Buscar:
 PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Opinión Jurídica 222 del 16/12/2021
Internet
Año:
Buscar en:




Opciones:
Guardar
Imprimir


Ficha del Pronunciamiento
ß&Ø¥ß%
Texto Opinión Jurídica 222
 
  Opinión Jurídica : 222 - J   del 16/12/2021   

16 de diciembre de 2021


PGR-OJ-222-2021


 


Señora


Marcia Valladares Bermúdez


Área de Comisiones Legislativas IV


Departamento de Comisiones Legislativas


Asamblea Legislativa


 


Estimada señora:


Con la aprobación del señor Procurador General de la República, nos referimos a su oficio N° AL-CJ-22567-0916-2021 de fecha 15 de octubre de 2021, mediante el cual se requiere nuestra opinión sobre el proyecto de ley denominado REFORMA DEL INCISO 10) Y DEROGATORIA DEL INCISO 13) DEL ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LEY N° N°3284 DEL 30 DE ABRIL DE 1964. REFORMA DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE NOTIFICACIONES JUDICIALES, LEY N° 8687 DE 4 DE DICIEMBRE DE 2008. LEY PARA ESTABLECER EL CORREO ELECTRÓNICO COMO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PARA LAS SOCIEDADES MERCANTILES”, que se tramita bajo el expediente N° 22.567.


De previo a rendir el criterio solicitado, es necesario aclarar que éste no constituye un dictamen vinculante, ya que lo consultado se relaciona con la función que le atribuye la Constitución Política a la Asamblea Legislativa, esto es, la competencia exclusiva de dictar las leyes, y no con sus funciones de administración activa.  Así las cosas, se rinde la respectiva opinión jurídica, siempre con el ánimo de colaborar en el ejercicio de las altas funciones que cumple el Parlamento.


 


Por otra parte, cabe aclarar que el plazo de ocho días no resulta vinculante para esta Procuraduría, por cuanto no nos encontramos ante ninguno de los supuestos previstos en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.


 


I.                   motivación Del proyecto


 


Este proyecto contiene una exposición de motivos sumamente amplia, que aborda a fondo los temas relacionados con la propuesta (garantía de justicia pronta y cumplida, comunicaciones en una justicia digital, comercio interempresarial) así como todas las características y ventajas que ofrece hoy día el correo electrónico.


 


Se agrega que la manera en que se encuentra trazada la normativa procesal y mercantil sustantiva respecto a la notificación de las sociedades mercantiles causa una serie de complicaciones a los usuarios, dado que actualmente las únicas opciones previstas  para consumar el acto de notificación de la demanda se circunscribe al domicilio social –artículo 18 inciso 10) del Código de Comercio- y recientemente a través de la Ley de Notificaciones en su artículo 20 en el domicilio del representante legal de la mercantil.


 


Se indica que, con la equiparación del domicilio del representante a la de domicilio social, la fluidez, rapidez y seguridad propia que implica ese acto jurisdiccional, no resulta suficiente, dadas las inconsistencias y problemas de ubicación que en ocasiones ofrecen ambos domicilios, lo cual dificulta y potencializa la mora judicial ante la tardanza en que se logre esa actuación judicial de elocuente transcendencia para la marcha del proceso, como lo es la notificación de la demanda.


 


Ante ello, se defiende que la incorporación del correo electrónico como forma alternativa de notificación a las sociedades mercantiles de manera adicional al domicilio social contemplado en el artículo 18 inciso 10) del Código de Comercio, permitiría superar y actualizar los mecanismos que garanticen una mayor eficiencia en los trámites judiciales, de tal manera que se simplifique el acto formal de notificación fiable y sencilla.


 


De manera adicional, se argumenta que se lograrían superar los inconvenientes de la entrega con persona que aparente mayoridad de 15 años y que en ocasiones ofrece sutiles y sustanciales discusiones jurisdiccionales sobre la validez del acto en los tomentosos y frecuentes incidentes de nulidad de notificación muchas veces interpuestos con fines dilatorios y abusivos.


