ajustarse a las exigencias impuestas a través de la primera.


 


Tal afirmación fue interpretada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual, consideró que la norma temporal refiere a la posibilidad de trasladar la licencia – derecho adquirido- hasta que esta no fenezca por el transcurso del tiempo. Tocante al resto de requisitos, estos se deben cumplir en los términos expuestos por la reforma. 


 


Así, sostuvimos:


 


“… En vista del objeto de consulta, resulta oportuno referirnos a como la nueva ley reguló la transición respecto de las licencias concedidas al amparo de la Ley sobre la Venta de Licores, N° 10 de 7 de octubre de 1936, y sus reformas.


 


A efecto debemos remitirnos al Transitorio I de la Ley No. 9047, que dispone lo siguiente:


 


“TRANSITORIO I.-


 


Los titulares de patentes de licores adquiridas mediante la Ley N 10, Ley sobre Venta de Licores, de 7 de octubre de 1936, mantendrán sus derechos pero deberán ajustarse a lo establecido en esta ley en todas las demás regulaciones. Para efectos de pago de los derechos a cancelar a la municipalidad deberán ajustarse a la categoría que corresponda, conforme a la actividad desarrollada en su establecimiento; para ello, dispondrán de un plazo de ciento ochenta días naturales para apersonarse a la municipalidad a realizar los trámites respectivos, sin perjuicio de recibir una nueva categorización de oficio”.  (Lo resaltado no es del original).


 


Como advierte la norma transitoria, los titulares de licencias concedidas al amparo de la Ley de Licores derogada, mantienen sus derechos, pero deben ajustarse a la nueva regulación.


 


La Sala Constitucional conoció sobre la constitucionalidad del Transitorio I referido. Así, en la resolución Nº 2013-011499 de las 16:00 horas del 28 de agosto de 2013, reiterada en la sentencia 2013-11706 de las 11:44 horas del 30 de agosto siguiente, avaló su constitucionalidad, pero realizó un dimensionamiento respecto de las licencias emitidas al amparo del anterior régimen, indicando que estas deberán ajustarse a todos los extremos de la nueva regulación, una vez que haya vencido el plazo de renovación, bienal, que disponía el numeral 12 de Ley sobre la Venta de Licores, N° 10 de 7 de octubre de 1936 -no vigente-. Dispuso la sentencia indicada lo siguiente:


 


“(…) i) Transitorio I de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, Nº 9047 del 25 de junio de 2012…


 


En primer término, advierte este Tribunal que las patentes antiguas (así llamadas las licencias anteriormente), las cuales contaban con valor comercial al amparo de una ley vigente (la número 10), con la Ley N° 9047 vinieron a perder tal contenido patrimonial porque ahora se impide su libre disposición. Precisamente, el ordinal 17 de la Ley N° 10 regulaba: “El rematario de un puesto de licores puede traspasarlo a un tercero, siempre que éste sea persona hábil para tenerlo, según la ley” (lo subrayado no corresponde al original). En cambio, el primer párrafo del artículo 3 de la Ley N° 9047 especifica que tal tipo de licencia “… no constituye un activo, por lo que no se puede vender, canjear, arrendar, transferir, traspasar ni enajenar en forma alguna.” De otro lado, el Transitorio I de esta última ley establece que los titulares de patentes de licores adquiridas mediante la Ley Nº 10 mantendrán sus derechos pero deberán ajustarse a lo establecido en esta ley en todas las demás regulaciones.


Ergo, se requiere interpretar qué se entiende por “mantendrán sus derechos pero deberán ajustarse a lo establecido en esta ley en todas las demás regulaciones” en esta última norma, con el fin de dilucidar si con la modificación dada a partir del artículo 3 de la Ley número 9047, se está violentado o no algún derecho adquirido de buena fe….


