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 PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Opinión Jurídica 106 del 03/08/2022
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Texto Opinión Jurídica 106
 
  Opinión Jurídica : 106 - J   del 03/08/2022   

3 de agosto de 2022


PGR-OJ-106-2022


 


Señora


Cinthya Díaz Briceño


Jefe de Área


Comisiones Legislativas IV


Asamblea Legislativa


 


Estimada señora:


 


Con la autorización de la señora Procuradora General Adjunta de la República, me refiero a su oficio número AL-DCLECART.010-2021 del 16 de setiembre del 2021, mediante el cual, se solicitó el criterio en relación con el proyecto de Ley tramitado bajo el expediente 22556, denominado: “DESAFECTACIÓN DEL USO PUBLICO DE TERRENOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO PARA QUE LOS DONE A LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA ACUEDUCTO Y ALCATARILLADO EL MOLINO”.


 


I.- ALCANCE DE ESTE PRONUNCIAMIENTO


 


La Procuraduría General de la República es el órgano consultivo técnico-jurídico de las distintas dependencias de la Administración Pública, según lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de su Ley Orgánica.


 


Asimismo, el numeral 3 inciso b de dicha norma, establece como una de sus competencias, emitir dictámenes al Estado, los entes descentralizados, los demás organismos públicos y las empresas estatales. 


 


La función consultiva se materializa mediante la emisión de dictámenes y opiniones jurídicas para la administración activa, quienes a su vez tienen la facultad y legitimación para solicitar el criterio de este órgano técnico previo a adoptar una decisión administrativa.


Ahora bien, a pesar de que la formación de leyes, función constitucional otorgada a la Asamblea Legislativa, no forma parte de una función administrativa, la Procuraduría ha venido evacuando las consultas que formulan los señores diputados en relación con un determinado proyecto de ley.


Por lo anterior, esta opinión jurídica carece de efectos vinculantes para el caso concreto y tiene como objetivo contribuir con el efectivo ejercicio de las altas funciones parlamentarias que el ordenamiento les confiere a los señores Diputados y ello mediante un asesoramiento de índole estrictamente jurídico y por esta razón, el plazo establecido en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa no le es aplicable a la Procuraduría General de la República.


II.- SOBRE EL PROYECTO DE LEY


Según la consulta realizada en el sitio oficial de la Asamblea Legislativa[1], el proyecto actualmente se encuentra en la Comisión Especial desde el 24 de agosto del 2021.


De la Exposición de Motivos, se desprende que la Municipalidad de Cartago requiere autorización para desafectar y disponer por donación de tres fincas de su propiedad, inscritas en el Registro Inmobiliario bajo los números 97471, 97473 y 97469, todas del partido de Cartago, las cuales han estado en uso de la Asociación Administradora Acueducto y Alcantarillado El Molino, cédula jurídica 3-002-585237, brindando agua potable a la comunidad del El Molino por más de 18 años.


El Concejo Municipal de Cartago, en Sesión Ordinaria del Acta Nº 78-2021, Artículo Nº23 celebrada el día 18 de mayo del 2021, acordó solicitar a la Asamblea Legislativa la aprobación de una ley que permita la donación de las citadas fincas.


Sin embargo, las propiedades objeto del proyecto de ley no están registradas a nombre de la Municipalidad. Según la exposición de motivos “están al uso público y aparecen en el Mapa Oficial, con lo que se cumplen los supuestos establecidos en la Ley de Planificación Urbana N°4240, artículo 44, para ser reputadas como municipales y prescindirse, por tanto, de su inscripción registral previa”.        


Se indica que la falta de registración se confabula para que la Asada, quien está en posesión de las fincas, continué con los tramites de registración de un pozo y cumplir con el voto de la Sala Constitucional número 2019-013292 de las 8 horas 20 minutos del 119 de julio del 2019, en donde se condenó a la ASADA a solucionar el problema de agua en la zona El Molino. Los bienes según la exposición de motivos son municipales ipso iure.