 


Se apunta que el correo electrónico se incorpora como un elemento adicional a los fines del domicilio social, notificación que resulta una función estrictamente “instrumental” de éste.  Lo anterior dado que su inclusión no lleva a alejarse de los fines del “domicilio social” como institución propia y claramente visualizada dentro de la disciplina del Derecho Societario que permanecería totalmente intacta en cuanto a su propuesta original contemplada en la norma mercantil.


 


Se explica que la posibilidad de integrar el sistema de correo electrónico a la totalidad de las notificaciones judiciales incluyendo las comunicaciones administrativas de las sociedades comerciales, constituye una de las principales aportaciones de los medios tecnológicos en el desenvolvimiento de la denominada e-justicia, en el sentido de que transforman y mejoran las vías de comunicación entre el ciudadano y la Administración, así como de las Oficinas Judiciales.


 


Se aduce que ello ofrece ahorro de tiempo y esfuerzo en las relaciones con la Administración de Justicia, y la disponibilidad del servicio (365 días al año, durante 24 horas), de ahí que para los participantes, asegura un correcto y eficiente funcionamiento, al evidenciar una garantía de celeridad y calidad de la actuación judicial en un momento –clave- para el buen funcionamiento del entramado jurisdiccional referido a la notificación de la demanda en forma rápida y dotada de validez.


 


Se manifiesta que la supresión de las barreras territoriales, a su vez, evidencia un acercamiento en las relaciones interempresariales de las sociedades mercantiles, así como también con sus clientes, proveedores y trabajadores. Al dotarse de validez la notificación de la demanda, y resoluciones similares de similar calado en su comunicación inicial, elimina las dificultades propias de distancia y verificación de los lugares consignados para llevar a cabo la notificación.


 


Derivado de la propuesta descrita, se evidencia una repercusión directa en la figura del “agente residente”, que precisamente encuentra su justificación bajo un escenario circunscrito a los requerimientos de la notificación en lugar físico. Con la implementación del correo electrónico sustituye la génesis o justificación del agente residente contemplado para un complemento en modo “físico” precisamente del domicilio. La implementación del modelo “electrónico” implica la desnaturalización justificativa del “agente residente”, como extensión del domicilio.


 


II.           ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES SOBRE LA IMPOSICIÓN DEL DOMICILIO ELECTRONICO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.


 


La propuesta de reforma legal que se plantea refiere a temas que han sido abordados por la jurisdicción constitucional de nuestro país, de tal suerte que resulta importante tener en cuenta esos antecedentes para valorar la procedencia de la reforma propuesta.


 


Conviene empezar recordando que, en relación con la imposición generalizada de designar una dirección electrónica para recibir notificaciones, particularmente para la notificación de actuaciones relacionadas con la aplicación de la ley N° 9078 (Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial), la Sala Constitucional, al analizar la acción de inconstitucionalidad incoada en relación con este tema, mediante la sentencia N° 8481-2014, expresó –en lo que aquí nos interesa- las siguientes consideraciones:


 


“…el empleo de la ley formal como mecanismo para la imposición de obligaciones en tal ámbito, se encuentra enmarcado por el necesario respeto de las normas y principios contenidos en el Derecho de la Constitución y, en particular, por el régimen jurídico de los derechos fundamentales de las personas en nuestro país.


