C-226-82

San José, 13 de setiembre de 1982

Señores

Sidney Brautigam Jiménez

Director General de Servicio Civil

Ing. Eddy Alvarez González

Presidente Ejecutivo I.N.S.

Presente

Estimados señores:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me

es grato dar curso al estimable oficio DG-408-82 / PE-INS-82-835 de 28 de

julio de este año, suscrito conjuntamente por ustedes, mediante el cual

se sirven solicitar el criterio de esta Procuraduría en cuanto a la

eventual aplicación de la Norma General No. 72 de la Ley de Presupuesto

para 1982, en vista de la existencia de cláusulas en la Convención

Colectiva de Trabajo, suscrita por los empleados del Instituto Nacional

de Seguros, que contienen disposiciones contrarias a la citada Norma

General.

Al respecto me permito manifestarle lo siguiente:

De acuerdo con la doctrina de los artículos 54; 55; 56 y 57, todos

del Código de Trabajo vigente y el primero reformado por Ley No. 6771 de

5 de julio de este año, las convenciones colectivas de trabajo tienen el

carácter de "Ley Profesional" y los contratos individuales o colectivos

existentes o que luego se realicen por la empresa, deben adaptarse a sus

normas. Las estipulaciones contenidas en la convención tienen, asimismo,

fuerza de ley entre las partes que la han suscrito; tal y como sucede con

los contratos civiles (artículo 1022 del Código de la materia); y

aquellas comienzan a surtir sus efectos a partir de la fecha en que quede

depositada la correspondiente copia en la Oficina de Asuntos Gremiales

del Ministerio de Trabajo.

Debemos, en primer término, aclarar el sentido de la expresión

"fuerza de ley". De la interpretación de este concepto depende la

solución de la cuestión planteada. En efecto, resulta elemental, pero

necesario, afirmar que "fuerza de ley" entre las partes, no puede en modo

alguno equipararse a la expresión "rango de ley" utilizada para referirse

a una disposición normativa, aprobada por la Asamblea Legislativa y

sancionada por el Poder Ejecutivo.

Se sigue de lo anterior que las convenciones colectivas de trabajo,

así como todos los contratos, no obstante el hecho de tener "fuerza de

ley", deben todo caso respetar y adaptarse a la ley, y, en general el

ordenamiento legal vigente. En consecuencia, no es posible por la vía de

la Convención colectiva ni del contrato, disponer o convenir de manera

diferente u opuesta a lo que establece el ordenamiento jurídico.

Concretamente respecto de las convenciones colectivas de trabajo, el

punto queda definitivamente dilucidado por el texto del artículo 62 de la

Constitución Política, al disponerse en éste lo siguiente:

"Artículo 62.- Tendrán fuerza de ley las convenciones

colectivas de trabajo que, *con arreglo a la ley*, se concierten

entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de

trabajadores legalmente organizados." (El subrayado es

nuestro).

La convención colectiva de trabajo que nos ocupa fue suscrita por

los empleados de la Institución a las 15 horas del 20 de abril de 1982, y

estaba en vigencia la Norma General No. 72 para el Presupuesto de 1982

que había comenzado a regir el día 1º de enero de ese mismo año, razón

por la cual debió haber sido tomada en consideración y respetada, so

pena, en caso contrario, de incurrir en el vicio de ilegalidad. En todo

caso, e independientemente de la acción que pudiera tomarse para

invalidar la Convención Colectiva de comentario por contener cláusulas

contrarias a la Norma General No. 72 y otros vicios -oportunamente

señalados por el Procurador Civil de la República- que la hacen asimismo

ilegal, es lo cierto que su existencia no constituye obstáculo para que

se aplique, en lo pertinente, la Norma General No. 72 que es Ley de la

República válida y eficaz.

Con muestras de mi mayor consideración y respeto, me suscribo,

Lic. Francisco E. Villalobos González

PROCURADOR ESPECIFICO DE LA REPUBLICA

FEVG/gchr.e

cc: Ing. Eddy Alvarez González, Presidente Ejecutivo

Instituto Nacional de Seguros

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