III.- DE LAS FINCAS OBJETO DEL PROYECTO. BIENES PUBLICOS POR GARANTIZAR ACCESO AL AGUA DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL


Según la publicidad registral, las fincas objeto del proyecto se encuentran inscritas a nombre de GRUPO INVE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica 3-101-0396661.


La finca de Cartago matrícula 97471-000, publicita una naturaleza de área verde con pozo y tanque de almacenamiento de agua potable bloque J lote veintidós, la cual se encuentra en zona catastrada en el distrito segundo Occidental, cantón primero Cartago y mantiene anotada cuatro gravámenes de hipoteca inscritos bajo las citas 331-05005-01-865, 866, 867, 868 y un PRACTICADO citas 575-50395-01-003-001. Según el histórico publicitado, mediante el tomo 478, asiento 12345-01 el 3 de agosto del año 2000 se inscribió el acto de rectificación de naturaleza y el embargo practicado ingresó a la corriente registral el 16 de abril del 2008.


Por su parte, la finca 3- 97473-000 se encuentra en zona catastrada, ubicada en el distrito segundo Occidental, cantón primero Cartago de la provincia de Cartago, su naturaleza es lote 23 para construir bloque; tiene anotada 4 hipotecas inscritas bajo las citas 331-05005-01-865, 866, 867, 868. Su naturaleza es lote veintitrés para construir bloque J.


La finca 3-97469-000 se encuentra en zona catastrada, situada en el distrito segundo, Occidental cantón primero Cartago, su naturaleza es lote 23 para construir bloque J, tiene anotado 4 hipotecas inscritas bajo las citas 331-05005-01-865, 866, 867, 868.


El propietario registral es GRUPO INVE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica 3-101-039666, la cual según el histórico de movimiento de la persona jurídica,  fue disuelta por Ley 9428 mediante las citas de movimiento 2021-682427-1-77-1 el 26 de octubre del 2021.


Según la Municipalidad de Cartago, mediante el oficio DU-OF-119-2022 del 10 de febrero del 2022, las fincas forman parte de la Urbanización El Molino etapa VII, recibida por la Municipalidad y registrada en el mapa oficial que lleva al efecto la Municipalidad de Cartago.


Asimismo, las fincas no constituyen áreas de parque o juegos infantiles y en relación con el porcentaje de áreas públicas establecido en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana este no disminuye por la donación de las fincas objeto del proyecto; con lo cual se garantiza el derecho fundamental de la comunidad a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en los términos del artículo 50 de la Constitución Política.


Los terrenos objeto del proyecto se encuentran ubicados en la etapa VII del proyecto y fueron recibidos por la Municipalidad según se indicó en el acta 251-05, artículo 32, de la sesión ordinaria celebrada el primero de noviembre del año dos mil cinco, adoptado por el Concejo Municipal.


Por lo anterior, no será necesario una eventual reposición de áreas públicas a cambio de las fincas objeto del proyecto de Ley bajo estudio, ya que las áreas de parques o juegos infantiles están ubicadas en otras etapas del residencial.


Según el diseño de sitio de la urbanización, las tres fincas describen una naturaleza de áreas verde con pozo y tanque de almacenamiento de agua potable y comprenden el área operacional de los equipos y los tanques para abastecimiento del agua del residencial. Ergo, las fincas están afectadas al uso público de conformidad con la Ley de Planificación Urbana y el artículo 261 del Código Civil.


El suministro de agua potable es un derecho fundamental. Los derechos humanos de acceso al agua potable y al saneamiento han sido reconocidos en diferentes instrumentos de Derecho Internacional, incluyendo la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, 1977), la Declaración de la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (Dublín, 1992), la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas RES/54/175 de diciembre de 1999, la Declaración Política de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002), la Observación No. 15 sobre el derecho al agua, interpretando el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Resolución A/RES/64/292 de la Asamblea General de Naciones Unidas (julio, 2010), la Resolución A/HRC/RES/15/9 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (septiembre, 2010), y la Resolución A/RES/70/167 de la Asamblea General de Naciones Unidas (diciembre, 2015)[2].