(…)


V.- En este caso hay que tomar en cuenta -como lo señala la institución accionante y lo confirma la Procuraduría- que existe un conjunto de obligaciones para el Estado costarricense para la promoción de las nuevas tecnologías de información y comunicación entre sus habitantes y al logro del acceso a ellas por parte de la población. Pero su puesta en ejecución no puede desentenderse del reverso del problema, es decir, la desigualdad que puede producirse en la concreción del disfrute de tales ventajas, debido a las patentes diferencias en las posibilidades de la población para su acceso, sino respecto de la capacidad de aprovechamiento de tales tecnologías. Es por esta razón que -como se afirmó más arriba- la Sala concuerda con el planteamiento de la accionante de que el establecimiento de una obligación general e indiscriminada de proveer una dirección electrónica como medio exclusivo de comunicación entre la administración y las personas conductoras de vehículos y los propietarios de estos, produce una desigualdad, si partimos del hecho público y notorio de que existe un gran número de personas que por distintas razones, -incluso algunas de tipo meramente geográfico- carecen de acceso o posibilidad de real aprovechamiento de tales tecnologías. ….


 


VI.- Conclusión. En virtud de lo anterior, se tiene por comprobada la infracción del principio de igualdad constitucional por parte de la normativa discutida, al imponer una obligación de alcance general que presupone el acceso y uso de las tecnologías de información y comunicación, pero sin que se haya tomado en cuenta las diferencias cualitativas existentes entre la población en relación con las posibilidades de acceso y disfrute de tales tecnologías. (…). (Énfasis suplido)


 


Se colige de lo anterior que la base para considerar conculcado el principio de igualdad fue presuponer el acceso y el uso de las tecnologías de información y comunicación por parte de todas las personas habitantes de nuestro país que tienen un vehículo, sin tomar en cuenta el acceso real de la población a esas tecnologías, donde pueden intervenir desde aspectos geográficos y económicos, hasta alfabetización tecnológica de las personas.


 


Ahora bien, el Tribunal Constitucional, ante una consulta legislativa de constitucionalidad relativa al proyecto de "Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos” [1], dictó la sentencia N° 20596-2019, en la cual analizó la regularidad jurídica de la imposición de designar dirección electrónica por parte de las entidades sindicales y la viabilidad jurídica de notificación a ese medio electrónico en aspectos relacionados con la calificación de los movimientos huelguísticos, señalando –en lo que interesa-:


 


“…1.- La reforma al artículo 349, del Código de Trabajo y 19, de la Ley de Notificaciones (establecidos en los artículos 1° y 3° del proyecto). Los artículos establecen lo siguiente:


 


“Artículo 349.- Los sindicatos están obligados:


(…)


d. A enviar cada año al mismo Departamento una nómina completa de sus miembros, y señalar un medio electrónico para atender notificaciones. Dicha dirección electrónica debe estar debidamente registrada y actualizada ante el Ministerio de Trabajo, y será utilizada exclusivamente para recibir notificaciones en los trámites de calificación de movimientos huelguísticos regulados en este código y para los efectos del trámite del artículo 375 bis de este código. El Ministerio de Trabajo brindará acceso público y en línea a la lista de medios electrónicos establecidos por cada una de las organizaciones sindicales registradas. En caso de incumplimiento de este requisito, las resoluciones que se dicten se tendrán por notificadas de forma automática.


(…)


"Artículo 19- Resoluciones. Las siguientes resoluciones se notificarán a las personas físicas de forma personal. Tendrán ese mismo efecto las realizadas en el domicilio contractual, la casa de habitación, o el domicilio real o registral.


 


A) El traslado de la demanda o auto inicial en cualquier clase de proceso, salvo que la parte demandada o interesada ya haya hecho señalamiento para atender notificaciones en el mismo expediente, o en los procesos de expropiación, cuando exista señalamiento para atender notificaciones en el expediente administrativo, o en los procesos de calificación de los movimientos huelguísticos en que se procederá de conformidad con el Código de Trabajo […]".