 


considera la Sala que si el Transitorio I de la Ley N° 9047 no se interpretara conforme a la equidad y al principio de seguridad jurídica, surgiría una situación de profunda injusticia para los titulares de las patentes de licor que las hubieran obtenido antes de la nueva Ley de Licores…


 


De ahí que esta Sala interprete conforme a la Constitución que cuando el Transitorio I de la Ley N° 9047 dispone que los anteriores titulares de patentes de licor “mantendrán sus derechos pero deberán ajustarse a lo establecido en esta ley en todas las demás regulaciones”, lo que está indicando es que, por un lado, aquellos pueden continuar ejerciendo el derecho que les daba el ordinal 17 de la Ley N° 10 (traspasar la patente a un tercero siempre que este sea persona hábil para tenerla) hasta tanto no expire el plazo de la vigencia bienal de las patentes antiguas, y, por el otro, que en todo lo demás deben ajustarse a lo regulado en la nueva Ley N° 9047.


 


Ciertamente, los derechos de los antiguos patentados no son inmutables sino que deben ajustarse a la nueva normativa; empero, tal ajuste no debe implicar un repentino vacío de su derecho de transmitir, porque esto sí obligaría a una indemnización previa...”


 


Así las cosas, no existiendo motivo para variar el criterio, se mantiene lo indicado a la sazón en el dictamen supra citado, respecto a la viabilidad legal de traspaso de patente durante el lapso temporal que fueron otorgadas y el deber de ajustarse a la Ley 9047 en todo lo demás.


 


Siendo que, determinar los aspectos que sobreviven en licencias para espectáculos públicos, otorgadas con Ley número 10, conlleva un análisis casuístico,  corresponde a la Administración activa y no a la Procuraduría definirlo, ya que, tal estudio excede nuestras competencias.


 


 


III.- SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y SU UTILIZACIÓN


 


Se consulta la factibilidad legal de otorgar tres licencias para venta de licor en un solo establecimiento. Sobre el particular, resulta relevante analizar la definición, tutela normativa y alcances de la figura jurídica denominada licencia.


 


Así, tenemos que, aquella “…supone la reunión de ciertos requisitos necesarios para el ejercicio de una actividad determinada…implica una autorización o consentimiento del poder público, removiéndose un obstáculo jurídico…” [1]


 


De la conceptualización realizada se sigue que, la licencia es el instrumento legal que permite, a quien se le otorga, realizar una actividad específica que de otro modo le estaría vedada, debiendo para tal efecto cumplir las exigencias impuestas por el bloque de juridicidad.


 


Teniendo presente el tópico que se consulta, nos limitaremos al estudio de las emitidas por el ente municipal, la cuales, constituyen conducta administrativa que permite al titular de la licencia desplegar actividades lucrativas.


 


En este sentido, se ha pronunciado la jurisprudencia administrativa al sostener:


“…Tal y como se ha indicado en anteriores oportunidades –ver dictámenes números C-120-2010 del 10 de junio del 2010 y C-274-2010 del 23 de diciembre del 2010 entre otros-, la licencia municipal es un acto administrativo de autorización mediante  el cual la Municipalidad habilita a un particular para la realización de una determinada actividad lucrativa.


Precisamente, la doctrina se ha referido a la autorización administrativa, señalando que corresponde a “una modalidad de actuación o intervención de la actividad de los ciudadanos mediante fórmulas o técnicas que perturban de algún modo, sin distorsionarlos totalmente, sus derechos e intereses, en razón a la prevalencia del interés general”


 


Así, la autorización (o permiso o licencia) es fruto de la actividad de policía, en el sentido de que sirve de condicionante al ejercicio de derechos subjetivos o a la consolidación de intereses legítimos de los ciudadanos. Su naturaleza jurídica se identifica con una “remoción de límites para el ejercicio de derechos particulares”, es decir, algunos derechos necesitan, para ser ejercidos en plenitud y válidamente, el permiso de la Administración Pública correspondiente.