IV.- SOBRE LA NATURALEZA DE LOS BIENES SOMETIDOS A DESARROLLOS URBANISTICOS, LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA.


La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia número 1014-99 de las 17:24 horas del 16 de febrero de 1999, y en la sentencia N° 1014-99 de las 17:24 horas del 16 de febrero de 1999, ambas citadas en el dictamen C-233-2012, ha ratificado la demanialidad de los bienes recibidos por las Municipalidades en virtud de un proceso de urbanización.


Asimismo, en el voto N° 4205-96, de las 14:33 horas del 20 de agosto de 1996, el Tribunal Constitucional resolvió que estos bienes  no pueden ser objeto de propiedad privada del urbanizador o fraccionador”. (sobre el dominio municipal de estas áreas véase también resolución Tribunal Superior Contencioso Administrativo, en la resolución No. 5579 de 10 horas 50 minutos del 25 de mayo de 1982, y sentencia 00019, del 12/2/2009, del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VII, citadas en el dictamen 190-2015).


Como se indicó en párrafos anteriores, los bienes del proyecto de ley sometidos a consulta son bienes que conforman el mapa oficial, recibidos por la Municipalidad de Cartago, pero no fueron traspasados en su oportunidad por el desarrollador incumpliéndose el mandato legal del artículo 38 inciso b de la Ley de Planificación Urbana, el cual establece que no se dará permiso para urbanizar terrenos por no estar garantizado el importe de las obras de habilitación urbana del inmueble, o no haberse hecho o garantizado el traspaso formal al municipio, del área reservada a uso público, ni, en su defecto, satisfecho en dinero el valor equivalente.


Las áreas cedidas por el urbanizador a la luz de los pronunciamientos de esta Procuraduría operan como una compensación dentro de los límites que implica la plusvalía determinada por la transformación de los terrenos en solares o la mejora de sus condiciones de edificador (ver dictamen-230-01 23 de agosto del 2009).


Según el dictamen C 380-2003 del 2 de diciembre del 2003 la cesión obligatoria opera a partir del acto formal de aceptación de las obras y las áreas públicas por parte de la Municipalidad. Al respecto, se dijo:


“Es criterio de esta Procuraduría que con el acto formal de aceptación de las obras y áreas públicas por parte de la municipalidad, se entienden cedidas al uso comunal, las obras y áreas públicas que contempla el artículo 40 de la ley de planificación urbana, las cuales pasan a formar parte del demanio municipal. A partir de esa formalización, el conjunto de planos de la urbanización se consideran mapa oficial, pues indica con exactitud cuáles son los terrenos o espacios entregados al uso y servicio comunal.


Sobre la afectación de este tipo de bienes, el dictamen C-230-01, del  23 de agosto del 2001, citado en el dictamen C- 190-2015,  se refirió al tema de la siguiente manera:


“La afectación es el acto del poder público que incorpora bienes privados al demanio, transforma su condición jurídica e imprime el destino al uso o servicio público asignados. Configura el elemento teleológico del dominio público que explica y justifica el régimen jurídico especial a que están sometidos los bienes, de contenido variable (Sobre el tema de la afectación, vid. de la Sala Constitucional, voto 3145-95 y dictamen de la Procuraduría C-228-98, entre otros).


    Así ocurre, por ejemplo, con el traspaso a la Municipalidad de las áreas para parques, zonas de juegos de niños u otras a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Planificación Urbana, seguido de acuerdos municipales aprobatorios y recibo oficial de la urbanización o fraccionamiento, con la habilitación consiguiente (Sala Constitucional, voto 3145-96)”.


