Nº 024-74

San José, 9 de diciembre de 1974

Señor

Diputado

Arturo Hidalgo Rojas

Asamblea Legislativa

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, doy

respuesta a su carta de fecha 10 del mes de octubre próximo pasado, por

medio de la cual consulta sobre los trámites que deben seguirse

legalmente para proceder a la expropiación de terrenos colindantes con el

Colegio de la Fortuna de San Carlos.

La Ley General de Caminos Públicos (Nº 5060 de 22 de agosto de

1972), vino a regular los procedimientos a que deben sujetarse a las

expropiaciones que El Estado requiera llevar a cabo con fines de utilidad

pública, sin que se refieran tales procedimientos necesariamente a

caminos públicos, pese al título de la ley.

En su artículo 23 -del cual le adjunto copia fotostática- se regula

todo lo referente a la expropiación, trámite que debe iniciarse en el

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, cuyo Departamento Legal es el

encargado de levantar el expediente administrativo a que tal norma se

refiere. Siendo ello así, es a ese Departamento al que usted debe

dirigirse para iniciar los procedimientos de expropiación.

Posteriormente, cuando el expediente administrativo se encuentre

completo, será remitido a esta Procuraduría, ya sea para que la Notaría

del Estado confeccione y otorgue la escritura del caso (si el dueño del

terreno acepta el monto del avalúo), o para que esta Procuraduría Civil y

Contencioso Administrativa incoe ante los Tribunales competentes el

procedimiento expropiatorio, en caso contrario.

Es del caso hacer la observación de que deberán hacerse las

gestiones pertinentes para conseguir el contenido económico necesario

para el pago de la indemnización correspondiente al avalúo que se fije

administrativamente, requisito éste indispensable para que el referido

centro educativo pueda entrar en posesión del inmueble objeto de la

expropiación.

Atentamente,

Fernando Albertazzi H.

PROCURADOR CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FAH/all.e

cc: arch.