De este modo, la autorización tiene un doble alcance jurídico, puesto que, puede ser vista como un acto de habilitación y como un acto de fiscalización o control.


Como acto de habilitación concede al administrado la potestad de ejercer derechos preexistentes. Como acto de fiscalización implica la remoción de obstáculos preexistentes para el ejercicio de la actividad.


De acuerdo a la doctrina, la diferencia entre autorización y la licencia, en sentido estricto, radica es que la última tiene un efecto similar a la autorización pero normado, esto es, su contenido es reglado.


En el caso de las licencias para el ejercicio de actividades lucrativas dentro de las circunscripciones cantonales, su regulación se encuentra en Código Municipal, y se constituyen como una autorización que el ente municipal otorga a quienes pretendan realizar alguna actividad dentro de su jurisdicción… [2]


 


En este orden de ideas, cabe mencionar que, la licencia municipal, en términos generales, encuentra sustento en el artículo 79 del Código Municipal, el cual, a la letra reza:


 


“Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se haya realizado.”


 


Como se sigue de la norma, se reitera, para realizar actividades cuya prestación patrimonial genere réditos se requiere título habilitante, expedido por el órgano competente del Gobierno Local.


 


Ahora bien, concretamente, las licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico –objeto de consulta-, se corresponden al acto administrativo a través del cual el ente territorial autoriza la comercialización de licores, otorgándole al beneficiario un derecho subjetivo temporal, en tanto, no fenezca el lapso por el que se concedió.


 


Tocante a su tutela, encuentran sustento en el canon tercero de la Ley 9047, que en lo conducente dispone:


 


“La comercialización al detalle de bebidas con contenido alcohólico requiere licencia de la municipalidad del cantón donde se ubique el negocio. La licencia que otorguen las municipalidades para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico se denominará "licencia de expendio de bebidas con contenido alcohólico" y no constituye un activo, por lo que no se puede vender, canjear, arrendar, transferir, traspasar ni enajenar en forma alguna.


 


Se otorgará a personas físicas o jurídicas que la soliciten para utilizarla en el establecimiento que se pretende explotar. Si este cambia de ubicación, de nombre o de dueño y, en el caso de las personas jurídicas, si la composición de su capital social es modificada en más de un cincuenta por ciento (50%) o si se da alguna otra variación en dicho capital que modifique las personas físicas o jurídicas que ejercen el control de la sociedad, se requerirá una nueva licencia para la venta de bebidas con contenido alcohólico. Para obtener una nueva licencia, la persona física o jurídica debe comunicarlo a la municipalidad otorgante en un plazo de cinco días hábiles a partir del conocimiento del cambio de las circunstancias antes indicadas, so pena de perder la licencia.


 


Las personas jurídicas a las cuales se les otorgue la licencia deberán presentar cada dos años, en el mes de octubre, una declaración jurada bajo fe de juramento de su capital accionario a la municipalidad respectiva.


 


Del ordinal transcrito, se desprende la obligatoriedad  de contar con título habilitante para el expendio de licores a granel, siendo que, el numeral 4 de la norma señalada determina las clases de licencia que deben solicitarse dependiendo de la actividad a realizar. Así, indica:


 


 


Tipos de licencias


 


La municipalidad otorgará las licencias de comercialización de bebidas con contenido alcohólico en su cantón, de acuerdo con los siguientes parámetros:


 


Licencia clase A: habilitan únicamente para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, en envases cerrados para llevar y sin que se puedan consumir dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial principal del establecimiento.


 


Licencia clase B: habilitan la venta de bebidas con contenido alcohólico en envase abierto y/o cerrado para ser consumidas dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial principal del establecimiento. La licencia clase B se clasifica en:


 


Licencia clase B1: cantinas, bares y tabernas sin actividad de baile.


 


Licencia clase B2: salones de baile, discotecas, clubes nocturnos y cabarés con actividad de baile.


 


Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento.