Conforme lo anterior, el dominio municipal y su incorporación al demanio público se consolida con el acto administrativo de recepción de los planos y la incorporación en el mapa oficial de los bienes sin que la inscripción convalide o consolide tal condición. Al respecto, en el dictamen C- 190-2015, se indicó:


Bajo esta tesis, y la interpretación que realizó este órgano asesor en los dictámenes supra indicados, se adquiere el dominio de los bienes por el acto administrativo de aceptación de la urbanización y la inclusión  del conjunto de planos que conforman el mapa oficial. Es decir, para su constitución, no se requiere de inscripción en el registro inmobiliario, por estar amparado nuestro sistema al nudo consensu francés.


 


En este sentido, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 431-F-00 de las quince horas cincuenta y cinco minutos del siete de junio del año dos mil, resolvió:


 


“(…) Existen diferentes fuentes de los derechos reales. Están constituidas por los hechos idóneos autorizados por el ordenamiento jurídico para generar su nacimiento o constitución. Su efecto inmediato será la unión personal al nuevo titular. Como el derecho real puede o no existir en un momento determinado, nacimiento, constitución o adquisición de éste son conceptos distintos. Por ello hay diferentes sistemas de adquisición de los derechos reales, e igualmente distintos modos de adquirirlos. Los sistemas más conocidos son el francés, seguido también en Costa Rica, del nudo consensu, cuya exigencia para la transmisión de los derechos reales se concreta al consentimiento de las partes, sin exigirse la tradición; también está el sistema alemán, donde los derechos sobre muebles se adquieren por la simple tradición sin exigirse el contrato, y en los inmuebles por la tradición y la inscripción registral; y el sistema del título y modo de España, donde se requiere acuerdo y entrega. En todos ellos juega un papel diferente la causalidad, la tradición y la inscripción. Distintos son los modos de adquirir los derechos reales, pues éstos sí son los hechos jurídicos a los cuales una norma le atribuye el efecto para producir esa adquisición, siendo estos hechos de diferente naturaleza: pueden ser naturales (como en el caso del aluvión), actos jurídicos e incluso negocios jurídicos. El costarricense se inscribe dentro del sistema del nudo consensu pues el Código Civil admite la adquisición, independientemente de si exista o no tradición o inscripción en el Registro Público, por el simple hecho del convenio (artículo 480), pero autoriza también como forma de adquirir los derechos reales, además del convenio, la ocupación, la accesión, la herencia o el legado, la prescripción (artículo 484), y cualquiera otro cuya inscripción pueda verificarse en el Registro Público (artículo 459 inciso 2), bajo el criterio de numerus apertus.


 


Tal y como se indica en la cita anteriormente transcrita, el artículo 480 del Código Civil establece que la propiedad de muebles e inmuebles se transmite con relación a las partes contratantes, por el solo hecho del convenio que tenga por objeto traspasarla, independientemente de su inscripción en el registro y de la tradición, con lo cual la publicidad registral no deviene obligatoria como elemento constitutivo del derecho real.


 


Al momento de la afectación, nace a la vida jurídica el derecho subjetivo que ostenta las Municipalidades sobre el bien inmueble-seguridad del derecho- que confiere derecho de uso y conservación en aplicación directa del principio de inmatriculación. Derecho subjetivo que debe protegerse en la dimensión registral-seguridad del tráfico dinámica- para otorgarle un protección en cuanto a su disposición y sea oponible formalmente frente a terceros (artículo 455 del Código Civil). Es por ello que en materia de derechos reales tenemos un registro declarativo y no convalidante”.


 


Para los efectos de este caso, es importante retomar lo indicado en el  dictamen C-190-2015 en relación con la inscripción de bienes municipales que se encuentran inscritos a nombre de sociedades desarrolladoras en el Registro Nacional:


“En nuestro sistema registral, nos regimos bajo un sistema de dos presunciones: exactitud e integridad, la primera deviene en la legitimación para disponer del derecho que sería el  titular registral tal y como lo establece el artículo 452 del Código Civil, al establecer que puede constituirse derechos reales por quien tenga inscrito su derecho en el Registro, o por quien lo adquiera en el mismo instrumento de su constitución.