 


Sobre este tema, los reclamos que se formulan no están del todo claros; sin embargo, se entiende que la duda de constitucionalidad proviene de la innovación que establece el legislador al establecer la obligación de señalar un medio electrónico para recibir notificaciones, lo que consideran es una medida exclusiva y discriminatoria para los sindicatos…


 


Lo primero que debe establecer la Sala, al igual que se ha establecido en otros casos, es que el legislador, en uso del principio de configuración de las normas procesales y procedimientos administrativos, puede estructurarlos técnicamente de la forma y la manera que estime correctos. En tal sentido, el legislador puede diseñar los procesos de tal forma que permita su desarrollo lógico y concatenado de procedimientos, únicamente limitado por los derechos fundamentales contenidos en el Derecho de la Constitución…


 


En este sentido, se actualiza la disposición a una era digital dentro de la libre conformación del legislador sobre ciertas actuaciones jurisdiccionales urgentes de carácter económico y social, evita las prácticas dilatorias que pueden producirse en las notificaciones personales y contrarias a la buena fe procesal. Adicionalmente, se trata de un esquema procesal cuyo fin es coadyuvar con la eficiencia del proceso, así como la urgencia del Estado en controlar la legalidad de un mecanismo de presión de los trabajadores que ejercen no solo un impacto entre las partes en conflicto, sino más allá de ellos. De ahí que, lo que es necesario es la garantía de que en la implementación de este tipo de medios para practicar notificaciones, para las partes del litigio se hace necesario que sean seguras y efectivas a los medios electrónicos señalados, así como que garanticen el recibido de la notificación de curso, como medio para garantizar un avance procesal correcto, y el ejercicio adecuado del derecho a la defensa y debido proceso. Por otra parte, no es una obligación exclusiva dirigida únicamente a los sindicatos; por el contrario, son obligaciones que han sido establecidas en diferentes cuerpos normativos como el párrafo 1°, del artículo 134 y 137, del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. (El subrayado no es del original).


 


De las anteriores consideraciones puede intuirse que el análisis efectuado por la Sala Constitucional no apareja un cambio de posición jurisprudencial con respecto a la anterior resolución, sino más bien que en su análisis de viabilidad fue determinante el sujeto obligado, es decir, las organizaciones sociales debidamente registradas ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, legalmente conformadas y con una estructura organizativa establecida, que además perciben fondos por parte de sus agremiados para la consecución de sus fines.


 


Es decir, se tomó en cuenta que los destinatarios de esta imposición son sujetos de derecho privado organizados, que gozan de condiciones que no necesariamente comparte una persona física, la cual puede carecer de una estructura de respaldo de ésta índole.


 


Lo anterior derivó en que el Tribunal Constitucional considerara que esas organizaciones cuentan con una estructura que les permite tener acceso a las tecnologías de la información, por lo que la imposición de la obligación no conculca sus derechos fundamentales.


 


Bajo esta perspectiva, resulta ilustrativo retomar algunas consideraciones planteadas por esta Procuraduría en el informe rendido a la Sala Constitucional con ocasión de la acción de inconstitucionalidad tramitada bajo el expediente N° 14-000248-0007-CO, dentro del cual se dictó la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas arriba señaladas de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, y que consideramos son argumentos que aún hoy mantienen su vigencia, en orden a la brecha digital existente en el país.


 


El informe de referencia señaló, en lo que interesa, lo siguiente:


 


“No puede discutirse que hoy día las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación son parte esencial de la Administración Pública. Su empleo se propicia como una forma de modernización administrativa. Se habla, al efecto, de una Administración electrónica o digital. Los administrados deben beneficiarse de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en sus intercambios con los servicios públicos, de forma que se acceda rápidamente a todas las informaciones, pero también que obtenga una ayuda personalizada por ese mecanismo y pueda realizar en línea sus diferentes gestiones o trámites, a fin de que no  sea obligado a desplazarse. La idea es que se relacione con la Administración empleando los mismos medios con que normalmente lo hace con el resto de la sociedad.


(…)


Nuestro país suscribió en el 2007 la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico. Documento que parte de que América Latina se caracteriza por el “mantenimiento de profundas desigualdades sociales” y plantea el Gobierno Electrónico como un mecanismo para facilitar la inclusión y fortalecer la cohesión social. La Carta subraya que la perspectiva desde la que se tiene que abordar el empleo de las TIC en la gestión pública es la del ciudadano y sus derechos. En particular, para:


 


“- Promover la inclusión y la igualdad de oportunidades de forma que todos los ciudadanos puedan acceder, cualquiera que sea su situación territorial o social a los beneficios que procura la sociedad del conocimiento”.