 


Licencia clase D: habilitan únicamente para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase cerrado para llevar y sin que se pueda consumir dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la venta de licor será la actividad comercial secundaria del establecimiento. Habrá dos clases de sublicencias, así:


 


Licencia clase D1: minisúper


 


Licencia clase D2: supermercados


 


Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos que se dediquen al expendio de abarrotes, salvo lo indicado en las licencias clase D1 y clase D2.


 


Licencia clase E: la municipalidad respectiva podrá otorgar licencias clase E a las actividades y empresas declaradas de interés turístico por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), conforme a los requisitos establecidos por esta ley, la cual habilitará únicamente para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, servidas o en envase abierto, previamente conocido y aprobado por la municipalidad respectiva:


 


Clase E1: a las empresas de hospedaje declaradas de interés turístico por el ICT.


 


Clase E1 a: empresas de hospedaje con menos de quince habitaciones.


 


Clase E1 b: empresas de hospedaje con quince o más habitaciones.


 


Clase E2: a las marinas y atracaderos declarados de interés turístico por el ICT.


 


Clase E3: a las empresas gastronómicas declaradas de interés turístico por el ICT.


Clase E4: a los centros de diversión nocturna declarados de interés turístico por el ICT.


 


Clase E5: a las actividades temáticas declaradas de interés turístico por el ICT y que cuenten con la aprobación del concejo municipal.


 


En cantones con concentración de actividad turística, la municipalidad, previo acuerdo del concejo municipal, podrá demarcar zonas comerciales en las que otorgará licencia de clase E a restaurantes y bares declarados de interés turístico por el ICT. La definición de los parámetros para la calificación de cantones de concentración turística será definida con fundamento en lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo Turístico emitido por el ICT y el plan regulador del municipio respectivo que cuente con uno autorizado o, en su defecto, con la norma por la que se rige.


 


Cada municipalidad reglamentará, de conformidad con su Ley de Patentes Comerciales, las condiciones, los requisitos y las restricciones que deben cumplir los establecimientos de acuerdo con su actividad comercial principal.”


 


Así las cosas, tenemos que, el ordenamiento jurídico, no solo, previó la imposición de contar con licencia para vender licor, sino que, además, estableció categorías dependiendo de la actuación a llevar a cabo.


 


Bajo esta inteligencia, se impone mencionar que, según el principio de autonomía de la voluntad los particulares pueden hacer todo aquello excepto lo que está expresamente prohibido en el ordenamiento jurídico.  Es decir, aquel puede efectuar tantas actividades, en un mismo sitio según lo estime conveniente, en la medida que no exista norma que se lo impida y dependiendo de su naturaleza, para cada una de ellas requerirá un tipo de licencia distinto.


 


En este punto, se impone acudir a lo establecido por la jurisprudencia patria sobre el principio desarrollado supra:


 


“…El artículo 28 de la Constitución Política preserva tres valores fundamentales del Estado de Derecho costarricense: a) el principio de libertad que, en su forma positiva implica el derecho de los particulares a hacer todo aquello que la ley no prohíba y, en la negativa, la prohibición de inquietarlos o perseguirlos por la manifestación de sus opiniones o por acto alguno que no infrinja la ley; b) el principio de reserva de ley, en virtud del cual el régimen de los derechos y libertades fundamentales sólo puede ser regulado por ley en sentido formal y material, no por reglamentos u otros actos normativos de rango inferior;


 


…Como ya se indicó, el principio de libertad jurídica se encuentra expresado principalmente en el principio de autonomía privada, según el cual el administrado puede regular jurídicamente de acuerdo a su voluntad y en la medida de su contenido, su esfera de acción. Básicamente el principio de libertad jurídica significa que el administrado puede fijarse él mismo los fines de su conducta y los medios para cumplirlos. Ciertamente no podría hablarse de fines completamente libres, toda vez que bajo ciertas circunstancias, el Estado puede imponerle excepcionalmente fines al particular (como los gastos públicos). Lo esencial estriba en que el Estado no puede interferir en la esfera de acción privada de los administrados, sino es a través de una autorización expresa de una norma escrita o no escrita que provenga del ordenamiento jurídico, y que los particulares puedan realizar todas aquellas actividades que no estén expresamente prohibidas. (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 16099-2016 de ocho horas treinta y cuatro minutos del veintinueve de octubre del 2008)