En cuanto al segundo, de acuerdo con el artículo 455 del Código Civil, según el cual, lo que no consta en el registro no existe en la realidad extra-registral, por lo que se interpreta que los asientos son perfectos y completos.


Teniendo claro el momento de la cesión obligatoria por parte de los desarrolladores, y cuando adquiere el dominio las municipalidades, la consulta nos plantea un tema trascendental: la necesidad de su inscripción ante el Registro Nacional.


El Registro Nacional, surge a la vida jurídica con la finalidad de garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros, a través de la publicidad de estos bienes o derechos, de acuerdo a los procedimientos técnicos de que disponga. (Artículos 1 de la ley de Inscripción de Documentos en el Registro Público número 3883).


Según la ley de Creación del Registro número cinco mil seiscientos noventa y cinco, en su artículo segundo, el Registro Inmobiliario, comprende: propiedad inmueble, hipotecas, cédulas hipotecarias, propiedad en condominio, concesiones de zona marítimo-terrestre, concesiones del golfo de Papagayo, Registro de Marinas Turísticas y Catastro Nacional.


Es decir, en el caso consultado es imperiosa la necesidad de inscribir obligatoriamente los bienes de dominio municipal objeto de la ley de planificación urbana”.


En este sentido, y por parte importante del análisis aquí esbozado, se debe trascribir las conclusiones del dictamen C-190-2015:


Conclusiones:


1.- De acuerdo con la ley de Planificación Urbana, los bienes que los urbanizadores deben ceder gratuitamente al uso público,  por disposición del artículo 40, son bienes municipales, de dominio público, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Su afectación se origina por ley y por acto administrativo. Dichos bienes cumplen una función social y fundamental, de conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política brindándole a los ciudadanos un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y están permeados por el principio de inmatriculación.


2.-Los entes municipales, adquieren el dominio perfecto de los bienes destinados a uso público por haber operado la cesión obligatoria mediante la afectación legal y por acto administrativo, al incorporar dichos bienes al Mapa Oficial.


3.- Desde el punto de vista registral, y por interés público y seguridad en el tráfico inmobiliario, es necesario conciliar la información que existe en la base de datos del mapa oficial que llevan las Municipalidades y la base de datos del Registro Inmobiliario, bajo el marco de los principios de coordinación administrativa, eficiencia y eficacia en la gestión pública.


4.- De conformidad con el artículo 44 de la ley Ley de Planificación Urbana, por ser una adquisición ex lege, las Municipalidades pueden solicitar la inscripción de los bienes a que se refiere el artículo 40 de la ley de planificación urbana, de forma unilateral, sin la comparecencia del titular registral.


5.- De acuerdo con el artículo 44 dicho, el Registro Nacional está obligado a poner último asiento a aquellas fincas, restos o lotes que el propietario, en concepto de fraccionador, ceda al municipio, el destino público de dichos bienes se debe constatar en el Mapa Oficial que al efecto llevan las municipalidades.


6.- Las municipalidades efectuarán dichos traspasos ante la Notaría del Estado por tratarse técnicamente de bienes de dominio público.


Por lo anterior, la Municipalidad puede acudir en este caso, previo al traspaso a la ASADA que autorizará a Asamblea Legislativa, a la Notaría del Estado con la finalidad de traspasar los bienes de dominio público a su nombre sin la comparecencia del titular registral, para consolidar el tracto sucesivo en el traspaso a la ASADA y por no existir la sociedad en la vida jurídica por estar disuelta.


IV.- SOBRE LAS PARTES DEL CONTRATO.


Las autorizaciones legislativas de donación de inmuebles de sujetos públicos a particulares son de carácter facultativo para la Administración y deben atender expresamente el contenido de la Ley que la autoriza para su ejecución (principio de legalidad artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política).


