19 de enero del 2024

PGR-OJ-002-2024

 

Señora

Daniela Agüero Bermúdez

Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico

Asamblea Legislativa

 

Estimada señora:

 

Con aprobación del señor Procurador General de la República, se atiende lo solicitado en el oficio AL-CPESEG-205-2023 del 14 de setiembre de 2023, mediante el cual requiere criterio de este órgano asesor sobre el proyecto de ley que se tramita bajo el número de expediente 23.755 en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, denominado “LEY PARA INCORPORAR MAYORES MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS TIPO BICIMOTOS, MOTOCICLETAS, UTV”.

 

Debemos señalar previamente que, de conformidad con la Ley N.° 6815 del 27 de setiembre de 1982, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, este órgano asesor sólo puede realizar su función consultiva rindiendo los criterios legales que le soliciten los jerarcas de los diferentes niveles de la Administración Pública. Es por ello que la Asamblea Legislativa no está legitimada para consultar cuando ejerce su función legislativa, sin embargo, con el fin de colaborar con ese poder de la República, atenderemos la consulta realizada, advirtiendo que se trata de un criterio jurídico no vinculante.

 

Asimismo, debemos indicar que el plazo de los ocho días otorgado para dar respuesta, no es aplicable a esta institución, por no encontrarnos en alguno de los supuestos del artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una institución autónoma).

 

 

I. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY

 

 

La presente iniciativa tiene la intención de integrar el número de placa de las motocicletas en vestimentas retroreflectivas, como una respuesta estratégica y proactiva ante el aumento de actos delictivos y accidentes de tránsito asociados a dichos vehículos, buscando preservar la integridad física y el bienestar de la colectividad.  También se busca fomentar la responsabilidad y el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de todos los conductores.

 

Dentro de la motivación del proyecto de ley, se encuentra la creciente cantidad de motocicletas que existen en las calles y carreteras, lo cual ha traído a su vez una gran problemática en el ámbito de la seguridad de la población, debido al aumento acelerado de la delincuencia y de los crímenes que se cometen a bordo de este vehículo automotor.

 

Indican los promoventes que los delincuentes utilizan las motocicletas como herramientas para la comisión de actos ilícitos, por la capacidad de su rápida movilidad y fácil evasión. Por ello, buscan establecer como medida de prevención y contención, que se utilice el número de placa de la motocicleta en las prendas de vestir retroreflectivas, en aras de fortalecer la seguridad vial y la seguridad ciudadana, y para la rápida identificación por parte de las autoridades de tránsito de los vehículos que andan en circulación.

 

También indican que, el proyecto de ley corresponde a unas de las medidas que tomaría el Estado para fortalecer la seguridad ciudadana, el respeto a los derechos fundamentales de la población, derecho a la vida, la salud y seguridad colectiva.

 

Explican que en otros países como son Colombia y Perú se implementaron medidas similares a la pretendida para combatir la creciente inseguridad que se estaba presentando.

 

II. PROYECTO DE LEY SIMILAR

 

Antes de referirnos a la presente iniciativa, debemos señalar que en la corriente legislativa anteriormente se tramitó el proyecto de ley número 21.591 denominado “Reforma de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley N.° 9078, de 4 de octubre de 2012, para establecer nuevos requisitos para la identificación de las motocicletas y sus conductores”, el cual contiene una intención similar a la que ahora se consulta.

 

            Dado lo anterior, se recomienda de manera respetuosa a las señoras y señores diputados, valorar, de manera conjunta, la viabilidad de ambas iniciativas relacionadas con las medidas de seguridad en la identificación de vehículos tipo bicimotos, motocicletas y utv.