Tomando en consideración que, la determinación de  cuantas licencias pueden otorgarse en un mismo establecimiento conlleva un análisis casuístico, corresponde  de forma exclusiva y excluyente a la Administración activa tal definición, ya que, que ese estudio excede la competencia de este órgano técnico asesor. 


Por último, se plantea la viabilidad legal de permitir la venta de licor en un local cuando efectúa actividades de baile y restaurante, pese a contar, únicamente, con licencia para bar.


 


Sobre el particular, se impone mencionar que, tanto el cardinal 11 de la Constitución Política, cuanto su homónimo de la Ley General de la Administración Pública, tutelan el principio de legalidad, según el cual, la Municipalidad debe contar con norma autorizante que tutele expresamente la actuación que pretende desplegar.


 


          En esa línea se ha decantado la jurisprudencia administrativa, al sostener:


 


“…En virtud del citado principio de legalidad, la Administración Pública se encuentra necesariamente sometida al bloque de legalidad en su conjunto, según lo prescriben los citados artículos 11, tanto de nuestra Constitución Política como de la LGAP, lo cual implica que aquélla únicamente puede realizar las funciones que expresamente le autorice el ordenamiento jurídico, de tal forma que, todo lo que no le está jurídicamente autorizado por ley a la Administración le está jurídicamente vedado: 


 


"El principio de legalidad que se consagra en el artículo 11 de nuestra Constitución Política y se desarrolla en el 11 de la Ley General de Administración Pública, significa que los actos y comportamientos de la Administración deben estar regulados por norma escrita, lo que significa, desde luego, el sometimiento a la Constitución y a la ley, preferentemente, y en general a todas las otras normas del ordenamiento -reglamentos ejecutivos y autónomos, especialmente-; o sea, en última instancia, a lo que se conoce como el "principio de juridicidad de la Administración" (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N° 4310-92 de las catorce horas cinco minutos del diez de noviembre de mil novecientos noventa y dos).


En general, sobre el sometimiento de las autoridades municipales al principio de legalidad, ha indicado la Procuraduría General de la República:


“…las Municipalidades forman parte de la Administración Pública de nuestro país, y en ese sentido están afectas al principio de legalidad, que consagra el artículo 11 de la Constitución Política y su homónimo de la Ley General de la Administración Pública.// Este principio implica que la Administración Pública (en este caso en concreto la Municipalidad de Montes de Oca), debe actuar sometida al Ordenamiento Jurídico, y sus actuaciones deben fundamentarse en lo regulado expresamente por norma escrita. Así las cosas, existiendo la disposición contenida en el numeral 13 supra citado, que en forma taxativa señala como una de las atribuciones concedidas al Concejo Municipal la aprobación de los reglamentos de esa Corporación, es evidente que en apego estricto al reseñado principio de legalidad, la competencia en la aprobación del Manual en examen, corresponde al Concejo en cuestión.” (Dictamen C-249-2003 de 19 de agosto del 2003) (Dictamen número C-154-2016 del 13 de julio del 2016).


 


En la especie, entiende esta Procuraduría la disyuntiva se direcciona a licencias permanentes y emitidas, concretamente, para vender licor en un Bar.


 


Así, deviene relevante indicar que, tal y como se vio supra, el canon 4 de la Ley 9047, define las actividades que pueden realizarse al amparo de distintas autorizaciones para expendio de bebidas alcohólicas, siendo relevante señalar que las denominadas B.1 se otorgan exclusivamente para actividad lucrativa de Bar, sin incluir ninguna otra.