En este sentido, el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República establece que: “Todo otorgamiento de beneficios patrimoniales, gratuito o sin contraprestación alguna, y toda liberación de obligaciones, por los componentes de la Hacienda Pública, en favor de un sujeto privado, deberán darse por ley o de acuerdo con una ley. (lo destacado no es de su original).


Por su parte, el artículo 71 del Código Municipal establece que las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la extensión de garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las autorice, expresamente, una ley especial.


En este sentido, el dictamen C-74-2017 del 7 de abril del 2017, indicó que “en la donación pura y simple el donante, transmite, inter vivos, por mera liberalidad, al donatario, quien acepta, la propiedad de uno o más bienes de su patrimonio. Se caracteriza por ser un contrato traslativo de dominio, unilateral, con obligación única a cargo del donador, de carácter gratuito, irrevocable, una vez aceptada, salvo ingratitud del beneficiario, y solemne: en inmuebles y muebles con valor superior a doscientos cincuenta colones, en  los que debe cumplirse la formalidad de la escritura pública, como elemento esencial de validez. Código Civil, arts. 1397, 1399, 1404, 1405 y 1407. (En punto a la nulidad de la donación de inmuebles sin escritura pública, vid del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN I, voto 139/2009; SECCION II, sentencias 403/2010 y 271/2010; del TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCION I, las sentencias 367/2004 y 354/2005)”.


Lo anterior, es la regla general tipificada en nuestro ordenamiento jurídico para que el Estado y sus instituciones puedan donar bienes a sujetos privados, extrayéndolos de la esfera pública.


Sin embargo, el caso concreto tiene la especialidad de que las fincas no salen de la sujeción especial a la que por vocación y uso están afectadas.


El proyecto de ley pretende desafectar y donar las fincas a favor del Asociación Administradora Acueducto y Alcantarillado El Molino, cédula jurídica 3-002-585237.


Según el artículo 6 del Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales, Decreto Ejecutivo número  42582    del  11 de agosto del 2020, publicado en la Gaceta Nº 223  del 04 de setiembre del 2020,  Alcance: 233, las ASADAS  son asociaciones privadas sin fines de lucro, únicas responsables de la gestión comunitaria por delegación del AyA, de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales en Costa Rica, como actores clave en la gestión integrada del recurso hídrico.


Por la naturaleza jurídica de las ASADAS, según la normativa citada, los bienes deberían desafectarse. No obstante, por la naturaleza del servicio que prestan a la comunidad y según el artículo 7 del reglamento de cita, las ASADAS tienen como únicos y específicos fines la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales, contribuir en la gestión integrada del recurso hídrico y brindar el servicio de hidrantes por ley especial.


En este sentido, el dictamen C-169-2007 del 28 de mayo del 2007 indicó que: Las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados (ASADA), surgen a raíz de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Ley No. 2726 de 14 de abril de 1961 y sus reformas, la cual además de constituir al AyA como una institución autónoma del Estado, lo facultó a delegar la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de acueductos y alcantarillados --que le fueron encomendados por el legislador--, a agrupaciones debidamente conformadas para tal efecto, según se desprende del artículo segundo inciso g) de la citada ley”.


            Ergo, la ASADAS tiene una concesión de gestión de servicio público, en bienes públicos municipales, los cuales no deben desafectarse. En el dictamen supra indicado, se citó el Voto N°2006-01651 de las dieciséis horas con treinta y nueve minutos del catorce de febrero del dos mil seis, en donde el Tribunal Constitucional ratificó la competencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en relación con el deber de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y ante la delegación de esta competencia a las ASADAS, de la siguiente manera:


“Estamos así ante una clara figura de concesión de gestión de servicio público, en donde -a pesar del silencio de la ley sobre este particular- es incontestable que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados debe retener, ineludiblemente, los poderes de supervisión e intervención necesarios para garantizar la vigencia de los principios fundamentales del servicio público, a saber: continuidad, eficiencia, adaptación e igualdad en el trato de los usuarios (artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública).