La Carta reconoce el derecho de acceso electrónico a las Administraciones Públicas para que facilite a las personas su participación en la gestión pública y en sus relaciones con las Administraciones Públicas y que contribuya a que estas sean más transparentes y respetuosas del principio de igualdad, a la par de más eficaces y eficientes.  La construcción de la sociedad de la información y conocimiento se promueve centrada en las personas y orientada al desarrollo económico y social. En ese sentido, establece la Carta un ligamen entre Gobierno Electrónico y gobernabilidad democrática. Postula que los Estados deben establecer políticas, estrategias y programas de inclusión digital, para combatir la infoexclusión y reducir la brecha digital, debiendo ampliarse el acceso de los sectores populares a los servicios electrónicos. Un postulado que también encontramos en la Declaración de Ginebra y el Compromiso de Túnez que el integran el soft law en la materia.


 


La Declaración de la  Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información de Ginebra, celebrada entre el 10 al 12 de diciembre de 2003, en cumplimiento de la Resolución 56/183 de 21 de diciembre de 2001 de la Asamblea General de las Nacionales Unidas, establece el compromiso común de los Estados de construir una sociedad de la información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo,  con absoluto respeto a la dignidad humana.  Un compromiso que implica el reconocimiento de la brecha digital entre países desarrollados y en desarrollo y dentro de las sociedades, así como la necesidad de superarla, de manera que la brecha se convierta “en una oportunidad digital para todos, especialmente aquellos que corren peligro de quedar rezagados y aún más marginados”. La construcción de la sociedad de la información obliga a los Estados a tomar en cuenta las necesidades especiales de los grupos marginados y vulnerables de la sociedad, así como las necesidades especiales de las personas de edad y de los discapacitados; mención especial hace a los pobres, a los que viven en zonas distantes, rurales y urbano marginadas cuyo acceso a la información y utilización de  las TIC´s debe ser potenciado, ya que estas deben ser un instrumento de apoyo a sus esfuerzos para salir de la pobreza. Resalta en particular el siguiente postulado:


 


“17. Reconocemos que la construcción de una Sociedad de la Información integradora requiere nuevas modalidades de solidaridad, asociación y cooperación entre los gobiernos y demás partes interesadas, es decir, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales.  Reconociendo que el ambicioso objetivo de la presente Declaración –colmar la brecha digital y garantizar un desarrollo armonioso, justo y equitativo para todos- exigirá un compromiso sólido de todas las partes interesadas, hacemos un llamamiento a la solidaridad digital, en los planos nacional e internacional.”


 


La obligación de los Estados de realizar esfuerzos para reducir la brecha digital es retomada en el Compromiso de Túnez, 2005 en el cual los Estados deciden:


 


“promover el acceso universal, ubicuo, equitativo y asequible a las TIC, incluidos el diseño universal y las tecnologías auxiliares para todos, con atención especial a los discapacitados, en todas partes, con objeto de garantizar una distribución más uniforme de sus beneficios entre las sociedades y dentro de cada una de ellas, y de reducir la brecha digital a fin de crear oportunidades digitales para todos y beneficiarse del potencial que brindan las TIC para el desarrollo”.


 


De acuerdo con estos instrumentos, el Estado debe propiciar el empleo de las nuevas tecnologías y, en consecuencia, debe crear las condiciones para que toda persona acceda a su utilización. En consecuencia, para que pueda utilizarlas en su relación con la Administración. Así como la Administración puede disponer que su uso deba ser utilizado en determinados actos. Empero, se enfatiza que esta determinación debe necesariamente tomar en cuenta el desarrollo tecnológico del país y sobre todo, el acceso efectivo que a ese desarrollo tenga una parte de la población y las distintas regiones del país. Un acceso equitativo y asequible que se establece como requisito para la integración social, sobre todo de los grupos marginados y vulnerables de la sociedad.