 


No obstante, es resorte exclusivo y excluyente del ente territorial analizar el cuadro fáctico que se suscita, para así determinar si las actividades cuya autorización se pretende se enmarcan dentro de las permitidas por el título habilitante con que cuenta el particular, ya que, caso contrario carecía de norma que faculte a la Administración para autorizar la comercialización de licor en las circunstancias consultadas.


 


 


IV.- CONCLUSIÓN:


 


A.- La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, consideró que el transitorio primero de la Ley 9047 denominada Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico, refiere a la posibilidad de trasladar la licencia   derecho adquirido- hasta que esta no fenezca por el transcurso del tiempo. Tocante al resto de requisitos, estos se deben cumplir en los términos expuestos por la reforma. 


 


B.- Siendo que, determinar los aspectos que sobreviven en licencias para espectáculos públicos, otorgadas con Ley número 10, conlleva un análisis casuístico,  corresponde a la Administración activa y no a la Procuraduría definirlo, ya que, tal estudio excede nuestras competencias.


 


C.-  La licencia es el instrumento legal que permite, a quien se le otorga, realizar una actividad específica que de otro modo le estaría vedada, debiendo para tal efecto cumplir las exigencias impuestas por el bloque de juridicidad.


 


D.- Las licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico se corresponden al acto administrativo a través del cual el ente territorial autoriza la comercialización de licores, otorgándole al beneficiario un derecho subjetivo temporal, en tanto, no fenezca el lapso por el que se concedió.


 


E.- El ordenamiento jurídico, no solo, previó la imposición de contar con licencia para vender licor, sino que, además, estableció categorías dependiendo de la actuación a llevar a cabo.


 


F.- Según el principio de autonomía de la voluntad los particulares pueden hacer todo aquello excepto lo que está expresamente prohibido en el ordenamiento jurídico.  Es decir, aquel puede efectuar tantas actividades, en un mismo sitio según lo estime conveniente, en la medida que no exista norma que se lo impida y dependiendo de su naturaleza, para cada una de ellas requerirá un tipo de licencia distinto.


La determinación de  cuantas licencias pueden otorgarse en un mismo establecimiento conlleva un análisis casuístico, corresponde  de forma exclusiva y excluyente a la Administración activa tal definición, ya que, que ese estudio excede la competencia de este órgano técnico asesor. 


G.- Tanto el cardinal 11 de la Constitución Política, cuanto su homónimo de la Ley General de la Administración Pública, tutelan el principio de legalidad, según el cual, la Municipalidad debe contar con norma autorizante que tutele expresamente la actuación que pretende desplegar.


 


H.- El canon 4 de la Ley 9047, define las actividades que pueden realizarse al amparo de distintas autorizaciones para expendio de bebidas alcohólicas, siendo relevante señalar que, las denominadas B.1 se otorgan exclusivamente para actividad lucrativa de Bar, sin incluir ninguna otra.


 


No obstante, es resorte exclusivo y excluyente del ente territorial analizar el cuadro fáctico que se suscita en cada asunto, para así determinar si las actividades cuya  autorización pretende se enmarcan dentro de las permitidas por el título habilitante con que cuenta el particular.


 


Ilación contrario conllevaría que la Administración carezca de norma que la faculte  para autorizar la comercialización de licor en actividades bailables y de restaurante bajo la Licencia de Bar.


 


De esta forma se evacua la gestión sometida a conocimiento de este órgano consultivo. Sin otro particular, con toda consideración.                                                      


 


 


Laura Araya Rojas                                                                         Adriana Fallas Martínez


Procuradora                                                                                    Abogada


Área Derecho Público                                                                    Área Derecho Público


 


 


LAR/AFM/jlh


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 




[1] Cabanellas de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Universitario,  Tomo II, pág 56.


[2] Procuraduría general de la  República, Dictamen C- 223-2012 del 21 de setiembre del 2012.