12 de noviembre de 2018

C-285-2018

Licenciado

Geovanni Cerdas Montoya

Auditor Interno

Municipalidad de El Guarco

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, doy respuesta al oficio Nº AU-93-2017, de fecha 9 de noviembre de 2017 –recibido el día 14 de ese mismo mes y año-, por medio del cual solicita el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría General en cuanto a la posibilidad aplicar el denominado salario escolar en las corporaciones municipales.

En concreto pregunta: “¿Aplica el concepto de salario escolar como un componente salarial (…) en los Gobiernos Locales? Lo anterior, teniendo en cuenta su naturaleza jurídica y que la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia se ha referido al Salario Escolar como un componente salarial calculado sobre el salario que perciben las personas trabajadoras en el sector público.”

Dicha gestión se fundamenta en la facultad conferida a las auditorías internas institucionales con la reforma introducida por el artículo 45 de la Ley General de Control Interno al artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General y se alude que esa Auditoría no cuenta con asesoría legal.

I.- Doctrina administrativa y judicial sobre los temas atinentes a la consulta.

A partir del dictamen C-006-2000, de 24 de enero de 2000, esta Procuraduría General comenzó a reconocer la posibilidad de que el denominado “salario escolar”, como componente salarial acumulado (dictamen C-136-2017, de 16 de junio de 2017[1]), pudiera ser reconocido en las corporaciones municipales, conforme a acuerdos adoptados al respecto, en estricto apego al ordenamiento jurídico que impera en materia salarial y presupuestaria (arts. 13. b) y c), 100, 102, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 131 y 155 d) del Código Municipal), por los Concejos municipales (En sentido similar el dictamen C-148-2006, de 7 de abril de 2006) y normados en Reglamentaciones específicas, con base en las cuales debieran hacerse su cálculo y pago respectivo, según parámetros definidos previamente por cada municipalidad (Dictámenes C-146-2016, de 24 de junio de 2016; C-001-2018, de 8 de enero,  C-002-2018 de 9 de enero, C-118-2018, de 30 de mayo, estos últimos de 2018); exceptuándose de tal reconocimiento el Alcalde, Vicealcalde y eventualmente el segundo Vicealcalde, esto en virtud del mecanismo legal utilizado para fijar su salario -art. 20 del Código Municipal- (Dictámenes C-092-2009, de 30 de marzo de 2009, C-163-2011, de 11 de julio de 2011, C-121-2012, de 18 de mayo de 2012).

            De lo anterior se infiere que el reconocimiento del “salario escolar” en las municipalidades no es obligatorio, ni se deriva automática u originariamente de los Decretos Ejecutivos Nos. 23495-MTSS de 19 de julio de 1994 y 23907-H de 21 de diciembre de 1994, así como tampoco de la resolución DG-062-94, de la Dirección General de Servicio Civil, que crea dicho componente salarial para los servidores amparados a dicho régimen de méritos, ni de la resolución AP-34-94, de la Autoridad Presupuestaria, que hace extensivo su reconocimiento a las instituciones y empresas públicas bajo su ámbito de competencia; esto es así, porque las corporaciones territoriales no están amparadas al Régimen del Servicio Civil, ni a la Autoridad Presupuestaria, por lo cual, no se vieron comprendidas en los alcances originarios de aquellas normas, ya que los decretos y acuerdos citados del Poder Ejecutivo, en ningún momento las vincularon. Es en ejercicio de su autonomía de gobierno y administrativa, constitucionalmente reconocida (art. 170 de la Carta Política), que las municipalidades deciden y determinan aplicar a lo interno del régimen retributivo propio del empleo municipal aquel componente salarial.

Por todo lo cual, interesa aclarar que, en el caso de Municipalidades que aún no hayan instaurado a lo interno el denominado “salario escolar” –que parece ser el caso de la municipalidad consultante-, su reconocimiento no es de ningún modo retroactivo, ni puede fundamentarse estrictamente en aquellos decretos y acuerdos del Poder Ejecutivo. Su exigencia, por parte de los servidores municipales, será a partir del momento en que los acuerdos y reglamentaciones municipales así lo establezcan de cara al futuro; esto bajo el entendido de que no podrá tratarse como un pago adicional o extraordinario al salario recibido de forma ordinaria por los servidores municipales, sino que, como componente, es una parte de su salario mensual, que es acumulado y pagado en una fecha específica posterior[2], según lo ha establecido la doctrina administrativa, por demás vinculante -art. 29 de la Ley No. 7428-, de la División Jurídica de la Contraloría General de la República (Véanse, entre otros muchos, los oficios Nos. 2917 –DJ-0212-2018 de 28 de febrero de 2018 y 6580 –DJ-0605-2018 de 15 de mayo de 2018. Y en sentido similar, nuestros dictámenes C-001 y C-002, ambos de 2018 op. cit.).

Conclusiones:

Con base en lo expuesto, la Procuraduría General reitera y concluye que:

Es jurídicamente posible que los Gobiernos Locales puedan acordar y reglamentar a lo interno de las Municipalidades, el reconocimiento del denominado “salario escolar” a favor de sus servidores.

El “salario escolar” así reconocido por las corporaciones territoriales, no podrá tratarse como un pago adicional o extraordinario al salario recibido de forma ordinaria por los servidores municipales, sino que, como componente, es una parte de su salario mensual, que es acumulado y pagado en una fecha específica posterior, según lo ha establecido de forma vinculante la Contraloría General.

Cuenta entonces esa Auditoría con los criterios hermenéuticos necesarios para encontrar, por sus propios medios, concreta respuesta a su interrogante, y subsecuentemente, aplicar lo aquí interpretado y sugerir a lo interno de la Administración activa la adopción de las medidas correctivas necesarias, en caso de estimarse procedentes, para una solución justa y acorde con el ordenamiento jurídico.

Sin otro particular,

MSc. Luis Guillermo Bonilla Herrera

Procurador Adjunto

Área de la Función Pública

LGBH/sgg