17 de marzo de 2020

C-093-2020

Señora

Jessica Torres Chavarría

Secretaria del Concejo

Municipalidad de Vázquez de Coronado

Estimada señora:

Con la aprobación del Procurador General de la República, doy respuesta a su oficio no. CM-100-145-2020 de 26 de febrero de 2020, mediante el cual transcribe el acuerdo del Concejo Municipal en el que se indica que “el pago de dietas que recibimos los regidores y síndicos para la compensación de los gastos de transporte y alimentación para la asistencia a sesiones, tanto del Concejo en pleno, como de las comisiones, ha generado serias dudas en la Corporación Municipal, ya que se aprobó un aumento en estas para el presupuesto 2019 que aún no se ha aplicado por dudas frente a la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.”  Y, con base en ello, plantea dos preguntas específicas.

En múltiples ocasiones, esta Procuraduría ha analizado las limitaciones fijadas por los artículos 3° inciso b) y 4° y 5° de nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de setiembre de 1982) en el desempeño de la función consultiva.

En virtud de ese análisis, se han desarrollado tres requisitos mínimos de admisibilidad de las consultas: a) Que las interrogantes sean planteadas de forma clara y precisa y versen sobre temas jurídicos en genérico, lo cual implica que no se cuestione un caso concreto que esté pendiente o deba ser resuelto por la Administración, que no se trate de un asunto sobre el cual ya se emitió un acto administrativo o una decisión concreta, que no involucre una materia que es competencia de otro órgano, que no pretenda la revisión de informes o criterios legales, ni que corresponda a un asunto judicial en trámite. b) Que se acompañe el criterio de la asesoría legal de la institución sobre todos los temas cuestionados y c) Que la consulta sea formulada por el jerarca administrativo de la institución. (Al respecto ver pronunciamientos Nos. C-158-2008 del 12 de mayo de 2008, C-157-2013 del 19 de agosto de 2013, C-121-2014 del 8 de abril de 2014, C-99-2016 de 29 de abril de 2016 y C-377-2019 de 19 de diciembre de 2019).

En cuanto a ello, hemos indicado que la consulta que se dirige a la Procuraduría debe plantearse en términos abstractos sobre una duda jurídica general, sin referirse a un caso concreto ni a un acto administrativo específico. Considerando que nuestros dictámenes son vinculantes, rendir un criterio sobre ese tipo de consultas implicaría trasladar a la Procuraduría la función propia de la Administración activa de tomar decisiones concretas sobre asuntos específicos o de otros órganos competentes para revisar la legalidad de los actos, y, por tanto, estaríamos desconociendo nuestra función meramente consultiva e invadiendo competencias que no nos corresponden. (Al respecto, véanse los pronunciamientos Nos. C-194-1994 de 15 de diciembre de 1994, OJ-017-2002 de 1° de marzo de 2002, C-021-2006 de 20 de enero de 2006, C-026-2015 de 17 de febrero de 2015, C-042-2016 de 25 de febrero de 2016, C-143-2017 de 23 de junio de 2017, OJ-155-2018 de 23 de noviembre de 2018, C-023-2019 de 29 de enero de 2019, C-266-2019 de 17 de setiembre de 2019, entre muchos otros).

Pese a que en esta ocasión las preguntas se plantean en términos generales, lo cierto es que se hace referencia a una actuación administrativa concreta, es decir, al aumento de las dietas aprobado en el presupuesto del año 2019. Por tanto, de dar respuesta a la consulta, estaríamos valorando la legalidad o ilegalidad de esa actuación concreta, lo cual, como ya se dispuso, escapa a nuestra labor asesora.

            Así las cosas, la consulta que se nos plantea resulta inadmisible, y, por tanto, lamentablemente nos encontramos imposibilitados para emitir el dictamen requerido.

            De Usted, atentamente,

Elizabeth León Rodríguez

Procuradora