 

 

III. SOBRE EL DEBER DEL ESTADO DE BRINDAR PROTECCIÓN A LA VIDA HUMANA

 

Existe la obligación del Estado costarricense de proteger la vida e integridad de todas las personas que vivan dentro de su territorio, de conformidad con los artículos 21 y 40 de la Constitución Política.[1]  

 

            Al respecto, la Sala Constitucional indicó:

 

“(…) debe tenerse presente que la vida en sociedad conlleva la aceptación de diversos peligros, algunos de los cuales pueden ser sorteados más fácilmente que otros, sin que resulte viable que el Estado pueda removerlos todos a efecto de proteger la vida de sus habitantes. Sin embargo, sí está obligado a adoptar oportunamente todas aquellas medidas preventivas necesarias para enfrentar los peligros derivados de la acción pública… reduciéndolos al mínimo posible. (…)”[2]

 

Es deber del Estado, en consecuencia, tomar las medidas necesarias para brindar la seguridad a las personas y cuidar de su integridad física, a través de los diferentes mecanismos que se encuentran en el ordenamiento jurídico. En esa misma línea, la Sala Constitucional señaló:

 

 IV.- Sobre la obligación objetiva del Estado de tutelar la vida humana. Este Tribunal Constitucional ha reconocido la obligación objetiva del Estado de tutelar la vida humana y se ha pronunciado sobre las omisiones administrativas que atentan contra la seguridad vial y la integridad física de las personas. Sobre el particular, es importante recordar la sentencia número 2008-18443 de las 18:01 horas del 11 de diciembre de 2008, que dispuso lo siguiente: “Previo análisis del caso concreto, conviene indicar lo dicho por esta Sala en cuanto a la obligación objetiva del Estado de tutelar la vida humana, en el sentido que ha sido usual que el derecho a la vida, frecuentemente analizado junto con el derecho a la integridad física, haya sido entendido como un derecho de contenido negativo, es decir, que su objeto se limitaba a la pretensión contra el Estado de que se abstuviera de realizar acciones dirigidas a eliminar la existencia física de las personas, por ejemplo, la tortura o la pena de muerte, o bien, que castigara a las personas, públicas y privadas, que atentaran contra la vida e integridad de los otros, a través del sistema penal. No obstante, la tendencia actual es imponer al Estado diversas conductas positivas, en el sentido de que no debe perturbar la existencia física de las personas y, además, debe actuar en tutela de su protección, ante los múltiples peligros que la acechan, bien sea que ellos provengan de acciones del Estado mismo o de otras personas, e inclusive, de la misma naturaleza (…)”[3]

 

Partiendo de lo anterior, no hay duda que el Estado se encuentra obligado a tomar las acciones pertinentes para brindar, dentro de sus posibilidades, a todas las personas que vivan dentro del territorio costarricense, un lugar seguro, pacífico, para vivir, esto a través de la creación de leyes, alianzas y otros mecanismos que busquen combatir la violencia, el crimen organizado y el peligro en las carreteras.

 

 

 

IV. SOBRE EL PROYECTO DE LEY

 

Con el presente proyecto de ley, los legisladores buscan principalmente combatir la delincuencia y facilitar a la policía de tránsito la identificación de las motocicletas, dado que es un vehículo que, por su fácil tránsito en las carreteras, ha sido utilizado por los antisociales para cometer diferentes delitos, por lo que se proponen modificaciones a la Ley N.° 9078 del 04 de octubre de 2012, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial.

 

Como primer artículo, los legisladores proponen modificar el inciso d) del artículo 4 de la Ley N.° 9078, por lo que a continuación, se expone un cuadro comparativo del artículo actual con el propuesto para una mejor apreciación:

 

NORMA VIGENTE

PROPUESTA

ARTÍCULO 4.- Requisitos documentales de circulación Para circular legalmente por las vías públicas terrestres, los vehículos deben portar los siguientes requisitos documentales, los cuales podrán ser exigidos por las autoridades de tránsito en cualquier momento: (…) d) La placa o las placas de matrícula. El MOPT fijará reglamentariamente la cantidad de placas que deberá llevar cada tipo de vehículo y el sitio visible en donde deberán ser colocadas. Se exceptúan de esta norma los remolques de menos de 750 kilogramos de peso máximo autorizado (PMA).