En el plano infraconstitucional, la Ley de Asociaciones No. 218 del 8 de agosto de 1939, regula la constitución e inscripción de estas organizaciones (ver en este sentido los artículos 1, 3, 11 y 14 del Decreto No. 29100-S). Igualmente, resultan aplicables otras disposiciones de rango legal tomando en consideración el tipo de servicio público suministrado. De lo anteriormente indicado, resulta evidente que las asociaciones administradores de acueductos rurales, en cuanto administran por convenio con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ese servicio público, se encuentran, de derecho, en una posición de poder respecto de los usuarios y ejercen, para ese fin, una serie de competencias y funciones públicas, todo lo cual las hace sujetos pasivos del recurso de amparo contra particulares (artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).” SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto N°2006-01651 de las dieciséis horas con treinta y nueve minutos del catorce de febrero del dos mil seis.- (El resaltado y subrayado no son del original)”


Ahora bien, estamos en presencia de una donación de bienes afecto a una utilidad general atípica, ya que los bienes serán inscritos y administrados por un sujeto de derecho privado, el cual tiene delegada por ley una competencia de un ente público.


Por lo tanto, por la naturaleza jurídica de las ASADAS y bajo el principio de paralelismo de las formas, se debe contar con una autorización legislativa a favor de la Municipalidad para disponer de los bienes públicos municipales


            En concordancia con lo anterior, el artículo 61 inciso c del Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, refiere a que la inscripción registral de los bienes inmuebles indicará en forma expresa que quedan afectados a perpetuidad al dominio público y al servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales de la respectiva comunidad.


Asimismo, el artículo 2 inciso g) de la Ley 2726 del 14 de abril de 1961, establece que la competencia del Instituto es administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país los cuales se irán asumiendo tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos, facultando a la administración para convenir con organismo locales la administración de estos servicios.


CONCLUSIÓN:


Por todo lo argumentado anteriormente, es criterio de la Procuraduría General de la República:


            1.- Que la fincas objeto del proyecto, según lo indicó la Municipalidad de Cartago, mediante el oficio DU-OF-119-2022 del 10 de febrero del 2022, forman parte de la Urbanización el Molino etapa VII, debidamente recibida, aprobada y conforman el mapa oficial, por lo que son bienes de dominio público municipal.


2.-  No se debe compensar las áreas públicas cedidas por el desarrollador al no afectarse el porcentaje establecido en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana y  no variarse el uso al que están afectadas las fincas, actualmente de pozo y tanque de almacenamiento de agua potable del residencial El Molino, según el oficio DU-OF-123-2022 del 11 de febrero del 2022, emitido por la Municipalidad de Cartago.


3.- Que previo al traspaso a favor de la ASADA, la Municipalidad debe gestionar ante la Notaría del Estado la inscripción de los bienes a su nombre, según el dictamen C-199-2015 y por estar disuelta la persona jurídica GRUPO INVE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 3-101-0396661, causal que permite realizar una excepción al principio de tracto sucesivo registral, en los términos del artículo 44 de la Ley de Planificación Urbana.


4.- Que las fincas no pueden desafectarse del servicio público que han venido prestando a la comunidad, según el artículo 261 del Código Civil en concordancia con el artículo 2 inciso g) de la Ley Constitutiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados número dos mil setecientos veintiséis y el artículo 61 inciso c) del Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales citado.


5.- Que el proyecto de ley es una autorización legislativa de donación de un bien público a su administrador, que en el caso particular, es un sujeto privado con una concesión de gestión de servicio público delegada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado. Los inmuebles no cambian su naturaleza, permaneciendo como bienes del demanio público.


6.- La aprobación de este proyecto es de resorte exclusivo de los señores y señores diputados.


 


                                             Atentamente,


 


                                           Jonathan Bonilla Córdoba


                               Notario del Estado


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 




[1] http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx


[2] Inciso IV del decreto Ejecutivo 42582-S-MINAE.