(…)


De lo antes expuesto se deriva que la Administración Electrónica no puede ser analizada ni aplicada sin considerar la situación de determinados grupos sociales en relación con las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento. Las decisiones que no tomen en cuenta esa brecha digital desconocen los objetivos de la Administración y Gobierno Electrónico, con el agravante de que pueden generar mayor desigualdad entre los sectores de la población. Por ende, violentar el principio constitucional de igualdad.



Respecto del Gobierno Electrónico, el principio de igualdad tiene sus manifestaciones desde dos ángulos. En primer término, como una obligación de tomar en cuenta la brecha digital. En segundo término, como una prohibición de discriminar a quienes utilizan medios no electrónicos. (…)


 


 La segunda connotación del principio de igualdad, presente en nuestra legislación, es la consideración de la brecha o fractura digital. Esta remite a la diferencia entre las comunidades que tienen acceso a internet, la banda ancha, a nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a los dispositivos de telecomunicación. Importa destacar que refiere a una diferencia existente previamente al acceso a las tecnologías, diferencia que genera una discriminación, al punto de que puede llegar a la infoexclusión (…)


Un contexto que debe tomarse en cuenta al valorar la imposición de una dirección electrónica como única forma de notificación.


(…)


Es decir, la jurisprudencia constitucional reconoce que la brecha digital es una situación real que afecta a una parte de la población. Que la responsabilidad de esa brecha no puede serle imputada a las personas que la sufren, sino que es responsabilidad del Estado que debe tener políticas no solo para promocionar el gobierno digital sino para que las distintas personas puedan acceder al uso de los medios electrónicos. Pero, mientras la brecha exista, se debe reconocer que las personas pueden acceder a las organizaciones y servicios administrativos mediante mecanismos tradicionales, incluyendo los la comunicación mediante soportes materiales. (El subrayado es propio)


 


En virtud de todo lo expuesto, puede estimarse que para efectos de valorar los alcances de las normas que se están proponiendo, se debe analizar detenidamente la situación actual a nivel nacional en orden a la brecha digital, pues resulta imprescindible que esta situación sea sopesada al momento de dictar normas jurídicas que impongan obligaciones a las personas cuyo cumplimiento requiera en forma indispensable la utilización de tecnologías de la información. 


 


III.         CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO DE LEY


 


El proyecto consultado, propone las siguientes reformas y adiciones:


 


ARTÍCULO 1-           Se reforma el inciso 10) del artículo 18 del Código de Comercio, Ley N°3284 del 30 de abril de 1964, para que en adelante se lea:


 


Artículo 18-   La escritura constitutiva de toda sociedad mercantil deberá contener:


 […]


 10)      Domicilio de la sociedad: deberá ser una dirección actual y cierta dentro del territorio nacional, en la que podrán entregarse válidamente notificaciones. Adicionalmente se deberá consignar una dirección electrónica a través de una cuenta de correo que garantice el recibido de la notificación en curso para recibir las notificaciones de las autoridades administrativas y jurisdiccionales.


 […]


 


ARTÍCULO 2-           Se reforma el artículo 20 de la Ley de Notificaciones Judiciales, Ley N°8687 del 04 de diciembre de 2008, para que en adelante se lea:


 Artículo 20-   Notificaciones a personas jurídicas


 


Las personas jurídicas, salvo disposición legal en contrario, serán notificadas por medio de su representante, personalmente o en su casa de habitación, o en el domicilio real de este. Además, podrá notificarse en el domicilio contractual, en el domicilio social, real registral, o en caso de sociedades mercantiles, en la dirección electrónica que conste en el Registro Mercantil.  La cuenta electrónica debe estar debidamente registrada y actualizada para recibir notificaciones por parte de las autoridades administrativas y las instancias judiciales.  La omisión de señalarla conlleva necesariamente la aplicación de la notificación automática.