Artículo 4- Requisitos documentales de circulación   Para circular legalmente por las vías públicas terrestres, los vehículos deben portar los siguientes requisitos documentales, los cuales podrán ser exigidos por las autoridades de tránsito en cualquier momento: […] d) La placa o las placas de matrícula. Las motocicletas deberán utilizar dos placas de tamaño visible, una en la parte delantera y otra en la parte trasera. Para los demás tipos de vehículos, el MOPT fijará reglamentariamente la cantidad de placas que deberá llevar cada tipo de vehículo y el sitio visible en donde deberán ser colocadas. Se exceptúan de esta norma los remolques de menos de 750 kilogramos de peso máximo autorizado (PMA).

 

            En este artículo, el legislador pretende imponer a las motocicletas, vía ley, lo que hoy se establece por reglamento, sea el número de placas que debe portar, definiendo que la cantidad debe ser de dos, lo cual estimamos se encuentra dentro del margen de discrecionalidad del legislador y es acorde con la intención del proyecto de ley.

 

            Como segundo artículo, se propone reformar el inciso d) del artículo 117 de la Ley N° 9078, para que se lea de la siguiente manera:

 

NORMA VIGENTE

PROPUESTA

ARTÍCULO 117.- Obligaciones de los conductores y sus pasajeros   Los conductores y pasajeros de los vehículos indicados en este capítulo deben acatar las siguientes disposiciones: (…)   d) Utilizar prendas de vestir retrorreflectivas, tanto al estar el vehículo en movimiento como cuando se detengan a realizar alguna reparación en el espaldón o a la orilla de la carretera.   (…)

Artículo 117- Obligaciones de los conductores y sus pasajeros   Los conductores y pasajeros de los vehículos indicados en este capítulo deben acatar las siguientes disposiciones: […]   d) Utilizar obligatoriamente prendas de vestir retroreflectivas, tanto al estar el vehículo en movimiento como cuando se detengan a realizar alguna reparación en el espaldón o a la orilla de la carretera.   En caso de llevar un acompañante, la prenda de vestir retroreflectivas, también lo llevará el acompañante.   En la parte trasera de la prenda de vestir retroreflectivas, deberá consignarse el número de placa asignado a la motocicleta que se conduce en un tamaño y letra visible, que se determinará reglamentariamente, y para lo cual, se seguirán los estándares internacionales y las particularidades propias de la flota vehicular nacional, de manera que sean visibles a todos los demás ocupantes de la vía.   En cualquiera de estos casos, ningún otro elemento superpuesto debe impedir su visibilidad.   Se exceptúan de esta obligación, los conductores y pasajeros de las motocicletas del Ministerio de Seguridad Pública, Policía Municipal y Policía de Tránsito, quienes únicamente acatarán lo señalado en el primer párrafo de este inciso.   También quedan exentos de la aplicación de esta norma los conductores que porten placa temporal.   En caso de incumplimiento, las autoridades competentes quedarán autorizadas a realizar la inmovilización del vehículo mediante el retiro de las placas de matrícula. […].

 

Como se observa, la reforma planteada es el punto medular de la propuesta, pues pretende incorporar a los chalecos retroreflectivos, el número de placa de la motocicleta, lo cual se enmarca dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador.

 

A pesar de ello debe valorarse que, actualmente, la motocicleta es el medio de trabajo de muchas personas para llevar el sustento a sus hogares, por lo que podría generarse un problema práctico en caso de utilizarse algún tipo de mochila que obstaculizaría la visibilidad.        

 

En el tercer artículo, se propone la reforma el inciso h) del artículo 146 de la Ley N° 9078, para que en adelante se lean de la siguiente manera:

 

ARTÍCULO 146.- Multa categoría D   Se impondrá una multa de cuarenta y siete mil colones (¢47.000), sin perjuicio de las sanciones conexas, a quien incurra en alguna de las siguientes conductas: (…)   h) Al conductor que circule sin vestimenta retrorreflectiva en vehículos tipo motocicleta y bicimoto.

Artículo 146- Multa categoría D   Se impondrá una multa de cuarenta y siete mil colones (¢47.000), sin perjuicio de las sanciones conexas, a quien incurra en alguna de las siguientes conductas: […] h) Al conductor que circule sin vestimenta retroreflectivas en vehículos tipo motocicleta y bici moto.   Para el caso específico de los conductores de vehículo tipo motocicleta, aplicará esta misma multa en caso de no circular además con la debida consignación del número de placa asignada a la motocicleta.

 

            En este artículo se extiende la multa por no portar la vestimenta retroreflectiva a quienes no circulen con la debida consignación del número de placa, sin embargo, debe especificarse que esta multa está prevista únicamente para los casos en que la vestimenta no cumpla con los requisitos dispuestos, pues la norma está redactada de manera muy general y debe considerarse que la multa por transitar sin placas tiene una regulación aparte en la Ley de Tránsito.

 

Asimismo, siguiendo esa línea, el cuarto numeral adiciona un nuevo inciso k) al artículo 151 de la Ley N° 9078, para autorizar la inmovilización del vehículo por retiro de placas, cuando se incumpla con el requisito de portar el número de placa en la vestimenta retroreflectiva, lo cual se encuentran dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador.

 

Finalmente, el artículo 5 autoriza a la Policía de Tránsito, el Ministerio de Seguridad y a la Policía Municipal a imponer las multas dispuestas en la Ley de Tránsito, sin embargo, el proyecto no aclara cómo se ejercerá dicha competencia y si la intención es modificar la legislación existente en la materia.

 

Debe recordarse que la Ley N.°9589 del 4 de julio de 2018, Autoriza a la Fuerza Pública para que complemente el trabajo de la Policía de Tránsito en el control y vigilancia vehicular, pero lo establece como una función coadyuvante. Asimismo, se autoriza a los policías municipales para fungir como inspectores de tránsito municipal, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la Dirección General de Tránsito. De ahí que sea necesaria la remisión a esta ley en el proyecto de ley, o que se desarrolle una legislación detallada que derogue la existente, para que no queden dudas sobre cuáles son los alcances de las competencias de los diferentes cuerpos policiales en materia de aplicación de las multas de tránsito.  

 

Finalmente, debemos referirnos a los transitorios dispuestos en el proyecto de ley.

 

El primer transitorio otorga al Registro Nacional un plazo de seis meses contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para emitir dos placas por cada motocicleta autorizada a circular en el país en los términos y condiciones dispuestas en esta ley. Transcurrido este plazo, los propietarios de los vehículos deberán realizar los trámites correspondientes para ajustarse a las disposiciones de la presente ley. Sin embargo, el proyecto es omiso en establecer un plazo para que entren a regir las multas de tránsito previstas por no portar la vestimenta con el número de placa, lo cual ocasiona un problema práctico pues es claro que las motocicletas ya existentes, ocupan un periodo de tiempo razonable para ponerse a derecho.

 

Lo anterior, debe corregirse, pues el transitorio II del proyecto de ley otorga un plazo igual de seis meses al Poder Ejecutivo para reglamentar el material y las medidas de las letras y números que deben llevar las prendas de vestir retroreflectivas. Con ello, debe otorgarse un plazo adicional a los conductores para ponerse a derecho antes de exponerse a la imposición de una multa.

 

Consecuentemente, se recomienda corregir la omisión apuntada.

 

V. CONCLUSIÓN

Con base en lo expuesto, este órgano asesor considera que la aprobación o no del proyecto de ley es un asunto de discrecionalidad legislativa, no obstante, se recomienda valorar los aspectos aquí señalados de técnica legislativa.

Atentamente,

 

 

Silvia Patiño Cruz                                         Amalia Zeledón Lostalo

Procuradora                                                  Abogada de la Procuraduría   

 

SPC/AZL/cpb