 


Para los efectos del cómputo del plazo, en caso de utilizarse la dirección electrónica, se estará a lo dispuesto por el artículo 38 de esta ley.


Si la persona jurídica tiene representación conjunta, quedará debidamente notificada con la actuación efectuada a uno solo de sus representantes


 


ARTÍCULO 3-           Se deroga el inciso 13) del artículo 18 del Código de Comercio, Ley N°3284 del 30 de abril de 1964.


 


TRANSITORIO ÚNICO-     Las sociedades mercantiles cuentan con el plazo de seis meses a partir de la vigencia de la presente Ley, para consignar la dirección electrónica ante el Registro Nacional.” (subrayado agregado)


 


En este tema, es indispensable tomar en cuenta lo desarrollado en el apartado anterior respecto a la posición jurisprudencial sobre la imposición de designar una dirección electrónica permanente. Esto, a la luz de la brecha digital existente en el país, que perjudica sobre todo a personas físicas, quienes, por diversas razones –económicas, geográficas, de alfabetización digital, etc.- pueden no tener acceso a la tecnología que se requiere para contar un correo electrónico.


 


Ahora bien, a la luz de todas las consideraciones reseñadas, es nuestro criterio que las sociedades mercantiles cuentan con una estructura organizativa robusta, que les permite ejercer cabalmente sus actividades empresariales privadas –según sea el caso- lo que conlleva que existan facilidades y apertura para una comunicación fluida por medio de las nuevas tecnologías, lo cual incluso es absolutamente indispensable en el mundo empresarial.


 


En razón de lo anterior, imponer a esas sociedades comerciales la obligación de fijar un domicilio electrónico permanente para recibir notificaciones, en principio puede estimarse que supera el examen de razonabilidad y proporcionalidad desde el punto de vista constitucional, a la luz del desarrollo jurisprudencial que se ha hecho de esos principios.


 


No pueden desconocerse la importancia y los efectos jurídicos de la primera notificación mediante la cual se pone en conocimiento a la persona del inicio de un procedimiento administrativo o judicial, según sea el caso (véase nuestro dictamen N° C-342-2004 de 18 de noviembre de 2004), pues la notificación es parte del debido proceso y del derecho de justicia, de ahí que regular la notificación es regular el ejercicio de un derecho fundamental, del cual va a depender el derecho de defensa.


 


Como vimos líneas atrás, suprimir el derecho de que la primera notificación relativa al inicio de un procedimiento sancionador o una demanda sea en forma personal, o la falta de previsión de otro medio para realizar las notificaciones, podría tener consecuencias gravosas, pero tratándose de personas físicas que no cuenten con acceso a las tecnologías de la información.


 


No obstante, tomando en cuenta los aspectos que la propia motivación del proyecto desarrolla en orden al desenvolvimiento actual de las empresas en el mundo digital y en el contexto de las relaciones inter-empresariales a nivel global, bien se puede considerar que la obligación de suministrar una dirección electrónica permanente puede satisfacer la buena intención de simplificar y agilizar las comunicaciones judiciales.


 


Para el caso específico de las sociedades mercantiles, se estaría asegurando el conocimiento efectivo del acto o resolución  a efecto de que estas personas jurídicas puedan ejercer su derecho constitucional al debido proceso y derecho de defensa, garantías que en este caso, dado ese acceso a los medios tecnológicos, no se estarían vulnerando.


 


IV.      CONCLUSIÓN


 


En la forma expuesta, se deja rendido el criterio sobre el proyecto de ley sometido a consulta, cuya aprobación es de resorte exclusivo de dicho Parlamento, al ser un asunto propio de su discrecionalidad legislativa.


 


De usted con toda consideración, suscribe atentamente,


                          


 


 


 


Andrea Calderón Gassmann 


Procuradora


 


ACG/bma


 


 




[1] Actual Ley N° 9808, Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos.